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10 cosas que estarán prohibidas

FUENTE

Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.

Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:

Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.

No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.

No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.

No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.

Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.

No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.

No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.

No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.

El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.

El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.

Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!

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La privatización del mal

9 diciembre 2012

Luis García Montero – Comité de Apoyo de ATTAC España

La privatización de la justicia pone en escena la inexistencia del contrato social. No bastaba con los despachos de abogados para millonarios. Con la aparición de las tasas, desaparecen los últimos restos de pudor. Justicia para ricos, sanidad para ricos, educación para ricos, no hay espacios públicos capaces de equilibrar la muralla del dinero en la convivencia. El dinero, que es siempre una frontera más o menos flexible, se convierte ahora en un muro. El nuevo muro de Berlín.

La privatización de la justicia es inseparable de la privatización del mal. El mal en el cuerpo y el mal en el carácter. La exaltación del cuerpo, la invitación a un presente perpetuo, las cremas de belleza, las obras en los labios y en la nariz, nos han dejado sin historia. No importa oler o saborear mejor. El reto es ser vistos como un presente perpetuo, como gente sin historia. Eso afecta al cuerpo y al pensamiento social.

En una sociedad sin historia, las enfermedades pasan a ser un asunto privado. Que cada cual se pague su factura médica, ya que la mercantilización de los cuerpos convierte la estética y la salud en un negocio. La ciencia y la sabiduría forman parte también de ese negocio. Planes de estudio al servicio de los mercados. Médicos al servicio de los mercados. Ya no es pertinente un compromiso público con los cuerpos. Que cada uno se pague su tensión, su quimioterapia, su culpa. ¿No habrá una culpa bajo cada enfermedad?

Porque el mal es privado, consecuencia de un fracaso personal o de una disposición innata. El robo, el crimen, la violencia, el maltrato, la maldad, son pecados originales, nacen en el cuerpo y en el alma de cada uno. No existen pecados públicos. Las leyes no tienen ninguna responsabilidad. Los poderes económicos son inocentes. Las decisiones políticas no afectan a la pobreza, a la angustia, a la desesperación de los ciudadanos. Hay que vivir dentro de un orden, y el orden no tiene tampoco historia, es una fatalidad, el único organismo que no debe ser considerado responsable de sus enfermedades.

La privatización del mal no medita sobre la injusticia, se contenta con crear criminales. La fotografía del criminal es el principio y el fin de su catecismo. Los antecedentes policiales son antecedentes médicos, el protocolo vital de gente nacida para el delito. No conviene contemplar la reinserción, porque el que nació de mala arcilla no tiene arreglo. No conviene meditar sobre las situaciones sociales, porque la pobreza es una responsabilidad personal que invita a dos actitudes: mano dura contra los malos pobres y caridad cristiana para los pobres buenos.

La mejor alternativa es la creación de un estado policial. Tasas altas para evitar la molestia burocrática de las quejas y fuerzas antidisturbios entrenadas en la violencia. La extrema derecha puede jugar un papel en el sistema si la sacamos de los campos del fútbol y de las celebraciones nostálgicas y le buscamos un hueco en la policía. Botes de humo, balas de goma, escudos y porras contra el cuerpo de los manifestantes. ¿De quién es el cuerpo de un manifestante? Las llagas son privadas, su orden es público. Los derechos no son un debate político, sino un problema de orden público. Ordeno y mando.

El suicidio como alternativa vital privatiza la muerte. Los mártires entregan su muerte a un paraíso, a una revolución, a un sueño. Por mucho que nos conmocione su drama, el suicida hipotecario entrega su muerte a una casa vacía. Canceladas las ilusiones públicas, la soga del ahorcado privatiza su dolor, su mal, y paga el último plazo de su deuda con la vida. Quien se pasó la vida buscando un domicilio privado digno para participar en la vida pública, se encuentra ahora con una vida pública indigna o cancelada que convierte en basura su domicilio privado.

La negación de la historia no nos regala el presente, sino la soledad. Esto es la soledad, el desamparo, la convivencia nocturna con un cáncer, la mano que coloca una orden de desahucio en el bolsillo de un ahorcado.

Artículo publicado en Público.es

Día Mundial de la Madre Tierra

En el Día Mundial de la Madre Tierra: Una Declaración de Derechos de la Madre Tierra

Somos parte de la Naturaleza y estamos obligados a contribuir a su equilibrio.

Muchas voces se levantarán este 22 de abril en todo el mundo para llamar la atención sobre el maltrato a la Madre Tierra. Sí, es el Día de la Tierra y, como cada año, las organizaciones, los intelectuales e incluso los Estados, llamarán a “cuidarla”. Y así seguirá siendo mientras no comprendamos que la Madre Tierra no es un objeto: es sujeto de derechos.

La pregunta clave aquí es: ¿somos los seres humanos parte de la naturaleza o solo sus huéspedes? El debate, como señala Raúl Zaffaroni en su ensayo La Pachamama y el ser humano , no es nuevo, los filósofos de la Antigüedad griega ya discutían acerca del tema. De la respuesta a esta pregunta podremos deducir si seguimos atribuyéndonos la condición de “propietarios” o “administradores” de la Madre Tierra.

Los pueblos indígenas lo tenemos muy claro: nos identificamos como hijos de la Madre Tierra. En esta identificación, en el diálogo, y equilibrio con ella, se sustenta nuestra cosmovisión, nuestro modo de concebir y practicar la democracia comunitaria, la economía, nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestro modo de vida, nuestra identidad. Para nosotros, la Pachamama es un ser vivo y, por tanto, sujeto de derechos.

Alma y racionalidad

El derecho occidental es totalmente antropocéntrico. A lo largo de la historia, solo el ser humano ha sido reconocido como sujeto de derechos. Incluso cuando, durante la Edad Media, se procesaba a los animales. Esto podría llevar a pensar que si son enjuiciados, es que tienen obligaciones y normas que cumplir, por tanto, tienen también derechos. Pero se enjuiciaba a los cerdos por comerse a los niños o se excomulgaba a las ratas y otras plagas por los daños que causaban al hombre.

Esta es otra característica del derecho occidental: es esencialmente punitivo, se juzga para castigar, no para redimir. En el derecho originario, el objetivo es más bien el retorno al equilibrio que ha sido roto por una falta.

Pero volvamos al tema. La supuesta superioridad del ser humano sobre el resto de la naturaleza tiene uno de sus orígenes en las religiones que separan el cuerpo del alma. Esta separación dio al hombre el carácter de racional y único propietario del libre albedrío, la capacidad para decidir si “obrar bien” u “obrar mal”.

Y decimos “el hombre” porque también hay un carácter sexista en esta concepción. Recuérdese que en la Edad Media se discutía si la mujer tenía alma y si era hija de Dios o del demonio. Aún hoy algunos miembros de sectas fundamentalistas como el Opus Dei se plantean esta pregunta. Y a partir del siglo XVI, cuando los europeos empezaron su invasión a otros continentes, se añadió un nuevo ingrediente a esta visión: el racismo. Se comenzó a discutir si los indios y los negros tenían alma, lo que les daba “derecho” a someterlos.

Ya en el siglo XIX, Charles Darwin irrumpe con su teoría de la evolución de las especies. Aunque la iglesia puso (y sigue poniendo) el grito en el cielo, esta teoría, mal interpretada, también fue usada para justificar la tesis de la superioridad del ser humano: el hombre ha llegado a ser tal por ser el más fuerte y haberse impuesto sobre las demás especies. Eso le da el derecho de dominarlas.

Así, ya sea desde el materialismo y la ciencia o desde el idealismo y la religión, se persiste en el antropocentrismo, en considerar al ser humano por encima de todas las demás formas de vida, que por no ser racionales y carecer de alma, no pueden ser sujetos de derecho.

Sin embargo, como anota Zaffaroni, para Darwin el más apto no era el más fuerte sino el más fecundo. Los seres más vulnerables se asocian entre sí para defenderse de los depredadores, se adaptan a las condiciones adversas. Entonces, la evolución privilegia la competencia sino más bien la cooperación.

Es por ello que el capitalismo no puede ofrecer opciones de vida, porque privilegia la competencia y la individualidad, el dominio de los fuertes sobre los débiles, el narcicismo humano, el antropocentrismo radical. Para los pueblos indígenas, en cambio, la cooperación entre todas las formas de vida es parte de nuestros saberes y prácticas milenarias: la reciprocidad, la complementariedad, el equilibrio.

Ecología y derecho ambiental

Con la modernidad, se pasó del castigo a los animales a penalizar el maltrato contra ellos. Se decía que el ser humano puede utilizar a los animales para sus fines, pero sin excederse de esos límites. Luego nace la ecología, que no se ocupa solo de los animales sino de toda la naturaleza y plantea que ésta es sujeto de derechos. Surge el derecho ambiental, siempre vinculado al sistema universal de los derechos humanos, y el medio ambiente pasa a ser un bien jurídico.

Pero, como siempre, los países poderosos se resisten a someterse a estas normas internacionales. Un claro ejemplo de esto es que el Protocolo de Kioto, único instrumento vinculante sobre la emisión de gases de efecto invernadero, nunca fue suscrito por los Estados Unidos.

Entre los ecologistas también hay matices: para la ecología ambientalista, el ser humano sigue siendo el titular de derechos y obligaciones respecto a la naturaleza; para la ecología profunda, la naturaleza es titular de derechos. Pero se sigue viendo la preservación de la vida como una “responsabilidad moral” del hombre. Para los pueblos indígenas, los seres humanos no somos algo externo ni huéspedes de la naturaleza, somos parte de ella. Desde esta perspectiva, no es nuestro deber “protegerla” sino contribuir a su equilibrio.

Derechos de la Madre Tierra

La necesidad de que las Naciones Unidas adopten una Declaración de Derechos de la Madre Tierra ya forma parte de la agenda internacional. El Acuerdo de los Pueblos, emitido por la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, celebrada en Tiquipaya, Bolivia, en abril del 2010, contiene esta propuesta. La Constitución Política del Ecuador le dedica un capítulo y el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una ley al respecto.

En 1982, la Asamblea General de la ONU aprobó la Carta Mundial de la Naturaleza, una importante declaración ecológica mundial. Cinco años después, en 1987, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, en su informe Nuestro futuro común, conocido como Informe Brundtland, hace un llamado a la creación de una carta que contenga los principios fundamentales para una vida sostenible.

Este informe afirma, entre otras cosas, que la Tierra es una, pero el mundo no lo es, y que todos dependemos de una sola biósfera para el sustento de nuestras vidas. Sin embargo, algunos utilizan los recursos de la Tierra a un ritmo tal que dejarían poco para las futuras generaciones.

Luego, en 1992, los movimientos sociales reunidos de manera paralela a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, redactaron un documento que fue la semilla de la Carta de la Tierra, aprobada en marzo del 2000, en una reunión celebrada en la sede de la Unesco, en París. El 29 de junio del mismo año, la Carta es lanzada en el Palacio de La Haya, Holanda.

En el 2002 se realiza la II Cumbre de la Tierra en Estocolmo. De esta reunión derivarían importantes instrumentos internacionales como la Convención Marco de Naciones Unidas y el Convenio de Biodiversidad. Y también, en consecuencia, el Protocolo de Kioto.

La Conferencia Mundial de Tiquipaya se realizó en respuesta al fracaso de la COP15 de Copenhague, Dinamarca. Miles de participantes de todas las latitudes, pero sobre todo del Abya Yala, debatieron intensamente y emitieron el Acuerdo de los Pueblos. Este documento propone un proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, en el cual se consignan, entre otros, los derechos a la vida y a existir, a ser respetada, a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas, al agua como fuente de vida, a estar libre de contaminación, polución, desechos tóxicos y radioactivos, a no ser alterada genéticamente y a una restauración plena por los daños causados por actividades humanas.

Normas en Bolivia y Ecuador

Dos años antes, en el 2008, la Constitución Política del Ecuador ya había reconocido los Derechos de la Naturaleza en su capítulo séptimo, que consta de cuatro artículos: 71 al 74. En ellos reconoce los derechos a que se respete integralmente su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Asimismo, el derecho a la restauración por impactos producidos, entre otros, por la explotación de recursos naturales.

Además, establece que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción de aquellas actividades que pueden conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Y prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que alteren el patrimonio genético nacional.

La Ley de Derechos de la Madre Tierra, Ley 071, decretada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y promulgada por el Presidente Evo Morales el 21 de diciembre del 2010, señala como sus principios la armonía, el bien colectivo, la garantía de regeneración, la no mercantilización y la interculturalidad. Reconoce los derechos de la Madre Tierra a la vida y su diversidad, al agua, al aire limpio, al equilibro y a la restauración. Y finalmente establece las obligaciones del Estado Plurinacional y los deberes de las personas con respecto a estos derechos.

Para los pueblos indígenas, frente a la arremetida neoliberal de la explotación irracional de la Tierra, nuestra casa grande debe ser protegida y dotada de derechos. Y frente a la crisis global, planteamos cambiar el rumbo de la sobreexplotación y mercantilización, devolviendo el equilibrio con el Buen Vivir.

Sigamos trabajando por la adopción universal de una Declaración de Derechos de la Madre Tierra.

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General CAOI

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE

EXTRACTO DE LAS ACTAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL,

De los 20, 21, 22, 23, 24, 26 de agosto y primero de octubre de 1789.

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE EN SOCIEDAD.
Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer en una Declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre; para que esta declaración, estando continuamente presente en la mente de los miembros de la corporación social, les recuerde permanentemente sus derechos y sus deberes; para que los actos de los poderes legislativo y ejecutivo, pudiendo ser confrontados en todo momento con los fines de toda institución política, puedan ser más respetados; y para que las reclamaciones de los Ciudadanos, al ser dirigidas por principios sencillos e incontestables, puedan tender siempre a mantener la Constitución y la felicidad de todos.

Por estas razones, la Asamblea Nacional, en presencia y bajo el auspicio del Ser Supremo, reconoce y declara los siguientes derechos del Hombre y del Ciudadano:

I – Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo podrán fundarse en la utilidad pública.

II – La finalidad de toda asociación política(PARTIDO POLÍTICO) es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

III – La Nación (EL PUEBLO) es esencialmente la fuente de toda Soberanía; ningún individuo (PRESIDENTE DEL GOBIERNO/ REY) ni ninguna corporación (GRAN PATRONAL/ SINDICATOS/GRANDES BANCOS/ EJERCITO/ POLICIA/) pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.

IV – La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás Miembros de la Sociedad el disfrute de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley.

V – La Ley sólo tiene derecho a prohibir las acciones perjudiciales a la Sociedad. Lo que no está prohibido por la Ley no puede ser impedido. Nadie puede ser obligado a aquello que la Ley no ordena.

VI – La Ley es expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación (ILP de momento todas las leyes de nuestra demócracia se han aprobado sin expresarse la voluntad popular), sea personalmente, sea por medio de sus representantes(ASAMBLEAS POPULARES). Debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar. Siendo todos los Ciudadanos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones(NO AL ENCHUFISMO, TRANSPARENCIA TOTAL DEL GASTO PÚBLICO) y empleos públicos, conforme a su capacidad (durante los diferentes canvios de gobierno socialistas y conservadores han ido colocando y colocandose en diferentes empresas públicas o privatizadas no primando la valia del sujeto sino las prevendas del Gobierno de turno hacia dicha empresa, llamase TELEFONICA, REPSOL, …), y sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos.

VII – Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni mantenido en confinamiento (en los pasados incidentes de la Huelga del 29M se mantuvo en privación de libertad a tres estudiantes detenidos, sin tener el debido respecto a la presunción de inocencia, y sin haber sido juzgados de los delitos por los cuales se les retenia: PRIVACIÓN DE LIBERTAD) excepto en los casos determinados por la Ley y de acuerdo con las formas por ésta prescritas. Todo aquél que solicite, emita, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado(NO IMPUNIDAD JUDICIAL DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO), y todo Ciudadano requerido o aprehendido en virtud de la Ley debe obedecer inmediatamente, y se hace culpable si ofrece resistencia.

VIII – La ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son estrictamente y evidentemente necesarias(ENDURECIMIENTO DEL CODIGO CIVIL); y nadie debe ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada.

IX – Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto(PRISIÓN PREVENTIVA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, en los pasados incidentes de Barcelona y a lo largo de las diferentes manifestaciones que se han realizado en España después del 15M hemos visto como las fuerzas de seguridad han cargado contra la ciudadania y contra todos aquellos medios discordantes con el estado de sitio que las fuerzas del Estado han intentado imponer, praticando la detención indiscriminada de ciudadanos y periodistas para intentar contener el malestar de la ciudadania con los injustos recortes y politicas del gobierno). Siempre que su detención se haga indispensable, la Ley ha de reprimir con severidad cualquier rigor que no sea indispensable para asegurar su persona.

X – Nadie debe ser molestado por razón de sus opiniones (se han visto a lo largo del movimiento 15 M la intervención policial para el desalojo de algunas plazas públicas ocupadas por los ciudadanos como foro para expresar su opiniones) , ni aún por sus ideas religiosas(se impidieron en Madrid y la policia cargo contra las Marchas Laicas), siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público (los asistentes a las  JMJ provocaron altercados con los manifestantes) establecido por la Ley.

XI – Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del Hombre, todo Ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la Ley.

XII – Siendo necesaria una fuerza pública para dar protección a los derechos del Hombre y del Ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de todos, y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada.

XIII – Siendo necesaria, para sostener la fuerza pública y subvenir a los gastos de la administración, una contribución común, ésta debe ser distribuida equitativamente entre todos los Ciudadanos (la equidad fiscal se ve claramente con el anuncio por el Gobierno de la AMNISTIA FISCAL VERSUS IMPUESTOS EQUITATIVOS Y PROPORCIONALES), de acuerdo con sus facultades.

XIV – Todo Ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por sus representantes, a constatar la necesidad de la contribución pública, a consentirla libremente, a hacer un seguimiento de su adjudicación(LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO LIBRE A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO)  y a determinar su cuantía, modo de amillaramiento y duración.

XV – La Sociedad tiene derecho a pedir a todos sus Agentes públicos cuentas de su administración( a nivel autonomo el último informe en la página web del Sindic de Comptes de la Comunidad Valenciana es de 2010, algunos gastos como los de las grandes infraestrucutras, y eventos aun no han sido públicados asi como las razones de los sobrecostes.)

XVI – Toda Sociedad en la que la garantía de los Derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución. (se canvio la Constitución para fijar un techo de deficit sin realizar una consulta popular y por tanto imponiendo una ley arbritaria por real decreto que no tiene la aprovación popular).

XVII – Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad (los bancos estan efectuando desahucios con el beneplacito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado dejando en la calle a ciudadanos y no garatizando el derecho constitucinal a la VIVIENDA), nadie deberá ser privado de él, excepto en los casos de necesidad pública evidente, legalmente comprobada, y en condiciones de una indemnización previa y justa.

Extracto del acta de la ASAMBLEA NACIONAL del jueves 1 de octubre de 1789.

La Asamblea ha decretado que el señor Presidente se presentará ante el Rey, afin de someterle la Declaración de los Derechos para su aceptación.

Comprobado conforme al original.

Firmado, MOUNIER, Presidente; el VIZCONDE DE MIRABEAU, DÉMEUNIER, BUREAUX DE PUSY, el OBISPO DE NANCY, FAYDEL, el ABAD D’EYMAR, los Secretarios.