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La Esclavitud y el Trabajo Forzoso

 FUENTE
Introducción
Derechos en juego
Instrumentos de protección regionales e internacionales
Organismos nacionales de servicio y protección
Materiales para la defensa, la educación y la capacitación
Otros recursos

 

Introducción

¿Qué es la esclavitud?
Ser un esclavo es estar controlado por otra persona o personas de tal manera que tu voluntad no pueda determinar el curso de tu vida, ni ser remunerado por tu trabajo, siendo estos sacrificios imposibles de reclamar. Según Kevin Bales, uno de los expertos mundiales sobre la esclavitud contemporánea, “la gente es esclavizada por la violencia, y retenida en contra de su voluntad, con la finalidad de ser explotada”. Mientras que la mayoría de la gente cree que la esclavitud es cosa del pasado, esta práctica todavía se presenta donde quiera que la pobreza, las condiciones sociales y la ingenuidad puedan se explotadas. Bales estima que actualmente hay cerca de 27 millones de esclavos en el mundo. (Kevin Bales, La Nueva Esclavitud en la Economía Global, Prensa de la Universidad de California, 1999).

La Convención sobre la Esclavitud (artículo 1.1) en 1996 definió la esclavitud como

“…el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos.”

La Convención define la trata de esclavos como

“…todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle; todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderle o cambiarle, y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos.” (artículo 1.2)

La definición de esclavo de la Convención de 1926 fue ampliada, para incluir el término trabajo forzaso u obligatorio, en 1930 en el Convenio (N. 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio (artículo 2.1):

“…todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.”

De acuerdo con las Naciones Unidas, cuatro millones de personas son vendidas en contra de su voluntad con la finalidad de trabajar como servidumbre. La mayoría de ellos viene del sureste de Asia, Europa Oriental y América Latina.

 
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Derechos en juego

La esclavitud incluye:

1) La práctica o institución de la servidumbre por deudas: el estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración, ni se define la naturaleza de dichos servicios.

2) La práctica o institución de la servidumbre de la gleba (tierra): la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo, a vivir y trabajar la tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar de condición.

3) La servidumbre en la forma de matrimonio: una mujer, sin que le asista el derecho a oponerse, es prometida a cambio de una contrapartida en dinero o especie, entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas; o el marido de la mujer, la familia o el clan del marido tienen el derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera; la mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra persona.

4) La explotación de niños y adolescentes: cualquier institución o práctica donde un niño o joven menor de dieciocho años es entregado por sus padres, o uno de ellos, o por su tutor, a otra persona, mediante remuneración o si ella, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del joven.

A fin de determinar exactamente que prácticas constituyen la esclavitud, es necesario considerar sus circunstancias:

  • el grado de restricción que tenga un individuo de su libertad de movimiento;
  • el grado de control que tiene el individuo sobre sus posesiones personales;
  • la existencia de consentimiento informado y el entendimiento de la naturaleza de la relación que existe entre las parte.

De los Estados que se han comprometido a los términos relativos a la esclavitud y plasmados en las convenciones, en ciertos casos, algunos de ellos permiten alguna forma de esclavitud individual dentro de su jurisdicción – volviéndose así, difícil y controversial, el cumplimiento forzoso de las convenciones abolicionistas. El sistema penitenciario, por ejemplo, frecuentemente ofrece mano de obra barata (si no es que gratuita) a empresas – situación completamente legal de acuerdo a los estatutos de algunos Estados.

Por definición y bajo una variedad de circunstancias, los esclavos son parte de nuestras vidas – desde el chocolate que comemos, hasta el carbón que quemamos, es decir, el trabajo de esclavos podría haber contribuido a la producción de los bienes que utilizamos diariamente.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que existen ocho modalidades actuales de trabajo forzoso. A continuación se presentan las definiciones de la OIT y a los países que pone como ejemplos donde la práctica todavía existe:

Modalidad

Definición

Países

Esclavitud Secuestro físico seguido de la imposición de trabajo forzoso. Congo, Liberia, Mauritania, Sierra Leona, Sudán
En la agricultura y en zonas rurales remotas Trabajadores destinan todo su sueldo para el pago de transporte, comida y habitación ya que se encuentran “endeudados” con reclutadores sin escrúpulos y con los propietarios de las tierras; no pueden dejar el lugar porque son mantenidos a la fuerza, con amenazas o por encontrarse en lugares remotos. Benín, Bolivia, Brasil, Costa de Marfil, República Dominicana, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, Togo
Servidumbre por deudas Otra forma de servidumbre por deudas se presenta cuando un trabajador acuerda trabajar a cambio de un préstamo, pero éste rápidamente se convierte en servilismo puesto que el empleador le incrementa más y más “adeudo” a la negociación. Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
Tráfico de personas Individuos son obligados o engañados por alguien para ir a algún lugar, quien los venderá u obligará a trabajar en contra de su voluntad, comúnmente en prácticas sexuales. Muchos países son ambos “origen” y “destino” de las víctimas. Albania, Bielorrusia, Bosnia, Herzegovina, Brasil, China, Colombia, Costa de Marfil, República Checa, República Dominicana, Francia, Ghana, Haití, Honduras, Hungría, Israel, Italia, República de Corea, Laos, Latvia, Malasia, Moldavia, Myanmar, Países Bajos, Nepal, Nigeria, Filipinas, Polonia, Rumania, Rusia, Tailandia, Ucrania, Reino Unido, EUA, Vietnam, Yugoslavia
Abuso de trabajadores domésticos Amas de llave o empleadas domésticas son vendidas a sus empleadores o dadas en servidumbre a causa de deudas. Benín, Costa de Marfil, Francia, Haití, el Medio Este
Algunos aspectos de trabajo en la penitenciaria Contratar el trabajo penitenciario o forzar a los prisioneros a trabajar para empresas lucrativas. Australia, Austria, China, Costa de Marfil, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Madagascar, Malasia, EUA
Participación obligatoria en Obras Públicas Obligación legal impuesta a un individuo para trabajar en proyectos públicos de construcción como calles y puentes. Camboya, República Centroafricana, Kenia, Burma (también Myanmar), Sierra Leona, Swazilandia, Tanzania, Vietnam
Trabajo forzoso impuesto por militares Civiles son obligados a trabajar para las autoridades gubernamentales o militares. Burma (también Myanmar)

Fuente: USA Today

 
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Instrumentos de protección regionales e internacionales

Los instrumentos jurídicos internacionales toman la forma de tratados (también conocidos como acuerdos, convenios o protocolos) que obligan a los Estados contratantes. Cuando se termina de negociar, el texto de un tratado tiene el carácter de auténtico y definitivo, para lo cual los representantes de los Estados lo “firman”. Existen varias formas por medio de las cuales un Estado manifiesta su consentimiento y acepta las obligaciones de un tratado. Las más comunes son la ratificación y la adhesión. Un nuevo tratado es “ratificado” por aquellos Estados que negociaron el instrumento. Un estado que no haya participado en las negociaciones puede, en una etapa posterior, “adherirse” al tratado. El tratado entra en vigor cuando un número predeterminado de Estados ratifica o adhiere al tratado.

Cuando un Estado ratifica o adhiere al tratado, dicho Estado puede realizar reservas a uno o más de los artículos del tratado, a no ser que el tratado las prohíba. Las reservas normalmente se pueden retirar en cualquier momento. En algunos países, los tratados internacionales priman sobre las leyes nacionales; mientras que en otros, se requiere de un proceso interno para dar al tratado internacional –a pesar de haber sido ratificado o adherido– el carácter de ley nacional. Prácticamente todos los Estados que han ratificado o adherido a un tratado internacional deben expedir decretos, reformar la legislación existente o presentar nuevas leyes con el fin de que el tratado tenga efectos plenos dentro del territorio.

Los siguientes instrumentos internacionales determinan los estándares para la abolición de la esclavitud, el trabajo forzoso y las prácticas similares a la esclavitud, así como también la protección en contra de cada una de ellas:

 

NACIONES UNIDAS

Convención sobre la Esclavitud (1926)
Fue el primer tratado internacional, adoptado por la Sociedad de las Naciones (organización antecesora de las Naciones Unidas) que define la esclavitud y la trata de esclavos y compromete a los gobiernos a abolir la esclavitud.

Convenio (N. 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio (1930)
La definición de esclavo de la Convención sobre Esclavitud de 1926 fue ampliada, para incluir el término trabajo forzaso u obligatorio.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) (artículo 4)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y establece los estándares de los derechos humanos acordados por los Estados parte. La DUDH no es un tratado obligatorio, sin embargo, proporciona una base normativa para los estándares internacionales de los derechos humanos. El Artículo 4 establece que “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1949)
Este tratado ofrece un mecanismo en el cual los estados pueden esclarecer diferencias o malos entendidos que se deriven de las comisiones rogatorias.

Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926 (1953)
Fue establecida la oficina del Relator Especial de la ONU sobre la Libertad de Opinión y Expresión por resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1993.

Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (1956)
Esta Convención suplementó la Convención sobre la Esclavitud de 1926, incluyendo las prácticas análogas a la esclavitud y los trabajos forzosos.

Convenio (N. 105) relativo a la abolición del trabajo forzoso (1957)
Este convenio define completamente las prácticas análogas a la esclavitud que, los miembros de la ONU, deben comprometerse a prevenir en sus países. “Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique este convenio, se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio:
(a) como medio de coerción política o educación política o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido;
(b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico;
(c) como medida de disciplina de trabajo;
(d) como castigo por haber participado en huelgas;
(e) como medida de discriminación racial, nacional o religiosa.” (artículo 1)

Convenio (N. 182) sobre la prohibicion de las peores formas de trabajo infantil y la accion inmediata para su eliminacion (1989)
El Convenio OIT 182 prohíbe las peores formas de trabajo infantil incluyendo la esclavitud, venta y servidumbre por deuda, trabajo forzoso, reclutamiento para las fuerzas armadas, prostitución, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, u otros trabajos que dañen la salud, la seguridad y la moral de los niños.

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000)
Este protocolo facultativo esta diseñado para penalizar actividades relativas a la venta y adopción ilegal de niños, así como también la prostitución y la pornografía infantil. El Protocolo entró en vigor el 18 de enero de 2002.

 

 

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LA UNIÓN AFRICANA (ANTERIORMENTE ORGANIZACIÓN PARA LA UNIDAD AFRICANA, OUA)

Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) (artículo 5)
El Artículo 5º del tratado mas importante de derechos humanos en África, establece que “todas las formas de explotación y degradación del hombre, particularmente la esclavitud, la trata de esclavos, la tortura, el castigo y el trato cruel, inhumano o degradante están prohibidos”.

CONSEJO DE EUROPA

El Consejo de Europa es una organización regional intergubernamental formada por 45 países. Su objetivo es defender los derechos humanos, la democracia parlamentaria, y el cumplimiento de la ley. Todos los miembros de la Unión Europea pertenecen al Consejo de Europa.

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) (artículo 4)
El tratado más importante de Europa en derechos humanos prohíbe la esclavitud y el trabajo forzoso. Asimismo, éste define lo que no debe ser considerado como trabajo forzoso u obligatorio: cualquier trabajo que se exija normalmente de una persona encarcelada; cualquier servicio militar que se exija en lugar del servicio militar obligatorio; cualquier servicio que se exija en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad; cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civiles normales.

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) (artículo 6)
El artículo 6 (libertad de la esclavitud) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que entró en vigor a partir de 1978, establece que “nadie puede ser sometido a la esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.” Al igual que la Convención Europea sobre los Derechos Humanos, también se mencionan las situaciones que no se considerarán como trabajo forzoso o esclavitud (trabajos requeridos normalmente a una persona en la prisión, el servicio militar, servicio en emergencias o el trabajo como parte de las obligaciones cívicas normales).

 

 

 

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Organismos nacionales de servicio y protección

Los países que han ratificado estos tratados internacionales y regionales se comprometen a cumplir con las obligaciones que se establecen en los mismos, implementando completamente estas normas a nivel nacional. Esto quiere decir que deberán revisar sus leyes internas referentes a la esclavitud y el trabajo forzoso, adaptar estas a fin de asegurar que estén de conformidad con los tratados, o bien, adoptar nuevas leyes que reúnan estos requisitos. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo, agencia especializada de la ONU, juega un papel muy importante haciendo que los países apliquen estándares internacionales sobre la protección contra la esclavitud, así como también ayudando a las víctimas de la esclavitud a través de iniciativas como el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Forzoso (IPEC). Otra iniciativa es el Programa Mundial contra el Tráfico de Seres Humanos.

Organizaciones No Gubernamentales como Anti-Slavery International (ASI), Amnistía Internacional y Defendiendo los Derechos Humanos (Human Rights Watch) se encuentran muy activas internacionalmente a través de campañas y vigilancia de actividades.

Existen muchos ejemplos de organizaciones que combaten a la esclavitud a nivel nacional. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de Brasil, trabaja en contra de la esclavitud. La CTP está al pendiente de que el Gobierno de Brasil aplique las leyes que prohíben la esclavitud, y ha ayudado a reducir el número de niños que son obligados a trabajar sin remuneración. SOS Esclavos en Mauritania. Dos organizaciones Mauritanas – dirigidas por ex esclavos – trabajan bajo gran riesgo, para liberar esclavos. El movimiento El Hor (“El Libre”) y SOS Esclavos presionan al gobierno para cambiar y asistir a los esclavos que se escapan. Este movimiento fue iniciado por árabes de la comunidad y tribus africanas quienes formaron un tratado de paz. Sin embargo ahora, el programa de redención de esclavos cuenta con considerable apoyo por parte la organización humanitaria suiza Internacional de Solidaridad Cristiana (CSI). Prominentes líderes de los derechos civiles – como el Reverendo Al Sharpton, el congresista Walter Fauntroy, y el activista de la NAACP, Joe Madison – han ayudado en misiones del CSI.

Más y más organizaciones están trabajando para erradicar y prevenir la trata de personas y el servilismo sexual. La Strada trabaja en toda Europa Central y Oriental con la finalidad de prevenir la trata de personas y ayudar a las víctimas del servilismo sexual. La Coalición contra el Tráfico de Mujeres eleva el nivel de alerta sobre este tema y presiona a los legisladores internacionalmente en representación de mujeres explotadas sexualmente. El Proyecto de Protección recolecta información legal e historias de sobrevivientes relativos al tráfico de mujeres y niños.

 

 
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Materiales para la defensa, la educación y la capacitación

Para defensores

Guía para el Nuevo Protocolo de las Naciones Unidas sobre Tráfico de Personas
Esta pequeña guía describe los orígenes del Protocolo de las Naciones Unidas para para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños (2001) y proporciona información sobre el tráfico de mujeres y niños. Incluye el texto completo del Protocolo.

Para educadores

Folleto Informativo contra la Esclavitud (Anti-Slavery International)
Son lecciones útiles acerca de varios asuntos relacionados con la esclavitud moderna. Las dos páginas sobre “Servidumbre por deudas” y “La esclavitud desde el pasado…” pueden ser utilizadas por maestros como materiales ilustrativos en clases cívicas, de historia y otras ciencias sociales.

Rompiendo el Silencio: Aprendiendo acerca del Comercio Trasatlántico de Esclavos (Anti-Slavery International)
Este sitio procura ayudar a maestros y educadores a romper el silencio que rodea a la historia de la esclavitud de África desde hace más de 500 años. Está designada para proporcionar a los maestros una variedad de recursos e ideas para enseñar la materia completa, verdadera y adecuadamente. Pretende representar las voces que generalmente no son escuchadas.

Niños esclavos (Beverly Witwer)
Este módulo contiene cuatro lecciones. Cada lección es completamente flexible y adaptable. Se utilizaron los estándares del Consejo Nacional para Estudios Sociales (NCSS) para la creación de este módulo. Está diseñado para que el maestro pueda enseñar una lección en una o dos sesiones de clase, o bien, incorporar el material en todo el año escolar. Para una introducción más comprensiva de la materia, los maestros pueden combinar diferentes lecciones o módulos. El módulo puede ser adaptado para estudiantes desde 5º grado hasta bachillerato.

Libertad de la esclavitud (Amnistía Internacional-EUA)
Es una guía detallada que proporciona a los maestros la manera de educar a sus estudiantes acerca de la esclavitud contemporánea y sus prácticas análogas alrededor del mundo. A través de sus capítulos, los estudiantes podrán comparar y contrastar la esclavitud histórica y la actual, así como también podrán crear un trabajo artístico para informar y motivar acciones de prevención la esclavitud moderna.

Los niños invisibles (Organización Internacional del Trabajo y Educación Internacional)
Este folleto proporciona a los maestros la oportunidad de tomar parte en el crecimiento mundial del movimiento para eliminar el trabajo infantil. El folleto fue publicado para el Día Mundial contra el Trabajo de los Niños (12 de junio) y ofrece información sobre ¿En qué consiste el “trabajo infantil?, Los “Niños Invisibles”, ¿En qué consiste el trabajo el doméstico infantil?, Víctimas de la Explotación, “¿Cuántos hay?, ¿Qué se pude hacer?. Asimismo, incluye tres actividades (“La Caja de las Palabras”, “Un Día en la Vida”, “Imaginemos el Futuro”), y proporciona información adicional sobre el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Educación Internacional.

 
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Otros recursos

Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y de su Abolición 2004

Día Internacional del Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición (23 de agosto)

Organizaciones que vigilan y defienden contra la esclavitud y el trabajo forzoso y la protección de sus víctimas

El Gobierno acorrala a la protesta social

FUENTE

BARCELONA // Las protestas en Barcelona durante la huelga general que se llevó a cabo en todo el país el 29 de marzo del año pasado han llevado ya a varios jóvenes ante el juez. Hasta siete años y medio de cárcel ha sido la pena solicitada para alguno de ellos acusados de desórdenes públicos, daños y delitos contra la seguridad vial, por haber volcado unos contenedores. Una solicitud de penas que ha sido consideradas como “absolutamente desproporcionada” por los movimientos sociales.

Estos movimientos denuncian un aumento de la represión policial y judicial de la protesta en una época de gran conflictividad social. La reforma del Código Penal (CP), que tipifica como delito nuevos métodos de protesta, no hace sino ahondar en la persecución de la disidencia y busca, según algunos letrados, disuadir a los ciudadanos de una participación activa en las manifestaciones.

Una represión que ha sido condenada esta semana por el Consejo de Europa, que el miércoles presentó las conclusiones del informe realizado tras la visita al país del comisario de Derechos Humanos. Los funcionarios europeos señalan que en España las autoridades recurren a un “uso excesivo de la fuerza” contra las manifestaciones ciudadanas, y condenan que  violaciones de los Derechos Humanos, como la tortura o el racismo institucional, siguen siendo practicados por los cuerpos policiales con un importante grado de impunidad.

También en Barcelona, en el barrio del Clot, tres huelguistas fueron absueltos en junio de los delitos que se les imputaban. En su proceso se habían personado como acusación, además de la Fiscalía, como es habitual, el Ayuntamiento y la Generalitat. El Consistorio pedía incluso una condena mayor de la que solicitaba el Ministerio Público: siete años y medio de cárcel por volcar contenedores, acusando de los delitos de desórdenes públicos, daños y contra la seguridad vial.

El juez dictaminó que la policía no había actuado diligentemente y no se habían podido probar los hechos que imputaban a los acusados. Pero estos jóvenes ya habían tenido que afrontar varios meses de angustia ante la posibilidad de pasar los próximos años de su vida entre rejas. “Existe una intencionalidad política de perseguir a los detenidos aquel día desde un punto de vista ejemplarizante”, afirma Hibai Arbide, abogado de otros tres manifestantes que por hechos similares han sido condenados este mes a 11 meses de prisión.

Los hechos que se les imputaban a los acusados, defiende Arbide, no podrían calificarse más que como faltas menores por daños. “Hubo una histeria mediática y una criminalización muy fuerte de lo que había pasado aquel día. Se focalizó mucho en los contenedores ardiendo por la espectacularidad de las imágenes, pero objetivamente es un daño muy poco importante, incluso económicamente. Para hacernos una idea, en la verbena de Sant Joan en Barcelona se quemaron 250 contenedores”, apunta.

En las distintas vistas judiciales que se han llevado a cabo por la huelga general del 29-M, el proceso ha seguido un patrón similar. Los jóvenes son detenidos en la calle, algunos de ellos -como defendió en el juicio celebrado en junio uno de los acusados y ratificaron varios testigos de la defensa-, cuando “pasaba por allí”. Tras las diligencias policiales, pasan a disposición del juez, que ordena medidas preventivas como la prisión eludible bajo fianza, en el caso de los tres jóvenes juzgados la semana pasada, de 3.000 euros.

Al llegar el juicio, ni los agentes que realizaron las detenciones, ni los operarios del servicio de limpieza del Ayuntamiento son capaces de determinar dónde estaban los contenedores que supuestamente sufrieron daños ni tampoco el valor económico de los destrozos ni en qué consistieron exactamente éstos. “Hay muy poca base jurídica para dictar una condena, pero el problema de esto es que, por decirlo de una manera un poco vulgar, tanto va el cántaro a la fuente que al final se acabará rompiendo”, afirma Arbide. “Bastaría que un juez se creyera la versión de los Mossos [d’Esquadra] para que pudiera aplicar una pena tan alta”.

Directrices políticas

La intencionalidad política de estos procesos, defiende Arbide, se demuestra por el hecho de que las administraciones se personen como acusación particular, sumándose a la Fiscalía. “La Fiscalía representa los intereses del Estado, así que se supone que ya está defendiendo los intereses tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat. Pero en casi todos los juicios están personados ayuntamiento y Generalitat como acusación particular. Esto es una anomalía que no existe en ningún otro país de Europa”, asegura el abogado.

Andrés García, letrado de los tres huelguistas del Clot que fueron absueltos este verano, mantiene que estos procesos “se han tratado desde el principio con medidas propias del derecho penal del enemigo”, y se ha querido construir “un relato distinto para reprimir de manera extraordinaria y excepcional unos hechos que de otra manera podrían haber sido tratados en un juicio de faltas”.

Este tipo de relatos, formulados por la policía a instancias de sus superiores políticos, contarán, con la reforma del Código Penal aprobada por el Consejo de Ministros a finales de septiembre, con una cobertura legal. El Gobierno ve con preocupación que el aumento de la protesta social en los últimos años haya ido acompañada por nuevos métodos de movilización, pacíficos, que no cuadran entre las acciones tipificadas como delitos. Así que los ha convertido en delitos.

Por ejemplo el artículo 557 del nuevo CP, que convierte en delincuentes a quienes “actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad del titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local […] y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal”. Esta descripción describe a la perfección acciones como las emprendidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en entidades bancarias, o por los iaioflautas en departamentos gubernamentales, la Bolsa o más recientemente en oficinas de la Seguridad Social.

Leyes a medida

“Es una actualización del Código para que la interpretación que hacen los responsables políticos y policiales sea posible, están intentando adecuar el Código a lo que ya intentan por la vía de facto”, sostiene Arbide. Óscar López, coordinador de la campaña contra la reforma promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y miembro de la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, denuncia que “estamos ante un articulado que atenta contra libertades de expresión, de opinión y de manifestación. Funciona claramente en base al capricho de sacar legislación que previamente no había sido delito para tipificar lo que antes no lo era”.

Los artículos reformados, critica López, se han escrito con una “falta de determinación y claridad en la exposición del articulado” que permite, por su propia imprecisión, “una subjetividad tanto en los jueces que hayan de juzgar el supuesto delito como en las fuerzas de orden público que hayan de actuar en el momento en que supuestamente se produce”. El nuevo artículo 559 del CP, por ejemplo, califica como delito acciones propias del ciberactivismo o el simple apoyo a una movilización, al penar “la distribución o difusión por cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público […] o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo“.

“Hay una intención de amedrentar a los sectores sociales afectados por las políticas austericidas del Gobierno”, mantiene López, quien advierte del peligro de tipificar como delito acciones como estas en un momento en que “la gente está muy quemada, cabreada”.

Interrumpir el normal funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o los medios de transporte público “y alterar con ello de forma grave la prestación normal del servicio” podrá conllevar penas de dos años de cárcel. Unas condenas que, de haber estado vigente este CP en abril del año pasado, hubieran podido recaer sobre los manifestantes que paralizaron 13 convoyes del Metro de Madrid en protesta por la subida de las tarifas. “¿Cómo se puede aplicar hasta dos años de prisión por lo que en todo caso es una interrupción del servicio durante unos minutos que no perjudica la seguridad física de nadie? Ni siquiera daña objetos o mobiliario urbano… Es una salvajada”, sentencia López.

Cada vez quedan menos rendijas para protestar sin consecuencias penales. Las condenas previstas para métodos tradicionales de la protesta pacífica, como la resistencia pasiva, sigue manteniéndose como hasta ahora. Finalmente, aseguró Gallardón, esta no se equipara al atentado a la autoridad, pero continua penada, junto a la desobediencia, con entre seis meses y un año de cárcel. La línea divisoria entre actos pacíficos y acciones violentas, sin embargo, se difumina cada vez más, tanto en la legislación como en las interpretaciones que hacen las autoridades de los hechos. No en vano dirigentes del PP equipararon los escraches de la PAH a sus diputados con actos de la kale borroka.

LOS VALORES DE LA UNIÓN EUROPEA

FUENTE

La Unión Europea está fundada sobre los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los de las minorías. Esos valores, que se enuncian en el artículo I-2, son comunes a los Estados miembros. Además, las sociedades de los Estados miembros se caracterizan por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Estos valores desempeñan un papel importante, sobre todo en dos casos concretos. En primer lugar, el respeto de esos valores es una condición previa para la adhesión de un nuevo Estado miembro a la Unión, según el procedimiento enunciado en el artículo I-58. En segundo lugar, la violación de esos valores puede dar lugar a la suspensión de determinados derechos derivados de la pertenencia de un Estado miembro a la Unión (artículo I-59).

En relación con los tratados existentes, la Constitución ha incluido nuevos valores, como la dignidad humana, la igualdad, los derechos de las minorías así como la caracterización de las sociedades de los Estados miembros enunciada anteriormente

¿HACIA EL FIN DEL ESTADO-NACIÓN?

FUENTE

I.S.S.N.: 1138-9877


Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. núm. 5-2002


¿HACIA EL FIN DEL ESTADO-NACIÓN?

Iñigo de Miguel(UNED)

 Abstract.

Uno de los problemas a los que debe enfrentarse la Filosofía del Derecho en un futuro próximo ha de ser, sin duda, el que nos plantea el nacimiento de un nuevo orden internacional basado en una progresiva integración económica que, no obstante, no parece que vaya a ir acompañada, al menos de momento, de una unificación política equivalente. De esta forma, es materia a debatir si el Estado-nación continuará siendo el agente esencial en la formación del Derecho, o si será finalmente suplantado por otro tipo de institución. A lo largo del presente texto, vamos a dar algunos motivos por los que pensar que puede continuar existiendo indefinidamente, sin que ello implique que no vaya a deteriorase progresivamente. Por eso mismo, consideraremos fundamental plantear alternativas que complementen la labor de los Estados en el mundo del futuro, al menos hasta que se dé el marco idóneo para su desaparición.

1.- Introducción.

Uno de los sucesos que han caracterizado en mayor medida los últimos años ha sido, sin lugar a dudas, la apertura de un proceso de imparable interconexión entre todos los rincones de nuestro planeta. Este fenómeno, al que habitualmente denominamos globalización, ha traído consigo múltiples consecuencias, algunas de ellas claramente positivas, otras de un tono más ambiguo y, por último, algunas de carácter tristemente negativo. Entre estas últimas debemos citar la que, de entre todas ellas, resulta a nuestro juicio más preocupante: el paulatino predominio de la economía sobre la política o, si se quiere decir de otra forma, la decisiva influencia de las consideraciones económicas en la deliberación política[1].

A esta primera afirmación se nos pueden oponer dos tipos de consideraciones. De un lado, las de todos aquellos que, desde una ideología típicamente liberal, no ven nada de negativo en este hecho, sino que, más bien, lo consideran como un maravilloso logro en el que ahondar[2]. De otro, hay quienes podrían objetar que esta situación no es nueva en absoluto sino que, mientras el mundo sea mundo, la economía tendrá mucho que ver con la política. En lo que respecta a la primera objeción, no hay mucho que podamos responder. A fin de cuentas, si alguien sigue defendiendo la validez del modelo neoliberal a pesar de los estragos que ha causado en muchos de los países en los que se ha aplicado, y de las falacias teóricas que encierra en sí mismo, no nos tomaremos ahora la molestia de intentar rebatir sus argumentos[3]. No hay aquí espacio ni tiempo suficiente como para acometer semejante tarea, que ocuparía, por sí misma, un libro entero. En cuanto a la segunda consideración nos atreveremos a refutar que, si bien es cierto que en todo momento ha existido un condicionamiento del poder político por parte de la economía, lo que es una verdadera novedad es que sea el poder económico, en sí mismo, quien se permita el lujo de incidir directamente en la situación política internacional. De la misma forma, es este también el momento en que las consecuencias económicas pueden, por primera vez, condicionar la toma de decisiones de un gobierno hasta el punto de que cualquier otro tipo de consideración sea dejada de lado[4].

Por otra parte, no debemos olvidar que, aun cuando lo que acabamos de reflejar no fuera cierto, no son pocos quienes consideran que, en muchas ocasiones, los Estados se sienten impotentes, encerrados dentro del estricto marco de sus fronteras para hacer frente a la libertad de acción de la que hacen gala muchas grandes compañías en un mundo libre de restricciones al movimiento de capitales. Esto hace que, en ocasiones, las empresas puedan utilizar a su libre antojo la rivalidad entre unos y otros estados, o la necesidad de algunos países en vías de desarrollo para actuar de acuerdo con parámetros que atentan contra los derechos humanos más básicos[5]. A ello se debe añadir, de otro lado, la capacidad que tienen muchas de las grandes empresas para eludir todo tipo de responsabilidad amparándose en sociedades interpuestas[6], o en el cumplimiento de las normas de países subdesarrollados para llevar a cabo tareas que, sin embargo, pueden causar graves perjuicios a los países que los rodean[7].

La conclusión más obvia que se puede entresacar de todo lo que acabamos de exponer es que se está produciendo un trasvase evidente del poder desde lo político hacia lo económico, consideración que, por otra parte, no tiene gran cosa de original, sino que ha sido ya convenientemente interpretada por muchos de nuestros más brillantes pensadores[8]. Ahora bien, aceptada esta primera hipótesis, debemos plantearnos inevitablemente una pregunta: ¿cómo va a afectar esta circunstancia a la actual estructura política? O, lo que es prácticamente lo mismo: ¿qué va a ocurrir con el Estado? ¿Va a seguir siendo el agente esencial de la acción política o va a ser sustituido por otro tipo de institución capaz de contrapesar la imparable pujanza de la economía? La respuesta que vamos a dar aquí a esta cuestión difiere mucho de las que se han dado hasta ahora. A nuestro juicio, el Estado va a continuar siendo el principal agente institucional, lo cual no significa que sea el agente con mayor poder en el entramado internacional. De otro lado, va a ser cada vez más incapaz de hacer frente a la importancia del poder económico. Ello no obstante, y para poder justificar estas dos afirmaciones, creemos que es necesario introducir antes algunas reflexiones previas.

2.- El papel del Estado.

Muchos de los autores que se han ocupado del tema de la globalización han llegado a una conclusión: ya que este fenómeno tiene un carácter inequívocamente supranacional, es inevitable que el poder político olvide su estructura actual, marcada por el Estado-nación[9], para dar origen o bien a una situación muy parecida a la del estado de la naturaleza, o bien a organizaciones supranacionales que puedan ejercer adecuadamente el poder político. En lo que ya no coinciden los diversos autores es en la forma que adoptarán estas instituciones supranacionales[10]. Así, los hay que aventuran que el Estado seguirá existiendo como tal, aunque la soberanía pasará a residir en esos futuros supraestados, convirtiéndose así en partes o nodos de una red más amplia[11]. Otros, en cambio, consideran que el auge de lo local que está surgiendo al calor de la globalización puede hacer que los estados desaparezcan, siendo sustituidos por otras formas de representación ciudadana que dé pie a una integración mundial fundada sobre el Derecho[12]. De la misma forma, no se puede hablar de unanimidad a la hora de juzgar la probabilidad de que estos supraestados acaben formándose, ni de si finalmente llegará a formarse un único Estado en el ámbito mundial. Tampoco se puede hablar de consenso si de lo que se trata es de definir cuál debería ser la estructura de esos macroestados, siendo así que hay quienes consideran que pueden dar lugar a una democracia directa marcada por un voto por cada ciudadano o una de corte más directo, en el que sea cada país quien goce de un voto.

Este tipo de consideraciones son, desde nuestra perspectiva, perfectamente lógicas si consideramos que la globalización trae como consecuencia una pérdida notoria de poder por parte del Estado. A fin de cuentas, si la fragmentación del poder político produce una inevitable indefensión frente al ámbito de lo económico, parece inevitable pensar en una futura unificación internacional. Sin embargo, este razonamiento olvida, a nuestro juicio, un pilar básico: que los efectos de la globalización no son simétricos, esto es, que hay algunos países que han salido ganando y, probablemente, continuarán ganando con un proceso como el que está teniendo lugar ahora mismo. Esta apreciación, sutil pero esencial implica, desde nuestra perspectiva, que habrá quienes no tengan en más mínimo interés en alterar el actual orden internacional. De este modo, surge una evidencia que demasiado a menudo es pasada por alto: si hay Estados que no pierden poder con la globalización, es más que probable que se nieguen a perder su soberanía sólo por solidaridad con otros Estados que sí han salido y saldrán perdiendo en el proceso. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que hacen que esa globalización no sea tan unificadora, que impulsan más bien la diferencia entre unos y otros? En el siguiente apartado tendremos ocasión de analizar este aspecto.

3.- Los motivos de la no-integración

 

Hablar de integración es, de por sí, equívoco, porque se trata de un vocablo que puede cobijar diferentes opciones, sin embargo, mutuamente excluyentes. Así, se puede considerar como un proceso de integración la creación de ámbitos de poder supraestatales, pero en los que los agentes participantes en las votaciones sean los Estados, o de otros en los que sean los propios ciudadanos quienes elijan a sus representantes. De la misma forma, puede producirse una progresiva integración a través de organismos que no posean soberanía, pero que ostenten un enorme poder que escape al control de los propios Estados que ahora mismo existen[13].

En el presente apartado nos vamos a centrar exclusivamente en el primero de esos tipos de integración. El motivo de esta limitación es que la integración a través de una democracia supraestatal en el que sean los propios ciudadanos quienes elijan directamente sus representantes y éstos tomen todo tipo de decisiones en atención a su mandato nos parece harto improbable en un futuro próximo. En lo que a esto respecta, no tenemos más que ver que, después de cincuenta años, este objetivo no se ha logrado ni siquiera en la Unión Europea, sin dudas el área del mundo que más profundamente ha avanzado en la integración de varias naciones soberanas. Pensar que un proceso de este corte pueda tener lugar en otras zonas, como Latinoamérica, o el Sureste asiático es, por el momento, quimérico. Y todavía lo es más creer que los ciudadanos de los países desarrollados estén dispuestos a compartir su soberanía con los habitantes de otras naciones menos favorecidas en algún tipo de democracia mundial o, al menos, regional.

En cuanto a la segunda de las opciones presentadas, esto es, la creación de centros de poder en el ámbito internacional, que, aunque no ostenten soberanía alguna, sean capaces de imponer su voluntad a muchos países, nos permitiremos indicar que se trata del modelo menos deseable de entre todos los que podemos concebir. Baste para justificar nuestra afirmación con observar la actuación que ha llevado a cabo en los últimos años un organismo que cumple fielmente con todas las características que acabamos de reseñar, como el FMI, para darse cuenta de lo poco deseable que resulta este esquema. Así, el continuo secretismo que envuelve esta clase de organismos, así como la posibilidad de actuar sin tener que responder ante ninguna instancia democrática ha permitido, en último término, que sus dirigentes asumieran decisiones claramente erróneas y de gravísimas consecuencias sin tener que responder ante nadie por ello.

Nos queda, por tanto, el tercer modelo, esto es, la integración en un modelo de soberanía compartida en el ámbito internacional, en el que los principales agentes fueran los países. Dentro de este esquema podrían apreciarse, a su vez, múltiples variante, como una cesión de soberanía centrada en un cúmulo de materias, como la justicia, la política exterior, la política monetaria, etc., o en una unión más estrecha, que privara de soberanía a los propios Estados que la componen. Si el primer modelo resulta similar al de la Unión Europea, el segundo sería más parecido al de los Estados Unidos de América o la Confederación Helvética. Evidentemente, es mucho más fácil imponer el primer modelo que el segundo, pero, aún así, en los últimos tiempos se ha demostrado que aún queda mucho camino por recorrer para llegar hasta allí. Si esto es así se debe a múltiples motivos. De entre ellos destacaremos ahora tres que, a nuestro juicio, no han sido todavía lo suficientemente bien analizados.

 

1.- Existencia de una única superpotencia.

Como es de sobra conocido, después de la caída del bloque soviético, Estados Unidos ha permanecido como la única gran potencia político-militar. Y después del 11 de septiembre, parece haber optado por una política de inequívoco liderazgo, olvidando toda idea de aislacionismo, tan común en su historia. Ese liderazgo, no obstante, se ha mostrado como un fenómeno más desintegrador de lo que cabía esperar, por la insistencia americana en no rubricar ningún acuerdo que merme mínimamente su soberanía[14]. Las víctimas de esta política han sido tratados de la importancia del Protocolo de Kyoto, o instituciones a las que se supone trascendentales, como el Tribunal Penal Internacional. A esto, por supuesto, debemos unir la grave tendencia de su administración actual a obviar por completo a la ONU como foro de discusión o la adopción de medidas unilaterales en materia económica, como los aranceles sobre el acero, que más parecen propias de épocas pasadas.

Toda esta serie de hechos viene a indicarnos claramente que Estados Unidos no está dispuesto a llegar a ningún tipo de acuerdo que suponga una cesión de soberanía de ninguna clase, ni a pactar acerca de ningún asunto que pueda suponer una mínima pérdida para sus intereses nacionales. Y teniendo en cuenta que goza de la capacidad suficiente como para poder actuar unilateralmente sin enfrentarse a grandes riesgos[15], parece claro que no será fácil conseguir que Estados Unidos lleva adelante ningún proceso de integración en un ámbito supraestatal. Si a ello sumamos que difícilmente permitirá que sean otros países los que articulen este tipo de políticas[16], podemos hacernos una mejor idea de por qué es tan complicado hablar de integración si Estados Unidos está de por medio.

2.- Importancia del poder económico sobre el político.

En segundo lugar, debemos tener en cuenta que los propios intereses económicos no desean en absoluto ningún tipo de acuerdo internacional que suponga nuevas limitaciones a lo que constituyen sus intereses. En este sentido, debemos recodar que, para el ideario liberal, un escenario como el actual, en el que la mayor parte de los estados se ven cada vez más reducidos a meros garantes del orden público roza la perfección. Por eso mismo, la presión de las grandes compañías irá encaminada a promover la fragmentación del poder político.

Por otra parte, es obvio que la propia configuración del nuevo orden que está surgiendo dota a los grandes grupos de grandes oportunidades para verse respaldados ante las naciones más débiles. En cuanto a las naciones más poderosas, es cada vez más obvio que nadie pude llegar a la presidencia de sus gobiernos sin un apoyo financiero sólido por parte de las grandes compañías. Así, por ejemplo, el sistema americano de financiación de los partidos políticos puede acabar ocasionando una inevitable degradación de la democracia, inevitablemente mediatizada por los generosos donativos de las grandes compañías a los candidatos electorales. Lo que en cualquier caso resulta evidente es que muy difícilmente llegará a la Casa Blanca un candidato dispuesto a adoptar medidas que mermen la impunidad con la que se mueven muchos de sus grandes consorcios.

 

3.- El triángulo de Krugman

Uno de los mecanismo que mejor explican el incremento de poder que experimentan algunos Estados en un escenario de liberalización internacional del mercado de capitales es el triángulo de Krugman, economista americano de reconocida fama. En consonancia con esta explicación teórica, los Estados capaces de garantizar la confianza de sus monedas tienen una libertad en un marco de liberalización de los mercados de capitales de la que no gozan todos los demás. Por eso mismo, las crisis provocadas por un ataque especulativo a una moneda sólo afectan a según qué tipos de países, mientras que otros permanecen siempre a salvo de este tipo de comportamientos. A largo plazo, esto hace que algunos países cuenten con un poder mucho mayor que otro, en cuanto acumulan masas ingentes de capital disponible.

Por este motivo, existe un interés obvio por parte de los países más desarrollados para mantener liberalizado el mercado de capitales, sabiendo de sobre que sus monedas están a salvo. La creación de cualquier ente supraestatal que permitiera acabar con esta anarquía supondría, en último término, la anulación de una ventaja comparativa muy importante para los países desarrollados, ventaja que les gustaría mantener, aun cuando ello pusiera en peligro la estabilidad de todo el sistema.

 

 

 

 

 

 

4.- El futuro que nos espera

 

A partir de todo lo que acabamos de exponer, nos atreveremos a afirmar que, pese a todo, el Estado-nación, tal y como lo conocemos, continuará existiendo en un futuro próximo y, en algunos casos, llegará a hacerse más fuerte que nunca. Motivos tan sólidos como los que acabamos de mostrar así lo parecen señalar. Ello no obstante, es obvio que ni siquiera los países más poderosos serán capaces de ofrecer una respuesta efectiva a problemas globales, como el del crimen organizado a escala internacional, los problemas ecológicos o los que plantea la desigual distribución de los recursos en el ámbito mundial. Como dice LIMA TORRADO, lo que es obvio es que los problemas globales requieren soluciones globales, y a eso aún no hemos llegado[17].

¿Significa esto que estamos abocados a un escenario pesimista, que no tenemos ninguna posibilidad de reorientar nuestro futuro porque el marco en el que nos movemos es perverso? Creemos sinceramente que no, pero eso no significa que la batalla sea sencilla, ni mucho menos. Es necesaria una reorganización ciudadana que, partiendo de la base de las limitaciones inherentes a los Estados nacionales, sea capaz de crear un nuevo concepto de democracia, que englobe una vuelta a la responsabilidad individual. Necesitamos volver a hacer sentir a las personas como partes de una realidad. Y partes capaces de modificarla. Necesitamos persuadir a las personas de que su opinión sigue siendo importante, y que la democracia no se agota necesariamente porque el voto político que pueden ejercer cada cierto tiempo tenga cada vez menos valor. Porque la democracia no necesita de Estados, ni de fronteras[18]. Frente a esta realidad, siempre podrán crearse nuevas formas de presión popular. Nos espera un futuro cargado de organizaciones no gubernamentales, de protestas silenciosas, y de una más que posible toma de conciencia del voto económico, todavía tan desaprovechado[19]. Y la clave, como muy bien ha indicado CABALLERO HARRIET[20] estará, entre otras cosas, en una vuelta efectiva a la cultura, una vuelta que nos haga ser capaces de ver más allá de las limitaciones del marco que se nos intentará imponer.

 

 

 

 

 


[1] En lo que atañe a este punto, nos gustaría resaltar que ha sido principalmente la liberalización de los mercados de capital y no la de los de bienes y servicios, la que ha desestabilizado la balanza de poder. Es un dato que a menudo se olvida sin aparente motivo.

[2] Véase: IZQUIERDO, G., “La política económica ante la globalización: sobre la pretendida impotencia del estado”, Documentación social, nº 125, 2001, pág. 167.

[3] En lo que a ello respecta, nos limitaremos a remitirnos al último premio Nobel de economía: STIGLITZ, J. E., El malestar en la globalización, Madrid: Taurus, 2002.

[4] El ejemplo más extremo de lo que ahora afirmamos ha tenido lugar en fechas muy recientes. Como ya es de sobra conocido, los atentados del 11 de septiembre provocaron en Estados Unidos una auténtica conmoción nacional que cristalizó en un genuino deseo de aumentar su seguridad mediante el combate del terrorismo internacional. Esta lucha, no obstante, no se llevó hasta sus últimas consecuencias en el terreno económico, a pesar de que en el campo de lo político no hubo reparo alguno en invadir Afganistán sin acudir en ningún momento a consideraciones de tipo legal. A pesar de que los responsables de la política norteamericana sabían que era imposible poner fin a la financiación del terrorismo sin acabar con los paraísos fiscales, cosa relativamente sencilla de hacer para un país del potencial del que estamos hablando, se negaron taxativamente a tomar esta medida. Consideraciones de tipo económico, como mantener la subvención encubierta a la exportación que supone para las empresas americanas la posibilidad de domiciliar buena parte de sus ingresos por este motivo en los paraísos fiscales tuvieron más peso que su propia seguridad nacional.

[5] Enumerar las prácticas que tienen lugar en muchos de los rincones perdidos del mundo sería tarea imposible, en tan poco espacio. Habríamos de recordar las condiciones de trabajo de las maquiladoras en Latinoamérica, o de las zonas de libre comercio de Filipinas, o la utilización de mano de obra infantil en la India o Pakistán, o la falta de seguridad en muchas de las plantas de la industria química instaladas en las naciones citadas. Véase, por ejemplo, en torno a este tema: N. KLEIN, No Logo, Paidós, Barcelona, 2001.

[6] Así, por ejemplo, resulta moneda corriente que una persona o una sociedad invierta en un país a través de otra que tiene su sede social en otro, generalmente un paraíso fiscal con un elevado grado de confidencialidad en su legislación societaria, con el fin de eludir pesquisas.

[7] De este modo, el incumplimiento de las más elementales medidas de seguridad por parte de un país puede causar terribles pérdidas a los que le rodean, aun cuando no tengan ninguna culpa de la irresponsable actitud de su vecino.

[8] Véase, por ejemplo, MARTÍNEZ DE PISÓN, J., “El poder del estado y los derechos humanos en el escenario de la globalización”, Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XVII, 2000, pág. 88; ESTEFANÍA, J., El poder en el mundo, Barcelona: Plaza y Janés, 2000.

[9] Así lo refiere una larga tradición iniciada esencialmente desde la paz de Westfalia, que dio primacía al Estado sobre cualquier otro tipo de organización humana.

[10] Cfr: JÁUREGUI, G., La democracia planetaria, Oviedo: Nobel, 2000, págs. 62 y ss.

[11] Cfr: CASTELLS, M., La era de la información, vol 2. El poder de la identidad, Madrid: Alianza, 1998, II, pág. 334.

[12] Véase, a este respecto: JÁUREGUI, G., La democracia planetaria, cit., págs. 60 y ss.

[13] En torno a esta materia, véase: BECK, U., ¿Qué es la globalización?, Barcelona: Paidós, 1998, págs. 135 y ss.

[14] La existencia de una potencia hegemónica suele ser, no obstante, un escenario muy poco feliz para llegar a acuerdos que impliquen concesiones. En este sentido, no podemos olvidar que el mismo sistema que creo un orden internacional basado en el Estado-nación, se hizo en un momento en el que la hegemonía no pertenecía a ningún país en concreto o, al menos, no en la forma absoluta en la que ahora se da.

[15] O, al menos, esto es lo que quiere creer.

[16] Un ejemplo muy claro de este tipo de políticas se vio después de la crisis asiática del 99. en aquel momento, Japón propuso a los países del Sureste Asiático crear un organismo económico común que pudiera ayudarles a enfrentar ese tipo de coyunturas, un primer paso para favorecer su integración y para soslayar el predominio absoluto del FMI. La idea fracasó por la violenta oposición de Estados Unidos

[17] LIMA TORRADO, J., “Globalización y Derechos humanos”, Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XVII, 2000, pág. 61.

[18] Cfr: PRZEWORSKI, A., Sustainable Democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, pág.

[19] Consúltese, en lo que a estos temas se refieren, por ejemplo, SASSEN, S, ¿Perdiendo el control?, Barcelona: Bellaterra, 2001, pág. 104 y ss.

[20] Cfr: CABALLERO HARRIET, F. J., “Globalización, Estado y Derecho”, Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XVII, 2000, pág. 37 y ss.

 


I.S.S.N.: 1138-9877

Déposito Legal: en trámite

Fecha de publicación: septiembre de 200

La UE Premio Nobel de la Paz por vender armas a paises que violan los drechos humanos

Derechos Humanos

19 de Oct, 2011

 

Manifestación en YemenEstados Unidos, Rusia y varios países de la Unión Europea suministraron ingentes cantidades de armas a gobiernos represivos de Oriente Medio y Norte de África antes de los levantamientos de este año, pese a tener pruebas de que existía un riesgo considerable de que fueran utilizadas para cometer graves violaciones de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy. Los principales proveedores de armas a los cinco países examinados desde 2005 (Bahréin, Egipto, Libia, Siria y Yemen) son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Estados Unidos, Francia, Italia, República Checa, Reino Unido y Rusia.

Al menos 10 países han suministrado ayuda militar o permitido las exportaciones de armamento, munición y material a Yemen, donde unos 200 manifestantes han muerto en 2011. Entre ellos están Alemania, Bulgaria, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Turquía y Ucrania.

»Muchos de los gobiernos que ahora apoyan la primavera árabe, hasta ayer mismo vendían armas a estos regímenes represores », dice Manuel Beltrán, representante de Amnistía Internacional en España. Y critica que «no se ha hecho efectivo un embargo a Siria, por lo tanto es muy probable que estén llegando armas a ese país para reprimir a la población civil, especialmente desde Rusia ». Un 10% de las exportaciones de Moscú tienen como destino Damasco. En los próximos años tiene previsto venderle unos 4.000 millones de dólares. España vendió material de todo tipo a Egipto por valor de 4 millones de € y a Libia de 5 millones.

Manuel Beltrán recuerda que «España exportó munción y material antidisturbio a Egipto o cohetes y misiles a Libia, el año pasado, a pesar de que hay una ley de comercio de armas  que en teoría regula que no se envíen a zonas de conflicto o donde hay violaciones de derechos humanos ». Pero añade que «muchos países ni siquiera tienen estas leyes ». Amnistía pide un tratado internacional que regule ese comercio y que implante la «regla de oro », es decir, que  «cualquier exportación de armas tiene que tener en cuenta si puede ser utilizada contra la población civil ».

»Es importante que el comercio se regule, que sea transparente y se sepa que gobierno está enviando armas, que controles están haciendo. El armamento se fabrica legalmente pero acaba en manos de señores de la guerra, grupos armados, o gobiernos que reprimen a su población. «Es el comercio más letal y opaco del mundo ».

Naciones Unidas prepara una reunión para julio de 2012 que podría redactar un tratado internacional de regulación de este comercio. Las Organizaciones humanitarias especializadas en este ámbito «debemos presionar a nuestros gobiernos para que salga un buen acuerdo », dice Beltrán. España ha apoyado este tratado, pero «mientras lo apoya sigue exportando armas a países nada democráticos ».

La libertad de expresión

La libertad de expresión forma parte de los derechos humanos de las personas y está protegida por la Declaración Universal de 1948y las leyes de todos los Estados democráticos.

Esta libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan. Representa la posibilidad de realizar investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin barreras.

La expresión nunca debe ser objeto de censura previa: en cambio, puede regularse a partir de la responsabilidad ulterior. Esto supone que, con la libertad de expresión, no se puede impedir que una persona se exprese, pero sí se la puede penar por sus mensajes. Por ejemplo: un periodista planea denunciar en un programa de TV la corrupción de un funcionario. Este último intenta detener la emisión del espectáculo pero el primero, amparado por su derecho a decir lo que piensa, logra difundir los contenidos. Sin embargo, la Justicia demuestra que la información es falsa y el periodista debe, finalmente, enfrentar cargos por calumnias e injurias.

El derecho a la libertad de expresión, por lo tanto, no es absoluto. La legislación suele prohibir que una persona incite a la violencia o al delito, que haga una apología de la discriminación y el odio o que estimule una guerra. En un país con libertad de expresión no se puede promover el rechazo racial o incentivar los asesinatos.

La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, que es la garantía de transmitir información a través de los medios de comunicación social sin que el Estado pueda ejercer un control antes de la emisión.

Dictadura y libertad de expresión

Cuando en un país el gobierno es destituido por fuerzas externas, generalmente las fuerzas armadas o grupos paramilitares que quieren hacerse con el poder, se establece un gobierno de facto, que se conoce como dictadura. Este tipo de entidad al poder atenta severamente contra la libertad de expresión.

Si bien al pensar en gobiernos autoritarios lo primero que surge son las dictaduras latinoamericanas, éste es un mal que acecha y ha amenazado la armonía de muchísimos países, tales como España, Rumania, Países Bajos, China. En la obra “Hambre y seda” de Herta Müller se hace un análisis de lo devastadoras que pueden ser las dictaduras y se ponen sobre la mesa ciertas cuestiones que resultan irrisorias pero que son parte de la realidad.

Una de las fundamentales consecuencias a las que se refiere es la censura, la privación de todas las libertades, incluida la de expresión, que se pone en práctica a través de torturas e imposiciones infernales. Los testimonios de aquellas personas que han debido enfrentar ese tipo de opresiones son realmente desgarradores.

Durante una dictadura los medios de comunicación sufren un profundo cercenamiento en el contenido que distribuyen. Por ejemplo en marzo de 1976 llegó un comunicado a todos los medios argentinos donde se les amenazaba, diciéndoles que todo aquel que divulgase información proveniente de grupos subversivos recibiría una condena que, de acuerdo al nivel de gravedad de lo publicado, podía ir desde reclusión hasta el cierre de dicho medio por parte de las Fuerzas Armadas. En aquella época todas las noticias que se daban a conocer eran distribuidas por la Agencia Oficial Télam y todos los medios debían ceñirse a ellas a rajatabla. Cabe señalar que son muchos los periodistas y profesionales de la información que son torturados o incluso asesinados en este tipo de gobiernos.

De todas formas, cabe mencionar por último que, la censura a la libertad de expresión no sólo se encuentra ligada a los medios de comunicación, sino también a otros escenarios como el de la literatura o el cine, y en algunas dictaduras repercute en la vida de cada ciudadano. En esa situación, ninguna persona tiene derecho a decir lo que piensa en los lugares públicos, e incluso, en los casos más extremos, las fuerzas del orden se entrometen en los recintos privados y coartan la libertad de los que se encuentran en él.

España y el oscuro negocio de las armas

España y el oscuro negocio de las armas

Publicado el 27 julio 2010 por Izshara

Sabía usted que España vende armas a países que incumplen los derechos humanos, vulnerando así el Código de Conducta sobre Transferencias de Armas de la Unión Europea del 2003, que establece: “no se autorizará las exportaciones de armas cuando existan indicios racionales de que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional”?. Sabía que en el año 2009 se ha producido un aumento del 44%, situándose en el octavo país del mundo en venta de armamento?.

Para que ustedes vean que no me estoy inventando nada, les dejo aquí la lista de armamento vendido el año 2009 por España: Entre países de la UE y la OTAN se produjeron el 64,78% de venta de armamentos, utilizados muy probablemente en las guerras de Irak y Afganistán. El resto, 35,12% se produjo a otros países. Aquí dejo el link concreto del artículo de El País, donde ya adelanto que destaca la venta a Israel, Marruecos, Colombia, Bostwana, India o Pakistán ( conflicto latente entre ambos estados)

También existen datos que meses antes de la invasión de Gaza, España exportó a Israel “armas de cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 milímetros” definición que incluye, entre otros, fusiles, pistolas, ametralladoras, silenciadores, cargadores y visores.

Mientras nuestro gobierno se dedica a proclamar la paz mundial y a hacer alianza de civilizaciones, por otro lado se dedica a vender armamento militar a Estados como Israel, Sri Lanka, India o Pakistán, patrocinando las matanzas con la marca España.

Lo que más molesta de todo este asunto es que el gobierno aún tenga la hipocresía de decir que su armamento no se utiliza en la guerra para matar a nadie. Sobre Venezuela, donde las empresas españolas, con permiso del gobierno, vendieron 841.000 euros en material antidisturbios, Iranzo, delegada del gobierno, aseguró que esas armas “no van a ser utilizadas con fines de represión interna”. O bien el propio Zapatero, en el programa Tengo una pregunta para usted, donde dijo: “Es absolutamente insignificante el volumen de ventas [a Israel], que no llega o pasa de un millón de euros (…) Estoy convencido de que nuestros componentes no se han utilizado para eso [matar palestinos] Nuestro Gobierno ha hecho de la lucha por la paz y la seguridad en muchos países del mundo una acción permanente”.

Se deben pensar que somos idiotas o algo por el estilo. Me gustaría que el Señor Zapatero me dijera que otras utilidades tienen los materiales antidisturbios sino la represión, o que utilidad tienen las bombas, los mísiles, los fusiles, y la munición que vende su gobierno si no es para matar gente.

Que no nos tomen por tontos, alcemos nuestra voz pidiendo el fin de este brutal negocio que consiste en vender muertes para tener unos ingresillos que nos permitan vivir un poco mejor. Luego nos dedicaremos a hablar de los traficantes de armas como gente sin corazón, pero en el fondo, ustedes son aún peores que ellos, pues además de hacer lo mismo, no tienen la suficiente dignidad para reconocer lo que hacen, y aún se dedican a vendernos el cuento de que son armas para la paz.

Nacho Bone