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La rebelión de las élites.

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Ya nada volverá a ser igual. El retroceso en la educación pública; el desmantelamiento de la sanidad, dejando de ser un derecho universal para convertirse en una iguala como la que pergeñó el falangista Girón de Velasco en los años de la beneficencia franquista; el zarpazo a los derechos de los trabajadores, a las libertades públicas, no son medidas coyunturales anticíclicas, entre otras cosas porque agudizan y no sobresanan las excrecencias de la crisis, sino los sillares  de la refundación autoritaria del Estado, muy reluctante con derechos y  libertades. Se pretende que las ideas y los principios sucumban frente a los condotieros del rigor presupuestario, que no es, al final, sino el rigor mortis que nos trae el discurso  “no hay alternativa”, mientras la tecnocracia sustituye a la política con el fin de aherrojar por completo los principios cívicos de la democracia.

Nunca como ahora tantas cosas fundamentales para la ciudadanía han estado en un peligro tan grave en forma de agresión sin precedentes a la supervivencia y dignidad de amplios segmentos de la población mediante un auténtico coup de force contra el Estado social y de derecho. Las fuerzas conservadoras ejercen de verdugo pudibundo. No sólo ajustician, sino que predican. Fomentan el desprestigio de la actividad pública, desprecian las instituciones democráticas, humillan y castigan a las clases populares, empobrecen a todos y llevan al país a la quiebra al tiempo que salvaguardan los intereses de los poderes económicos y financieros que son las causantes de la crisis.

En realidad lo que estamos sufriendo es una rebelión de las élites, concepto acuñado por el historiador y sociólogo Christopher Lasch, que define el momento en el que grupos privilegiados de actores económicos y políticos, representantes de los sectores más aventajados de las sociedades, se liberan de la suerte de la mayoría y dan por concluido de modo unilateral el contrato social que los une como ciudadanos. Las élites arrojan al resto de las clases sociales al pozo de la más grosera desigualdad, fragmentan los Estados y traicionan la idea de una democracia concebida por todos los ciudadanos.

Krugman ha hablado de “la imprudencia de las élites” en otro sentido pero en la misma dirección: las políticas que han multiplicado el paro y empobrecido a las clases medias fueron abanderadas por pequeños grupos de personas influyentes, “en muchos casos las mismas personas que ahora nos dan lecciones a los demás sobre la necesidad de ponernos serios”. Alain Touraine escribe en su última obra (Después de la crisis. Paidós) que el comportamiento de los muy ricos, dominado por la obsesión del máximo beneficio, desempeñó y sigue desempeñando el papel principal en la disgregación del sistema social, es decir, “de toda posibilidad de intervención del Estado o de los asalariados en el funcionamiento de la economía”.

España se ha convertido en el paraíso de la desigualdad y del reflujo democrático. Es el país de la UE-15 que tiene mayores desigualdades sociales y más policías por 10.000 habitantes y, a la vez, menos adultos trabajando en sanidad, educación, y servicios sociales. Las élites rampantes, la derecha y los círculos mediáticos del establishment han aprovechado la crisis para la gestión ideológica de la economía y la acotación restrictiva de los estambres democráticos de poder.

La rebelión de las élites abandera la teoría de  que para que se produzca crecimiento más que aportar capital es necesario suplirlo –atención a este concepto donde se esconde la raíz  de una de las peculiaridades más perversas de esta coyuntura– en la medida de lo posible con unas formas de producción que exigen la concurrencia de la violencia institucional. La deslegitimación de los conflictos sociales propicia, por su parte, que el ciudadano se convierta en víctima, desprovisto de cualquier conciencia de sus propias potencialidades en el ámbito de la sociedad. Una víctima de la que hablaba la poeta Anna Ajmátova: “Pierden cualquier semblanza de dignidad humana, hasta para morir deben hacerlo en silencio.”

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¿Qué queremos decir cuándo se habla de recuperación?

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Un leve crecimiento económico que se ha dado en el tercer trimestre del año ha bastado para que el Gobierno, financieros, y economistas convencionales, hayan lanzado las campanas al vuelo. Este dato, se afirma, es un síntoma de que la recesión de ha dejado atrás. Si a esto le añadimos la entrada de capitales en la bolsa, e inversiones como las realizadas por Bill Gates, resulta evidente que ya se está produciendo la remontada, pues este comportamiento es un reflejo evidente de que los inversores vuelven a confiar en la economía española. Es cierto que tratan de curarse en salud, señalando que aún es pronto para que esta mejora se note entre la ciudadanía. Aunque todo se andará con el tiempo.

Mientras se dicen estas cosas, la realidad, sin embargo, rebaja tanto optimismo. El hecho de que el crecimiento producido en el tercer trimestre haya sido tan tímido, habida cuenta del comportamiento favorable del turismo, es ya de por sí preocupante. A la economía española le cuesta arrancar, aunque se esté beneficiando de la crisis en el Norte de África en los flujos turísticos, lo que pone de manifiesto que no existen aún motores de empresas y sectores capaces de arrastrar al resto de la economía, a pesar del buen comportamiento de las exportaciones. La demanda sigue baja, como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de la gran mayoría de la población y los recortes tan drásticos que se están dando en el sector público, así como de la falta de crédito.

La llegada de dinero a la bolsa y determinadas inversiones son el resultado de la devaluación que ha sufrido la economía española en estos años y, en consecuencia, el capital llega a comprar barato. En todo caso, lo que esto significa es que parte de la propiedad cambia de manos sin que ello suponga acumulación de capital y generación de empleo. Se buscan ganancias cómodas, en algunos casos, en empresas cuya actividad principal la realizan en el exterior y sus beneficios proceden en su mayor parte de la operativa internacional y no en España que cuenta con un mercado deprimido.

La prueba más evidente de que las cosas no van tan bien como se quiere hacer ver es que siguen los despidos, los ERE, la bajada de sueldos, los recortes de los gastos sociales y la disminución de las pensiones, entre otras muchas cosas. Los empleos nuevos son, a tiempo parcial, temporales o precarios, en casi todos los casos, y desde luego han empeorado las condiciones de trabajo y los derechos sociales y laborales. Los daños causados por la crisis y la política económica son tan elevados que seguramente no se conseguirá en un periodo de tiempo su recuperación, si es que se logra. No cabe duda de que habida cuenta del ideario neoliberal del Gobierno, la pérdida de los derechos ha venido para instalarse, a no ser que se luche por su recuperación.

Los informes de Cáritas y de la Fundación Primero de Mayo acerca de la pobreza y el aumento de la desigualdad en la economía española son la réplica a las visiones optimistas del Gobierno y de aquellos a los que va bien con la crisis, pues se han enriquecido aún más de lo que ya lo eran. Así como de tantos economistas que tienen una visión parcial de los hechos y en cuyos estudios no se tienen en cuenta estas realidades tan crudas.

Se analizan solamente el comportamiento de variables macroeconómicas y de ahí se extraen conclusiones sobre tendencias futuras sin tener en cuenta las relaciones sociales que se encuentran detrás de esos datos. Lo que importa es el crecimiento, sin entrar a valorar su naturaleza, los costes ecológicos y sociales ni a quién beneficia y a quién excluye. La economía aparece así mutilada en su comprensión de la realidad, incapaz de predecir y, sobre todo, de afrontar la crisis sin tantos costes como los que tantas gentes están padeciendo. Lo que es peor, sin entrar a considerar las consecuencias desiguales que las decisiones de política económica llevan consigo.

Por fortuna, no todos los economistas participan de ese paradigma dominante y se encuentran artículos y libros de otros que analizan con distinto prisma la realidad y cuyas proposiciones son muy diferentes a las que estamos habituados por los que tienen mayor audiencia en los grandes medios de comunicación. Aunque hay mucha literatura al respecto, me gustaría recomendar en esta ocasión especialmente dos libros: “Qué hacemos con la deuda” de Medialdea y varios (Akal, 2013) y el de “Fracturas y Crisis en Europa” de Álvarez, Luengo y Uxó (Clave intelectual, 2013). Varios de estos autores son miembros de mi departamento, o se encuentran vinculados a él de distintas formas, otros son jóvenes, pero que están demostrando una gran madurez intelectual y de conocimientos económicos. Hay que leerlos para que no nos vendan una vez más la moto. También recomiendo una película “El espíritu del 45” de Ken Loach. Un documental pedagógico e ilustrativo, aunque se puedan matizar algunas cuestiones.

La gente tiene que saber que no todos los economistas pensamos igual, al igual que como nos muestra el documental no solamente hay una política económica y social. Frente a las visiones más oficialistas hay otras serias, bien documentadas y con propuestas posibles. Los economistas oficialistas han demostrado su ignorancia frente a la crisis, se han encontrado desconcertados, y con propuestas que la han hecho más duradera y con costes excesivos que podían haberse evitado. Ahora bien, hay que señalar que cuando se han equivocado -que han sido muchas veces-, sin embargo, no ha sido así a la hora de defender un orden en el que salen beneficiados los banqueros, los financieros y las grandes multinacionales, y con demasiados perdedores.

Carlos Berzosa | Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid

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La crisis del petróleo y sus consecuencias

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Claro está que, aunque la crisis apareciera de forma brusca, tuvo unos antecedentes a los que luego se remitieron los especialistas para explicarla. La situación de desorden del sistema monetario internacional, aun sin ser la causa determinante de la crisis, contribuyó sin duda a ella. El desorden estaba causado por la caída del dólar, provocada por la decisión tomada por el presidente Nixon, sin ninguna consulta previa, de desligar el dólar del patrón oro en agosto de 1971. Como es sabido, lo hizo como consecuencia de la difícil situación de la economía norteamericana durante la Guerra de Vietnam. El déficit de la balanza de pagos creció en este país y también la liquidez internacional producida por la exportación del petróleo. Las principales monedas del mundo flotaron, en un marco de creciente inestabilidad.
Pero lo decisivo fue la sorpresa causada por los sucesivos choques por la elevación de precio de los productos petrolíferos. Ya la Revolución libia produjo un problema inicial, pero fue la Guerra del Yom Kippur y la caída del sha de Irán, todos ellos acontecimientos políticos, quienes tuvieron unos resultados más espectaculares sobre el precio del crudo. En 1971, todavía el precio del petróleo era negociado por las grandes compañías petrolíferas: siete de ellas dominaban el 80% de la producción mundial. Pero en 1973 ya no era así. Entre 1960 y 1971, el petróleo había permanecido estable en el precio y en la práctica había podido perder el 20% de su valor. Al mismo tiempo, su consumo había crecido de forma considerable hasta configurarse como la fuente de energía fundamental. Así se demuestra por el crecimiento del porcentaje del petróleo en el consumo total de energía. En 1950, representaba el 37.8% frente al 55.7% del carbón; en 1972, en cambio, el petróleo y el gas representaban el 64.4% del total.
En suma, puede decirse que la parte correspondiente al petróleo en el consumo de energía pasó de ser un tercio a dos tercios, en un momento en que el consumo anual de energía se triplicaba cada año. De este modo, las reservas petrolíferas descubiertas cada año eran inferiores al consumo anual. Por otra parte, los grandes países industrializados, a excepción de Estados Unidos y la URSS, eran grandes consumidores de energía pero no la producían. Gran Bretaña y Noruega empezaron a producirla con ocasión de la crisis, gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos en el Mar del Norte.
Un factor decisivo en el panorama de los precios de la energía fue el hecho de que las grandes compañías explotadoras fueron nacionalizadas. En 1971, Argelia anunció, por boca de su presidente Huari Bumedian, la nacionalización de la industria petrolífera, hasta entonces francesa, en un 51%; en septiembre de 1973, Libia hizo lo propio. Incluso en un Estado tan conservador como Arabia Saudí sucedió lo mismo gracias a la constitución de Aramco en 1979. Durante el año 1972, otros países productores de materias primas intentaron presionar sobre los consumidores elevando los precios, por lo que se puede decir que había antecedentes del estallido que más adelante se produjo. Fue el petróleo, sin embargo, la única materia prima que influyó en la economía mundial.
La política internacional contribuyó de forma poderosísima a multiplicar el efecto de una tendencia así esbozada. El 16 de octubre de 1973, en un momento en que todavía la Guerra árabe-israelí no estaba concluida, los países de la OPEP tomaron la decisión de que el precio del barril del petróleo pasara de tres dólares a cinco. Al día siguiente, esos mismos países decidieron establecer un sistema de embargo para aquellos que parecían apoyar por completo a Israel como, por ejemplo, Estados Unidos y Holanda. En la práctica, estos embargos duraron muy pocos meses, acabando por ser levantados completamente en el verano de 1974. También los países de la OPEP optaron por reducir la producción entre un 15 y un 20% y, a continuación, hacerlo en un 5% al mes hasta que Israel abandonara los territorios ocupados.
Pero este sistema de limitación de la producción, que, en parte, se justificaba con la afirmación de que las reservas estaban agotándose acabó por dañar a los propios países productores, no correspondía a peligro tan acuciante y fue finalmente abandonado. Pero lo que no se detuvo fue la elevación del precio del petróleo. En diciembre de 1973, los países de la OPEP decidieron elevar al precio del barril de petróleo a casi doce dólares; se había cuadruplicado en el transcurso de tres meses.
No se detendría ahí el proceso. Llama especialmente la atención la persistencia unida a la brusquedad de los incrementos en el precio del petróleo, que se multiplicó por cinco en 1973-1974 y luego creció el 150% en 1979-1980. Aparte del efecto de la demanda creciente, el nuevo choque petrolífero de finales de los setenta estuvo motivado por la fuerte inestabilidad en la región que producía la mayor parte de petróleo consumido por el mundo y cuyo flujo principal procedía del cuello de botella del estrecho de Ormuz. La revolución blanca del sha, la posterior revolución iraní y la Guerra entre Irán e Iraq fueron factores que contribuyeron de forma decisiva a que el precio del petróleo alcanzara a fines de 1981 los 34 dólares por barril. Con respecto a 1973, se había incrementado en más de diez veces.
El impacto de este incremento del precio resultó variable según las latitudes, pero siempre fue grave, hasta el extremo de que bien se puede decir que remodeló la fisonomía económica del planeta. Europa y Japón dependían en mucha mayor medida de las importaciones que los Estados Unidos: la factura petrolífera pasó en las economías del Viejo Continente del 1.5% del producto nacional al 5%, cuando el volumen total del petróleo consumido había disminuido. La inflación, que hasta el momento era de un 4-5% anual, ahora se multiplicó hasta niveles inesperados y se hizo habitual que alcanzara los dos dígitos: en Gran Bretaña y en Italia, por razones diversas, el problema fue especialmente agudo. Todas las economías de los países industrializados debieron recurrir a planes de austeridad que, de forma inevitable, produjeron una disminución del consumo y una rebaja del nivel de vida.
A lo largo del año 1975, el crecimiento del PIB fue negativo en Estados Unidos (-0.7%), Gran Bretaña (-1.6%) y Alemania (-1.6%); los únicos países que crecieron lo hicieron en cantidades prácticamente inapreciables y, en ocasiones, por no haberse enfrentado todavía a la crisis. Las empresas tuvieron dificultades crecientes y el paro se incrementó. La recesión quedó confirmada como un fenómeno inevitable y se combinó con una cierta inflación de un modo un tanto inesperado en comparación con lo que había sido habitual hasta el momento.
En efecto, desde 1958 la inflación mundial había ido creciendo en un 2% anual y entre 1969 y 1972 lo hizo el 5%. Se había asociado en el pasado con una realidad inevitable para conseguir el pleno empleo, pero ahora apareció un fenómeno nuevo, la stagflation, es decir, la disminución del crecimiento convertido en compatible con el alza de los precios. Ha llegado, pues, el tiempo de la inflación de dos dígitos al mismo tiempo que la producción industrial disminuía su crecimiento en un 10-20% como mínimo. Además, con el transcurso del tiempo desapareció la sensación de que se podía salir de la crisis. Claro está que al mismo tiempo ésta no produjo una sensación de hundimiento semejante a la que tuvo lugar en los años treinta. Pero los tiempos de un crecimiento al ritmo de los años cincuenta y sesenta no se reprodujeron de nuevo, por más que con el paso del tiempo se alejara el fantasma de la crisis.
El aspecto en el que fue más manifiesta la crisis en todo el mundo fue el referido a la tasa de paro, que sobrepasó en los países de la OCDE el 5% en 1974-5 y en 1980-2 llegó al 10%. También las ganancias en la productividad se redujeron a partir de 1974. Tampoco en este caso las cifras del paro tenían nada que ver con el 20-30% de parados en los países industrializados en los años treinta. Se ha podido hablar de la aparición de una crisis de fondo en el trabajo en una onda de veinticinco años, al menos, de duración. A partir de mediados de los años ochenta, casi el 30% de los puestos de trabajo industriales desaparecidos no habían sido reemplazados por otros semejantes. Claro está que en este proceso había también un factor de progreso. Hubo, a partir del momento de la crisis, un doble fenómeno de industrialización del terciario y terciarización de la industria. El canciller alemán Helmut Schmidt llegó a la conclusión de que en el final de siglo, Europa no tendría más lugares de trabajo que oficinas, laboratorios y salas de visitas.
Pero es necesario hacer también mención del impacto que la crisis tuvo sobre los países subdesarrollados. Mucho más frágiles, en la práctica, no obstante, el destino de los países del Tercer Mundo después de la elevación del precio del petróleo fue muy variado. Una parte de ellos inició a partir de este momento un proceso de industrialización: éste fue el caso de Arabia Saudita, cuyo PIB se incrementó en un 250% en el transcurso de tan sólo el período 1973-1974. Claro está que los países productores de petróleo no se mantuvieron unidos. Frente a los que, como Irán y Libia, trataron de aprovechar al máximo el incremento en los productos petrolíferos, otros, como Arabia, actuaron con mayor prudencia de cara al impacto que sus medidas podían tener en los países desarrollados de Occidente. Pero los países pobres, carentes de petróleo, vieron cómo su situación se agravó todavía más, lo que alcanzó niveles especialmente dramáticos en el caso de África.
Para responder a la crisis de los productos energéticos y a esta situación en los más subdesarrollados, las potencias occidentales imaginaron varios procedimientos. Los Estados Unidos propusieron la creación de una Agencia Internacional de la Energía, que agruparía a los países consumidores de petróleo frente a los productores. La fórmula no fue aceptada por Francia, que propuso una conferencia entre países industrializados, subdesarrollados y productores de petróleo, que tuvo lugar en París bajo dos fórmulas sucesivas.
La convocatoria se repitió en los siguientes años, pero no pasó de establecer algunos principios fundamentales del nuevo orden internacional y la creación de un fondo especial de ayuda al subdesarrollo, por un importe de 1.000 millones de dólares. Una reunión celebrada en Cancún, en 1981, pretendió también establecer un nuevo marco de relaciones entre los países desarrollados y los no desarrollados (o entre Norte y Sur, como entonces era costumbre decir). Quizá mucho más prácticos fueron los acuerdos a los que llegó la CEE con países de África, el Caribe y el Pacífico, denominados Lomé I (1975) y Lomé II (1979). Estos acuerdos preveían una ayuda financiera a los países en desarrollo que cuadruplicaba la prevista en el acuerdo previo de Yaundé.
Si las iniciativas acerca del diálogo entre el Norte y el Sur fueron relativamente modestas, en cambio, los grandes países industrializados establecieron un principio de concertación a partir de 1975. Consistió en la celebración anual de una reunión a la que asistieran las cuatro potencias europeas más importantes desde el punto de vista económico junto con Estados Unidos y Japón, a las que se sumó luego Canadá e incluso el presidente de la Comisión Europea. De esta manera se estableció un mecanismo de respuesta destinado a convertirse en instrumento permanente de consulta. Por otro lado, las negociaciones del GATT, denominadas en referencia a la capital japonesa donde se celebraron en 1973-1979, tuvieron como consecuencia la aprobación de un nuevo acuerdo que preveía la desaparición de las barreras arancelarias. La realidad, sin embargo, era que en tiempos de crisis todos los países afectados por ellas recurrieron a procedimientos más o menos proteccionistas, al menos durante algún tiempo.
Las soluciones propiamente dadas a la crisis económica tardaron bastante en llegar por la perplejidad que producía la peculiaridad misma de la crisis. Tras la desvinculación del dólar del patrón oro, el sistema monetario imaginado en Bretton Woods, julio de 1944, podía considerarse muerto. En la Conferencia de Jamaica, en enero de 1976, los países más importantes decidieron reemplazarlo: a partir de este momento ya no hubo precio oficial del oro y quedaron legalizados los cambios flotantes. El capital de reserva del sistema monetario internacional quedó asegurado por los “derechos especiales de giro”, en función de los cuales se señalaron las nuevas paridades de las monedas. El valor de los mismos quedó definido por el conjunto de las de los países industrializados en proporciones variables. La ponderación del sistema atribuyó al dólar un peso equivalente al 30% del total, manteniéndose así parte de la supremacía financiera de los Estados Unidos.
Otro sector de las soluciones a la crisis procedió de las decisiones individuales de una de las grandes potencias tomadas primordialmente por motivos derivados del interés nacional. En 1979, el director de la Reserva Federal norteamericana, Volcker, impulsó la decisión final de su Gobierno de atacar la inflación por el procedimiento de limitar la masa monetaria gracias a un incremento sin precedentes en las tasas de interés. De esta manera, los capitales afluyeron a Estados Unidos e hicieron subir el curso del dólar. Este hecho tuvo como consecuencia iniciar un proceso deflacionista y obligó a todos los países a optar por políticas de austeridad. Las economías desarrolladas llegaron al fondo de la depresión, mientras que las del Tercer Mundo, fuertemente endeudadas, vieron aumentar el peso de su carga financiera. Para evitar la bancarrota, tuvieron que acudir a las grandes instituciones financieras internacionales que les obligaron a una política de austeridad en ocasiones dramática. Pero si eso tuvo graves consecuencias políticas en muchos países, al mismo tiempo señaló el comienzo de una recuperación que era una realidad en todo el mundo a mediados de los años ochenta.
Por otro lado, en fin, el resultado a medio plazo del incremento de precios del petróleo tuvo como consecuencia el descubrimiento y la explotación de nuevos campos petrolíferos. El crudo de Alaska, Mar del Norte y México entró en el mercado a más de 20 dólares el precio del barril y contribuyó a la rebaja de los precios. La aportación de los nuevos yacimientos vino a suponer una cantidad semejante a lo que se consumía. Por otro lado, también los planes restrictivos del consumo tuvieron un efecto, al menos parcial. En 1980, el consumo de energía disminuyó del 2 al 3%, mientras que en algún año posterior pudo llegar a un 6%. Las cifras, de cualquier forma, no resultan muy significativas, dado que se manifestó una extraordinaria variación entre lo sucedido en unos países y en otros. Además, con el transcurso del tiempo y la disminución de los precios, volvió a producirse un incremento del consumo.
Aparte de influir en la aparición del fenómeno lacerante de un paro que, a diferencia de ocasiones anteriores, parecía imposible de solucionar por procedimientos convencionales, la crisis tuvo otras importantes consecuencias sociales. Dio la sensación de producirse la aparición de una nueva división internacional del trabajo, caracterizada por el traslado a nuevos escenarios del centro de gravedad económico. La crisis contribuyó al declinar de la industria tradicional, necesitada de reconversión, y con frecuencia pareció que, en muchos países, se trataba de un fenómeno semejante al que aconteció, por ejemplo, con el traslado del centro del mundo desde el Mediterráneo al Atlántico. Las nuevas industrias de comunicación y la informática aparecieron como relevo de las tradicionales. Por otro lado, la crisis económica contribuyó también a hacer aparecer la del Estado de bienestar.
Los límites de éste empezaron a percibirse cuando las Haciendas públicas sufrieron la crisis. En adelante, empezó a entrar en crisis la idea de que la reducción de las desigualdades debía ser un objeto esencial de cualquier política social a desarrollar o de que ese propósito podía cumplirse a partir de los presupuestos públicos. No sólo se hicieron patentes las dificultades de la obra a desarrollar por el Estado en este terreno sino que, además, al llevarla a cabo aparecieron riesgos de corporatismo y de clientelismo.
Finalmente, la crisis económica tuvo también repercusiones de carácter político. En Europa, las etapas de fuerte crecimiento habían venido acompañadas por largas secuencias de continuidad política. Ahora apareció una sensación generalizada de ruptura y crisis no sólo en lo económico, sino también en lo político: en Alemania, por ejemplo, el tiempo de crisis provocada por la banda Baader-Meinhof fue el comienzo de los setenta y en 1977 tuvo lugar el asesinato del presidente de los patronos. En Italia, en 1978 apareció asesinado Aldo Moro. Pero quizá más importante que estos problemas, que tan sólo arañaron la superficie de la estabilidad de las democracias aunque parecieran muy graves durante años, la tuvo el relacionado con la evolución de la izquierda.
En el momento de la crisis económica, que coincidió con una gran oleada de terrorismo -derivación próxima o lejana del espíritu subversivo relacionado con el año 1968- hubo presagios insistentes de que el mundo de la democracia occidental podía estar entrando en una crisis difícil de superar o incluso insuperable. La realidad fue que las que se presentaban como fórmulas superadoras demostraron con el paso del tiempo no serlo en absoluto, sino que por el contrario la fórmula democrática acabó por expansionarse, debido a que la crisis económica contribuyó a hacer desaparecer de la faz de la Tierra muchos regímenes dictatoriales a partir de los años centrales de la década de los setenta. Incluso con el transcurso del tiempo, esa misma crisis agravaría la situación económica de los países de Europa del Este y, como consecuencia, contribuiría a la crisis del comunismo.
Fue el llamado “eurocomunismo” aquella novedad ideológica que pareció cercana a representar una alternativa más nueva a la política vigente a partir de mediada la década de los setenta. Hasta los años sesenta, la relación umbilical mantenida entre la URSS y los partidos comunistas europeos se mantuvo sin fisuras ni problemas, por más que en los medios intelectuales el efecto de la invasión de Hungría, en 1956, fuera ya importante. La de Checoslovaquia, en 1968, produjo mucha mayor insatisfacción -y, por lo tanto, conatos de disidencia- en el seno de los Partidos Comunistas europeos.
La URSS trató de mantener la relación con los “partidos hermanos” en idénticos términos, pero ya no fue posible. Una reunión de los Partidos Comunistas europeos en Berlín, en junio de 1976, demostró que con muy contadas excepciones -el Partido Portugués- los Partidos Comunistas de los países democráticos y occidentales estaban a años luz de quienes ejercían el poder en la Europa Oriental. Para ellos resultaban inaceptables tanto la versión hasta entonces vigente del “internacionalismo proletario”, que equivalía a servir a los intereses de la política soviética, como el respeto al “socialismo realmente existente” o, más aún, la función dirigente del PCUS.
Entre los Partidos Comunistas que quisieron manifestar su independencia de la Unión Soviética el que avanzó de forma más decidida, además de dar la sensación de poder llegar al poder, fue el italiano; así se explica que el “eurocomunismo” como denominación naciera allí. Tenía una cierta tradición original que se remontaba al pensamiento de Gramsci y a la flexibilidad de Togliatti en 1945. Dirigido por Enrico Berlinguer, en las elecciones de 1976 alcanzó un tercio de los votos, pareciendo para muchos la única fórmula alternativa ante un sistema democrático, como el vigente en aquel país, que parecía muy anquilosado. El PCI aceptaba entonces el Mercado Común e incluso la pertenencia de Italia a la OTAN; decía identificarse en exclusiva con los procedimientos democráticos (y sin duda, sus miembros y simpatizantes creían en ellos) e incluso consideraba posible un “compromiso histórico” con la Democracia Cristiana que le llevara a compartir el poder con ella.
Esta política nacía de la interpretación de que, en el Chile de 1973, las fuerzas de izquierda habían sido incapaces por sí solas de imponerse a la derecha dictatorial. En posiciones semejantes se situó el mucho menos influyente Partido Comunista español mientras que el francés, por más que aceptara la OTAN y la CEE una vez que suscribió un pacto electoral con los socialistas, caminó con muchas más dudas por esta senda.
Fue en los años 1975-1976 cuando el eurocomunismo pareció más activo y prometedor. Estableció entonces un nexo entre socialismo y democracia, pretendiendo que protegería más las libertades que los partidos burgueses y se ofreció como una vía distante al mismo tiempo del Este y del Oeste. Fue mucho más que una vía nacional al comunismo y demostró querer librarse definitivamente de la hipoteca estalinista. Pero sus limitaciones fueron también evidentes. No llegó a abandonar nunca el llamado “centralismo democrático” y, sin duda, fue benevolente con la experiencia soviética, empezando por la propia Revolución de 1917. Pero resultaba inquietante para quienes la dirigían; éstos se beneficiaban entonces mucho más de la actividad de movimientos pacifistas que defendían el desarme unilateral en la idea de que ése podía ser un buen camino para la paz mundial.
En realidad, la relación que mantuvo con la URSS fue, si no la de identidad y sumisión, la de quien había mantenido una antigua amistad con ella (Kriegel); nunca pudo ofrecer un solo ejemplo de un país que siendo comunista hubiera acabado por democratizarse. A partir del final de la década de los setenta, en cambio, cuando tuvo lugar la invasión de Afganistán por la Unión Soviética y se planteó la crisis interna del Estado comunista polaco, el eurocomunismo tuvo que optar entre la demostración de si lo que sucedido con él había sido una táctica o una impregnación de los procedimientos democráticos.
En muchos casos, había sido lo segundo pero eso sólo se descubriría con el transcurso del tiempo. También tardaría en demostrarse claramente que una de las consecuencias de la crisis de mediados de los años setenta fue el comienzo de un proceso de democratizaciones que se inició en las dictaduras tradicionales de la Europa mediterránea. En estos países –Portugal, Grecia, España- había existido en el pasado una cierta tradición democrática o liberal aunque en estos momentos hubiera un régimen que nunca fue propiamente totalitario o lo había sido en un pasado remoto. Diversos factores influyeron en que se iniciara el proceso democratizador. Se produjo, en primer lugar y en grados variables, un proceso de transformación económica que cambió o empezó a transformar las arcaicas estructuras que en el pasado habían hecho imposible la existencia de un régimen democrático estable.
Incluso más importante fue la quiebra de la legitimidad de los regímenes dictatoriales en un momento en que la democracia se había convertido ya en la ideología hegemónica gracias a los medios intelectuales, periodísticos y universitarios. Influyó en esto de un modo poderoso el cambio producido en el catolicismo a partir del Concilio Vaticano II. El hecho es que, en el período 1974-1977, estos tres regímenes dictatoriales de derecha quebraron de forma muy diferente, incluso jugando el Ejército un papel contradictorio: positivo en el caso de Portugal y negativo en el de Grecia y España.
El proceso se inició en Portugal en abril de 1974; de él, puesto que se prolongó bastante, se tratará en un capítulo posterior. Los antecedentes próximos fueron, en el caso de Grecia, la existencia de un conflicto exterior en Chipre que obligó a un régimen nacido en 1967, en el que el Ejército se había autoatribuido un papel esencial, a dejar el poder a la clase política tradicional. Uno de sus miembros llevó a cabo la transición hacia la democracia en tan sólo escasos meses, entre julio y noviembre de 1974.
La importancia de este hecho reside en que fue el inicio de una gran olea da de democratizaciones semejante a las que se habían producido en otros momentos de la Historia humana. Este proceso, iniciado en el Viejo Continente, acabaría llegando posteriormente al Nuevo, donde en 1973 sólo dos de cada diez países tenían instituciones democráticas y luego se extendió de nuevo, en Europa, a los países del Este y, en general, por todo el mundo.
En 1973, sólo el 32% de los seres humanos vivía en regímenes de libertad; en 1976, la proporción había descendido al 20%, entre otros motivos como consecuencia del estado de excepción impuesto en la India. Pero, ya en los años ochenta, la tendencia favorable a la democratización se había desarrollado lo bastante como para que al final de la década se produjera el derrumbamiento del comunismo. La sorpresa con que fue recibido obedeció a la poca percepción existente sobre los antecedentes. Ni siquiera en los Estados Unidos, la más importante de la democracias, existió conciencia de esta realidad, entre otros motivos porque no habían superado por completo su crisis de polarización interna de fines de los años sesenta.

¿Crisis económica… o agotamiento de un modelo de pensamiento?

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Los sistemas económicos no funcionan en el aire, sino que están bien anclados a principios o creencias que, en cada contexto cultural, social e histórico, sustentan las decisiones de los agentes que participan en ese sistema. Principios que, repetidos sin cesar, acaban asumiéndose como dogmas. Por ejemplo, la idea de que el trabajo, la tierra y otros bienes puedan ser objeto de compra; la superioridad del mercado para determinar valor y precio; o la supremacía de la propiedad privada, parecen haber estado ahí siempre tal y como lo entendemos ahora.

Pero no es así. Por ejemplo, los economistas fisiócratas configuraron en el siglo XVIII una ciencia económica que tenía como objetivo central promover las creaciones de la tierra, como única fuente de riqueza, “sin menoscabo de la fuente de su producción”, decía François Quesnay (de modo sostenible, podríamos decir hoy). Sin embargo, esta perspectiva de la economía fisiocrática fue quedando en desuso y, aproxidamente un siglo después, la ciencia económica se ocupaba ya sólo de aquello que podía ser objeto de propiedad y de valoración monetaria, de aquello que podía incorporarse a los procesos productivos. Esta evolución del pensamiento económico era coherente con el pensamiento de la Ilustración, que sustituyó una visión de la Naturaleza como un sistema orgánico movido por fuerzas sagradas, por un mundo que funcionaba como una máquina y en el que el único conocimiento válido era el racional. Así pues, en la base del funcionamiento de la economía está nuestro modo “ilustrado” de ver el mundo. Y también nuestra percepción de la Naturaleza como algo que está fuera de nosotros mismos.

De hecho, si nos distanciamos un poco de nuestros pensamientos automatizados, no es difícil ver la actual crisis como expresión de los conflictos que se producen dentro de una gran burbuja, cuya dimensión va más allá de la especulación financiera o inmobiliaria. Dicho de otro modo: si nos imagináramos a nosotros mismos observando esa burbuja desde fuera, podríamos ver que la crisis actual es una consecuencia natural de la evolución histórica que han seguido el pensamiento económico y el modelo capitalista de producción y consumo.

Efectivamente, ésta es la analogía que hace Peter Senge cuando aplica el funcionamiento de las burbujas especulativas a toda una época: sin duda, la era industrial y capitalista ha generado importantes beneficios a millones de habitantes del planeta (mayor esperanza de vida, menor analfabetismo, mayor acceso a nutrientes, más oportunidades y posibilidades de conocimiento, de creación, de ocio, de relaciones humanas…). Esto confirma las teóricas ventajas de la forma de pensamiento que hay detrás de estos beneficios y, por tanto, se unen más y más seguidores convencidos de sus bondades. Y, si la duración de esa burbuja se prolonga durante siglos, esto dificulta siquiera la posibilidad de imaginar otras formas de pensar y de funcionar sustancialmente diferentes.

Sin embargo, igual que crece el número de beneficiarios en una burbuja, también lo hacen las tensiones y las contradicciones que se producen entre la lógica que rige en su interior y la realidad más amplia. Una tensión evidente es la profunda crisis ecológica global: sólo en las últimas décadas, la especie humana ha transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de tiempo comparable de su historia, en gran parte para resolver las demandas rápidamente crecientes de alimento, agua potable, madera, fibra y combustible. Así lo evidencia el informe de Naciones Unidas de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Concluye el estudio que la degradación de los servicios que prestan muchos ecosistemas está constituyendo un claro obstáculo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir la pobreza, el hambre y la enfermedad.

Esta burbuja centenaria se ha forjado sobre unas creencias en torno a lo que es el comportamiento humano perfectamente representadas por el modelo del homo economicus. Este homo maximizador de utilidad, hedonista e individualista encaja perfectamente con el funcionamiento de una economía que resulta incompatible con la sostenibilidad global por varias razones:

1)     Simplifica bienes, necesidades y escaseces al homogeneizarlo todo en un único tipo de valor: el monetario.

2)     Atribuye al proceso económico la creación de riqueza (valorada en términos monetarios) y, en coherencia, mitifica el crecimiento económico como un fin en sí mismo.

3)     Al excluir procesos no monetarios y tener en el centro de su atención al crecimiento económico, conduce a la sobreexplotación de los recursos naturales, subordina el razonamiento moral al económico, y desatiende dimensiones de la vida no mercantilizables, como la contemplación.

4)     Pone el énfasis en las necesidades (o, más bien, en los deseos, que nunca quedan saciados) expresadas a través de los mercados. Por tanto, se priorizan las necesidades más ligadas a “tener” que a “ser” o “cuidar”.

5)     Privilegia la perspectiva individual del ser humano frente a su dimensión social. Y aún menos relevante para el modelo del homo economicus es la dimensión espiritual del ser humano, que supone sentirnos identificados con otros seres humanos y no humanos, así como con la Tierra como un todo. Sin embargo, la vertiente social y espiritual son tan reales y tan propias de la naturaleza humana como la dimensión individual. La prueba se encuentra en su permanente expresión a través de comportamientos altruistas, del cuidado de los otros y de sentimientos compasivos. Compasión que implica, más allá de entender el sentimiento ajeno, experimentarlo como propio.

En definitiva, el homo economicus produce un mundo teóricamente coherente, pero simplista, miope y, en la práctica, autodestructivo. Ciertamente, la crisis de sostenibilidad se basa en una economía que funciona al margen de los procesos y los ritmos de la Naturaleza; una economía que ignora que vivimos en un planeta finito, marcado por complejas interconexiones. Y la supervivencia de nuestra especie, así como el reconocimiento de los seres no humanos, implica fluir con los procesos de la Naturaleza (desde la prudencia y el conocimiento disponible). Fluir con esos ritmos es incompatible con subordinarlos a los vaivenes de las fuerzas de los mercados, independientemente de qué revolucionarias tecnologías puedan acudir a “resolver” el problema.

Entonces, ¿se encuentran en la idea de “sostenibilidad” principios mentales que nos ayudarían a salir de la burbuja en la que nos encontramos?

Para responder a esta pregunta, no podemos olvidarnos de la idea dedesarrollo sostenible”, que nació de añadir el término “sostenibilidad” a esa idealización que supone la idea de “desarrollo”. El desarrollo sostenible se ha generalizado en el discurso que acompaña a la actividad económica, pero no ha ido ligado a un rediseño sustancial en los mercados y en los procesos de producción y consumo (ni en los marcos institucionales en los que operan). Éstos siguen respondiendo a la lógica del beneficio y del rendimiento sobre la inversión pero no (o de modo muy secundario) a los límites y los rendimientos de la Naturaleza o al objetivo de una vida buena. En su lugar, la expresión “desarrollo sostenible” y, por analogía, “sostenibilidad”, han tendido a significar en la práctica la continuidad en la extracción de recursos, en la expansión de todo tipo de bienes y en la permanente acumulación de capital.

A pesar de lo anterior, “sostenibilidad” también ha supuesto un territorio terminológico en el que vislumbrar y expresar el reconocimiento de un modelo de pensamiento agotado y la emergencia de otro nuevo. Un nuevo modelo de pensamiento que pone a la economía como un instrumento para alcanzar una vida buena, plena y con sentido; y a la finitud de la Naturaleza como su límite físico fundamental.

Más allá de la crisis

De lo que quisiera hablarles [1] no es tanto de la crisis actual como de lo que está ocurriendo más allá de la crisis: de algo que se nos oculta tras su apariencia. Para explicarlo necesitaré empezar un tanto atrás en el tiempo.Nos educamos con una visión de la historia que hacía del progreso la base de una explicación global de la evolución humana. Primero en el terreno de la producción de bienes y riquezas: la humanidad había avanzado hasta la abundancia de los tiempos modernos a través de las etapas de la revolución neolítica y la revolución industrial. Después había venido la lucha por las libertades y por los derechos sociales, desde la Revolución francesa hasta la victoria sobre el fascismo en la Segunda guerra mundial, que permitió el asentamiento del estado de bienestar. No me estoy refiriendo a una visión sectaria de la izquierda, ni menos aun marxista, sino a algo tan respetable como lo que los anglosajones llaman la visión whig de la historia, según la cual, cito por la wikipedia, “se representa el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración”.Hasta cierto punto esto era verdad, pero no era, como se nos decía, el fruto de una regla interna de la evolución humana que implicaba que el avance del progreso fuese inevitable –la ilusión de que teníamos la historia de nuestro lado, lo que nos consolaba de cada fracaso-, sino la consecuencia de unos equilibrios de fuerzas en que las victorias alcanzadas eran menos el fruto de revoluciones triunfantes, que el resultado de pactos y concesiones obtenidos de las clases dominantes, con frecuencia a través de los sindicatos, a cambio de evitar una auténtica revolución que transformase por completo las cosas.

Para decirlo simplemente, desde la Revolución francesa hasta los años setenta del siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron atemorizadas por fantasmas que perturbaban su sueño, llevándoles a temer que podían perderlo todo a manos de un enemigo revolucionario: primero fueron los jacobinos, después los carbonarios, los masones, más adelante los anarquistas y finalmente los comunistas. Eran en realidad amenazas fantasmales, que no tenían posibilidad alguna de convertirse en realidad; pero ello no impide que el miedo que despertaban fuese auténtico.

En un articulo sobre la situación actual de Italia publicado en La Vanguardia el pasado mes de octubre se podía leer: “los beneficios sociales fueron el fruto de un pacto político durante la guerra fría”. No sólo durante la guerra fría, a no ser que hablemos de una “guerra” de doscientos años, desde la revolución francesa para acá. Lo que este reconocimiento significa, por otra parte, es que ahora no tienen ya inconveniente en confesar que nos engañaron: que no se trataba de establecer un sistema que nos garantizase un futuro indefinido de mejora para todos, sino que sólo les interesaba neutralizar a los disidentes mientras eliminaban cualquier riesgo de subversión.

Los miedos que perturbaron los sueños de la burguesía a lo largo de cerca de doscientos años se acabaron en los setenta del siglo pasado. Cada vez estaba más claro que ni los comunistas estaban por hacer revolucionesen 1968 se habían desentendido de la de París y habían aplastado la de Praga-, ni tenían la fuerza suficiente para imponerse en el escenario de la guerra fría. Fue a partir de entonces cuando, habiendo perdido el miedo a la revolución, los burgueses decidieron que no necesitaban seguir haciendo concesiones. Y así siguen hoy.

Déjenme examinar esta cuestión en su última etapa. El período de 1945 a 1975 había sido en el conjunto de los países desarrollados una época en que un reparto más equitativo de los ingresos había permitido mejorar la suerte de la mayoría. Los salarios crecían al mismo ritmo a que aumentaba la productividad, y con ellos crecía la demanda de bienes de consumo por parte de los asalariados, lo cual conducía a un aumento de la producción. Es lo que Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Clinton, describe como el acuerdo tácito por el que “los patronos pagaban a sus trabajadores lo suficiente para que éstos comprasen lo que sus patronos vendían”. Era, se ha dicho, “una democracia de clase mediaque implicaba “un contrato social no escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno, entre las élites y las masas”, que garantizaba un reparto equitativo de los aumentos en la riqueza.

Esta tendencia se invirtió en los años setenta, después de la crisis del petróleo, que sirvió de pretexto para iniciar el cambio. La primera consecuencia de la crisis económica había sido que la producción industrial del mundo disminuyera en un diez por ciento y que millones de trabajadores quedaran en paro, tanto en Europa occidental como en los Estados Unidos. Estos fueron, por esta razón, años de conmmoción social, con los sindicatos movilizados en Europa en defensa de los intereses de los trabajadores, lo que permitió retrasar aquí unas décadas los cambios que se estaban produciendo ya en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios, bajo el patrocinio de Ronald Reagan y de la señora Thatcher, decidieron que éste era el momento para iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace del estado de bienestar y de liberalización de la actividad empresarial.

La lucha contra los sindicatos se completó con una serie de acuerdos de libertad de comercio que permitieron deslocalizar la producción a otros países, donde los salarios eran más bajos y los controles sindicales más débiles, e importar sus productos, con lo que los empresarios no sólo hacían mayores beneficios, al disminuir sus costes de producción, sino que debilitaban la capacidad de los obreros de su país para luchar por la mejora de sus condiciones de trabajo y de su remuneración: los salarios reales bajaron en un 7 por ciento de 1976 a 2007 en los Estados Unidos, y lo han seguido haciendo después de la crisis.

Asi se inició lo que Paul Krugman ha llamado “la gran divergencia”, el proceso por el cual se produjo un enriquecimiento considerable del 1 por ciento de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás. En los Estados Unidos, que citaré con frecuencia por dos razones –porque disponemos de buenas estadísticas sobre su evolución y porque lo que sucede allí es el anuncio de lo que va a pasar aquí más adelante-, se pudo ver en vísperas de la crisis de 2008 que este 1 por ciento de los más ricos recibía el 53 por ciento de todos los ingresos (esto es más que el 99 por ciento restante).

En las primeras etapas este proceso tal vez resultaba poco perceptible; pero cuando sus efectos se fueron acumulando acabaron despertando la conciencia de una desigualdad social en constante aumento. En mayo de 2011 Joseph Stiglitz publicó un artículo que se titualaba: “Del 1%, para el 1% y por el 1%”, donde decía que los norteamericanos, que estaban contemplando cómo se producían en muchos países, por ejemplo en los de la primavera árabe, protestas contra regímenes opresivos que concentraban una gran masa de riqueza en las manos de una élite integrada por muy pocos, no se daban cuenta de que esto ocurría también en su propio país.

Este del 1 por ciento ha sido uno de los lemas principales de los movimientos de ocupación que se han desarrollado en diversas ciudades norteamericanas. Pero Krugman ha hecho un análisis aún más afinado que muestra que es en realidad el 0’1 %, esto es el uno por mil de los norteamericanos, los que concentran la mayor parte de esta riqueza. “¿Quiénes son estos del 1 por mil?, se pregunta ¿Son heroicos emprendedores que crean lugares de trabajo? No. En su mayor parte son dirigentes de compañías (…) o ganan el dinero en las finanzas”.

Los resultados a largo plazo de la gran divergencia, que se iniciaba en Estados Unidos y en Gran Bretaña en los años setenta y se extendió después a Europa, transformaron profundamente nuestras sociedades. Las consecuencias de una inmensa redistribución de la riqueza hacia arriba no sólo se han manifestado en el empobrecimiento relativo de los trabajadores y de las clases medias, sino que han dado a los empresarios una influencia política con la cual, a partir de ese momento, les resulta cada vez más fácil fijar las reglas que les permiten consolidar su poder.

Esta redistribución hacia arriba no es el resultado natural del funcionamiento del mercado, como se pretende que creamos, sino el de una acción deliberada. Su origen es netamente político. El primer programa que inspiró este movimiento lo expresó Lewis Powell en agosto de 1971 en un “Memorándum confidencial. Ataque al sistema americano de libre empresa”, escrito para la “United States Chamber of Commerce”, que se encargó de hacerlo circular entre sus asociados. Powell denunciaba el riesgo que implicaba el avance en la sociedad norteamericana de ideas contrarias al “sistema de libre empresa”, expuestas no sólo por extremistas de izquierda, sino por “elementos totalmente respetables del sistema”, e insistía en la necesidad de combatirlas, sobre todo en el terreno de la educación.

El memorándum tenía una primera parte sobre la amenaza que representaban los “estudiantes universitarios, los profesores, el mundo de los medios de comunicación, los intelectuales y las revistas literarias, los artistas y los científicos”, y proponía planes de ataque para limpiar las universidades y vigilar los libros de texto, para lo cual pedía a las organizaciones empresariales que actuasen con firmeza. No me ocuparé ahora de esta batalla de las ideas, que ha llegado hoy al extremo de proponer la eliminación de la escuela pública, sino de otra parte del memorándum que tendría consecuencias más inmediatas y trascendentales. Powell advertía: “No se debe menospreciar la acción política, mientras esperamos el cambio gradual de la opinión pública que ha de conseguirse a través de la educación y la información. El mundo de los negocios debe aprender la lección que hace tiempo aprendieron los sindicatos y otros grupos de intereses. La lección de que el poder político es necesario; que este poder debe cultivarse asiduamente y que, cuando convenga, hay que usarlo agresivamente y con determinación”.

Para emprender este programa se necesitaban organizaciones empresariales potentes, que dispusieran de recursos suficientes. “La fuerza reside en la organización, en una planificación y realización persistentes durante un período indefinido de años”. Este llamamiento a la lucha política tuvo efectos de inmediato en la actividad de las asociaciones empresariales y sobre todo de la “United States Chamber of Commerce”, que pretende ser hoy “la mayor federación empresarial del mundo, en representación de los intereses de más de 3 millones de empresas”. Estas asociaciones no solo emprendieron grandes campañas de propaganda, sino que acentuaron su participación en las campañas electorales a través de Comités de Acción Política, en una actividad que ha aumentado considerablemente desde 2009, tras la decisión del Tribunal supremo Citizens United, que ha liberalizado las inversiones de las empresas en la política, en nombre del derecho a la libre expresión (esto es, considerando a las empresas como personas y atribuyéndoles los mismos derechos). La gran cuantía de recursos proporcionados por los empresarios explica, por ejemplo, que la United States Chamber of Commerce invirtiese en las elecciones norteamericanas de 2010 más que los comités de los dos partidos, demócrata y republicano, juntos.

No se trata tan sólo de donativos para las campañas, sino también de formas diversas de pagar sus servicios a los políticos, entre ellas la de asegurarles una compensación cuando dejan la política. Y, sobre todo, de la aactuación constante de los llamados “lobbyists”, que atienden las peticiones de los políticos. En el pasado año 2011 se calcula que las empresas han gastado 3.270 millones de dólares en atender a los congresistas y a los altos funcionarios federales. Las 30 mayores compañías gastaron entre 2008 y 2010 más en esto que en pagar impuestos.

¿Que ha conseguido el mundo empresarial con este asalto al poder? En julio del año pasado, Michael Cembalest, jefe de inversiones de JPMorgan Chase, escribía, en una carta dirigida tan sólo a sus clientes, que se conoció porque la descubrió un periodista, que “los márgenes de beneficio han conseguido niveles que no se habían visto desde hace décadas”, y que “las reducciones de salarios y prestaciones explican la mayor parte de esta mejora”. “La compensación por el trabajo está en los Estados Unidos en la actualidad al mínimo en cincuenta años en relación tanto con las cifras de ventas de las empresas como del PIB de los Estados Unidos”.

Otro beneficio indiscutible ha sido la disminución de sus contribuciones al sostén del estado. El peso político creciente de las empresas ha conducido a la situación paradójica de que éstas escapen a la fiscalidad por la doble vía de negociar recortes de impuestos y exenciones particulares, y de tener libertad para aflorar los beneficios en las subsidiarias que tienen en paraísos fiscales, donde apenas pagan impuestos. Un estudio de noviembre de 2011 concluye que el conjunto de las 280 mayores empresas de los Estados Unidos no han pagado en los tres años últimos más que un 18’5 % de sus beneficios. Pero es que una cuarta parte de éstas han pagado menos del 10%, y 30 de las más grandes no han pagado nada en tres años, sino que encima han recibido devoluciones. Lo que se dice de las empresas se aplica también a los empresarios: de 1985 a 2004 los 400 americanos más ricos han pasado de pagar un 29 por ciento de sus ingresos a tan sólo un 18 por ciento, mucho menos que los pequeños comerciantes o los trabajadores a sueldo. Y cuando Obama pretendió que quienes ganasen más de un millón de dólares al año pagasen el mismo tipo que el ciudadano medio norteamericano, no consiguió que el congreso aprobase la medida. Como ha dicho Stiglitz “Los ricos están usando su dinero para asegurarse medidas fiscales que les permitan hacerse aun más ricos. En lugar de invertir en tecnología o en investigación, obtienen mayores rendimientos invirtiendo en Washington”.

Hay un tercer aspecto de estos beneficios que es la desregulación de la leyes que controlan algunos aspectos de la actividad empresarial. Un estudio reciente de dos economistas del Fondo Monetario Internacional, que han analizado el papel de las contribuciones económicas de las empresas en la política, llega a la conclusión, que les leo literalmente, de que “el gasto realizado está directamente relacionado con la posibilidad de que un legislador cambie de postura en favor de la desregulación”. Esto, que en el sector de la industria les ha permitido reducir, o incluso anular, los gastos relacionados con el control de la polución, ha tenido en la actividad financiera unas consecuencias que son las que han conducido directamente a la crisis de 2008.

Gracias a la supresión de controles sobre sus actividades, que culminó durante la presidencia de Clinton, las entidades financieras pudieron lanzarse a un juego especulativo con derivados y otros productos de alto riesgo, que parecían más propios de un casino de juego que de la banca, mientras los dirigentes de la Reserva Federal estimulaban el optimismo de los especuladores, rebajando los tipos de interés y animando al público a que gastase, a que comprase casas con créditos hipotecarios e invirtiese en operaciones financieras de riesgo.

Esta fiebre especuladora se producía en un país que, como resultado de su desindustrialización, estaba convirtiendo en una actividad fundamental el sector FIRE (Finance, Insurance and Real Estate; o sea Finanzas, seguros y negocio inmobiliario). Una desindustrialitzación semejante se ha producido en Gran Bretaña, que de ser “la fábrica del mundo” quiso convertirse en “el banco del mundo”, y que vive ahora con la angustia de lo que puede suceder si pierde esta gran fuente de exportación de servicios, teniendo en cuenta la situación de una economía en que “la demanda doméstica será probablemente escasa en muchos años (…), mientras los consumidores se esfuerzan en hacer frente a sus deudas y el gobierno batalla por reducir el déficit presupuestario”.

Nuestra situación es más compleja, ya que si bien hemos perdido el tejido industrial tradicional, contamos con una consideable industria de propiedad extranjera a la que proporcionamos trabajo barato, o sea que nos ha tocado el papel de receptores de la industria que otros países más prósperos deslocalizan, y que conservaremos mientras les sigamos garantizando salarios bajos. Lo cual me mueve a preguntarme cómo se explica que, si el trabajo de nuestros obreros es poco competitivo, como se argumenta para proponerles rebajas de sueldos y derechos, Volkswagen, Ford, o Renault se vengan a fabricar coches aquí. En lo que sí nos vamos pareciendo a las economías avanzadas es en el peso dominante que ha adquirido entre nosotros el sector financiero.

La influencia política adquirida por los empresarios explica por qué, cuando se ha producido la crisis -en Norteamérica, en Gran Bretaña o en España- el estado ha corrido a salvar las empresas financieras con rescates multimillonarios; pero no ha hecho un esfuerzo equivalente por remediar la situación de los muchos ciudadanos que pierden sus hogares, al ser incapaces de seguir pagando las hipotecas, ni por asegurar estímulos a las actividades productivas con el fin de combatir el paro.

Lejos de ello, lo que se ha hecho, para justificar los sacrificios que se están imponiendo a la mayoría, es difundir la fábula de que la crisis económica se debe al excesivo coste de los gastos sociales del estado, y que la solución consiste en aplicar una brutal política de austeridad hasta que se acabe con el déficit del presupuesto, lo cual, como veremos, resulta imposible a partir de esta política.

Merece la pena escuchar esta historia como la cuenta Krugman: “En el primer acto los banqueros se aprovecharon de la desregulación para lanzarse a una especulación desbordada, hinchando las burbujas con préstamos incontrolados; en el segundo las burbujas estallaron y los banqueros fueron rescatados con dinero de los contribuyentes, mientras los trabajadores sufrían las consecuencias, y en el tercero, los banqueros decidieron emplear el dinero que habían recuperado en apoyar a políticos que les prometían bajarles los impuestos y desmontar las pocas regulaciones que se habían impuesto tras la crisis”. ¿Piensan ustedes que esta es una historia exótica, que sólo puede referirse a los Estados Unidos? Pues no; nosotros también tuvimos una burbuja inmobiliaria desbordada, hinchada con los créditos que concedieron bancos y cajas de ahorro. Ahora estamos en el segundo acto, el del rescate “mientras los trabajadores sufren las consecuencias”. Nos queda el desenlace, ese tercer acto que, si no se hace algo para evitarlo, será parecido: esto es, que se recuperarán los bancos, pero no los puestos de trabajo, tal como está ocurriendo hoy en los Estados Unidos.

Nadie ignora que la austeridad es incompatible con el crecimiento económico. Peter Radford lo sintetiza en pocas palabras: “La austeridad disminuye una economía. Es un acto de retroceso. Disminuye la demanda. Los ingresos caen. Pagar las deudas a partir de una menor cantidad de dinero significa que hay menos dinero para otros gastos. Del crecimiento se pasa a la decadencia”.

Una revisión del pasado demuestra que la política de austeridad nunca ha funcionado y que no tiene sentido en la situación actual. Lo sostiene, por ejemplo, Richard Koo, economista jefe del Nomura Research Institute de Tokio, quien, tras haber analizado comparativamente la crisis económica de los años treinta, las décadas perdidas de Japón y la crisis actual en Estados Unidos y en la “eurozona”, concluye que:

“Aunque evitar el gasto público exagerado es el modo adecuado de proceder cuando el sector privado de la economía está en plena forma y maximiza los beneficios, nada resulta peor que la restricción del gasto público cuando un sector privado en mal estado está reduciendo sus deudas”. Actuar sobre una economía que ahorra pero no invierte reduciendo el gasto público no hace más que agravar su situación. Koo sostiene que la crisis, que empezó en el sector inmobiliario estadounidense, sigue siendo una crisis bancaria, que ha acabado contagiando a la economía y a las cuentas públicas, y que pensar que estos problemas se resuelven “con una sobredosis de ajustes” y con reformas constitucionales “es un completo disparate”.

Más contundente aun es la opinión que Krugman ha expresado esta misma semana: “Lo más indignante de esta tragedia es que es totalmente innecesaria. Hace medio siglo, cualquier economista (…) os podía haber dicho que austeridad en tiempos de depresión era una muy mala idea. Pero los políticos, los entendidos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron, sobre todo por razones políticas, olvidar lo que sabían. Y millones de trabajadores están pagando el precio de su deliberada amnesia”.

No ha sido la deuda pública la causa de la crisis de los países del sur de Europa. Un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los problemas de estos países no proceden de un exceso de gasto público, sino que son una consecuencia de la propia crisis. Un análisis de la relación que ha existido entre la deuda pública y el PIB de estos países, demuestra que estuvo mejorando (esto es disminuyendo) hasta 2007. El endeudamiento posterior del estado es consecuencia de las cargas que ha asumido como consecuencia de la crisis bancaria, no de un exceso anterior de gasto público. Si leen ustedes la prensa, fijándose en los datos que ofrece y no en la doctrina que predica, verán que lo que realmente preocupa a nuestros gobernantes es cómo remediar el problema que para el sistema bancario representan las grandes inversiones inmobiliarias efectuadas en años de euforia en que estas fantasías se estaban financiando con nuestros ahorros.

No importa que economistas galardonados con el Premio Nobel, como Stiglitz y Krugman, condenen la política de austeridad. Porque resulta que, en realidad, esta política beneficia a los mismos que han causado el desastre y favorece la continuidad de su enriquecimiento. Como dice Michael Hudson: “No hay ninguna necesidad (…) de que los dirigentes financieros de Europa impongan una depresión a la mayor parte de su población. Pero es una gran oportunidad de ganancia para los bancos, que han conseguido el control de la política económica del Banco Central Europeo (…). Una crisis de la deuda permite a la la élite financiera doméstica y a los banqueros extranjeros endeudar al resto de la sociedad”.

Los resultados se pueden ver ya en la experiencia de Grecia, donde las medidas de austeridad impuestas por la Unión Europa y el FMI están poniendo en peligro el propio crecimiento económico, y tienen unas durísimas consecuencias sociales: los suicidios y el crimen aumentan, la masa de los nuevos pobres está integrada por jóvenes que no encuentran trabajo y por personas de media edad que han perdido el suyo, mientras faltan en los hospitales los medicamentos esenciales, incluyendo las vacunas, lo que puede conducir a que resurjan allí la poliomielitis o la difteria.

Este comienza a ser también el caso de España, donde la prensa anuncia que el PP se propone ahorrar este año 6.000 millones en medicamentos. Como dice Peter Radford: “¡Que se lo digan a los españoles! Ellos han probado ya toda esta historia de la austeridad. Tanto que la tasa de paro es del 23%, mientras las medidas que lo han producido no han conseguido frenar el déficit público, que está a punto de superar el límite del 8% que el gobierno español se había fijado como objetivo. ¿Se imaginan lo que ocurrirá ahora? Que los españoles van a ver aumentar su sufrimiento. Están insistiendo en más austeridad para estrujar su economía cada vez más”. Y ello, añade, “para reducir un déficit que es menor que el de los Estados Unidos o el de Gran Bretaña”.

Una reflexión adicional acerca del carácter más “empresarial” que “público” de la crisis nos la puede proporcionar una información publicada por el New York Times el 25 de diciembre pasado, que nos advierte que la crisis de los bancos europeos, que les está obligando a deshacerse de activos, crea buenas oportunidades de negocio para las empresas financieras norteamericanas que, a pesar de sus problemas, están lanzándose a comprar en Europa. En efecto, en un artículo publicado en La Vanguardia del 15 de enero pasado –y el hecho mismo de que un periódico conservador publique este tipo de análisis demuestra el desconcierto reinante entre nuestra burguesía- no sólo se explica que los fondos de inversión norteamericanos se han lanzado a comprar “gangas” europeas, como empresas y bancos devaluados por la propia política de austeridad, sino que se nos dan las razones: “La crisis bancaria europea está beneficiando a los fondos extranjeros que aguardan a las puertas de Europa”. Por una parte compran empresas que han perdido valor porque los bancos se niegan a darles crédito, a lo cual se añade que las medidas de recapitalización impuestas a los bancos les han forzado a “vender activos por un valor de billones de euros”. Wim Butler, del Citi Group, no dudó en decir en una conferencia pronunciada en Bruselas: “De aqui a unos años todos los bancos europeos pertenecerán a extranjeros”.

Las políticas restrictivas han llegado a tal punto de irracionalidad que desde el propio Fondo Monetario Internacional se ha comenzado a advertir a los dirigentes políticos europeos: “En la medida en que los gobiernos piensan que deben responder a los mercados, pueden ser inducidos a consolidar demasiado aprisa, incluso desde el simple punto de la sostenibilidad de la deuda”. Como ustedes saben, el presidente actual de nuestro gobierno ya ha dicho, cuando se aprestaba a rendir pleitesía a la señora Merkel, que lo primero es cumplir con el deber de sanear los bancos y reducir el gasto público: los puestos de trabajo, los hospitales o las escuelas no son prioritarios.

Hay razones que ayudan a entender la inhumanidad de este capitalismo depredador. Richard Eskow, que trabajó en un tiempo para Wall Street dice: “La gente que sufre por los efectos de los presupuestos austeros no son de la clase de los que [estos capitalistas] conocen personalmente, sino que se trata de empleados públicos, como maestros, policías, bomberos o funcionarios de programas sociales; de gente que necesita de ayudas del gobierno, como los pobres; y de otros de la clase media que han tenido la temeridad o de hacerse viejos o de sufrir una incapacidad”. En realidad los “super-ricos” no sólo se sienten ajenos a todos estos, sino que en el fondo los desprecian.

Lo ocurrido en los últimos años en la sociedad norteamericana, que fue la primera en implantar estas reglas, nos indica la clase de futuro a que nos conduce a todos la austeridad. Dos noticias de prensa publicadas alrededor de la Navidad del año pasado ilustran sus dos caras. Sabemos, por una parte, que la “paga” de los dirigentes de las 500 mayores empresas aumentó en un 36’5 por ciento en 2010, al propio tiempo que aumentaba en 1.600.000 el número de los niños norteamericanos sin hogar, lo que representa un aumento de un 38 por ciento respecto de 2007. El año pasado, el de 2011, no ha sido tan bueno para los negocios de Wall Street; pero sabemos ya que esto no va a afectar las pagas millonarias de los dirigentes de Citigroup o de Morgan Chase, que van a cobrar más de veinte millones de dólares.

Los empresarios son conscientes de que el aumento de la desigualdad es nefasto para el crecimiento económico, en términos globales. Como señala Robert Reich: “Con tanta parte de los ingresos y de la riqueza concentrada en los más ricos, la amplia clase media no tiene ya el poder adquisitivo necesario para comprar lo que la economía es capaz de producir (…). El resultado es la generalización del estancamiento y del paro”. Un memorándum de la Reserva Federal norteamericana de 4 de enero recuerda que el 70 por ciento de la economía nacional depende del gasto de los consumidores, y que la recuperación no será posible si no aumenta la capacidad de consumo de la clase media.

Este planteamiento sobre el interés general no afecta sin embargo a los intereses inmediatos de los más ricos, puesto que una reducción global del crecimiento no implica una reducción simultánea de sus beneficios, que han seguido aumentando. Y se están, además, adaptando a la nueva situación, con la esperanza de obtener cada vez mayores beneficios. El 16 de octubre de 2005 Citigroup, la mayor empresa financiera del mundo, publicaba un informe con el título de Plutonomía, al que de momento se prestó poca atención, hasta que, cuando comenzó a hacerse famoso, Citigroup se preocupó de eliminarlo por completo de la red.

El informe proponía el término “plutonomía” para designar los países en que el crecimiento económico se había visto promovido, y en gran medida consumido, por el pequeño grupo de los más ricos. Sostenía que “el encarecimiento de los activos, una participación creciente en los beneficios y el trato favorable por parte de gobiernos partidarios del mercado han permitido a los ricos prosperar y capitalizar una proporción creciente de la economía en los países de plutonomía”. Lo ilustraba con las cifras de la desigualdad de la distribución de la riqueza en los Estados Unidos, que comentaba con estas palabras: “No tenemos una opinión moral acerca de si esta desigualdad de los ingresos es buena o mala; lo que nos interesa es que es importante”. Opinaban, además, que las fuerzas que habían llevado a este aumento de la desigualdad en los veinte años últimos era probable que continuasen en los años próximos. De lo cual había que deducir que se crearía un entorno positivo para la actividad de empresas que vendiesen bienes o servicios a los ricos.

Su conclusión final era: Hemos de preocuparnos menos de lo que el consumidor medio vaya a hacer, ya que la conducta de este consumidor es menos relevante para el agregado final, que de lo que los ricos vayan a hacer. Esta es simplemene una cuestión de matemáticas, no de moralidad, concluían.

Y debían tener razón, porque sabemos que las empresas de bienes de lujo (o, como se dice en el negocio, de “bienes para individuos de un valor extremo”, que The Economist nos aclara que son aquellos pra los que “un bolso de 8.000 dólares es una ganga”) están aumentando espectacularmente. LVMH –o sea Louis Vuitton Moët Hennessy- creció en un 13% en la primera mitad de 2011 con ventas de 10.300 millones. Una noticia publicada recientemente en la prensa nos dice que mientras la matriculación de automóviles disminuyó en su conjunto en España en el año 2011, la excepción han sido los de lujo, cuya matriculación ha aumentado en un 83’1 por ciento.

“En algún momento –habían avisado los analistas de Citigroup- es probable que los trabajadores se opongan al aumento de beneficios de los ricos y puede haber una reacción política contra el enriquecimiento de los más acomodados”, pero “no vemos que esto esté ocurriendo, aunque hay síntomas de crecientes tensiones políticas. De todos modos mantendremos una extrecha observación de los acontecimientos”.

La ofensiva empresarial no se limita, por otra parte, a buscar ventajas temporales, sino que aspira a una transformación permanente del sistema político. En los Estados Unidos se está tratando de dificultar el acceso al voto a amplias capas de la población que se consideran poco afines a los principios de la derecha: ancianos, minorías étnicas, pobres… En la actualidad hay en Norteamérica 12 estados que han introducido medidas restrictivas del derecho a votar (otros 26 las están gestionando), la más importante de las cuales es la exigencia de un documento de identidad como votante, para cuya obtención se exige la presentación de documentos como el carnet de conducir o la acreditación de una cuenta bancaria. No sin problemas. En julio de 2011 el documento le fue negado en Wisconsin a un joven, con el argumento de que el comprobante de su cuenta de ahorro, que presentaba como identificación, no mostraba bastante actividad reciente com para servir para esta finalidad. Más del 10 por ciento de ciudadanos norteamericanos no tienen estas identificaciones, y la proporción es todavía mayor entre sectores que normalmente votan por los demócratas, incluyendo un 18 por ciento de votantes jóvenes y un 25 % de los afroamericanos.

Pero la amenaza a la democracia no necesita formularse con medidas legales de limitación del voto, porque el camino más efectivo es el control de los políticos por parte de la oligarquía financiera. Robert Fisk hacía recientemente una comparación entre las revueltas árabes y las protestas de los jóvenes europeos y norteamericanos en un artículo que se titulaba “Los banqueros son los dictadores de Occidente”, en que decía: “Los bancos y las agencias de evaluación se han convertido en los dictadores de occidente. Como los Mubarak y Ben Alí, creen ser los propietarios de sus países. Las elecciones que les dan el poder –a través de la cobardía y la complicidad de los gobiernos- han acabado siendo tan falsas como las que los árabes se veían obligados a repetir, década tras década, para ungir a los propietarios de su propia riqueza nacional”. Los partidos políticos, afirma Fisk, entregan el poder que han recibido de los votantes “a los bancos, los traficantes de derivados y las agencias de evaluación, respaldados por la deshonesta panda de expertos de las grandes universidades norteamericanas, (…) que mantienen la ficción de que esta es una crisis de la globalización en lugar de una trampa financiera impuesta a los votantes”.

Michael Hudson, profesor de la Universidad de Missouri, que había sido analista y asesor en Wall Street, denuncia en un texto sobre lo que llama “la transición de Europa de la socialdmeocracia a la oligarquía financiera”, los efectos de las políticas de austeridad: “Una crisis de la deuda facilita que la élite financiera doméstica y los banqueros extranjeros endeuden al resto de la sociedad (…) para apoderarse de los activos y reducir el conjunto de la población a un estado de dependencia”. A lo que añade que la clase de guerra que se extiende ahora por Europa tiene objetivos que van más allá de la economía, puesto que amenaza convertirse en una línea de separación histórica entre una época caracterizada por la esperanza y el potencial tecnológico, y una nueva era de desigualdad, a medida que una oligarquía financiera va reemplazando a los gobiernos democráticos y somete a las poblaciones a una servidumbre por deudas. El resultado es “un golpe de estado oligárquico en que los impuestos y la planificación y el control de los presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el cártel internacional de los banqueros” (no sé si será oportuno recordar que nuestro actual ministro de economía procede del sector bancario norteamericano).

Hay un aspecto de estos problemas en el que nos conviene reflexionar. Randall Wray sostiene que la crisis norteamericana de 2008 no la causó la insolvencia de las hipotecas basura, porque su volumen no era suficiente como para haber provocado por si sólo este desastre, sino que ésta fue simplemente la chispa que desencadenó un incendio cuyas causas profundas eran el estancamiento de los salarios reales y la desigualdad creciente, que empujaban a la economía lejos de una actividad centrada en la producción hacia otra esencialmente financiera, dedicada al manejo del dinero. Lo más grave de esta interpretación –advierte- es que, dado que estas causas profundas no sólo no se han remediado, sino que son más graves ahora que en 2008, pudiera ocurrir que una chispa semejante, como la insolvencia de uno de los grandes bancos norteamericanos o un problema grave en la banca europea, volviera a iniciar una nueva crisis, tal vez peor.

Es por esto que necesitamos evitar el error de analizar la situación que estamos viviendo en términos de una mera crisis económica –esto es, como un problema que obedece a una situación temporal, que cambiará, para volver a la normalidad, cuando se superen las circunstancias actuales-, ya que esto conduce a que aceptemos soluciones que se nos plantean como provisionales, pero que se corre el riesgo de que conduzcan a la renuncia de unos derechos sociales que después resultarán irrecuperables. Lo que se está produciendo no es una crisis más, como las que se suceden regularmente en el capitalismo, sino una transformación a largo plazo de las reglas del juego social, que hace ya cuarenta años que dura y que no se ve que haya de acabar, si no hacemos nada para lograrlo. Y que la propia crisis económica no es más que una consecuencia de la gran divergencia.

¿Qué hemos de hacer? Hay, evidentmente, un primer nivel de urgencia en que resulta obligado luchar por salvar los puestos de trabajo y los niveles de vida. El Banco de España se ha encargado de comunicarnos hace pocos días que lo que vamos a tener este año, y muy probablemente el siguiente, es más recesión y más de seis millones de parados. Cuesta poco imaginar la cantidad de EREs y de recortes que esto va a implicar, lo que nos va a obligar a muchos esfuerzos puntuales para salvar todo lo que se pueda.

Pero lo que revela la naturaleza especial de la situación actual es el hecho de que para la generación que ahora tiene entre 20 y 30 años no va a haber ni siquiera EREs, sino una ausencia total de futuro. Y eso sólo podrá resolverse con una política que vaya más allá de la defensa inmediata de nuestras condiciones de vida, para enfrentarse a las políticas de austeridad y que, sobre todo, se proponga acabar con el gran proyecto de la divergencia social que las inspira.

Como demostró la gran depresión de los años treinta, cuando eran muchos los que pensaban que el viejo sistema capitalista se había acabado y que el futuro era de la economía planificada por el estilo de la de la Rusia soviética, la capacidad del capitalismo para superar sus crisis y rehacerse es considerable.

El problema inmediato al que hemos de enfrentarnos hoy no es, como algunos pensábamos hace unos años, la liquidación del capitalismo, que debe ser en todo caso un objetivo a largo plazo, porque la verdad es que no disponemos ahora de una alternativa viable que resulte aceptable para una mayoría. Y lo que no puede ser compartido con los más, por razonable que parezca, está condenado a quedar en el terreno de la utopía, que es necesaria para alimentar nuestras aspiraciones a largo plazo, pero inútil para la lucha política cotidiana.

Lo que nos corresponde resolver con urgencia es decidir si luchamos por recuperar cuanto antes un capitalismo regulado, con el estado del bienestar incluido, como se había conseguido cuando los sindicatos y los partidos de izquierda eran interlocutores eficaces en el debate sobre la política social, o nos resginamos a seguir sufriendo bajo la garra de un capitalisno depredador y salvaje como el que se nos está imponiendo. De hecho, lo que nos proponen las políticas de austeridad es simplemente que paguemos la factura de los costes de consolidar el sistema en su situación actual, renunciando a una gran parte de las conquistas que se consiguieron en dos siglos de luchas sociales.

No es que no haya signos esperanzadores de resistencia. No cabe duda de que las ocupaciones de plazas y las manifestaciones de protesta van a volver a brotar esta primavera, empujadas por la desesperación. Pero lo más importante es saber si la experiencia de los efectos combinados de los recortes y del aumento de las cargas servirá para devolver el sentido común a quienes dieron el voto a una derecha que prometía soluciones y se limita ahora a pedirnos sacrificios, o si sus votantes se resignarán a aceptar mansamente las consecuencias de su error.

Pienso que es urgente, para dar sentido y coherencia a las protestas, que la izquierda –una izquierda real que nazca de más allá de la traición de la socialdemocracia de las terceras vías- elabore nuevas formas de lucha y de mejora, ahora que ya hemos aprendido que la idea de que el progreso era el motor de la historia es un engaño y que los avances para el conjunto de los hombres y las mujeres solo se han conseguido a través de las luchas colectivas. La semana pasada me pidieron en un diario de Barcelona que opinase acerca de cómo sería dentro de cinco años este capitalismo con el que nos ha tocado vivir. Y lo que respondí fue que eso dependía de nosotros: que lo que tengamos dentro de cinco años será lo que habremos merecido.

Nota: [1] Texto íntegro de la conferencia pronunciada en León por el profesor Josep Fontana (salvo pequeñas variaciones, es la misma que pronunció en la sede de Comisiones Obreras de Catalunya en el consell de Comfia).

Fuente: http://lopezbulla.blogspot.com/2012/02/mas-alla-de-la-crisis-habla-josep.html

La propuesta de Julio Anguita: “Somos mayoría”

La propuesta de Julio Anguita: “Somos mayoría”

día 22.6.12
A través del Colectivo Prometeo, Julio Anguita cumpliendo su compromiso, ha desarrollado la siguiente propuesta:
LA PROPUESTA DE JULIO ANGUITA: “SOMOS MAYORÍA”

La experiencia diaria nos demuestra que, independientemente de la adscripción ideológica, política, sindical o profesional de cada uno y de cada una, somos mayoría quienes coincidimos en señalar y comentar una serie de evidencias que el sentido común más a ras de tierra no tiene por menos que reconocer como verdaderas e indiscutibles. A título de apretado resumen veamos algunas de ellas:
1. Somos mayoría quienes empezamos a vislumbrar que esta situación no tiene remedio con las medidas que -con la excusa de la UE y los mercados- el poder económico-financiero está imponiendo. La deuda de las familias, la banca, las empresas y el Estado (con sus tres administraciones) es la siguiente:
Deuda del Estado ……………………….… 600.000 millones de euros
Deuda de las familias a los bancos……………. 1 billón de euros
Deuda de las empresas a los bancos………….. 1´3 billones de euros
Deuda de la banca al BCE y otros…………… 200.000 millones aproximadamente
Esta cantidad es impagable y lo es porque debido a la política de recortes y reformas del mercado laboral añadidas a la crisis, han producido una depresión que no da señales de acabar; muy al contrario, parece que va a continuar sin saber hasta cuando. Y a pesar de ello cada día hay una subasta de títulos, bonos y pagarés a creciente interés y con una prima de riesgo disparada, el Estado interviene y nacionaliza las pérdidas de los bancos quebrados con la confesada intención de devolverlos al sector privado una vez saneados.
La ayuda de la UE a los bancos está avalada por el Estado y en consecuencia éste asume, como garante último, la devolución del préstamo. Los recortes a las condiciones de vida de la ciudadanía continúan en una clara transgresión, no sólo de la solemne Declaración de DDHH de la ONU sino -incluso- de los Títulos Preliminar y VII de la vigente Constitución Española. No hace un año todavía la Constitución ha sido modificada en su artículo 135 a fin de que la deuda tenga preferencia de pago sobre cualquier otro gasto público. El llamado Estado de Derecho ya no es tal. Paralelo al Estado y sus administraciones, existe otro que informa el impulso de la acción política; un doble Estado formado por mafias, redes clientelares, intereses espurios, grupos de presión y alguna que otra alcantarilla. La situación es todavía susceptible de empeorar si no se ataja esta política.
2. Somos mayoría quienes padecemos en nuestra propia situación, en la del entorno familiar, en la del vecinal o en el de nuestras amistades, el problema lacerante del paro, la precariedad, o las mil y una formas de degradar el ejercicio del trabajo. Y si a la cifra millonaria de parados y mal contratados le añadimos la evidencia de que los poderes públicos sólo plantean escapistas fórmulas consistentes en esperar una – cada vez más hipotética- recuperación que traiga “el crecimiento y la creación de empleo”, tendremos el cuadro de una situación sin esperanza, sin proyecto y sin calendario alguno. Así el discurso oficial (que es el del Gobierno pero también el de otros) alaba la flexibilidad en los despidos, la ruptura de los convenios o la trata de casi esclavos como una medida necesaria para crear empleo. De la misma manera se afirma que los recortes en sanidad ayudan a una mejor asistencia sanitaria y los recortes en educación producen una mayor calidad de la misma. Y en resumen, el discurso del absurdo, del cinismo y del aventurerismo conceptual y lingüístico que ha raptado a la razón, la lógica y hasta el más llano sentido común. Pero lo que constituye el mayor agravio para los que en estas circunstancias todavía tienen un puesto de trabajo, es oír como el mismo no es un derecho constitucional sino un privilegio.
3. Somos mayoría quienes padecemos en nuestras carnes -o en las de infinidad de familias- la pérdida de horizonte, de futuro y de expectativas para la juventud española. Hace años el Consejo Superior de Investigaciones Científicas le encargó a James Petras, sociólogo norteamericano y catedrático de varias universidades estadounidenses, la elaboración de un estudio sobre las perspectivas de trabajo para los jóvenes de España. Petras entregó el trabajo en 1996, le pagaron y archivaron los estudios encargados. En aquellos documentos, que hoy están al alcance de cualquiera que quiera entrar en la red, el profesor Petras lanzaba el aviso de que ya estábamos ante las primeras generaciones que iban a vivir peor que sus padres. ¿Qué se hizo para evitar este drama? ¿Han reparado algunos “patriotas” en que cuando la juventud de un país sólo tiene como horizonte la emigración (para titulados) o la prolongación sine die de la tutela familiar, ese país deja de existir? ¿Qué padre o madre no estarían dispuestos, junto con sus hijos, a hacer algo efectivo para evitar este holocausto generacional?
4. Somos mayoría quienes presenciamos con asombro y escándalo que la corrupción se ha transformado en el hábitat cotidiano de nuestra existencia. Una corrupción que atraviesa los tres Poderes del Estado y llega hasta las más altas magistraturas del mismo. Financiaciones irregulares, negocios más que turbios, sobornos, tráfico de influencias, despilfarro del dinero público en obras faraónicas e inservibles, compra de material bélico, impagable y también inservible para los fines que se le atribuyen, sueldos de escándalo, trato de favor desde los poderes públicos a delincuentes convictos, desviación o paralización de la acción de la Justicia sobre presuntos delincuentes, uso torticero de los caudales públicos en beneficio de operaciones clientelares, etc. etc. etc. Pero la mayor de las corrupciones estriba en la concepción que se ha ido abriendo paso como consecuencia de estos desmanes: para una parte de la población el dinero público no es de nadie sino de quien se atreve a dilapidarlo, robarlo o malversarlo. El escándalo mayor no son sólo los delitos económicos en sí mismos sino también la indiferencia generalizada, la tolerancia social, la complicidad anímica con que son recibidos. A lo más, un chiste, una broma o un comentario jocoso.
5. Somos mayoría quienes vivimos en una auténtica inversión de valores sociales. La economía basada en la creación de mercancías, bienes y servicios, la laboriosidad, la ética cívica, el rigor en los conceptos y palabras, el uso productivo del ahorro ciudadano, el respeto al ámbito legal en la contratación, remuneración y previsión de futuro de los asalariados, ha sido sustituido por la economía del pelotazo, el negocio fácil, el tente mientras cobro, los contratos basura, la segregación laboral según el sexo y la situación de embarazo en el caso de las mujeres, la amenaza de despido como herramienta omnipresente en las relaciones laborales, las promesas de inversiones fáciles y lucrativas que han desembocado en estafas hechas a los ahorros de capas populares y medias; y en general toda una amplia gama de contravalores basados en el individualismo, el consumismo y un hedonismo cutre.
La filosofía basada en el negocio fácil, rápido y de alta rentabilidad se ha constituido en la médula de informes y programas económicos de la “modernidad y las altas finanzas”. Ha llegado a la Universidad y presidido sus reformas y adaptaciones al mercado y su cuerno de la abundancia; ha subvertido los valores de estudio, esfuerzo, tesón y dedicación inherentes a la actividad educativa; una actividad en la que lo importante son los gráficos, las estadísticas y el panel sobre el que se desarrollan las mentiras que obvian situaciones familiares, profesionales de los docentes y del sistema educativo en general. En la mentalidad media de alumnos y familias se ha instalado el conformismo evidenciado en la pregunta ¿estudiar para qué?
6. Somos mayoría quienes comprobamos cada día cómo la Constitución, los textos legales y demás documentos internacionales de obligado cumplimiento son vulnerados, incumplidos, marginados y falsificados en su aplicación. La Política, instrumento y ejercicio de servir a la mayoría social ha devenido (con contadas excepciones) en una eterna campaña electoral en la que promesas, propuestas y proyectos son olvidados con la misma ligereza, frivolidad y descaro con que fueron hechos en los tiempos anteriores a la cita con las urnas. De ser un campo donde hay una confrontación de programas, ideas, valores y ejercicio consecuente del ejemplo, la Política ha devenido en la pugna por ser protagonista en el escenario de las instituciones pero sin cambiar la obra que se representa; es un relevo en el cuadro de actores sin que jamás cambie el libreto. Y cuando se les interpela por este combate amañado, la respuesta es decepcionante: son los mercados, las finanzas, la UE, la comunidad internacional, etc. Las preguntas surgen espontáneas ¿Por qué hay elecciones entonces? ¿Elegimos a un poder democrático o solamente a un zascandil correveidile?
La Democracia es traicionada en nombre de ella misma. El que todavía conste en el artículo 1.2 de la Constitución que la soberanía nacional reside en el pueblo español es un hiriente sarcasmo. Si tomamos como referencia el texto constitucional vigente, caeremos en la cuenta de que vivimos un Estado de Excepción económico, social, político y ético. Ante nosotros se está desarrollando un Golpe de Estado incruento y a cámara lenta.
Esta situación que acabo de describir someramente es desagradable, pero desde luego es real y como tal la siente la mayoría. Otra cosa es cómo reacciona esa mayoría. A ella me dirijo para manifestarle algunas de las conclusiones a las que he llegado tras haber meditado sobre estos momentos concretos:
1. No hay fuerza política alguna que en solitario y en el ámbito específico y único de su actividad, sea capaz de asumir la tarea de poner fin a esta situación y además proponga una propuesta alternativa en el marco del derecho y la Constitución. La experiencia de los últimos años nos lo muestra. Y no la hay porque algunas ya han gobernado en balde y otras carecen del respaldo necesario para ello.
2. No hay fuerza sindical que sea capaz de representar a este inmenso colectivo que constituye la mayoría.
3. No existe ningún economista o colectivo de ellos que a palo seco y con sus ecuaciones, estadísticas y teorías, sea capaz, desde la pizarra, de plantear una salida viable y en positivo a este desconcierto.
4. Estas afirmaciones las hago desde mi convicción de que las fuerzas políticas y sindicales son necesarias, cumplen un rol, aglutinan ideologías (yo mismo milito en el PCE e IU) pero en este momento y en virtud de un proceso histórico que comenzó en la Transición, están ante una tarea que les desborda.
5. Las consecuencias son obvias: sólo un Frente Cívico, una mayoría ciudadana organizada en torno a soluciones concretas es capaz de crear la fuerza necesaria para colocarla en la balanza del poder en contraposición a otros poderes económicos, y sociales que siendo muy minoritarios, detentan en exclusiva el ejercicio del Poder.
¿En que situación está la mayoría social?
La tremenda paradoja, la inquietante contradicción consiste en comparar la gravedad de la situación y la ausencia de sujeto social capaz de abordarla y superarla. Se necesita un soporte cívico democrático, de valores alternativos, firme, con voluntad de acometer el proceso de saneamiento económico, político y ético que la realidad demanda; y sin embargo esa fuerza no existe por ahora; existe en potencia pero no en acto.
La mayoría no tiene más homogeneidad que su condición de dominada ayer, hoy y si no lo remediamos, mañana también. Pero apenas hay algo más que la haga consciente de que es mayoría y puede ejercerla. En ella hay colectivos y personas que luchan como pueden contra esta situación; y lo hacen desde distintos supuestos, compromisos y proyectos de futuro. En esta mayoría viven multitud de personas que limitan su participación cívica a cada acontecimiento electoral y poco más allá. Pero además hay un número amplio de indiferentes a cualquier proyecto de acción cívica y que con resignación consciente o tácita asumen como inevitable los que les ocurre; No faltan tampoco quienes asumen con conciencia de culpa el discurso del poder económico y político que generalizando plantea que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Es la aceptación del discurso del dominante por parte del dominado. Es la represión perfecta: la víctima hace suyos el discurso y los valores del victimario.
En esta situación de resignación cultivada por el poder, de carencia de futuro y de anomia generalizada me dirijo a la mayoría, en mi exclusivo nombre, desde mi libertad y desde la convicción de que, si ahora no se lucha, nuestros hijos y nietos no tendrán futuro, ni país, ni tampoco se tendrán a ellos mismos. En consecuencia, hago una Convocatoria. 

¿A quién? 
A la ciudadanía harta de corrupción, de injusticias, de frivolidad política, de una práctica económica basada en la depredación del propio país, en la desertización de la industria, en la vuelta a unas relaciones laborales del siglo XIX y sin otro proyecto que no sea esquilmar más aún si cabe a esa mayoría.
A los militantes de fuerzas políticas y sindicales para que, a título personal, se incorporen al proyecto que este documento expone.
A plataformas, movimientos, colectivos y en general a todo grupo organizado que esté dispuesto a cambiar las cosas en el sentido de la justicia, la democracia profunda y el vivir en armonía con el entorno social, medioambiental y cívico.
A los hombres y mujeres de la Ciencia, la Técnica, la Economía, la Investigación, el Derecho, la Educación, la Sanidad y la Cultura para que, en paridad con los demás, aporten sus conocimientos, sus experiencias y su capacidad de analizar, sistematizar y exponer. Sin el saber no hay más proyecto que la barbarie institucionalizada.
¿Para qué?
El objetivo de la convocatoria es doble:
1. Que la mayoría social, por su propio impulso, por su propia voluntad y por su creciente toma de conciencia devenga en un Frente Cívico que teniéndose a sí mismo como referente, abra paso a una situación de plenos derechos económicos y políticos junto con unas relaciones personales y sociales fundamentadas en la ética cívica. Un Frente Cívico que tenga como protagonista al ciudadano y a la ciudadana; es decir a las personas conscientes de que sus deberes son los derechos de los demás y viceversa.
2. Constituir un referente de poder ciudadano que induzca de manera creciente a los poderes públicos a legislar y gobernar en beneficio exclusivo de la mayoría. El proceso que conduce a estos dos objetivos pudiéramos considerarlo como un proceso constituyente de la mayoría social constituida como tal.
¿Cómo? 
Permítanme, aún a riesgo de alargarme, que les exponga un símil. Imaginen que estamos ante un gigantesco mapa de España totalmente en blanco. Si por cada persona con voluntad de luchar o por cada organización, colectivo o asociación de cualquier índole ponemos un alfiler en el mapa, estaríamos ante un gigantesco acerico, pero nada más. Sería como una yuxtaposición de yos pero sin estructura alguna. Imaginen que con paciencia y un lápiz, vamos uniendo entre sí a todos los alfileres clavados en el mapa. Al terminar surgirá ante nosotros una red, un tejido, una estructura. Los yoshan dado paso al nosotros.
¿Qué tipo de cemento social, qué tipo de propuesta qué tipo de ideario es capaz de producir en los integrantes, dispersos y aislados de la mayoría, la asunción del nosotros, la mayoría? La respuesta es obvia: un Programa, una propuesta concreta, un objetivo, en principio cercano y necesario.
Especifico las características que le atribuyo al mismo:
1. Concreto, inmediato, acorde con las necesidades más perentorias y urgentes de los más desfavorecidos de la mayoría.
2. Aplicable de inmediato como garantía, prenda y estímulo de la alianza que se pretende.
3. Perfectamente factible, desarrollable y legal por inspirarse en el texto constitucional vigente. Ruego a los lectores que mediten un momento sobre los contenidos de los Títulos Preliminar y II de la vigente Constitución. El inicio de un programa debe insertarse en la legalidad vigente; el futuro ya irá produciendo sus contradicciones. Por otra parte, el programa debe ser capaz de generar la fuerza social que democráticamente lo haga cumplir.
4. Un programa en el que cada medida, por simple que parezca, lleve en su formulación la exigencia de un paso siguiente, de una propuesta inmediatamente posterior, que permite su realización.
5. Un programa que por su lógica interna hace imprescindibles los apoyos mayoritarios y la formación de conciencia colectiva tanto para su defensa como para su implantación.
6. Elaborado colectivamente. El autor de estas líneas tiene una amplia experiencia de cómo esto es posible si los que más puedan aportar son conscientes de que la velocidad de un convoy es la de su último elemento.
7. La elaboración colectiva consigue, en un determinado nivel de su desarrollo, ir ganando en complejidad, accesibilidad, interés y participación.
8. Que con el tiempo y/o la coyuntura, termine siendo una Alternativa fundamentada, pueda superar el marco actual de relaciones, equilibrios e incluso forma de Estado.
9. Un programa que por su incidencia en la actualidad, atraiga inmediatamente los apoyos necesarios no sólo para su elaboración sino para una movilización ciudadana consecuente, seria, decisiva y decisoria.
10. Si en cada localidad, personas, colectivos y grupos se unen a los demás para elaborar conjuntamente, convocar a la ciudadanía, movilizar, salir a la opinión pública y en general crear una estructura reticular, la mayoría comenzará el proceso de su toma de conciencia.
11. En todo el proceso hay que prevenir que nos asalte el mal de nuestros tiempos: la prisa. Este proyecto -si quiere construirse con musculatura y solidez- debe rehuir la tentación de cotizar permanentemente en la bolsa mediática. El arranque de los trabajos será en muchos casos súbito y arrollador; sin embargo hay que saber moderar el tiempo. La Política, la consolidación de proyectos sociales con peso e influencia, no pueden ser flor de dos telediarios; el silencio y la discreción programados ayudan a crecer. Tiempo, constancia, voluntad y conciencia de lo que se quiere son, incluso en esta época de novedades permanentes, la única garantía de proyectos serios.
Al final de este documento y como ponencia para iniciar los trabajos, incorporaré una propuesta de de diez puntos que ya en otras ocasiones he presentado.
Cuestiones de estructura organizativa.
En estos días mi teléfono personal y las entradas al blog del colectivo Prometeo han superado las cotas más impensables. Las personas se ponen a mi disposición esperando quizás que se les ubique en una tarea, responsabilidad o misión. Por realismo (en mí esa palabra nunca ha significado claudicación) debo informar de la situación.
Yo habría podido dirigirme al PCE o a IU demandando infraestructuras, canales organizativos y ayudas de cualquier tipo; no lo he hecho. Mi concepción de este proyecto se basa en la total independencia de cualquier tipo de organización. El precio a pagar por ello, como el de la Libertad o el de la Dignidad, incluye la precariedad de medios, instrumentos y capacidades organizativas. En los momentos en los que redacto, sólo tenemos el blog (con el permiso de los compañeros de Prometeo), la promesa de determinados colectivos de ponerse en marcha inmediatamente y mi voluntad de que esto avance, se consolide y produzca un giro total en la vida española. Sin embargo, y como propuesta, avanzo algunas ideas organizativas que mi experiencia en la elaboración colectiva de otras épocas se han constatado como correctas, prácticas, flexibles y muy democráticas:
1. Creo que la organización por incipiente que sea debe atenerse a una estructura geográfica de comarcas, provincias, comunidades y Estado español
2. Lo que articula el funcionamiento es la elaboración, discusión y explicación del programa.
3. En cada lugar, en cada nivel o en cada área de especialización temática el funcionamiento debe ser abierto pero centrado en la concreción de la propuesta que se trate.
4. Todo lo demás depende del trabajo voluntario y libremente aceptado. No tenemos más que una voluntad firme para que este horror acabe y nuestros y nietos tengan algo en lo que enraizarse y vivir.
5. Aquí no hay prebendas, cargos, honores o distinciones, Aquí solamente hay trabajo, ilusión y deseo de ser útiles.
6. Con el paso de los días, tal vez un mes o dos, desde la estructura de coordinación que tengamos, informaremos de la marcha de los trabajos.
7. La elaboración de programa no es un laboratorio de ideas, propuestas y proyectos sino también un centro de movilización para difundir, defender y ganar adeptos al trabajo. Por supuesto que en la medida que esto cuaje deberemos, con inteligencia, usar del poder que tengamos para influir en la marcha de las cosas.
El Referente
Como es sabido, en Sabadell me ofrecí como referente para este proyecto. Quiero que mis palabras queden nítidas y en consecuencia eviten interpretaciones sesgadas y basadas en hipótesis hijas de la falta de claridad.
Un referente es aquella persona que por su proyección social o mediática puede, en un determinado momento, simbolizar el proyecto siquiera en sus inicios. En mi caso esa proyección ha sido consecuencia de una acción pública en el pasado y el presente. Ya no hay más.
Si este proyecto arranca, se consolida y crece, el referente será el proyecto mismo, otros hombres y otras mujeres. Me habré ganado el descanso.
No seré cargo público o tendré presencia en la vida institucional. Son tres las razones: mi edad, mi salud y la verdad de que nunca segundas partes fueron buenas.
En esta etapa inicial seré la referencia pública para explicar el proyecto, defenderlo, impulsarlo y trabajar en él y todo ello a expensas de las decisiones que se tomen por el propio proyecto cuando este se consolide y tenga órganos de coordinación. Ello me supondrá un esfuerzo y una dedicación que en absoluto puede consistir en ir de la ceca a la meca como espectáculo mediático para ganar audiencias o confortar egos.
Actos públicos los justos y bien dosificados. Estas son las condiciones de mi contrato. A trabajar, organizar, luchar y consolidar la mayoría. Un abrazo fraternal. 
Programa- ponencia para iniciar los debates y la elaboración colectiva.
Nota.- El presente listado de propuestas no tiene otro objetivo que servir de materia concreta para el inicio del debate y la elaboración a llevar a los otros y en su momento a la opinión pública. Cuando se redactó se tuvieron presentes las características que sobre el Programa he escrito antes. Insisto que sólo es un material para comenzar.
1. Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.000 euros al mes. Esta cantidad es exactamente el 72% de la media de los seis países de la UE que lo tienen más alto: Luxemburgo (1610 euros), Irlanda (1.462 euros), Holanda (1.357 euros), Bélgica (1336 euros), Francia (1321 euros), Gran Bretaña (1.148 euros)
2. Ninguna pensión por debajo del SMI.
3. Extensión y ampliación de la prestación por desempleo. Todo lo anterior puede servir también para abordar con presupuestos concretos la posibilidad de la Renta Básica.
4. Reforma Fiscal: progresividad, persecución del fraude fiscal, la economía sumergida y los paraísos fiscales. Revisión de la legislación sobre las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Dotar de infraestructuras de todo tipo a la Inspección de Fiscal de la Hacienda Pública.
5. Banca pública como corolario de la nacionalización de la banca privada y las cajas de ahorros.
6. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Ley sobre la Obsolescencia programada.
7. Desarrollo de los contenidos de los Títulos Preliminar y VII de la Constitución.
8. Control y democratización de los canales de distribución y comercialización del sector primario de la economía a fin de evitar situaciones de oligopolio que inciden negativamente sobre los precios pagados a los productores y sobre los precios pagados por los consumidores.
9. Efectiva separación entre las iglesias y el Estado.
10. Reforma del Sistema Electoral en el sentido de implantar otro proporcional, con las CCAA como circunscripción y un colegio nacional de restos
Julio Anguita

Solvencia del sistema financiero español.

El Banco de Españay el Gobierno aseguraron al inicio de la crisis (2008) que el sistema financiero español era el más fuerte del mundo. Luego llegaron los tests de resistencia propiciados desde Europa, de los cuales –según se dijo– salió “reforzada” la solvencia del sistema financiero español. Cambió el Gobierno, pero no varió el optimismo acerca de lo que estaba pasando con los llamadosactivos tóxicos” de los bancos, es decir, créditos incobrables sobre suelo y viviendas. Amén del suelo propio adquirido por los bancos con intenciones especuladoras.

Es sospecha bien fundada que en todo este asunto los informes de la Inspección del Banco de España, cuya profesionalidad nadie ha puesto en duda, han sido ignorados desde que la Inspección denunció la existencia de la burbuja hasta hoy.

A estas imprudencias se sumó, en el caso de Bankia, una auténtica “imprudencia temeraria”, una deslealtad societaria cometida por quienes han dirigido hasta hace dos años la Caja de Ahorros de Madrid. En primer lugar, Miguel Blesa (puesto en ese cargo por el PP, sin tener experiencia alguna), su equipo y también sus aliados políticos y sindicales (no sólo el PP, también IU, representada por José Antonio Moral Santín). Todos ellos, juntos y revueltos, se ocuparon más de sus “asuntos personales” que de la caja, mientras esta se metía en financiaciones enloquecidas que la han llevado a la situación actual. Un negocio próspero cuya solvencia antes de la llegada de estos depredadores era modélica, con una clientela fiel en las capas medias de toda España.

Y yo me pregunto: ¿estas gentes se van a ir de rositas? ¿Nadie les va a pedir responsabilidades por sus trapacerías? ¿Es de recibo, por ejemplo, que Moral Santín –gran muñidor de gabelas– siga ahí, en su alto cargo, tan campante? ¿Dónde está Miguel Blesa? ¿En Miami, al amparo del banco que la caja compró allí?