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Las “ofensas o ultrajes” a España o a las CCAA se multarán con hasta 30.000 euros

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que recoge duras multas a determinados tipos de protestas en la calle, así como a manifestantes que incurran en conductas sancionables. Un texto que fue fuertemente criticado desde la izquierda, y que, pese a las críticas, no se ha visto rebajado sustancialmente respecto al borrador difundido la semana pasada. Por el contrario, se ha añadido una nueva sanción que se prevé que sea igualmente polémica.

El anteproyecto considera “infracción grave”, sancionada con multas de entre 30.001 y 600.000 euros, “las ofensas o ultrajes a España, a las CCAA y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado que la futura ley sancionará con estas fuertes multas conductas como gritar consignas que se consideren ofensivas contra España o las CCAA, o también portar pancartas con lemas de este tipo. Por contra, ha asegurado que lanzar consignas a favor de la independencia de algún territorio español -es decir, contra la unidad de España-, seguirán sin ser sancionable.

Esta nueva sanción es una novedad respecto al polémico borrador de la semana pasada. Y ha eclipsado en parte el hecho de que el texto aprobado en el Consejo de Ministros rebaja solo muy levemente algunas de las sanciones previstas hace diez días.

Las rebajas

Así, si en el borrador se consideraba infracción muy grave -multas hasta 600.000 euros- participar en manifestaciones “no comunicadas” delante “de instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales”, ahora la multa será solo de entre 1.001 y 30.000 euros, al pasar a ser consideradas “infracciones graves”.

Por otra parte, mientras el borrador castigaba también con hasta 600.000 euros manifestarse sin comunicación “ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto”, ahora esta máxima sanción solo se aplicará cuando haya “un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento”. En el resto de casos, la sanción será de hasta 30.000 euros.

A la vez, se reducen de “grave” a “leve” otras de las sanciones que más polémica causó la semana pasada: “amenazar, coaccionar, vejar e injuriar” a los agentes de policía “cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones”, o bien “la grabación y la difusión” de imágenes de agentes “en el ejercicio de su trabajo” si atentan contra su derecho al honor o su imagen o si pueden poner en peligro su seguridad o “la a intervención policial correspondiente”. Estas conductas se sancionarán con hasta 1.000 euros, en lugar de hasta 30.000, como contemplaba el borrador.

Las multas no pasarán por un juez

El texto trata como infracciones todo este tipo de comportamientos, y no como faltas, “en sintonía con el proyecto de Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y en el que desaparecen las faltas, ya que algunas se convierten en delitos leves y otras quedan fuera del ámbito de las infracciones penales”, según afirma el Gobierno, en la presentación del anteproyecto. “De este modo, ciertos comportamientos dejan de ser sancionables en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo”, continúa el Ejecutivo. Algo que también ha sido ya criticado.

La crítica aduce que, al tratar como infracciones administrativas -equivalentes a multas de tráfico- lo que antes eran faltas, los posibles manifestantes afectados quedan más desprotegidos, ya que la sanción no ha de ser ratificada antes por un juez. Por contra -y como ocurre también con las multas de tráfico- tendrá que ser el ciudadano sancionado quien tome la iniciativa de recurrirlas.

El Gobierno concluye que el anteproyecto es “un texto firmemente comprometido con los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal”.

Multas de hasta 600.000€ para silenciar los abusos policiales en las manifestaciones

El uso y la distribución de imágenes de policías supondrá una infracción “muy grave”, castigada con hasta 30.000€ de multa. Con ello el gobierno pretende evitar que los antidisturbios que cometen abusos y apalean ciudadanos en las calles, puedan ser denunciados públicamente. #Censuratotalitaria

Agencias/Kaosenlared

Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa “grave” sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

En el redactado también se contempla como infracción “muy grave”, sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.

Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales, denunciando así actuaciones como las del 25S, el 15M en Barcelona, las Jornadas de las JMJ, la Primavera Valenciana, las diferentes huelgas generales de los últimos tres años y tantos otros casos de abusos y violencia policial contra la ciudadanía, en muchas ocasiones por mero capricho sádico del policía en cuestión o actuando contra menores de edad sin el menor miramiento. Subir públicamente las imágenes de tales acciones podrá salir muy caro a partir de ahora.

El estado quiere así garantizar la impunidad de aquellos que estarán encargados de reprimir al pueblo y velar por los intereses de las clases dirigentes a cambio de unos pocos miles de euros al mes, asegurando que estos podrán actuar con total libertad y la ciudadanía no tendrá siquiera derecho a denunciarlo públicamente, a través de las redes sociales u otro tipo de medios del estilo por el cual son habituales estas imágenes de denuncia de los abusos represivos. Lo propio, por supuesto, de todo estado totalitario: primero reprime y después actúa contra quien se atreve a denunciar y hacer pública, con pruebas, tal represión.

Objetivo principal: silenciar las protestas sociales 

En total hay 21 infracciones consideradas “muy graves” y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.

La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará “muy grave“, así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear –objetivo muchas veces de movimientos ecologistas– o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas.

En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto, no obstante, según el Ministerio, no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios. Levantar barricadas también será considerada una infracción “grave“.

Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como ‘Ley Corcuera’ de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Aquella ley ya fue anulada parcialmente por el Constitucional al violar derechos fundamentales. Con la nueva ley, posiblemente acabe ocurriendo algo similar. Salvo que el propio constitucional acabe decidiendo que ya es hora de acabar con toda ilusión de falsa democracia en el estado, y haya llegado el momento de dejar a la vista de todo el mundo su carácter represor y totalitario al servicio de los privilegios de una élite dominante, sin ocultaciones ni medias tintas.

Veremos…

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“Tienen miedo de que estemos donde debemos estar”

Raúl Rejón 

Parece una ley con destinatarios concretos y conocidos. Lo que ha trascendido de la futura Ley de Seguridad Ciudadana incluye el castigo endurecido de nuevas y viejas formas de protesta multiplicadas por la facilidad de comunicación de la era digital. En la red social Twitter se ha ganado la etiqueta de #leyanti15m.

Porque hasta hace un año nadie sabía lo que era un escrache y ahora puede salir por 600.000 euros de multa. En la Plataforma Antidesahucios entienden que este movimiento del Gobierno por criminalizarlo “demuestra que tienen miedo de que estemos donde debemos estar“. Tras conocer los planes de endurecimiento del código, Andrea Quinatoa, miembro de la PAH desde 2008, asegura a eldiario.es que “la conciencia ciudadana no se va a parar por más leyes que nos pongan encima”. La PAH, dice, se siente “legitimada” aunque concluye que incluir los escraches dentro de la lista de actividades con fuerte represión legal no es más que un “reflejo del temor que el Estado está desarrollando contra la ciudadanía cuando ejerce su protesta“. Cuestionada por el futuro de sus reivindicaciones, asevera: “Si mañana hay que hacer un escrache, se hará. Estamos legitimados”.

El texto, que presumiblemente irá al Consejo de Ministros del viernes, apunta con precisión hacia dónde quiere golpear. Las famosas acciones de protesta ecologista verán recrudecido su castigo. La asociación Greenpeace se distingue por llamar la atención sobre la protección del medio ambiente: “Porque no se defiende sólo”, suelen argumentar. Sus escaladas de edificios, vuelos reivindicativos o travesías marítimas no gustan a los redactores de la ley. “Estamos espantados”, cuenta a este diario María José Caballero, jefa de campaña de Greenpeace. “Llevamos 40 años protestando y consiguiendo así victorias”, explica la activista, al tiempo que se lamenta: “Nos retrotrae a épocas oscuras, sin discrepancia”.

Este martes un grupo de miembros de la asociación se ha descolgado de la fachada del edificio de la petrolera Shell en Madrid para pedir la libertad de sus compañeros apresados en Rusia. “Ahora estamos preocupados porque no sabemos dentro de poco si en lugar de a San Petersburgo tendremos que ir a Soto del Real”, ironiza Caballero. “Nosotros estamos cada dos por tres frente a procesos judiciales. Unas veces ganamos, otras no, pero siempre aceptamos las sentencias y pagamos las multas que ya se nos están poniendo, que a veces son muy altas”. Con este panorama, si las cantidades se multiplican, analiza Caballero, “nos podrían incluso estrangular desde el punto de vista financiero”. A pesar del horizonte más oscuro, la Greenpeace clama: “Si hay que descolgarse, nos seguiremos descolgando”.

“Lo dañino no está en la calle”, responde Camila Monasterio, de la Plataforma No Somos Delito. Monasterio cree que esta norma “responde al espíritu de la reforma del código (penal) y va a criminalizar la protesta social”. Según su análisis, estas medidas se toman “porque se ha comprobado que (las protestas) funcionan. Porque se ha desarrollado un apoyo entre colectivos que lo ha vuelto más efectivo”. Y opina que la respuesta “es totalmente desproporcionada. El daño a la sociedad hay que buscarlo en otros sitios”.

Preguntada por un análisis técnico, la abogada Verónica del Carpio pone el acento en cómo ha surgido: “Con lo que sabemos, no se puede opinar. Es un globo sonda. No obstante, hay indicios de que se pretende poner trabas a la protesta social, sea 15M o no”. En este sentido, Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional España, asegura que, a pesar de haber solicitado formalmente el texto del anteproyecto no lo ha recibido. Con todo, Beltrán ha querido recordar que es importante el “derecho de manifestación espontánea para el que no sería obligatoria la autorización de una protesta pacífica”. En ese sentido se opone a la restricción de las concentraciones frente al Congreso: “Las únicas restricciones deben imponerse únicamente cuando exista un riesgo para la seguridad pública”.

Desde Jueces para la Democracia entienden que un movimiento así apunta a “disuadir, desde una perspectiva autoritaria, formas de protesta”. El derecho de manifestación existe en la Constitución sin requerimiento de autorización y, según estos jueces, “el código ya regula los desórdenes públicos” por lo que endurecer las limitaciones de este derecho -por ejemplo ante edificios públicos sin que se altere su funcionamiento- “puede ser de dudosa consitucionalidad”. Y añaden que tomar la vía administrativa, en la que el Ejecutivo es juez y parte al colocar las sanciones, elude “las garantías del proceso judicial” que no habían visto delitos en casos previos de concentraciones o escraches ya juzgados.

http://www.eldiario.es/sociedad/ley_seguridad_ciudadana-reacciones_0_198430382.html

El PP instaura con su ‘ley mordaza’ el “derecho administrativo del enemigo”

Juristas, policías y movimientos sociales se han posicionado contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ya denominada como “ley mordaza”

LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL

“Para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo”, afirma Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. Así lo ponía de manifiesto el propio Jefe Superior de la Policía valenciana, Antonio Moreno, cuando mandó cargar duramente contra “el enemigo”, que en ese momento para él eran los jóvenes que protestaban en defensa de la Educación Pública durante la llamada Primavera Valenciana. Según Bosch, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadanaque se anunció este lunes y que el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz llevará al Congreso, el ejecutivo está recurriendo al derecho penal del enemigo, aquél que en pos de la seguridad castiga al autor por el hecho de ser peligroso, es el enemigo, el que está fuera de la ciudadanía que sí se rige por las normas ordinarias. Pero la mayoría de personas que protestan no cometen delitos penales, por eso, para ellos, “se impone ahora el derecho administrativo del enemigo”.

Los temores de muchos se han cumplido. Según establece el anteproyecto, los escraches de la PAH frente a las viviendas de representantes políticas, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros. Ya empezado a denominarse como “ley mordaza“. O #LeyAnti15M, como ha sido bautizada en Twitter por miles de usuarios.

No ha tardado en despertar un aluvión de reacciones en contra. Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, entiende que esta ley queda dentro de la línea de “restricción de derechos” que lleva siguiendo el Gobierno conservador desde que ganó las elecciones hace dos años, éste sería “sólo un eslabón más”. De este modo, entiende que “hay que ponerla en el mismo rango del nuevo código penal, rezuma una gran demagogia populista”. Añade que lo que está intentando el PP es “poner el foco en ese tema y obviar otras cuestiones como los recortes en Educación y Sanidad”.

Margarita Robles (TS): “Esta ley rezuma una gran demagogia populista”Bosch es más rotundo: “Con el pretexto de la seguridad, y según una perspectiva autoritaria, el Gobierno criminaliza determinadas formas de protesta social que los ciudadanos usan para expresar su malestar con los recortes sociales”. El portavoz de Jueces para la Democracia explica, en declaraciones a Público, que el PP estaría intentando castigar a los ciudadanos que protestan fuera de las leyes penales, pues los tribunales no son tan contundentes como le gustaría, y utilizar para ello las faltas administrativas.

Un ejemplo serían los escraches, que el presidente del Tribunal Supremo llegó a describir como “un ejemplo de la libertad de manifestación“. Así, “el Gobierno saca de un espacio donde hay tribunales independientes la valoración de estas conductas y las lleva al ámbito administrativo. Además, cuando el ciudadano quiera defenderse ahí deberá pagar unas tasas desorbitadas“, que muchos no podrán pagar.

También entiende que en las medidas sancionadoras “hay claros elementos de desproporción”. Aunque valora que, efectivamente, hay una obvia situación de conflictividad social en el país en estos momentos, en su opinión un gobierno democrático debería convencer con argumentos en vez de castigar a quienes protestan. Y para él el argumento de la seguridad es sólo un pretexto “para restringir derechos”, pues “en nuestro país no hay ningún problema de seguridad. Las encuestas revelan que a la gente le preocupa la situación económica, el paro, la corrupción, pero no la seguridad ciudadana”.

De hecho, la criminalidad no ha parado de bajar durante los últimos años. Los delitos y faltas registrados en España en 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en nuestro país como uno de los más bajos de la Unión Europea, según cifras del propio Ministerio de Interior. En cuanto al aumento de la conflictividad social, sí ha habido un aumento cualitativo y cuantitativo de las protestas. Sin embargo, en otros países de Europa en situaciones similares a la nuestra, como Grecia o Italia, hay una mayor cultura de confrontación en las calles con las autoridades. Si de algo ha sido símbolo el 15-M en España ha sido precisamente de la protesta pacífica y la desobediencia civil.

Policías y activistas, también en contra

José María Benito, secretario de Comunicación del Sindicato Unficado de Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo, ha negado que esta legislación vaya a mejorar la protección a los policías, ya que las agresiones o amenazas a los agentes ya estaban penadas en el Código Penal y la Ley reguladora del derecho de reunión y manifestación, informa Europa Press. Así, ha recordado que el Código Penal contempla incluso penas de prisión para algunas de las conductas ahora incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana. A su juicio, “bajo la apariencia de proteger a los policías”, el Gobierno sólo quiere proteger a “la casta política” y evitar los escraches en sus domicilios o las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados.

José María Benito (SUP): “El Gobierno sólo quiere proteger a la casta política”Los diferentes colectivos y organizaciones de la órbita del movimiento 15-M consideran que con la nueva ley orgánica el Gobierno “criminalizar cualquier acto de protesta”. “Es una vuelta de tuerca. Intentan amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca”, ha asegurado en declaraciones a Europa Press el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa Mayoral. Según este letrado, se trata de “una ley escándalo para cualquier persona que se considere democrática”.

En este sentido, el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló ha denunciado que la norma “recuerda a las peores épocas de la represión franquista” así como que supone “un ataque directo” a los modus operandi y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso. “Se criminaliza no solo la protesta sino también la difusión. Podría atentar incluso contra el derecho de manifestación. Quieren cambiar las leyes para que cualquier cosas que no sea votar al PP sea radical y violento”, ha sentenciado Castelló.

En esta misma línea, la Comisión Legal de la Acampada Sol, cree que la futura ley es una “muestra evidente del aumento de las políticas represivas para la ciudadanía”, así como una norma “hecha a medida de las protestas que han surgido desde el 15-M”. Y añade: “Plantea todas las protestas como ilegítimas”.

También desde la arena política han llegado las críticas. En una referencia a la actual Ley de Seguridad, de 1992 y conocida como Ley CorcueraJoan Coscubiela y José Luis Centella, portavoces del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, han bautizado al anteproyecto de Fernández Díaz como “ley de la patada en la boca a la democracia”. Para ellos, ésta es una “evidencia que confirma que el PP está a punto de empezar una ofensiva brutal contra los derechos civiles”. Y, en nombre de los socialistas, Soraya Rodríguez la ha tildado de “un proyecto de represión ciudadana”.

Lo que dicen las leyes

Constitución Española

Artículo 21

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 104

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión

Preámbulo

La Constitución española de 1978 recoge, entre su diverso contenido, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, como uno de los pilares básicos, en el que se asienta el Estado social y democrático de Derecho.

El derecho de reunión, manifestación primordial de los derechos fundamentales, como derecho público subjetivo.

Artículo 1

2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.

Artículo 4

1. Las reuniones, sometidas a la presente Ley, sólo podrán ser promovidas y convocadas por personas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2. Del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas.

3. Los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un daño a terceros responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos.

Artículo 5

La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales.

b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.

c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

Artículo 10

Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

http://www.publico.es/483307/el-pp-instaura-con-su-ley-mordaza-el-derecho-administrativo-del-enemigo

La Ley de Seguridad Ciudadana impedirá los escraches y protestas ante el Congreso

FUENTE

El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, llevará previsiblemente el próximo viernes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sustituirá a la vigente ley Corcuera. La nueva normativa conlleva castigos de tipo administrativo para quienes participen en un escrache, se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores, insulten a un policía y hagan tratos con prostitutas en espacios públicos próximos a colegios, además de otras medidas. Esta ley pretende acabar con la impunidad de algunas de estas conductas que, pese a los intentos del Gobierno, no han merecido ningún reproche penal por parte de los jueces.

El borrador legislativo será debatido mañana, miércoles, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en caso de obtener el visto bueno, seguirá su andadura con su posterior aprobación por el Ejecutivo. Esta ley, cuando sea definitivamente aprobada por Las Cortes, sustituirá a la impulsada en 1992 por el ministro socialista José Luis Corcuera, que fuentes de Interior consideran que en su día fue “muy buena”.

La futura ley Fernández consta de 55 artículos en muchos de los cuales subyace la pretensión de ejercer un mayor control sobre las protestas callejeras. Por ejemplo, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad”, es decir, vetar un determinado perímetro urbano para impedir en ese espacio reuniones de personas. Con esta medida, se evitarían los escraches en torno a la vivienda de políticos, si bien la ley no hace referencia a ninguna persona o profesión concreta

También podrán ser retirados de forma expeditiva los vehículos que taponen una vía pública (tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros), en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar las vías ocupadas.

Otra novedad es que la ley impedirá concentraciones o manifestaciones no autorizadas ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos, aun cuando los diputados no estuvieran reunidos en sesión plenaria. Con esta nueva ley, el Gobierno pretende atajar movimientos como las marchas del 25-S y otras que no fueron castigadas penalmente por los tribunales.

La norma contempla como falta grave participar en altercados usando capuchas, cascos u otros objetos que dificulten la identificación de sus usuarios. Pero, además, también serán sancionados con multa quienes profieran amenazas, insultos, coacciones, injurias y vejaciones hacia los agentes de la policía o la Guardia Civil. Junto a eso, será motivo de sanción el uso o difusión de fotos o imágenes de policías que supongan mofa para ellos o algún riesgo para la seguridad.

Un artículo que probablemente levantará polémica es el destinado a sancionar a los que hagan ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de tratos con prostitutas cerca de colegios y parques, o bien en lugares en los que esas actividades entrañen algún riesgo para la seguridad vial.

Otro aspecto recogido en el anteproyecto es el relativo al consumo o tenencia de productos o sustancias estupefacientes, como podrían ser unas plantas de marihuana en cantidad que la ley no precisa.

Esta nueva ley Corcuera contempla sanciones económicas para una amplia batería de conductas: hacer botellón perturbando “el orden público”, trasladar en coche a drogadictos hasta los puntos de compra de la droga (las llamadas cundas), dañar el mobiliario urbano, hacer barricadas, escalar edificios públicos sin autorización, maltratar animales en espectáculos públicos, deslumbrar con punteros de rayo láser a pilotos de avión, maquinistas de tren o conductores de autobús…

Las multas por infracciones leves oscilan entre 100 y 1.000 euros; las graves, entre 1.001 y 30.000 euros, y las muy graves, de 30.001 a 600.000 euros. Según fuentes de Interior, no se han incrementado las sanciones respecto a la ley Corcuera, si bien esta solamente contemplaba infracciones leves y graves.

Fuentes de Interior aseguran que vienen trabajando en esta ley “desde el inicio de la presente legislatura”, si bien han esperado a impulsarla ahora para evitar su debate en momentos de mayor convulsión, posiblemente en velada alusión a las movilizaciones del 15-M y otras protestas como los desahucios o las llamadas mareas ciudadanas

UNA MALA CONSTITUCIÓN QUE REVELA UN CÁNCER SECRETO DE NUESTRA DEMOCRACIA

Marsella,  21 de abril de 2005.

 Apreciados colegas y amigos,

 Después de seis meses de reflexión intensa, se está plasmando una argumentación alrededor deltratado constitucional”, a partir, pero también más allá de este tratado, una argumentación que no es de derechas ni tampoco de izquierdas, y que nos enseña a todos un peligro histórico, más allá de la política. Por esas razones, este breve argumento tendría que interesar a los ciudadanos de cualquier bando.

 Hace seis meses, en septiembre de 2004, yo era, como todo el mundo, favorable a este texto sin haberlo leído, por principio, “para progresar, aunque supiera de la imperfección de las instituciones. No quería ser uno de aquellos que frenan la marcha de Europa. Creo de verdad que a la inmensa mayoría de los europeos, más allá de las divergencias izquierda/derecha, les gusta esta hermosa idea de una Europa unida, más fraternal, más fuerte. Es un sueño de paz, consensual, muy mayoritario.

 No había leído este texto y no tenía tiempo en absoluto : demasiado trabajo… Luego Europa queda lejos, y con tantos políticos, me sentía protegido : en caso de deriva, por lo menos quedarían algunos para defendernos… y pasaba de “meterme en políticas”, es decir que pasaba de ocuparme de mis propios asuntos.

 Ya se oían llamamientos en contra de este tratado, pero venían de los extremos del tablero político y por esa sencilla razón, ni siquiera empezaba a leer sus argumentos, confiando en la opinión de la mayoría sin comprobar yo mismo la fuerza de las ideas expresadas.

 Y de repente, llegaron llamadas de personas nada sospechosas de ser antieuropeas. Entonces leí sus llamamientos, sin fijarme en sus etiquetas, y encontré argumentos muy fuertes. Me puse a leer, mucho, libros enteros, de todo tipo, Fabius, Strauss-Khann, Giscard, Jennar, Fitoussi, Généreux, etc… y muchos más artículos de los partidarios del tratado porque quería estar seguro de no equivocarme. Y cuanto más leo, más me inquieto. En fin, hoy en día, no pienso en otra cosa, casi no duermo, sencillamente tengo miedo de perder lo esencial : la protección contra lo arbitrario.

 Hoy sigo leyendo todas las intervenciones, los pros, los contras, sigo buscando donde está el fallo en mi razonamiento y el texto siguiente es un llamamiento a la reflexión y el progreso : si notaís un fallo, por favor hablemos de ello, con tranquilidad, honradamente, es muy importante. Me puedo equivocar, busco sinceramente evitarlo, reflexionemos juntos, si quereís.

 Como profesor de derecho[1] pienso que es mi misión hablar de ello un poco más que los demás, hablar de ello a mis colegas, pero también a mis estudiantes, a los periodistas.

Sería cómplice si callara.

 He encontrado más de diez razones graves para oponerse a este texto sumamente peligroso, y diez razones más para rechazar un texto desagradable, y en realidad totalmente antifraternal. Pero las cinco razones más fuertes, las más convincentes, las que cruzan las opiniones políticas más diversas porque niegan cualquier posibilidad de tener una reflexión política, estas cinco razones me aparecieron bastante tarde porque hay que trabajar mucho para evidenciarlas. Son esas cinco razones, las cinco más importantes, sobre las cuales quisiera llamar vuestra atención y solicitar vuestra opinión para que pudieramos hablar juntos, ya que los periodistas nos niegan cualquier debate público.

En este asunto de estado, se atropellan los fundamentos del derecho constitucional, lo que tiene que recordarnos cinco principios transmitidos por nuestros abuelos.

Los principios 4 y 5 son los más importantes.

  1. Una Constitución tiene que ser legible para permitir un voto popular : este texto es ilegible.
  1. Una Constitución tiene que ser políticamente neutral : este texto es partidario.
  1. Una Constitución es revisable : este texto está bloqueado por una exigencia de doble unanimidad.
  1. Una Constitución ampara de la tiranía por la separación y el control de los poderes : este texto no establece un verdadero control de los poderes y tampoco una real separación entre estos poderes.
  1. Una Constitución no está concedida por los poderosos, está establecida por el pueblo mismo, precisamente para protegerse de la arbitrariedad de los poderosos, mediante una asamblea constituyente, independiente, elegida a propósito y revocada después : este texto ratifica unas instituciones europeas establecidas desde hace 50 años por los hombres en el poder, al mismo tiempo jueces y partes.

 Importante puntualización (21 de abril de 2005)

 Acabo de enterarme que algunos ciudadanos interpelan a los políticos en sus reuniones preguntando : “¿ Qué contesteís a Étienne Chouard, profe de derecho en Marsella que dice : (cita de Chouard) ?…”

Acabo también de recibir un documento pdf bajo el título “Facultad de derecho de Marsella”, después de este título inventado por no sé quién, sigue mi texto en su versión del 25 de marzo, esta primera versión llevaba todavía unos errores molestos (en particular sobre Turquía y la duración del Tratado de Niza).

Ahora entiendo los mensajes furiosos de algunos universitarios denunciando la impostura.

Si las cosas se ponen así, tienen razón, no hay que leerme como si fuera un especialista de derecho internacional, no hay que presentarme así, es un malentendido : no tengo ninguna autoridad para enunciar el derecho comunitario, y cometo como cualquiera ahora, errores porque el texto del TCE no es sencillo.

Voy precisando en mi introducción que hace a penas seis meses, “como a cualquiera”, Europa me interesaba muy poco y por lo tanto no sabía gran cosa sobre el derecho comunitario. Digo en todas partes que me puedo equivocar y que busco precisamente progresar. Es paradójico, y de verdad, peligroso para la calidad de información, que después de sólo 15 días me hagan pasar por “el universitario de derecho público con autoridad en la materia.

Este malentendido me es imputable por el estilo con el cual me expresaba al principio, pero este documento no estaba destinado al mundo entero. La rápida evolución de los hechos, ha creado también este malentendido.

Es esencial restablecer la realidad de mi mensaje que está tomando, sin que pueda remediarlo, una importancia que no podía imaginarme al principio : vean, para entenderme, la página Avertissement de mi web, actualizada ayer por la mañana.

Las interpelaciones públicas tendrían que estar formuladas así : “Qué contestaís a Étienne Chouard, ciudadano de Marsella que dice : (cita)”.

 Hablo como ciudadano. He quitado en esta versión de mi texto (demasiado tarde, lo reconozco, no me había fijado en el problema) esta letanía : “¿ No es acaso misión de los profesores de derecho, como de los periodistas, explicárselo a los ciudadanos ?”.

Insisto : Hay en este momento un gran debate amplificándose entre los ciudadanos, para descifrar mejor este texto complejo que será quizá nuestra Constitución. Veo cada día, a través de cientos de mensajes, gente que está descubriendo hoy en día la importancia de una Constitución en su vida cotidiana y que se sumen en la lectura del TCE.

Me parece extraordinario que los ciudadanos de a pie se vuelquen tanto en el texto que establece en su nombre el derecho del derecho.

Siento que no tengamos tiempo para intercambios mejores. Por favor, hagan desaparecer las antiguas versiones de mi texto y hablemos de buena fé sobre el actual estado de nuestras respectivas reflexiones.

Notareís en este texto un cambio notable, en relación con las versiones precedentes, en mi punto de vista sobre el debilitamiento del poder parlamentario, finalmente limitado a algunos temas precisos (y chocantes). Nuestro intercambio me hace evolucionar de verdad, es una realidad. En cuanto a otros temas, creo haber descubierto, al contrario un riesgo de fuerza excesiva del Parlamento

Pero sobretodo, tomo conciencia de una irresponsabilidad generalizada en esta “Europa-necesitada-de-una-Constitución-para-ser-más-fuerte”.

Sí, necesitamos una Constitución.

¿ Pero dará aquella, una real protección a los pueblos supuestamente llamados a unirse para reforzarse ?

Tenemos realmente un problema de relación democrática entre los pueblos y sus élites.

¡ Cuán complejo es este texto… Y qué difícil será votar !

Preámbulo : Constitución o tratado ?

 ¿ Cuál es la calificación justa de este proyecto ?

Hay que recordar lo que es una Constitución y por qué su elaboración va envuelta en advertencias especiales.

Una Constitución es un pacto entre l@s ciudadan@s y sus gobernantes. Es por haber firmado este pacto por lo que l@s ciudadan@s aceptan someterse a las leyes. Con este pacto la autoridad encuentra su legitimidad. Este pacto debe proteger l@s ciudadan@s en contra de la injusticia y de la arbitrariedad.

Los principios de los cuales vamos a hablar sirven para garantizar el papel protector del pacto y para que l@s ciudadan@s puedan controlarlo.

El proyecto de Tratado que establece una Constitución para Europa (TCE) es ejecutorio sin límite en el tiempo[2], se impone en casi todos los asuntos esenciales a la vida de la gente[3], su fuerza jurídica es superior a cualquiera de nuestras normas nacionales[4] (reglamentos, leyes, Constitución), establece los grandes poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) y regula sus equilibrios.

El proyecto del TCE es pues, por naturaleza, una Constitución, define el “derecho del derecho.

 Numerosos profesores de derecho público (no todos) lo analizan como tal. Incluso hay quienes analizan la nueva Unión como un Estado, con sus componentes fundamentales. [5]

Entonces lo más importante no es como los autores hayan calificado su texto, ya que los principios de los cuales vamos a hablar sirven para proteger los ciudadanos en contra de instituciones peligrosas : cualquier texto fundamental que defina o modifique los poderes de las instituciones tendría que respetar estos principios, sea cual sea su denominación oficial.

¿ Ofrece este texto con vocación constitucional las garantías que podemos esperar ? [6]

Primer principio de derecho constitucional : una Constitución es un texto legible

Una Constitución debe ser aceptada, directamente, por el pueblo que se somete a ella.

Para que esta aceptación tenga sentido, este texto tiene que ser legible por el pueblo, que es quien lo va a firmar (y no sólo los expertos).

De este punto de vista, el “tratado constitucional” es largo y complejo[7] : 485 páginas DinA4, o sea casi una resma (En su versión compacta actualmente disponible en esta página http://www.constitucioneuropea.es/).

Este extensísimo texto, único ejemplo en el mundo para una Constitución, se dobla con una multiplicidad de notas, las cuales lo hacen simplemente ilegible para los ciudadanos de a pie.

Algunos puntos importantes como la definición de los SIEG no aparecen en el texto[8].

Incluso aparecen contradicciones entre partes distantes[9].

Para ilustrar aún más la dificultad de lectura de este texto, debemos igualmente señalar como grave la ausencia de una lista de asuntos en los cuales cada institución puede crear el derecho. Así no se encuentra en ninguna parte (y podemos por lo tanto ignorar perfectamente que pueda existir) la lista de los asuntos en los cuales al Parlamento europeo se le mantiene totalmente apartado del derecho a legislar (no es ni banal y tampoco anodino). Para conocer esta repartición, hay que ahondar en cientos de artículos uno por uno, confiando en no haberse olvidado de algunos (ver más lejos). ¿ Podemos hablar de legibilidad ? Otros artículos importantes, así como el artículo I-33, el cual instituye los “actos no legislativos” (reglamentos y decisiones) que permiten a una Comisión (no elegida) crear sin control parlamentario normas tan apremiantes como leyes[10], no incluyen una lista controlable.

Esta extensión y esta complejidad imposibilitan la crítica para el común de los mortales.

El 75% de los españoles votantes que han aprobado este texto, como el 60% de los que se abstuvieron, problablemente no la habran leído : ni los ministros, los periodistas, y tampoco los ciudadanos, que tendrán todos otra cosa que hacer : ¿ Quién tiene tiempo para leer 500 páginas DinA4 ? Basta hacerse la pregunta : los demás no la contestarán de otro modo.

Estos ciudadanos corren el gran riesgo, para ellos, pero también para sus hijos y sus nietos, de descubrir demasiado tarde lo que nunca podrán cambiar.

 Evidentemente haca falta leer y entender lo que se firma. Si no, uno se niega a firmarlo.

Aunque fuera sencillo (y no lo es), un texto tan largo no permite juzgarlo con discernimiento.

Y aun así, hay que tener una opinión. ¿ Cómo hacer para tener una opinión sobre un texto que no se puede leer ? Siguiendo a “los demás”, se tranquiliza uno, como las ovejas de Panurgo.

Esta extensión es, por si misma, antidemocrática : el debate está reservado a los expertos.

Una Constitución es la ley fundamental, es “el derecho del derecho” cada quien la tiene que poder leer, para aprobarla o rechazarla a sabiendas.

Segundo principio de derecho constitucional : una Constitución no impone una política o otra, permite el debate político sin imponer el resultado

 Una Constitución democrática no es de derechas y tampoco de izquierdas, no es socialista ni tampoco liberal, una Constitución no es partidaria, hace posible el debate político, y está por encima del debate político.

¡ Al contrario, el TCE, además de fijar las reglas del juego político, quisiera bloquear el juego mismo !

Al imponer en cada una de sus partes[11] (I, II y sobretodo III) obligaciones y referencias liberales, este texto no es politicamente neutral, está imponiendo para siempre unas políticas económicas que tendrían que estar sujetas al debate político cotidiano, variable según la coyuntura. Es una especie de secuestro de la alternancia de las políticas económicas.

En particular, este texto ratifica para siempre que Europa se niegue a si misma los tres mandos económicos principales, los cuales permiten a cada Estado del mundo gobernar :

No hay política monetaria : somos los únicos en el mundo en haber vuelto nuestro banco central totalmente independiente, el cual tiene por única misión, constitucional, intangible, la lucha contra la inflación, pero nada sobre el empleo o el desarrollo[12]. No se les concede medio alguno a los poderes políticos para modificar estas misiones. Sin embargo se sabe que las políticas antiinflacionistas se pagan con el aumento del paro[13], por un efecto casi mecánico. (la nota [13] es importante)

No hay política presupuestaria : el pacto de estabilidad[14] encierra a los Estados en una rigidez presupuestaria que es por supuesto una política posible, pero no tiene por que ser la única ad vitam aeternam.

Ningun impulso de tipo Keynesiano (grandes obras) es ya posible.

No hay política industrial : la prohibición de cualquier obstáculo a la competencia[15] conlleva la prohición de ayudar a algunos sectores nacionales en dificultad o frágiles.

Es la institucionalización de una política económicamente impotente descrita por el economista Jean-Paul Fitoussi[16], impuesta para un largo tiempo.

Sobre este tema hay que leer la apasionante síntesis de doce economistas en contra del TCE[17].

El proyecto del TCE infantiliza a los ciudadanos europeos : nos aleja de cualquier interés por reflexionar sobre alternativas.

De hecho, ¿ para qué seguir debatiendo, ya que cualquier alternativa está expresamente prohibida en el texto supremo ?

Fuera de la constitución soviética (la cual imponía también, una política : el colectivismo), esta constitución partidaria sería un caso único en el mundo.

Tercer principio de derecho constitucional : Una Constitución democrática es revisable

Todos los pueblos del mundo que vivan en democracia pueden revisar su pacto de gobierno.

Es demasiado complicado revisar el TCE[18] : para cambiar una coma de este texto, primero se necesita la unanimidad de los gobiernos para ponerse de acuerdo sobre un proyecto de revisión, luego se necesita la unanimidad de los pueblos (mediante el Parlamento o un referéndum) para ratificar este proyecto (eso se llama proceso de revisión ordinaria).

Con 25 Estados, este proceso de doble unanimidad es una real garantía de intangibilidad para los partidarios del inmovilismo. Este texto está petrificado desde su nacimiento.

Concretamente, si una mayoría de los europeos desean modificar su ley fundamental, no lo podrán hacer.

 Es eso lo chocante e inquietante.

Es inaceptable para una Constitución[19] y sería igualmente un caso único en el mundo.

A esto contestan poniendo en evidencia la palabra “tratado” para pretender que la unanimidad es normal (lo cual es verdad en cuanto a tratados), pero no tiene sentido : este texto, evidentemente, juega el papel de una constitución y juntar palabras contradictoriasTratado constitucionalpermite de esta manera, jugando con las palabras, crear una nueva norma suprema demasiado rígida, demasiado difícil de revisar.

Paradójicamente, esta rigidez excesiva se acompaña de una flexibilidad sorprendente en el caso de otro proceso, el cual no requiere el acuerdo directo de los pueblos : el proceso de revisión simplificada autoriza uno de los órganos de la Unión (el Consejo de ministros) a modificar por propia iniciativa uno de los elementos claves de la Constitución que condiciona el grado de soberanía conservado por los Estados miembros en tal o tal asunto (ya que el paso por la mayoría hace perder a todos el derecho de bloqueo) [21]. Esto es grave.

Por otra parte, en cuanto a la entrada de un nuevo Estado en la UE, la regla de la unanimidad es una protección, pero no se requiere la unanimidad de los puebos consultados por referéndum : primero se requiere la unanimidad de los 25 gobiernos (muchos de los cuales no son elegidos, y mucho menos para decidir sobre este punto esencial), luego se requiere la unanimidad de los Estados cada uno según su proceso nacional de ratificación[22]. Se consultará directamente al pueblo sólo en los países con proceso referendario.

Todo indica que la voluntad de los pueblos cuenta cada vez menos para sus gobernantes.

Cuarto principio de derecho constitucional : Una Constitución democrática nos ampara contra la arbitrariedad, garantizando al mismo tiempo la separación y el control de los poderes

El espíritu de las leyes descrito por Montesquieu es sin duda alguna, la mejor idea de toda la historia de la Humanidad : todos los poderes tienden naturalmente, mecánicamente, al abuso del poder. Es entonces esencial, para proteger a los humanos de la tiranía, primero separar los poderes, y luego organizar el control de estos mismos poderes : ni confusión de poderes ni tampoco un poder sin contra-poderes.

Así dice el pueblo : “Tú, el Parlamento, haces las leyes, pero no las ejecutas. Y tú el gobierno, ejecutas las leyes, pero no las puedes escribir tu mismo.” Así, ningun poder tiene los medios para imponer su voluntad.

“Por otra parte, si uno de los poderes opina que el otro actúa de manera inaceptable, lo puede revocar : la asamblea puede derrocar el gobierno, y el gobierno puede disolver la asamblea. En los dos casos, se requiere el arbitraje (elecciones) del pueblo, el cual tiene que ser la única fuente de todos los poderes.”

 Es necesario que cada poder tenga que rendir cuentas y sepa que está bajo control en cada momento.

Esto es la mejor idea del mundo, la que libera del miedo al tirano.

Aun en el ámbito actual de una unión de Estados, estos principios protectores de sentido común no tienen por qué haber perdido su valor.

El equilibrio entre los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) es sin embargo difícil de encontrar.

El poder legislativo saca una gran legitimidad del sufragio universal directo y es muy tentador hacerlo más fuerte que los demás. Pero una asamblea, aun legítima, puede volverse tiránica porque el mecanismo de elección no es en absoluto un contra-poder.

Por otra parte, una asamblea no es necesariamente el lugar adecuado para decidir : ciertos efectos masivos o una cierta dilución de la responsabilidad individual en el momento de decidir colectivamente pueden llevar a excesos[23]..

Por eso es por lo que a menudo se establecen unos límites al poder parlamentario a pesar de la soberanía que éste encarna : suelen existir dos cámaras para que una modere a la otra : en Francia, es el senado, también elegido, pero de mayor edad, el que asume ese papel moderador de la Asamblea Nacional, moderador pero sin riesgo de bloqueo (en caso de desacuerdo, la Asamblea Nacional tiene la última palabra).

A menudo, se prevé otro límite importante al poder legislativo : es necesario poder disolver la asamblea, siempre con esta visión esencial de los contra-poderes que responsabilizan a los actores públicos.

En el marco de estos límites (dos cámaras y la amenaza de disolución), el Parlamento tendría que jugar un verdadero papel legislativo, con la iniciativa de las leyes, la posibilidad de enmendar los textos en todos los asuntos, un verdadero papel en el establecimiento de los impuestos (es uno de sus papeles primitivos esenciales : controlar los gastos realizados por las autoridades públicas)…

No es exactamente eso lo que está previsto en el proyecto del TCE : el Parlamento europeo no tiene la iniciativa de las leyes[24], lo que parece inaceptable en un principio, su papel en el voto del presupuesto, aunque haya sido incrementado, queda limitado, y sobretodo queda excluído de algunos asuntos, reservados para el Consejo de Ministros[25].

Se nos está presentando así un triángulo compuesto por el Parlamento, que representa a los pueblos, el Consejo de Ministros, que representa a los Estados y por la Comisión, la cual representa el interés general (sic).

La Comisión es principalmente la emanación del Consejo de Ministros, el cual nombra a sus miembros con un derecho de fiscalización de parte del Parlamento, que a su vez elige a su Presidente (Presidente propuesto por el Consejo).

La Comisión es totalmente independiente, no debe recibir consignas de nadie, pero puede ser revocada por el Parlamento a través de una moción de censura y cada comisario puede ser “demitido” por el Presidente de la Comisión.

La Comisión está encargada de preparar técnicamente el derecho y somete sus propuestas al Consejo de Ministros y al Parlamento, presentados ambos como órganos legislativos.

Así pues se nos presenta el Consejo de Ministros como una “cámara alta” como si fuera el Senado, pero es difícil de aceptar : primero, porque los ministros no son elegidos, pero sobre todo, porque detienen en su país el poder ejecutivo, es decir que dominan la fuerza pública que les permitirá, regresando al país, aplicar reglamentos elaborados por ellos mismos.

De esa manera las mismas personas están creando el derecho al nivel europeo y lo están aplicando al nivel nacional : aquí está la confusión de poderes.

El Consejo de Ministros es un órgano evidentemente ligado al ejecutivo a quien se le ha confiado un papel legislativo.

Con la no-separación de poderes, es un escudo importante contra el despotismo que nos está escapando de las manos. Aunque sea un número limitado de asuntos (¿ 21, quién sabe ?), es peligroso.

Laurent Lemasson, en el árticulo antes citado[26], señala que el Parlamento está compuesto por una sola cámara, y que el Parlamento es irresponsable : nadie puede disolverlo. Ya hemos visto que está privado de la iniciativa de las leyes, pero puede disolver la Comisión, la cual dispone de esta iniciativa, lo que otorga al Parlamento una influencia sobre ella para “sugerir” propuestas.

L. Lemasson nota en esta organización de poderes un riesgo de régimen de asamblea (una especie de tiranía parlamentaria). Esto es una total novedad para mí, y el análisis es interesante : el Parlamento sería al mismo tiempo completamente impotente según los temas (se puede uno preguntar porqué allí…) y quizá demasiado fuerte en otros.

En esta nueva aproximación, veo ahora la codecisión de manera más positiva, como un contra-poder en los dos sentidos : así el Parlamento no puede abusar de su poder, y el Consejo de Ministros tampoco.

Exceptuando cuando el Parlamento se encuentra directamente apartado de una serie de temas en los cuales sólo el Consejo de Ministros puede legislar (y como por casualidad se tratan de asuntos económicos importantes) – Art.III-130-3 : mercado interior y Art. III-163 y III-165 : reglamentos de la competencia.

Esto sí que es chocante, porque en estos temas, ya casi no hay contra-poder : ¿ Se puede considerar la Comisión como una verdadera fuerza capaz de interponerse en caso de deriva arbitraria de parte del Consejo ? (¿ Quién ha nombrado esta Comisión ?)

Entonces parece haber un verdadero problema democrático en el sector de los asuntos reservados al Consejo : ni separación, ni tampoco control de poderes. La lista de estos asuntos prohibidos no existe en ninguna parte, y ésta exclusión del Parlamento de ciertos asuntos aún no está formulada claramente.

Ahí donde el control de poderes no existe, es otro escudo contra la arbitrariedad el que nos está faltando.

Para un ciudadano que llega aquí sin haber sido condicionado sicológicamente, es chocante. Pero acaso me estoy equivocando. ¿ Alguién me puede explicar este extraño “equilibrio” de poderes ? ¿ Para quién se ha escrito este texto ?

Como ciudadanos, nos gustaría que se nos explicara porque existe esta exclusión, según que criterios se han elegido estos asuntos prohibidos, y porque ninguna lista explícita (y por lo tanto criticable) ha sido formulada. También nos gustaría saber : ¿ Quién es realmente responsable de sus actos en esta organización europea ?

Porque al final :

El Parlamento no es responsable ante nadie (fuera de las elecciones que, como ya se ha dicho, no pueden hacer las veces de contra-poder) porque no hay un proceso de disolución.

 El Consejo europeo no es responsable ante nadie al nivel europeo ( y hay que remitirse a la lejana responsabilidad nacional para acusar a sus miembros uno por uno). El hecho de que sea evidentemente difícil definir esta responsabilidad, ya que se trata de jefes de estado, no basta para tranquilizarnos porque el resultado es una responsabilidad al nivel federal.

 El Consejo de Ministros no es responsable ante nadie al nivel europeo (y hay que referirse otra vez a la responsabilidad nacional para acusar a sus miembros uno por uno).

Aquí también, el hecho de que sea evidentemente difícil definir esta responsabilidad, ya que se trata de ministros depositarios de otra soberanía popular que no es la de Europa, no basta para tranquilizarnos porque el resultado es una responsabilidad ahí donde se toman las decisiones.

Sin contar que el establecimiento de esta responsabilidad parece tan complicada como ilusoria.

La Corte Europea de Justicia (CJE), no elegida, está también fuera de control y sin recurso (que yo sepa), a pesar de que esté dotada de poderes inmensos mediante la interpretación de todos los textos y el arbitraje de todos los litigios.

¿ Un grave peligro ? (habrá que ahondar…)

El Banco Central Europeo (BCE), no elegido, rigurosamente independiente de los poderes públicos, está igualmente fuera de control, por lo tanto es irresponsable, a pesar de la considerable influencia de sus decisiones sobre la vida cotidiana de los 450 millones de europeos (ver más arriba).

Esta impresión de irresponsabilidad general es asombrosa,

¿ o no ?

La Comisión, al final, es la única que se juega algo[27] : de un lado, la censura global por el Parlamento, pero sólo con los 2/3, lo cual es mucho y lo que vuelve quizá la censura teórica, y por otro lado la demisión individual de un comisario (exigible por el Presidente de la Comisión).

¿ Pero es la Comisión realmente el centro del poder ?

 Sobre este tema, las opiniones son diferentes, pero teniendo en cuenta el panorama, tendería a pensar como Yves Salesse[28] que el verdadero poder está en manos del Consejo de Ministros (irresponsable) y que la Comisión hace de cortina, una especie de fusible político, un chivo expiatorio cómodo, lo cual permite a los ministros crear el derecho diciendo al mismo tiempo “Yo no soy, es ella, y no puedo hacer nada, no puedo forzarla : es independiente…”.

La Comisión es sin embargo un centro de poder importante.

Ejemplo : el comisario encargado del comercio internacional, por su mandato recibido de una vez para siempre, es el único representante de la Unión en todas las negociaciones internacionales (OMC y otras). Este hombre tiene, él solito, un poder vertiginoso. Con este título, está negociando el AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios, un proyecto gigantesco de desregulación[29], una versión mundial de la directiva Bolkenstein) en nombre de todos los europeos, pero en el más absoluto secreto : no rinde ninguna cuenta ante el Parlamento sobre las negociaciones que está llevando sobre un acuerdo que no obstante va a cambiar profundamente la vida de los europeos, y el Parlamento no puede imponerle rendir cuentas[30].

Ya podemos observar señales tangibles de una deriva de tipo tiránico. Y el “Tratado Constitucional” fija para siempre un desequilibrio institucional que lo permite.

El Parlamento puede censurar la Comisión, pero solamente con la mayoría de 2/3, lo que significa que la Comisión puede gobernar 450 millones de personas con el acuerdo de un tercio del Parlamento.

Incluso el modo de escrutinio (por lista) garantiza a los líderes de partidos su lugar en el Parlamento sin ningún riesgo, lo que hace mucho más teórica la responsabilidad de estos elegidos en época de elecciones.

Todos estos poderes sin verdadero control, esta irresponsabilidad general… ¿ Dónde está la democracia ?

¿ Dónde están las barreras contra la arbitrariedad ?

Parece que, desde hace veinte años, los manuales de los estudiantes de ciencias políticas llaman púdicamente a esto el déficit democrático” de la UE. Un término bien anodino para designar de hecho una renuncia de los pueblos, demasiado confiados en los que han escogido para defenderles. Me parece en este momento que todas las conversaciones de los ciudadanos de a pie tendrían que analisar este retroceso de la democracia : en las instituciones europeas, los órganos de la Unión parecen ser casi todos irresponsables, la voluntad de los pueblos parece contar muy poco para sus gobernantes, y se está imponiendo una cierta política económica.

¿ Cómo pueden los analistas y comentaristas pasar sobre esto como si fuera secundario ?

¿ Europa a cualquier precio ? ¿ Cualquier Europa ? ¡¿ Incluso no democrática ?! ¿ No tenemos derecho de hablar de ello sin que te califiquen de antieuropeo ?

La argumentación según la cual “en todas partes es igual” no me tranquiliza sino que me inquieta todavía más : mientras la mayoría de los ciudadanos descuidan la democracia, hipnotizados por la publicidad, el fútbol y la televisión, otros se encargan de ella activa y discretamente, ya se ve como !

Se nos dice : “Este texto está mejor que antes, habría que ser necio para negarse a progresar”.

Es ocultar que con este texto, no se trataría sólo de progresar, sino de fijar, bloquear, ratificar, y dar por primera vez una garantía popular a unos textos que hasta ahora la han pasado por alto, ya vemos con qué resultado.

Aunque sea mejor que el anterior, el texto propuesto es peligroso.

Montesquieu debe estar removiéndose en su tumba.

Triste paradoja la de estos pueblos dispuestos a aceptar ellos mismos el retroceso de la democracia, es decir el retroceso de los diferentes escudos que les protegen de la ley injusta del más fuerte.

Quisieran hacernos creer que estos supuestos avances espectaculares compensan todos estos defectos :

Por ejemplo, los que van pregonando el nacimiento de un referéndum de iniciativa popular fomentado por un millón de ciudadanos[31] no han leído bien : el tratado define nada más que un triste derecho de petición sin ninguna fuerza vinculante para la Comisión, como una simple invitación a la reflexión que puede perfectamente tirar a la basura sin tener ni siquiera que justificarse[32].

De la misma manera, los hermosos principios generales y generosos, pregonados en todas partes, en todas las radios, los canales de TV, los periódicos, a lo largo de los spots oficiales, no tienen explícitamente ninguna fuerza vinculante y dan así el pego :

Art. II-111-2 : “La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en las demás Partes de la Constitución.

No se puede ser más claro que este artículo 111-2 : la parte II queda esterilizada, vaciada de su sentido, por el artículo 111-2, esta Carta es una ilusión, un señuelo.

Se mire por donde se mire, este texto es una engañifa, y esconde una enfermedad de la democracia : con motivo del nacimiento de Europa y a lo largo de estos cincuenta años, los ejecutivos nacionales, tanto de derechas como de izquierdas, están librándose progresiva y subrepticiamente del control parlamentario donde más lo necesitan (en el ámbito económico), y de un modo más general de cualquier responsabilidad verdadera en la mayor parte de sus decisiones políticas, aunque afirmen lo contrario sin vergüenza alguna.

Quinto principio de derecho constitucional :

Una Constitución democrática está necesariamente elaborada por una asamblea independiente de los poderes establecidos

No son los poderosos quienes conceden una Constitución al pueblo. La define el pueblo mismo, o sus representantes elegidos para esta tarea, precisamente para protegerse de la arbitrariedad de los poderosos.

Al contrario, las instituciones europeas han sido fijadas (desde hace 50 años) por políticos en el poder, los cuales son evidentemente jueces en causa propia : de derechas o de izquierdas, al fijar ellos mismos las obligaciones que iban a molestarles cada día, estos responsables han derivado, es humano pero era también previsible, a una parcialidad peligrosa.

Una vez más, es un caso único en el mundo, tratándose de una democracia.

Y vemos los resultados como una caricatura de lo que se tiene que evitar :

–         Un ejecutivo con manos totalmente libres en ciertos aspectos económicos específicos.

–         La casi totalidad de los órganos de la Unión irresponsables en sus niveles de decisión.

–         Una aparencia de democracia engañosa.

–         Pequeños avances en los que se pone énfasis,

–         Pero un real retroceso de las garantías contra la arbitrariedad.

La única vía creíble para crear un texto fundamental equilibrado y protector es una asamblea constituyente, independiente de los poderes establecidos, elegida para elaborar una Constitución, y sólo para eso, revocada después, y respetando un proceso público y contradictorio (en derecho, la palabra contradictorio significa que los puntos de vista opuestos tienen que poder expresarse totalmente).

Si los responsables intentan librarse de este proceso, les toca a los ciudadanos imponerlo.

La composición de la Convención Giscard bastante variada y llena de personalidades de gran valor, no es un argumento satisfactorio : nos quedamos a años-luz de una asamblea constituyente : sus miembros no han sido elegidos con este mandato, sus miembros no eran todos independientes de los poderes establecidos, y sobretodo sus miembros no tenían los poderes para escribir un nuevo texto, equilibrado y democrático : sólo podían ratificar, compilar (y modificar ligeramente) los textos anteriores escritos por actores que son jueces y parte[33].

Además, la reescritura del texto, hecha por los gobernantes en el poder, a lo largo de un año después de que la Convención haya entregado su propuesta, es una aberración desde un punto de vista constitucional[34].

No es el poder establecido el que tiene que escribir el derecho del derecho.

Al elaborar una Constitución mediante un tratado, procedimiento mucho más libre que una asamblea constituyente con todo su peso, (pública, contradictoria y ratificada directamente por el pueblo), los parlamentos y gobiernos, de derechas como de izquierdas, han actuado como si fueran propietarios de la soberanía popular, y este tratado, así como los anteriores, puede analizarse como un abuso de poder : nuestros elegidos, no han recibido el mandato de abdicar nuestra soberanía. Es el pueblo que tiene que controlar directamente que las condiciones de esta transferencia, (en mi opinión, deseable para construir una Europa fuerte y pacificada), sean aceptables.

Respeto profundamente, claro está, a todos los miembros eminentes de la Convención, pero creo que no tenían el mandato para hacer lo que han hecho.

Nos quedamos atónitos al ver numerosos actores políticos de primer plano que se atreven a lamentar en voz alta que el TCE fuera sometido a referéndum, subrayando que todo esto hubiera sido más sencillo y más seguro con el Parlamento, el cual hubiera ratificado todo esto, y quizá sin haber leído nada…

¿ Qué valen los pueblos para nuestras élites ?

 A propósito, los numerosos gobiernos que han hecho ratificar este texto por su Parlamento nacional[35], antes que por su pueblo (referéndum), acaban de cometer un verdadero delito : niegan a sus pueblos el debate y al mismo tiempo la expresión directa que les hubiera permitido resistir al retroceso democrático, lo cual les expone a la arbitrariedad.

¿ Qué medio les queda a estos ciudadanos para resistir a este decomiso de su soberanía ? [36]

Este desprecio hacia los pueblos y sus verdaderas elecciones es muy revelador en cuanto al peligro que crece con la más absoluta discreción : nuestras élites, tanto de derechas como de izquierdas, desconfían de la democracia y nos la niegan deliberada, progresiva y pérfidamente.

Conclusión

El TCE parece pues peligroso por varias razones. ¿ Qué me han contestado hasta ahora ?

Para tranquilizarme me hablan de progreso, pero en realidad todo está en la referencia que se toma para valorar el progreso: porque de hecho si nos referimos al tratado de Niza (deplorable en el aspecto democrático), hay una “mejoría”, un “progreso”, y así se entiende por qué se refieren a este texto para vendernos el TCE. Pero si me refiero a la democracia nacional que pierdo en aras de la “democracia europea” que estoy ganando, objetivamente me están pidiendo que ratifique un retroceso :

–         Sobre la responsabilidad de los actos cotidianos de todos los poderes

–         Sobre el control del poder ejecutivo en sus (x) asuntos reservados

–         Y sobretodo en la política económica impuesta, muy probablemente causa del paro endémico y del crecimiento flojo en Europa, e impuesta claramente para largo plazo.

Ahora bien, recordemos que es la primera vez desde hace 50 años que se me pide mi opinión : como ciudadano, no he sido cosignatario del tratado de Niza, ni tampoco de los anteriores. Para lo de Maastricht, se me preguntaba sobre la moneda y las obligaciones económicas, si mal no recuerdo, nada sobre el equilibrio y el control de los poderes. Y para las obligaciones, se nos había prometido hacer el balance.

¿ Hemos acaso hecho este balance ?

¿ Tenemos acaso buenas razones para estar satisfechos de los resultados económicos de estas instituciones pese a su vocación más económica que política ? Y si no, releamos a Fitoussi y a Généreux.

¿ Por qué sólo tendría que opinar sobre el pequeño diferencial que separa Niza del TCE ?

¿ Porqué no podría opinar (“yo”, ciudadano de a pie, evidentemente) sobre la totalidad de este fantástico abuso de autoridad por parte de los ejecutivos nacionales, sobre el control ciudadano de las políticas aplicadas desde hace 50 años ?

 No entiendo por qué habría que limitar artificialmente el texto sometido al voto, a unos 50 nuevos artículos del TCE.

Cuando veo a eminentes expertos pretendiendo que sólo hay 60 páginas que juzgar, 50 articulitos de nada, pretendiendo que todo lo demás ya existe y está fuera de la cuestión, no sujeto a referéndum, cuando oigo esto, me digo, y me parece que no soy el único, que es hora de despertar.

Si se rechaza el panorama del cual estoy hablando, si este período de 50 años es sagrado, intocable, irreversible, si se impone el tratado de Niza como referencia, entonces, efectivamente, el TCE es un “buen texto” ya que “progresamos”, pero ¿ no os parece que falta una pequeña parte de la demostración ? ¿ Que se nos impone validar un camino que no es el bueno ?

Es verdad que es sin duda un error (para los que están construyendo esta Europa poco democrática) el haber calificado el texto de Constitución (nos han hecho sospechar), y otro error fue haber propuesto un referéndum a estos protestones arrogantes que son los franceses, pero para nosotros, los ciudadanos, me parece que estos dos errores nos dan una oportunidad histórica, la de ver más claro el peligro y en fin resistir.

Hay un progreso incontestable en este tratado… La nueva posibilidad que nos ofrecen, de poder salir de la trampa :

Art. I-60-1 : Retirada voluntaria de la Unión

“Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.”

Actualmente este derecho no existe, y el rechazo de este texto nos encierra en otra trampa, el tratado de Niza.

¡ Qué alegría !…

Finalmente, este “tratado constitucional” es un revelador que viene aclarando lo que se está decidiendo a nuestras espaldas desde hace mucho tiempo.

En cierto modo, el lobo ha enseñado las orejas y los ciudadanos pueden, en fin ver el peligro, y resistir.

Probablemente, uno de los grandes errores es hacer pasar la economía antes que la política, es renunciar a la posibilidad de actuar, es remitirse ciegamente al mercado, es confiar el timón a los economistas cuando tendrían que quedarse en las carboneras para que el motor funcione (lo sugiere Bernard Maris, en su sabroso Antimanual de economía).

Al celebrar la libertad como valor superior, en vez de la fraternidad, al institucionalizar la competición, la competencia, en vez de la colaboración y de la ayuda mutua, al imponerlo en el texto supremo mediante el dogma de la competencia absoluta, y al final una moral del “cada uno a lo suyo y contra todos”, al destruir la regulación del Estado, encargado del interés general, para instaurar la regulación a través del mercado, suma de intereses particulares, los economistas liberales atacan los fundamentos mismos de la democracia, en resumidas cuentas, para liberar a los principales autores de las decisiones económicas de todo control.

La desregularización sistemática llevada a cabo en Europa (instituciones, política, y el candado de la Constitución), y generalmente en todo el planeta (OMC, AGCS, ADPIC : Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) es un retroceso de la civilización, un retorno a la barbarie de la ley del más fuerte[37].

Por optimismo, por credulidad, por indiferencia, los pueblos modernos están dejando delibitarse su patrimonio más precioso, muy escaso en este planeta, este patrimonio que condiciona su sosiego cotidiano : las diferentes protecciones en contra de la arbitrariedad de los fuertes, desde el corazón de las empresas (derechos sociales) hasta la patria (instituciones democráticas controladas y revocables).

La democracia no es eterna, es incluso extremadamente frágil. Creyéndola invulnerable, la estámos echando a perder. Aun después del rechazo de este texto, habra que luchar para preservarla, y seguir militando para imponer a nuestros representantes que construyan otra Europa, simplemente democrática.

No tengo preparada una alternativa, quizá otros sí la tengan.

Sino, hay que imaginar y construir.

Se está presentando a los ciudadanos este texto fundador engañoso mediante un debate también engañoso[38].

Numerosos periodistas, al asimilar los oponentes al texto con los oponentes a Europa, hacen un amalgama malhonesto : la doble igualdad “Si al tratado=Si a Europa, No al tratado=No a Europa” es una mentira insultante, una inversión de la realidad, un lema embustero nunca demostrado, hecho para seducir a los que no han leído el tratado y que no han estudiado los argumentos, no obstante fuertes, de los oponentes a este tratado, precisamente para proteger la perspectiva de una Europa democrática.

Los periodistas son un escudo esencial, moderno, para proteger la democracia. Montesquieu no podía prever la importancia capital que iban a adquirir, pero es cierto : el poder inmenso de los periodistas merecería un verdadero contra-poder y su responsabilidad es ahora histórica (desde este punto de vista, se puede uno preguntar si no cometemos un error grave permitiendo que los medios de comunicación se compren y se vendan como si fueran simples mercancías).

Internet es por lo pronto el media más democrático, sin censura, la mejor herramienta para resistir. Si este mensaje os parece útil, difundidlo a través de vuestras propias redes, y más allá del Internet, sobre el papel.

Consejo a los partidarios del TCE (no puedo ayundarles, no he encontrado los argumentos que les faltan ;o) : para tranquilizar a los que sienten un peligro con el TCE, es una mala respuesta subrayar lo que es bueno en el TCE – no es evidentemente suficiente para tranquilizar. No se firma un texto, aunque prometiera el oro y el moro, si incluye una sóla línea inaceptable. Y este tratado lleva numerosos puntos inaceptables.

Habría más bien que demostrar que no hay ninguna razón para preocuparse, por ejemplo :

–         Que cada uno de los órganos de la Unión fuese totalmente responsable de sus actos (más allá del simple mecanismo electoral) en todas la fases de creación del derecho.

–         Que las políticas económicas no estuviesen tan comprometidas como lo parecen.

–         Que las voluntades de los pueblos tuviesen todas las garantías de ser respetadas…

En cuanto a los oponentes al tratado, sólo convencerán realmente a los que, por ahora, votan sí, tapándose la nariz, por no tener nada mejor (los hay a montones…), proponiendo una alternativa creíble, una perspectiva verosímil.

Es un verdadero fallo en mi razonamiento, ya sabeís, lo que buscaba al principio : no veo muy bien cómo hacer para que este buque cambie de rumbo, y tampoco veo cómo volver a empezar desde cero, habría que ser varios.

¿ Y si fueran los pueblos de Europa los que reclamasen enérgicamente a los partidos políticos esta refundación democrática, partiendo de la base, comunicando a través de la red para intercambiar las ideas sin forzosamente reproducir las divergencias entre partidos ? Podemos soñar…

Ésa es la reflexión que hay que hacer ¿ no os parece ?

Hace unas semanas, oí en la radio una frase que dió en el clavo, frase que sigue resonando en mi cabeza y que me está cambiando. Dice : el ciudadano no nace, se hace.

Êtienne Chouard, Trets (Marseille).

versión del 21 de abril de 2005

Puedes escribirme a etienne.chouard@free.fr

pero no tengo tiempo para contestarte o de vez en cuando. Perdón sois demasiados. Puedes descargar este documento en http://etienne.chouard.free.fr/Europe y difundirlo como quieras.

Repito que no tengo en absoluto ninguna autoridad para explicar el derecho comunitario que estoy descubriendo ahora, paso a paso…

Bibliografía

Entre los libros y artículos que he leído desde hace 6 meses, todos extremadamente proeuropeos, algunos ayudan particularmente en forjarse una opinión construida y fuertemente argumentada sobre este texto complejo, y de manera más general sobre la construcción europea y la desregulación mundial :

Raoul Marc Jennar, doctor en ciencias políticas, investigador para la ONG OXFAM, “Europe, la trahison des élites”, 280 páginas, diciembre 2004, Fayard

Laurent Lemasson, diplomado del IEP de París, doctor en derecho público y ciencias políticas, encargado de curso en la ESSEC, ha escrito un artículo apasionante Constitution européenne : l’Europe y trouve-t-elle son compte ?”, 15 de diciembre de 2004. En la página del instituto Thomas More :

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24.

Gilles Raveaud, “Douze économistes contre le projet de constitution européenne” http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2231 y http://econon.free.fr/index.html

Paul Alliès Une constitution contre la démocratie ? Portrait d’une Europe dépolitisée, 223 páginas, marzo 2005, Climats

Stéphane Marchand, “L’Europe est mal partie”,361 páginas, febrero 2005, Fayard

Anne-Marie Le Pourhiet, profesor de derecho público, artículo en le Monde, 11  de marzo de 2005, ” Qui veut de la post-démocratie ? » : un artículo corto y contundente :

http://www.non-2005.org/index.php?action=article&id_article=130747.

Raoul Marc Jennar, Quand l’Union Européenne tue l’Europe”, 40 páginas, enero de 2005 http://www.urfig.org/

Jean-Paul Fitoussi, La Politique de l’impuissance, 160 páginas, enero 2005, Arléa

Jacques Généreux,  economista, “Manuel critique du parfait Européen – Les bonnes raisons de dire “non” à la constitution”, 165 páginas, febrero 2005, Seuil

Dominique Strauss-Kahn, “Oui ! Lettre ouverte aux enfants d’Europe”, 173 páginas, oct. 2004, Grasset

Laurent Fabius, « Une certaine idée de l’Europe », 125 páginas, nov. 2004, Plon

Yves Salesse, “Manifeste pour une autre Europe”, 120 páginas, enero 2005, Le Félin – y un artículo más corto 10 páginas : “Dire non à la “constitution” européenne pour construire l’Europe” :

http://www.fondation-copernic.org/Flash-septembre2004.

– Un documental de media hora que resume de manera pedagógica las quejas en contra del TCE enumeradas por Jennar, Salesse et Cassen : clip descargable en http://www.fondation-copernic.org/

Valéry Giscard d’Estaing, “présente la Constitution pour l’Europe”, 396 páginas, sept. 2003, Albin Michel : la introducción es interesante porque describe los trabajos de la Convención, las dificultades encontradas, las opciones escogidas. La parte más importante del libro es el texto del TCE pero con una antigua numeración.

Olivier Duhamel, “Pour l’Europe, le texte intégral de la Constitution expliqué et commenté”, Seuil 2004 : una explicación de texto de primera mano, hecha por un gran profesor de derecho constitucional que ha participado a la Convención y a la redacción del TCE.

– Últimamente, una fuente importante de información no censurada, muy orientada políticamente (a la izquierda), pero muy abundante, es el portal http://www.rezo.net/.

Bernard Maris, “Ah Dieu ! Que la guerre économique est jolie”, noviembre 1999, Albin Michel : una demostración del engaño sobre “la indispensable guerra económica”, con un paralelo muy convincente con la guerra de 1914-1918.

Bernard Maris, « Anti-manuel d’économie », 355 páginas, octubre 2003, Bréal : un libro importante y sabroso para entender la necedad del dogma de la religión del mercado y de la competencia.

Joseph E. Stiglitz, « La grande désillusion », 324 páginas, sept. 2003, Fayard : un gran libro, una referencia.

Agnès Bertrand et Laurence Kalafatides, « OMC, le pouvoir invisible », 325 páginas, julio 2003, Fayard : este libro permite captar la perfecta coherencia que existe entre los objetivos y las influencias de la OMC y los de la construcción europea actual.

– Para entender la lógica general de lo que se está cociendo al nivel planetario, hay que leer el artículo a la vez terrorífico y luminoso de Lori M. Wallach , “Le nouveau manifeste du capitalisme mondial”, en Le Monde diplomatique de febrero 1998, referente al Acuerdo Multilateral sobre la inversión (AMI) : http://www.monde-diplomatique.fr/1998/02/WALLACH/10055

AGCS, Construcción europea liberal, OMC, ADPIC, directiva Bolkestein, etc.

La similitud de todos estos textos es evidente.

Serge Halimi, « Le grand bond en arrière, comment l’ordre libéral s’est imposé au monde », 618 páginas, marzo 2004, Fayard : ya no se puede leer el TCE de la misma manera espués de haber leído a Jennar y Halimi. Es como despertarse.

Robert Joumard et Christian Darlot, aparentemente, simples ciudadanos como yo, han hecho lo mismo : leer, digerir, resumir, juntar, organizar todo esto con talento para hacer dos síntesis un poco largas, como la mía, pero muy interesantes.

http://institut.fsu.fr/chantiers/europe/traite_constit/joumard.pdf

NOTAS

[1] Soy profesor de economía-gestión en el liceo Marcel Pagnol de Marsella, en BTS (certificado técnico superior). He sido durante mucho tiempo profesor de bachillerato en derecho civil, comercial y constitucional, y profesor de derecho fiscal en BTS de contabilidad. Hoy en día soy esencialmente profesor de informática y soy también el administrador de la red de 150 PC’s de mi liceo.

Me refiero a mi oficio de profesor para que se entienda mi afición por explicar las cosas, pero de ninguna manera para aprovecharme de una imagen de autoridad que no me merezco. Efectivamente, no soy catedrático de universidad, tampoco profesor de derecho público, y no soy especialista en derecho constitucional. Pero mi formación como jurista (licenciatura) me ha dado este gusto por el derecho y hablo aquí como simple ciudadano, sorprendido por la ausencia de debate constatada al principio de 2005. Cometo sin duda errores, pero los voy corrigiendo cuando me los señalan.

Pretendo que los mismos ciudadanos, ignorantes del derecho comunitario, como yo, puedan ir reflexionando sobre su Constitución, y que este texto tendría que haber sido elaborado por representantes elegidos con este fin, con un programa político adaptado a las circunstancias. En mi opinión, este debate no tiene por que ser acaparado por los especialistas. Quizá lo será al final.

Este texto “Una mala Constitución…” se me está escapando de las manos. Lo único que puedo hacer, y es la primera idea, es corregir mis errores o las malas formulaciones y a veces completar.

[2] Duración de la aplicación del texto : Art. IV-446 : El presente Tratado se celebra por un período de tiempo ilimitado.

[3] Art. I-13 : Ámbitos de competencia exclusiva :

1. La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes:

a)    la unión aduanera ;

b)    el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior ;

c)     la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro ;

d)    la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común ;

e)    la política comercial común.

2. La Unión dispondrá también de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas.

Art. I-14 : Ámbitos de competencia compartida

1. La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando la Constitución le atribuya una competencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en los artículos I-13 y I-17.

2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales:

a)    el mercado interior ;

b)    la política social, en los aspectos definidos en la Parte III ;

c)     la cohesión económica, social y territorial ;

d)    la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos ;

e)    el medio ambiente ;

f)      la protección de los consumidores ;

g)    los transportes ;

h)    las redes transeuropeas ;

i)       la energía ;

j)      el espacio de libertad, seguridad y justicia ;

k)    los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos en la Parte III. (…).

Dentro de las competencias exclusivas, ver el Art. I-13-1 : “e) la política comercial común.”…

 

Así pues, se les niega totalmente a los parlamentos nacionales la capacidad de influir sobre los acuerdos internacionales (AGCS, ADPIC y otros avatares de la OMC), cuando la vida de los ciudadanos sufrirá importantes trastornos por estos acuerdos que se están preparando en el más absoluto secreto.

[4] Fuerza superior de las normas europeas sobre cualquier otra norma nacional e internacional : Art. I-6 : “La Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a ésta primarán sobre el Derecho de los Estados miembros.”

Art. I-12-1 : “Cuando la Constitución atribuya a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.”

[5] Ver también los argumentos de Olivier Gohin, profesor de derecho público en la universidad de París II : el nuevo tratado es una Constitución (organización de los poderes y garantía de las libertades, con identificación de un poder constituyente) y la Unión es un Estado (con un territorio, un pueblo, poderes públicos y una soberanía en las competencias) : http://www.non-2005.org/index.php?action=article&id_article=127743.

Algunos profesores van más lejos : ” la personalidad jurídica de la Unión, instituída por el Art. I-7 “, según François-Guilhem Bertrand, profesor emérito en la universidad de París XI, “tiene que leerse con el decreto de la Corte de Justicia AETR, el cual decide que la personalidad otorgada a Europa borra la personalidad de los Estados miembros y les prohibe manifestarse cuando Europa se expresa.”

Quizá sea un poco exagerado, quizá sea la realidad, bien o mal, no tengo certezas sobre esto, pero podríamos debatir, en vez de hacer como si no pasara nada.

Art. I-33-1 : Actos jurídicos de la Unión :

“Las instituciones, para ejercer las competencias de la Unión, utilizarán los siguientes instrumentos jurídicos, de conformidad con la Parte III: la ley europea, la ley marco europea, el reglamento europeo, la decisión europea, las recomendaciones y los dictámenes.

La ley europea es un acto legislativo de alcance general. Será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

La ley marco europea es un acto legislativo que obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la competencia de elegir la forma y los medios.

El reglamento europeo es un acto no legislativo de alcance general que tiene por objeto la ejecución de actos legislativos y de determinadas disposiciones de la Constitución. Podrá bien ser obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, o bien obligar al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la competencia de elegir la forma y los medios.

La decisión europea es un acto no legislativo obligatorio en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.

Las recomendaciones y los dictámenes no tendrán efecto vinculante.”

[6] “La mayoría de estos principios los volveremos a encontrar, entre otros, en el libro de Paul Alliès, profesor de ciencias políticas en la universidad de Montpellier I, “Una Constitución en contra de la democracia ? Retrato de una Europa despolitizada”

[7] Constitución europea : ¿ Cómo encontrar el texto integral ?

http://europa.eu.int/constitution/index_es.htm

Una página web interesante que permite comparar numerosas constituciones en el mundo : http://mjp.univ-perp.fr/constit/constitintro.htm

[8] Sin embargo, y a pesar de su extensión, faltan cosas : una información tan esencial como la definición de los SIEG, servicios de interés económico general (citados en los artículos II-96, III-122, III-166), que no hay que confundir con los servicios públicos, no se encuentra en las 800 páginas : hay que ir a buscarla en el “libro blanco” de la Comisión para aprender que los SIG y SIEG no son sinónimos de servicios públicos :

http://europa.eu.int/documents/comm/index_es.htm

“Los términos “servicios de interés general” y “servicios de interés económico general” no deben confundirse con la expresión “servicio público”(…)”.

[9] Hay que leer todas las páginas hasta el final : la interpretación de la Carta de los derechos fundamentales está descrita fuera de la Constitución misma, en un texto que se llama Declaración 12 : el preámbulo de la Carta prevé que “En este contexto, los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros interpretarán la Carta atendiendo debidamente a las explicaciones elaboradas bajo la autoridad del Praesidium de la Convención que redactó la Carta y actualizadas bajo la responsabilidad del Praesidium de la Convención Europea.”

En esta declaración Nº12, se encuentra a veces lo contrario de lo que se afirma en la Carta. Así, después de haber afirmado el derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte en el Art. II-62 de la Carta, el artículo 2 de la declaración Nº12 (¿ Quién habla de este texto ilegible ?) precisa :

“La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario :

a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima

b) para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente

c) para reprimir, de acuerdo con la Ley, una revuelta o insurrección.”

El mismo artículo precisa también :

“Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con arreglo a lo dispuesto en la misma…”

Así se puede constatar que no está dicho todo en la misma Carta, y que hay que leer bien todas las páginas.

[10] El peligro de las “actas no legislativas”, las cuales permiten a la Comisión (no elegida) crear libremente reglamentos apremiantes de alcance general, ha sido denunciado por el contra-informe de los convencionales juzgando que el TCE no es democrático. Un documento interesante en :

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=14058

Para las actas jurídicas de la Unión, ver el Art. I-33 (nota [5]).

[11] Las instrucciones imperativas de tipo político son demasiado numerosas para nombrarlas todas. Entre otros, más de 300 artículos de la parte III definen en detalle las políticas económicas de la Unión.

[12] Independencia y misiones del banco central : Art. I-30 :

“1. (…) El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, que constituyen el Eurosistema, dirigirán la política monetaria de la Unión.

2. El Sistema Europeo de Bancos Centrales estará dirigido por los órganos rectores del Banco Central Europeo. El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, prestará apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la consecución de los objetivos de ésta. Realizará todas las demás misiones de un banco central de conformidad con la Parte III y con los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.

3. El Banco Central Europeo es una institución. Tendrá personalidad jurídica. Le corresponderá en exclusiva autorizar la emisión del euro. Será independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos de los Estados miembros respetarán esta independencia.”

Y Art. III-188 : “ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano.”

[13] Ver J.P. Fitoussi, Profesor de las Universidades en el Instituto de Estudios Políticos de París, Presidente de Consejo Científico del IEP de París, Presidente del OFCE y Secretario general de la Asociación Internacional de Ciencias Económicas, conversaciones con J.C. Guillebaud, “La politique de l’impuissance”, 2005 Arléa :

–          JCG : ” Está diciendo que en el fondo, obsesionados por la lucha contra la inflación, hemos aceptado el paro.”

–          JPF : “¡ Peor todavía ! En una primera fase, se ha instrumentalizado el paro para combatir la inflación. Cualquier “banquero-central” del planeta sabe que, en el momento en que suba las tasas de los intereses, deja en el paro a una parte de las categorías más vulnerables de la población. No sólo lo sabe, pero es precisamente por eso que lo hace. ¿ Porqué suben las tasas de los intereses ? Porque estamos convencidos que la demanda es demasiado fuerte y que las empresas que producen a plena capacidad sólo podrían atenderla al subir sus precios. La ducha de agua fría, que representan las tasas de los intereses, hace que se reduzca la demanda e incite las empresas a despedir.” (p.45)(…)

–          JCG : “¿ Qué opina sobre los dos argumentos recalcados en aquella época (después de 1982) a propósito de la inflación y del respeto de los grandes equilibrios ? Primero nos han dicho que era legítimo (incluso moralmente) luchar contra la inflación porque castigaba a los más pobres ; luego, que había que mantener los grandes equilibrios por simple respeto y generosidad hacia las futuras generaciones, para no dejar una carga demasiado pesada a nuestros hijos. De alguna manera, se ha envuelto esta política en un dicurso generoso…”

–          JPF : “Fue una doble mentira. Al subir las tasas de los intereses, a un nivel elevado y sobretodo ahora, una vez vencida la inflación, se sabía que iba a favorecer a los detentores del capital financiero, y que se negaba a las categorías más vulnerables de la población, el acceso a los bienes duraderos (aquellos que exigen recurrir a préstamos). La segunda mentira, es que al subir las tasas de los intereses – el servicio de la deuda se convertía en uno de los puestos más importantes del presupuesto del Estado.” (p.46)

–          JPF :  “Que la orientación de las políticas económicas de la Unión sea, en lo esencial, independiente de cualquier proceso democrático, es al mismo tiempo contrario a las tradiciones de los pueblos europeos, y peligroso en cuanto a la eficacia económica del conjunto.” (p.72)

–          JPF : “Exagerando un poco, podríamos afirmar que el “gobierno económico” de Europa se está asemejando a un déspota ilustrado que, fuera del alcance de las presiones populares, buscase el bien común mediante la aplicación de una doctrina rigurosa – el liberalismo -, supuestamente superior a todas las demás en cuanto a la eficacia económica. Así la democracia no sería el mejor sistema político para comprender el interés común ; colocaría a los gobiernos en una posición vulnerable ante las presiones de las poblaciones en pro de la redistribución. Así pues, el poder a cambiado de manos. Los políticos han preferido confiarlo a agencias independientes.(…) Pero es también verdad que, desde el principio, la construcción europea ha sido más bien obra de una democracia de las élites, que obra de la democracia a secas. Sin embargo las élites han cambiado (…) hoy en día tienden a asimilar el bien público al mercado.”

Lo demás es edificante… Un pequeño libro importante, hay que leerlo…

[14] Pacto de estabilidad : Art. III-184 (2 pág.) y Art. 1 del protocolo Nº10 sobre el proceso relativo a los déficits excesivos.

“Los valores de referencia que se mencionan en el apartado 2 del artículo III-184 de la Constitución serán :

a) 3% en lo referente a la proporción entre el déficit público previsto o real y el producto interior bruto a precios de mercado

b) 60% en lo referente a la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de mercado.” Ver también la nota anterior

[15] Prohibición de falsear la competencia : esta prohibición se encuentra en  todo el texto, es formal y apremiante :

Art. III-166 :

“1. Los Estados miembros no tomarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y de las empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a la Constitución, en particular al apartado 2 del artículo I-4 y a los artículos III-161 a III-169.

2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal estarán sujetas a las disposiciones de la Constitución, en particular a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas disposiciones no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo del comercio no deberá verse afectado de forma contraria al interés de la Unión.

3. La Comisión velará por la aplicación del presente artículo y adoptará, según sea necesario, los reglamentos o decisiones europeos apropiados.”

[16] “La politique de l’impuissance” : libro luminoso de Jean-Paul Fitoussi, ver nota [13].

Leer también el libro entusiasmante de Jacques Généreux, “Manuel critique du parfait européen” que protesta, él también, contra el naufragio de las herramientas de intervención económica europeas, y contra el dogmatismo ciego que sostiene esta locura única en el mundo.

[17] “Douze économistes contre le projet de constitution européenne”, de Gilles Raveaud, doctor en economía y profesor (Institut d’études européennes, Universidad París VIII, y once más) : un análisis excelente, muy argumentado, del actual proyecto de la Unión, proyecto más económico que político.

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2231 y http://econon.free.fr/index.html

[18] Proceso de revisión ordinaria : Art. IV-443.3 : “Una Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros será convocada por el Presidente del Consejo con el fin de que se aprueben de común acuerdo las modificaciones del presente Tratado.

Las modificaciones entrarán en vigor después de haber sido ratificadas por todos los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.”

[19] Recuerdo : el artículo 28 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del año I de la República francesa (1793) determinaba : “Un pueblo siempre tiene el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las futuras generaciones.”

[20] Proceso de revisión simplificada : Art. IV-444 :

“1. Cuando la Parte III disponga que el Consejo se pronuncie por unanimidad en un ámbito o en un caso determinado, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión europea que autorice al Consejo a pronunciarse por mayoría cualificada en dicho ámbito o en dicho caso.

El presente apartado no se aplicará a las decisiones que tengan repercusiones militares o en el ámbito de la defensa.

2. Cuando la Parte III disponga que el Consejo adopte leyes o leyes marco europeas por un procedimiento legislativo especial, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión europea que autorice a adoptar dichas leyes o leyes marco por el procedimiento legislativo ordinario.

3. Cualquier iniciativa tomada por el Consejo Europeo en virtud de los apartados 1 o 2 se transmitirá a los Parlamentos nacionales. En caso de oposición de un Parlamento nacional notificada en un plazo de seis meses a partir de esta transmisión, no se adoptará la decisión europea contemplada en los apartados 1 o 2. A falta de oposición, el Consejo Europeo podrá adoptar la citada decisión.

Para la adopción de las decisiones europeas contempladas en los apartados 1 y 2, el Consejo Europeo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen.”

[21] Leer el apasionante análisis de Laurent Lemasson, diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París, titular de un doctorado en Derecho Público y Ciencias Políticas y encargado de curso en la Essec, “Constitution européenne: l’Europe y trouve-t-elle son compte ?”, documento que se puede leer en la página del Instituto Thomas More :

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24

Por el riesgo de extensión de los poderes de las instituciones de su propia iniciativa y sin el acuerdo directo de los pueblos, (ver pág.10).

[22] Proceso de ratificación para la entrada de un nuevo Estado en la UE : Art. I-58 : “Requisitos de pertenencia y procedimiento de adhesión a la Unión

(…)

2. Todo Estado europeo que desee ser miembro de la Unión dirigirá su solicitud al Consejo. Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Las condiciones y el procedimiento de admisión se establecerán por acuerdo entre los Estados miembros y el Estado candidato. Este acuerdo deberá ser sometido a ratificación por todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.”

Estas últimas palabras sujetan el proceso de ratificación de la entrada de un nuevo miembro al derecho nacional.

En febrero de 2005, el Parlamento francés, reunido en congreso, ha cambiado la Constitución francesa para que esta ratificación sea forzosamente sometida a referéndum : artículo 2 de la ley de revisión : 1.- El título XV de la Constitución está completado por un artículo 88-5 así redactado : “Art. 88-5. – Cualquier proyecto de ley autorizando la ratificación de un tratado relativo a la adhesión de un Estado a la UE y a las comunidades europeas está sometido a referéndum por el Presidente de la República.”

(“está sometido” quiere decir obligatorio).

[23] Remito otra vez al excelente artículo de Laurent Masson, pág. 5 :

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24

[24] Exclusividad para el ejecutivo sobre la iniciativa de las leyes : Art. I-26 : “(…) 2. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando la Constitución disponga otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezca la Constitución.

[25] Asuntos exclusivos, ahí donde el ejecutivo puede legislar solo : Art. I-34 : “(…) 2. En los casos específicos previstos por la Constitución, las leyes y leyes marco europeas serán adoptadas por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, o por éste con la  participación del Parlamento Europeo, con arreglo a procedimientos legislativos especiales.”

Aparentemente, aquí tampoco, se encuentra ninguna lista de los “asuntos reservados al ejecutivo-legislador” (Montesquieu tiene que sufrir en su tumba, al ver que estas dos palabras puedan juntarse todavía), así pues, hay que ir a pescar entre las 850 páginas para encontrar los artículos que preven un proceso legislativo especial…

Aun cuando estos asuntos sean de algún modo una zona franca de control parlamentario, nos gustaría sin embargo simplemente conocer los temas de que se trata.

Como no encontraba lo que buscaba en mis 852 páginas del texto original (versión francesa, NdT), encontré las explicaciones siguientes en http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157 :

Los 21 asuntos de los cuales el Parlamento queda excluido y en los cuales el Consejo de Ministros decide solo tienen una importancia decisiva : el mercado interior, lo esencial de la política agrícola común, el arancel aduanero común, la política extrangera y de seguridad común, la política económica, la política social, los impuestos …”

Al preguntarle sobre las fuentes de esta afirmación, el autor Jean-Jacques Chavigné me dió en seguida las referencias de los artículos precisos, comentando : “Nunca encontrará escrito, explícitamente, que el Parlamento queda excluido de la decisión. Habrá que entender que queda excluido cuándo un artículo de la Constitución precise que es el Consejo quien decide y/o que simplemente se consultará al Parlamento. (JJC)”

Tremenda opacidad del texto supremo, el cual tendría que ser con todo absolutamente claro, aquí ya se entiende por qué. JJC sigue : ” He aquí los asuntos (o las partes de los asuntos) más importantes en los cuales el Consejo decide solo y el Parlamento no tiene codecisión.”

Política Extrangera y de Seguridad Común :

Art. III-295-1 : “El Consejo Europeo definirá las orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común, también respecto de los asuntos que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa.”

Art. III-300-1 : “El Consejo adoptará por unanimidad las decisiones europeas contempladas en el presente capítulo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Consejo se pronunciará por mayoría cualificada…”

El papel del Parlamento está definido en :

Art. III-304-1 : “El Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión consultará e informará al Parlamento Europeo…

2. El Parlamento Europeo podrá dirigir preguntas o formular recomendaciones al Consejo y al Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión…”

Mercado interior :

Art. III-130-3 : “El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, los reglamentos o decisiones europeos…”

Arancel Aduanero Común :

Art. III-151-5 : “El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, los reglamentos o decisiones europeos por los que se fijan los derechos del arancel aduanero común.”

Competencia :

Art. III-163 : “El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, los reglamentos europeos para la aplicación de los principios enunciados en los artículos III-161 y III-162 (normas sobre competencia). Se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo.”

Política Agrícola Común :

Art. III-231-2 : “La ley o ley marco europea establecerá la organización común de mercados agrícolas…”

La expresión “Ley marco europea”, sin ninguna otra precisión, significa que se aplica el proceso legislativo ordinario, definido en el artículo III-396. Se trata entonces de una codecisión del Consejo y del Parlamento europeo. Lo cual es un avance en comparación con los tratados anteriores.

Pero :

Art. III-231-3 : “El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará los reglamentos o decisiones europeos relativos a la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas…”. El Consejo decide pues solo, a propuesta de la Comisión, los precios, las ayudas, las limitaciones…

Disposiciones fiscales :

Art. III-171 : “Una ley o ley marco europea del Consejo establecerá las medidas referentes a la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos, siempre que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la competencia. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social.”

Social :
Hay que distinguir tres niveles :

Primer nivel : ámbito de codecisión :

Art. III-210-1 :

a) la mejora, en particular, del entorno de trabajo…

b) las condiciones de trabajo.

e) la información y la consulta a los trabajadores.

h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral…

i) la igualdad entre mujeres y hombres…

j) la lucha contra la exclusión social.

k) la modernización de los sistemas de protección social, sin perjuicio de la letra c (seguridad social y protección social de los trabajadores).

Segundo nivel : el Consejo decide sólo :

Art. III-210-3 : “…en los ámbitos contemplados en las letras c), d), f) y g) del apartado 1, el Consejo adoptará las leyes o leyes marco europeas por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo…”

c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores.

d) la protección de los trabajadores en caso de resolución del contrato laboral.

e) la información y la consulta a los trabajadores.

f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión, sin perjuicio del apartado 6.

g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión.

Tercer Nivel : la Unión (que sea sólo el Consejo o el Parlamento con el Consejo) no tiene competencia :

Art. III-210-6 : “El presente artículo no se aplicará a las retribuciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal…”

Lo cual vuelve imposible cualquier salario mínimo europeo.

Lo cual vacía de su contenido el artículo III-210-3-f

Lo cual vacía de su contenido el artículo II-88 : el derecho de huelga no podrá ser impuesto por la Unión a un Estado miembro que no lo hubiera previsto o lo quitara de su legislación. Lo cual tiene la ventaja de no imponer el “lock-out” (cierre patronal) a una legislación nacional (legislación francesa) que no lo reconociera. (JJC)

[26] Laurent Lemasson, diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París, titular de un doctorado en Derecho Público y Ciencias Políticas y encargado de curso en la Essec, “Constitution européenne: l’Europe y trouve-t-elle son compte ?”, documento que se puede leer en la página del Instituto Thomas More :http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24

[27] Sólo la Comisión puede ser derrocada por el Parlamento, en su conjunto: Art. I-26-8 : “La Comisión tendrá una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo podrá votar una moción de censura contra la Comisión de conformidad con el artículo III-340. Si se aprueba dicha moción, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión.”,

Art. III-340 : ” (…) Si la moción de censura es aprobada por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión…”

Un comisario puede ser “dimitido” por el presidente de la Comisión (él mismo elegido por el Parlamento) : Art. I-27, último apartado : “Un miembro de la Comisión presentará su dimisión si se lo pide el Presidente…”, pero ni el Consejo de Ministros, ni tampoco el Consejo europeo son responsables ante nadie.

El Consejo nombra a los miembros de la Comisión (Art. I-27-2), sólo el Presidente de la Comisión es elegido por el Parlamento (Art. I-27-1) a propuesta del Consejo europeo. El Parlamento no escoje al Presidente. El Parlamento tampoco es responsable : nadie lo puede disolver.

[28] Yves Salesse, miembro del Consejo del Estado, “Manifesto para otra Europa”, pág.36 y siguientes : ” El poder de la Comisión se ha sobrestimado. En derecho como de hecho, este poder está fundamentalmente detentado por el Consejo de Ministros. (…) La Comisión no carece de poder, pero está sujeta al primero. Está compuesta de políticos y funcionarios de los Estados que no han roto con ellos. (…) Así, no sólo el poder de la Comisión está suborninado, sino que no existe tendencia alguna a reforzarlo. Al contrario la influencia de los Estados es cada vez mayor.

Cuando pretenden haber sido sorprendidos por una decisión, están mintiendo.

El desconocimiento del poder de los Estados tiene consecuencias políticas. Exime a los gobiernos de su responsabilidad en las decisiones europeas. Son los primeros en pregonar : ” No somos nosotros, es lo de Bruselas.”

[29] Ver buenas explicaciones sobre el AGCS en la página http://www.urfig.org/ (RM Jennar).

[30] Ver el detalle de la humiliación de los parlamentarios infligida por Pascal Lamy (querían consultar los documentos preparatorios al AGCS), en el libro apasionante de Raoul Marc Jennar, “Europe, la trahison des élites”, pág.64 y siguientes, y especialmente pág.70 y 71.

Ver tambien un apasionante artículo de Jennar titulado “Combien de temps encore Pascal Lamy ?”, referente a los acuerdos AGCS y ADPIC :

http://politique.eu.org/archives/2004/04/11.html.

[31] Noëlle Lenoir, entonces ministra francesa delegada para los asuntos europeos del gobierno Raffarin, declaró : “Sólo habrá que juntar un millón de firmas en Europa para obligar a la Comisión a que entable un proceso legislativo” (Le Monde, 30 de octubre de 2003).

[32] Derecho de petición : Art. I-47-4 : “Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requiere un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de la Constitución. La ley europea establecerá las disposiciones relativas a los procedimientos y condiciones necesarios para la presentación de esta iniciativa ciudadana, incluido el número mínimo de Estados miembros de los que deben proceder los ciudadanos que la presenten.”

Estámos muy lejos del referéndum de iniciativa popular suizo que presentan como señuelo para atraer a los electores.

[33] Sobre lo que se puede reprochar a la convención “Giscard”, leer el análisis de Robert Joumard, pág.13 y siguientes, ver también el de Christian Darlot. Ver también Paul Alliés “Une Constitution contre la démocratie ?”, pág.38 y siguientes.

[34] Sobre ese tema, leer la  posición de Pervenche Berès, miembro de la convención “Giscard”, por lo tanto coautora del texto, que reniega sin embargo el resultado final por haber sido tan desfigurado por los gobiernos a lo largo del año siguiente, y que finalmente llama a “Dire non pour sauver l’Europe” : http://www.ouisocialiste.net/IMG/pdf/beresMonde290904.pdf.

[35] Planning de las ratificaciones :

Países que no someten el tratado a su pueblo :

Lituania (11/12/04), Hungría (20/12/04), Italia (25/01/05), Slovenia (01/02/05), Alemania (12/05/05), Slovaquia (mayo de 2005), Chipre (mayo de 2005), Austria (primavera 2005), Bélgica (primavera 2005), Grecia (primavera 2005), Malta (julio de 2005), Suecia (diciembre de  2005 y si embargo 58% de los suecos reclaman un referéndum), Estonia (2005), Letonia (¿?).

Países que han optado por el referéndum :

España (20/02/05), Holanda (01/06/05), Francia (29/05/05), Luxemburgo (10/07/05), Dinamarca (27/09/05), Portugal (octubre de 2005), Polonia (finales de 2005), Reino Unido (primavera de 2006), República Checa (junio de 2006), Irlanda (2006).

[36] R.M. Jennar tiene razón : Tenemos que reafirmar nuestros fundamentos y recordar lo que proclamaba, el 26 de junio de 1793, el artículo 35 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del año I : ” Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada fracción del pueblo el más sagrado de los derechos, y el más indispensable de los deberes”. (“Europe, la trahison de élites”, pág.218).

[37] Según la famosa fórmula de Lacordaire : “Entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el servidor, la libertad oprime y la ley libera”.

Cualquiera puede prever lo que pasará con unos zorros libres en un gallinero libre. Los encantos de la libertad desbocada son un cuento, una impostura.

[38] Leer los análisis de la página Acrimed sobre la parcialidad de los medias en este asunto : http://www.acrimed.org/article1950.html

Leer también el artículo de Bernard Cassen en Le Monde diplomatique : “Débat truqué sur le traité constitutionnel” : http://www.monde-diplomatique.fr/2005/02/CASSEN/11908

Traducción : Yves Ropars, María José García Ripoll.

Marsella,  21 de abril de 2005.

 

UNA MALA CONSTITUCIÓN

QUE REVELA UN CÁNCER SECRETO

DE NUESTRA DEMOCRACIA

 

Apreciados colegas y amigos,

 

Después de seis meses de reflexión intensa, se está plasmando una argumentación alrededor del “tratado constitucional”, a partir, pero también más allá de este tratado, una argumentación que no es de derechas ni tampoco de izquierdas, y que nos enseña a todos un peligro histórico, más allá de la política. Por esas razones, este breve argumento tendría que interesar a los ciudadanos de cualquier bando.

 

Hace seis meses, en septiembre de 2004, yo era, como todo el mundo, favorable a este texto sin haberlo leído, por principio, “para progresar”, aunque supiera de la imperfección de las instituciones. No quería ser uno de aquellos que frenan la marcha de Europa. Creo de verdad que a la inmensa mayoría de los europeos, más allá de las divergencias izquierda/derecha, les gusta esta hermosa idea de una Europa unida, más fraternal, más fuerte. Es un sueño de paz, consensual, muy mayoritario.

 

No había leído este texto y no tenía tiempo en absoluto : demasiado trabajo… Luego Europa queda lejos, y con tantos políticos, me sentía protegido : en caso de deriva, por lo menos quedarían algunos para defendernos… y pasaba de “meterme en políticas”, es decir que pasaba de ocuparme de mis propios asuntos.

 

Ya se oían llamamientos en contra de este tratado, pero venían de los extremos del tablero político y por esa sencilla razón, ni siquiera empezaba a leer sus argumentos, confiando en la opinión de la mayoría sin comprobar yo mismo la fuerza de las ideas expresadas.

 

Y de repente, llegaron llamadas de personas nada sospechosas de ser antieuropeas. Entonces leí sus llamamientos, sin fijarme en sus etiquetas, y encontré argumentos muy fuertes. Me puse a leer, mucho, libros enteros, de todo tipo, Fabius, Strauss-Khann, Giscard, Jennar, Fitoussi, Généreux, etc… y muchos más artículos de los partidarios del tratado porque quería estar seguro de no equivocarme. Y cuanto más leo, más me inquieto. En fin, hoy en día, no pienso en otra cosa, casi no duermo, sencillamente tengo miedo de perder lo esencial : la protección contra lo arbitrario.

 

Hoy sigo leyendo todas las intervenciones, los pros, los contras, sigo buscando donde está el fallo en mi razonamiento y el texto siguiente es un llamamiento a la reflexión y el progreso : si notaís un fallo, por favor hablemos de ello, con tranquilidad, honradamente, es muy importante. Me puedo equivocar, busco sinceramente evitarlo, reflexionemos juntos, si quereís.

 

Como profesor de derecho[1] pienso que es mi misión hablar de ello un poco más que los demás, hablar de ello a mis colegas, pero también a mis estudiantes, a los periodistas.

Sería cómplice si callara.

 

He encontrado más de diez razones graves para oponerse a este texto sumamente peligroso, y diez razones más para rechazar un texto desagradable, y en realidad totalmente antifraternal. Pero las cinco razones más fuertes, las más convincentes, las que cruzan las opiniones políticas más diversas porque niegan cualquier posibilidad de tener una reflexión política, estas cinco razones me aparecieron bastante tarde porque hay que trabajar mucho para evidenciarlas. Son esas cinco razones, las cinco más importantes, sobre las cuales quisiera llamar vuestra atención y solicitar vuestra opinión para que pudieramos hablar juntos, ya que los periodistas nos niegan cualquier debate público.

En este asunto de estado, se atropellan los fundamentos del derecho constitucional, lo que tiene que recordarnos cinco principios transmitidos por nuestros abuelos.

Los principios 4 y 5 son los más importantes.

  1. Una Constitución tiene que ser legible para permitir un voto popular : este texto es ilegible.
  1. Una Constitución tiene que ser políticamente neutral : este texto es partidario.
  1. Una Constitución es revisable : este texto está bloqueado por una exigencia de doble unanimidad.
  1. Una Constitución ampara de la tiranía por la separación y el control de los poderes : este texto no establece un verdadero control de los poderes y tampoco una real separación entre estos poderes.
  1. Una Constitución no está concedida por los poderosos, está establecida por el pueblo mismo, precisamente para protegerse de la arbitrariedad de los poderosos, mediante una asamblea constituyente, independiente, elegida a propósito y revocada después : este texto ratifica unas instituciones europeas establecidas desde hace 50 años por los hombres en el poder, al mismo tiempo jueces y partes.

 

 

 

 

Importante puntualización (21 de abril de 2005)

 

Acabo de enterarme que algunos ciudadanos interpelan a los políticos en sus reuniones preguntando : “¿ Qué contesteís a Étienne Chouard, profe de derecho en Marsella que dice : (cita de Chouard) ?…”

Acabo también de recibir un documento pdf bajo el título “Facultad de derecho de Marsella”, después de este título inventado por no sé quién, sigue mi texto en su versión del 25 de marzo, esta primera versión llevaba todavía unos errores molestos (en particular sobre Turquía y la duración del tratado de Niza).

Ahora entiendo los mensajes furiosos de algunos universitarios denunciando la impostura.

Si las cosas se ponen así, tienen razón, no hay que leerme como si fuera un especialista de derecho internacional, no hay que presentarme así, es un malentendido : no tengo ninguna autoridad para enunciar el derecho comunitario, y cometo como cualquiera ahora, errores porque el texto del TCE no es sencillo.

Voy precisando en mi introducción que hace a penas seis meses, “como a cualquiera”, Europa me interesaba muy poco y por lo tanto no sabía gran cosa sobre el derecho comunitario. Digo en todas partes que me puedo equivocar y que busco precisamente progresar. Es paradójico, y de verdad, peligroso para la calidad de información, que después de sólo 15 días me hagan pasar por “el universitario de derecho público con autoridad en la materia”.

Este malentendido me es imputable por el estilo con el cual me expresaba al principio, pero este documento no estaba destinado al mundo entero. La rápida evolución de los hechos, ha creado también este malentendido.

Es esencial restablecer la realidad de mi mensaje que está tomando, sin que pueda remediarlo, una importancia que no podía imaginarme al principio : vean, para entenderme, la página Avertissement de mi web, actualizada ayer por la mañana.

Las interpelaciones públicas tendrían que estar formuladas así : “Qué contestaís a Étienne Chouard, ciudadano de Marsella que dice : (cita)”.

 

Hablo como ciudadano. He quitado en esta versión de mi texto (demasiado tarde, lo reconozco, no me había fijado en el problema) esta letanía : “¿ No es acaso misión de los profesores de derecho, como de los periodistas, explicárselo a los ciudadanos ?”.

Insisto : Hay en este momento un gran debate amplificándose entre los ciudadanos, para descifrar mejor este texto complejo que será quizá nuestra Constitución. Veo cada día, a través de cientos de mensajes, gente que está descubriendo hoy en día la importancia de una Constitución en su vida cotidiana y que se sumen en la lectura del TCE.

Me parece extraordinario que los ciudadanos de a pie se vuelquen tanto en el texto que establece en su nombre el derecho del derecho.

Siento que no tengamos tiempo para intercambios mejores. Por favor, hagan desaparecer las antiguas versiones de mi texto y hablemos de buena fé sobre el actual estado de nuestras respectivas reflexiones.

Notareís en este texto un cambio notable, en relación con las versiones precedentes, en mi punto de vista sobre el debilitamiento del poder parlamentario, finalmente limitado a algunos temas precisos (y chocantes). Nuestro intercambio me hace evolucionar de verdad, es una realidad. En cuanto a otros temas, creo haber descubierto, al contrario un riesgo de fuerza excesiva del Parlamento…

Pero sobretodo, tomo conciencia de una irresponsabilidad generalizada en esta “Europa-necesitada-de-una-Constitución-para-ser-más-fuerte”.

Sí, necesitamos una Constitución.

¿ Pero dará aquella, una real protección a los pueblos supuestamente llamados a unirse para reforzarse ?

Tenemos realmente un problema de relación democrática entre los pueblos y sus élites.

¡ Cuán complejo es este texto… Y qué difícil será votar !

Preámbulo : Constitución o tratado ?

 

¿ Cuál es la calificación justa de este proyecto ?

Hay que recordar lo que es una Constitución y por qué su elaboración va envuelta en advertencias especiales.

Una Constitución es un pacto entre l@s ciudadan@s y sus gobernantes. Es por haber firmado este pacto por lo que l@s ciudadan@s aceptan someterse a las leyes. Con este pacto la autoridad encuentra su legitimidad. Este pacto debe proteger l@s ciudadan@s en contra de la injusticia y de la arbitrariedad.

Los principios de los cuales vamos a hablar sirven para garantizar el papel protector del pacto y para que l@s ciudadan@s puedan controlarlo.

El proyecto de Tratado que establece una Constitución para Europa (TCE) es ejecutorio sin límite en el tiempo[2], se impone en casi todos los asuntos esenciales a la vida de la gente[3], su fuerza jurídica es superior a cualquiera de nuestras normas nacionales[4] (reglamentos, leyes, Constitución), establece los grandes poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) y regula sus equilibrios.

El proyecto del TCE es pues, por naturaleza, una Constitución, define el “derecho del derecho”.

 

Numerosos profesores de derecho público (no todos) lo analizan como tal. Incluso hay quienes analizan la nueva Unión como un Estado, con sus componentes fundamentales. [5]

Entonces lo más importante no es como los autores hayan calificado su texto, ya que los principios de los cuales vamos a hablar sirven para proteger los ciudadanos en contra de instituciones peligrosas : cualquier texto fundamental que defina o modifique los poderes de las instituciones tendría que respetar estos principios, sea cual sea su denominación oficial.

¿ Ofrece este texto con vocación constitucional las garantías que podemos esperar ? [6]

Primero principio de derecho constitucional :

una Constitución es un texto legible

Una Constitución debe ser aceptada, directamente, por el pueblo que se somete a ella.

Para que esta aceptación tenga sentido, este texto tiene que ser legible por el pueblo, que es quien lo va a firmar (y no sólo los expertos).

De este punto de vista, el “tratado constitucional” es largo y complejo[7] : 485 páginas DinA4, o sea casi una resma (En su versión compacta actualmente disponible en esta página http://www.constitucioneuropea.es/).

Este extensísimo texto, único ejemplo en el mundo para una Constitución, se dobla con una multiplicidad de notas, las cuales lo hacen simplemente ilegible para los ciudadanos de a pie.

Algunos puntos importantes como la definición de los SIEG no aparecen en el texto[8].

Incluso aparecen contradicciones entre partes distantes[9].

Para ilustrar aún más la dificultad de lectura de este texto, debemos igualmente señalar como grave la ausencia de una lista de asuntos en los cuales cada institución puede crear el derecho. Así no se encuentra en ninguna parte (y podemos por lo tanto ignorar perfectamente que pueda existir) la lista de los asuntos en los cuales al Parlamento europeo se le mantiene totalmente apartado del derecho a legislar (no es ni banal y tampoco anodino). Para conocer esta repartición, hay que ahondar en cientos de artículos uno por uno, confiando en no haberse olvidado de algunos (ver más lejos). ¿ Podemos hablar de legibilidad ? Otros artículos importantes, así como el artículo I-33, el cual instituye los “actos no legislativos” (reglamentos y decisiones) que permiten a una Comisión (no elegida) crear sin control parlamentario normas tan apremiantes como leyes[10], no incluyen una lista controlable.

Esta extensión y esta complejidad imposibilitan la crítica para el común de los mortales.

El 75% de los españoles votantes que han aprobado este texto, como el 60% de los que se abstuvieron, problablemente no la habran leído : ni los ministros, los periodistas, y tampoco los ciudadanos, que tendrán todos otra cosa que hacer : ¿ Quién tiene tiempo para leer 500 páginas DinA4 ? Basta hacerse la pregunta : los demás no la contestarán de otro modo.

Estos ciudadanos corren el gran riesgo, para ellos, pero también para sus hijos y sus nietos, de descubrir demasiado tarde lo que nunca podrán cambiar.

 

Evidentemente haca falta leer y entender lo que se firma. Si no, uno se niega a firmarlo.

Aunque fuera sencillo (y no lo es), un texto tan largo no permite juzgarlo con discernimiento.

Y aun así, hay que tener una opinión. ¿ Cómo hacer para tener una opinión sobre un texto que no se puede leer ? Siguiendo a “los demás”, se tranquiliza uno, como las ovejas de Panurgo.

Esta extensión es, por si misma, antidemocrática : el debate está reservado a los expertos.

Una Constitución es la ley fundamental, es “el derecho del derecho” cada quien la tiene que poder leer, para aprobarla o rechazarla a sabiendas.

Segundo principio de derecho constitucional : una Constitución no impone una política o otra, permite el debate político sin imponer el resultado

 

Una Constitución democrática no es de derechas y tampoco de izquierdas, no es socialista ni tampoco liberal, una Constitución no es partidaria, hace posible el debate político, y está por encima del debate político.

¡ Al contrario, el TCE, además de fijar las reglas del juego político, quisiera bloquear el juego mismo !

Al imponer en cada una de sus partes[11] (I, II y sobretodo III) obligaciones y referencias liberales, este texto no es politicamente neutral, está imponiendo para siempre unas políticas económicas que tendrían que estar sujetas al debate político cotidiano, variable según la coyuntura. Es una especie de secuestro de la alternancia de las políticas económicas.

En particular, este texto ratifica para siempre que Europa se niegue a si misma los tres mandos económicos principales, los cuales permiten a cada Estado del mundo gobernar :

No hay política monetaria : somos los únicos en el mundo en haber vuelto nuestro banco central totalmente independiente, el cual tiene por única misión, constitucional, intangible, la lucha contra la inflación, pero nada sobre el empleo o el desarrollo[12]. No se les concede medio alguno a los poderes políticos para modificar estas misiones. Sin embargo se sabe que las políticas antiinflacionistas se pagan con el aumento del paro[13], por un efecto casi mecánico. (la nota [13] es importante)

No hay política presupuestaria : el pacto de estabilidad[14] encierra a los Estados en una rigidez presupuestaria que es por supuesto una política posible, pero no tiene por que ser la única ad vitam aeternam.

Ningun impulso de tipo Keynesiano (grandes obras) es ya posible.

No hay política industrial : la prohibición de cualquier obstáculo a la competencia[15] conlleva la prohición de ayudar a algunos sectores nacionales en dificultad o frágiles.

Es la institucionalización de una política económicamente impotente descrita por el economista Jean-Paul Fitoussi[16], impuesta para un largo tiempo.

Sobre este tema hay que leer la apasionante síntesis de doce economistas en contra del TCE[17].

El proyecto del TCE infantiliza a los ciudadanos europeos : nos aleja de cualquier interés por reflexionar sobre alternativas.

De hecho, ¿ para qué seguir debatiendo, ya que cualquier alternativa está expresamente prohibida en el texto supremo ?

Fuera de la constitución soviética (la cual imponía también, una política : el colectivismo), esta constitución partidaria sería un caso único en el mundo.

Tercer principio de derecho constitucional :

Una Constitución democrática es revisable

Todos los pueblos del mundo que vivan en democracia pueden revisar su pacto de gobierno.

Es demasiado complicado revisar el TCE[18] : para cambiar una coma de este texto, primero se necesita la unanimidad de los gobiernos para ponerse de acuerdo sobre un proyecto de revisión, luego se necesita la unanimidad de los pueblos (mediante el Parlamento o un referéndum) para ratificar este proyecto (eso se llama proceso de revisión ordinaria).

Con 25 Estados, este proceso de doble unanimidad es una real garantía de intangibilidad para los partidarios del inmovilismo. Este texto está petrificado desde su nacimiento.

Concretamente, si una mayoría de los europeos desean modificar su ley fundamental, no lo podrán hacer.

 

Es eso lo chocante e inquietante.

Es inaceptable para una Constitución[19] y sería igualmente un caso único en el mundo.

A esto contestan poniendo en evidencia la palabra “tratado” para pretender que la unanimidad es normal (lo cual es verdad en cuanto a tratados), pero no tiene sentido : este texto, evidentemente, juega el papel de una constitución y juntar palabras contradictorias “Tratado constitucional” permite de esta manera, jugando con las palabras, crear una nueva norma suprema demasiado rígida, demasiado difícil de revisar.

Paradójicamente, esta rigidez excesiva se acompaña de una flexibilidad sorprendente en el caso de otro proceso, el cual no requiere el acuerdo directo de los pueblos : el proceso de revisión simplificada autoriza uno de los órganos de la Unión (el Consejo de ministros) a modificar por propia iniciativa uno de los elementos claves de la Constitución que condiciona el grado de soberanía conservado por los Estados miembros en tal o tal asunto (ya que el paso por la mayoría hace perder a todos le derecho de bloqueo) [21]. Esto es grave.

Por otra parte, en cuanto a la entrada de un nuevo Estado en la UE, la regla de la unanimidad es una protección, pero no se requiere la unanimidad de los puebos consultados por referéndum : primero se requiere la unanimidad de los 25 gobiernos (muchos de los cuales no son elegidos, y mucho menos para decidir sobre este punto esencial), luego se requiere la unanimidad de los Estados cada uno según su proceso nacional de ratificación[22]. Se consultará directamente al pueblo sólo en los países con proceso referendario.

Todo indica que la voluntad de los pueblos cuenta cada vez menos para sus gobernantes.

Cuarto principio de derecho constitucional :

Una Constitución democrática nos ampara contra la arbitrariedad, garantizando al mismo tiempo la separación y el control de los poderes

“El espíritu de las leyes” descrito por Montesquieu es sin duda alguna, la mejor idea de toda la historia de la Humanidad : todos los poderes tienden naturalmente, mecánicamente, al abuso del poder. Es entonces esencial, para proteger a los humanos de la tiranía, primero separar los poderes, y luego organizar el control de estos mismos poderes : ni confusión de poderes ni tampoco un poder sin contra-poderes.

Así dice el pueblo : “Tú, el Parlamento, haces las leyes, pero no las ejecutas. Y tú el gobierno, ejecutas las leyes, pero no las puedes escribir tu mismo.” Así, ningun poder tiene los medios para imponer su voluntad.

“Por otra parte, si uno de los poderes opina que el otro actúa de manera inaceptable, lo puede revocar : la asamblea puede derrocar el gobierno, y el gobierno puede disolver la asamblea. En los dos casos, se requiere el arbitraje (elecciones) del pueblo, el cual tiene que ser la única fuente de todos los poderes.”

 

Es necesario que cada poder tenga que rendir cuentas y sepa que está bajo control en cada momento.

Esto es la mejor idea del mundo, la que libera del miedo al tirano.

Aun en el ámbito actual de una unión de Estados, estos principios protectores de sentido común no tienen por qué haber perdido su valor.

El equilibrio entre los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) es sin embargo difícil de encontrar.

El poder legislativo saca una gran legitimidad del sufragio universal directo y es muy tentador hacerlo más fuerte que los demás. Pero una asamblea, aun legítima, puede volverse tiránica porque el mecanismo de elección no es en absoluto un contra-poder.

Por otra parte, una asamblea no es necesariamente el lugar adecuado para decidir : ciertos efectos masivos o una cierta dilución de la responsabilidad individual en el momento de decidir colectivamente pueden llevar a excesos[23]..

Por eso es por lo que a menudo se establecen unos límites al poder parlamentario a pesar de la soberanía que éste encarna : suelen existir dos cámaras para que una modere a la otra : en Francia, es el senado, también elegido, pero de mayor edad, el que asume ese papel moderador de la Asamblea Nacional, moderador pero sin riesgo de bloqueo (en caso de desacuerdo, la Asamblea Nacional tiene la última palabra).

A menudo, se prevé otro límite importante al poder legislativo : es necesario poder disolver la asamblea, siempre con esta visión esencial de los contra-poderes que responsabilizan a los actores públicos.

En el marco de estos límites (dos cámaras y la amenaza de disolución), el Parlamento tendría que jugar un verdadero papel legislativo, con la iniciativa de las leyes, la posibilidad de enmendar los textos en todos los asuntos, un verdadero papel en el establecimiento de los impuestos (es uno de sus papeles primitivos esenciales : controlar los gastos realizados por las autoridades públicas)…

No es exactamente eso lo que está previsto en el proyecto del TCE : el Parlamento europeo no tiene la iniciativa de las leyes[24], lo que parece inaceptable en un principio, su papel en el voto del presupuesto, aunque haya sido incrementado, queda limitado, y sobretodo queda excluído de algunos asuntos, reservados para el Consejo de Ministros[25].

Se nos está presentando así un triángulo compuesto por el Parlamento, que representa a los pueblos, el Consejo de Ministros, que representa a los Estados y por la Comisión, la cual representa el interés general (sic).

La Comisión es principalmente la emanación del Consejo de Ministros, el cual nombra a sus miembros con un derecho de fiscalización de parte del Parlamento, que a su vez elige a su Presidente (Presidente propuesto por el Consejo).

La Comisión es totalmente independiente, no debe recibir consignas de nadie, pero puede ser revocada por el Parlamento a través de una moción de censura y cada comisario puede ser “demitido” por el Presidente de la Comisión.

La Comisión está encargada de preparar técnicamente el derecho y somete sus propuestas al Consejo de Ministros y al Parlamento, presentados ambos como órganos legislativos.

Así pues se nos presenta el Consejo de Ministros como una “cámara alta” como si fuera el Senado, pero es difícil de aceptar : primero, porque los ministros no son elegidos, pero sobre todo, porque detienen en su país el poder ejecutivo, es decir que dominan la fuerza pública que les permitirá, regresando al país, aplicar reglamentos elaborados por ellos mismos.

De esa manera las mismas personas están creando el derecho al nivel europeo y lo están aplicando al nivel nacional : aquí está la confusión de poderes.

El Consejo de Ministros es un órgano evidentemente ligado al ejecutivo a quien se le ha confiado un papel legislativo.

Con la no-separación de poderes, es un escudo importante contra el despotismo que nos está escapando de las manos. Aunque sea un número limitado de asuntos (¿ 21, quién sabe ?), es peligroso.

Laurent Lemasson, en el árticulo antes citado[26], señala que el Parlamento está compuesto por una sola cámara, y que el Parlamento es irresponsable : nadie puede disolverlo. Ya hemos visto que está privado de la iniciativa de las leyes, pero puede disolver la Comisión, la cual dispone de esta iniciativa, lo que otorga al Parlamento una influencia sobre ella para “sugerir” propuestas.

L. Lemasson nota en esta organización de poderes un riesgo de régimen de asamblea (una especie de tiranía parlamentaria). Esto es una total novedad para mí, y el análisis es interesante : el Parlamento sería al mismo tiempo completamente impotente según los temas (se puede uno preguntar porqué allí…) y quizá demasiado fuerte en otros.

En esta nueva aproximación, veo ahora la codecisión de manera más positiva, como un contra-poder en los dos sentidos : así el Parlamento no puede abusar de su poder, y el Consejo de Ministros tampoco.

Exceptuando cuando el Parlamento se encuentra directamente apartado de una serie de temas en los cuales sólo el Consejo de Ministros puede legislar (y como por casualidad se tratan de asuntos económicos importantes) – Art.III-130-3 : mercado interior y Art. III-163 y III-165 : reglamentos de la competencia.

Esto sí que es chocante, porque en estos temas, ya casi no hay contra-poder : ¿ Se puede considerar la Comisión como una verdadera fuerza capaz de interponerse en caso de deriva arbitraria de parte del Consejo ? (¿ Quién ha nombrado esta Comisión ?)

Entonces parece haber un verdadero problema democrático en el sector de los asuntos reservados al Consejo : ni separación, ni tampoco control de poderes. La lista de estos asuntos prohibidos no existe en ninguna parte, y ésta exclusión del Parlamento de ciertos asuntos aún no está formulada claramente.

Ahí donde el control de poderes no existe, es otro escudo contra la arbitrariedad el que nos está faltando.

Para un ciudadano que llega aquí sin haber sido condicionado sicológicamente, es chocante. Pero acaso me estoy equivocando. ¿ Alguién me puede explicar este extraño “equilibrio” de poderes ? ¿ Para quién se ha escrito este texto ?

Como ciudadanos, nos gustaría que se nos explicara porque existe esta exclusión, según que criterios se han elegido estos asuntos prohibidos, y porque ninguna lista explícita (y por lo tanto criticable) ha sido formulada. También nos gustaría saber : ¿ Quién es realmente responsable de sus actos en esta organización europea ?

Porque al final :

El Parlamento no es responsable ante nadie (fuera de las elecciones que, como ya se ha dicho, no pueden hacer las veces de contra-poder) porque no hay un proceso de disolución.

 

El Consejo europeo no es responsable ante nadie al nivel europeo ( y hay que remitirse a la lejana responsabilidad nacional para acusar a sus miembros uno por uno). El hecho de que sea evidentemente difícil definir esta responsabilidad, ya que se trata de jefes de estado, no basta para tranquilizarnos porque el resultado es una responsabilidad al nivel federal.

 

El Consejo de Ministros no es responsable ante nadie al nivel europeo (y hay que referirse otra vez a la responsabilidad nacional para acusar a sus miembros uno por uno).

Aquí también, el hecho de que sea evidentemente difícil definir esta responsabilidad, ya que se trata de ministros depositarios de otra soberanía popular que no es la de Europa, no basta para tranquilizarnos porque el resultado es una responsabilidad ahí donde se toman las decisiones.

Sin contar que el establecimiento de esta responsabilidad parece tan complicada como ilusoria.

La Corte Europea de Justicia (CJE), no elegida, está también fuera de control y sin recurso (que yo sepa), a pesar de que esté dotada de poderes inmensos mediante la interpretación de todos los textos y el arbitraje de todos los litigios.

¿ Un grave peligro ? (habrá que ahondar…)

El Banco Central Europeo (BCE), no elegido, rigurosamente independiente de los poderes públicos, está igualmente fuera de control, por lo tanto es irresponsable, a pesar de la considerable influencia de sus decisiones sobre la vida cotidiana de los 450 millones de europeos (ver más arriba).

Esta impresión de irresponsabilidad general es asombrosa,

¿ o no ?

La Comisión, al final, es la única que se juega algo[27] : de un lado, la censura global por el Parlamento, pero sólo con los 2/3, lo cual es mucho y lo que vuelve quizá la censura teórica, y por otro lado la demisión individual de un comisario (exigible por el Presidente de la Comisión).

¿ Pero es la Comisión realmente el centro del poder ?

 

Sobre este tema, las opiniones son diferentes, pero teniendo en cuenta el panorama, tendería a pensar como Yves Salesse[28] que el verdadero poder está en manos del Consejo de Ministros (irresponsable) y que la Comisión hace de cortina, una especie de fusible político, un chivo expiatorio cómodo, lo cual permite a los ministros crear el derecho diciendo al mismo tiempo “Yo no soy, es ella, y no puedo hacer nada, no puedo forzarla : es independiente…”.

La Comisión es sin embargo un centro de poder importante.

Ejemplo : el comisario encargado del comercio internacional, por su mandato recibido de una vez para siempre, es el único representante de la Unión en todas las negociaciones internacionales (OMC y otras). Este hombre tiene, él solito, un poder vertiginoso. Con este título, está negociando el AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios, un proyecto gigantesco de desregulación[29], una versión mundial de la directiva Bolkenstein) en nombre de todos los europeos, pero en el más absoluto secreto : no rinde ninguna cuenta ante el Parlamento sobre las negociaciones que está llevando sobre un acuerdo que no obstante va a cambiar profundamente la vida de los europeos, y el Parlamento no puede imponerle rendir cuentas[30].

Ya podemos observar señales tangibles de una deriva de tipo tiránico. Y el “Tratado Constitucional” fija para siempre un desequilibrio institucional que lo permite.

El Parlamento puede censurar la Comisión, pero solamente con la mayoría de 2/3, lo que significa que la Comisión puede gobernar 450 millones de personas con el acuerdo de un tercio del Parlamento.

Incluso el modo de escrutinio (por lista) garantiza a los líderes de partidos su lugar en el Parlamento sin ningún riesgo, lo que hace mucho más teórica la responsabilidad de estos elegidos en época de elecciones.

Todos estos poderes sin verdadero control, esta irresponsabilidad general… ¿ Dónde está la democracia ?

¿ Dónde están las barreras contra la arbitrariedad ?

Parece que, desde hace veinte años, los manuales de los estudiantes de ciencias políticas llaman púdicamente a esto el “déficit democrático” de la UE. Un término bien anodino para designar de hecho una renuncia de los pueblos, demasiado confiados en los que han escogido para defenderles. Me parece en este momento que todas las conversaciones de los ciudadanos de a pie tendrían que analisar este retroceso de la democracia : en las instituciones europeas, los órganos de la Unión parecen ser casi todos irresponsables, la voluntad de los pueblos parece contar muy poco para sus gobernantes, y se está imponiendo una cierta política económica.

¿ Cómo pueden los analistas y comentaristas pasar sobre esto como si fuera secundario ?

¿ Europa a cualquier precio ? ¿ Cualquier Europa ? ¡¿ Incluso no democrática ?! ¿ No tenemos derecho de hablar de ello sin que te califiquen de antieuropeo ?

La argumentación según la cual “en todas partes es igual” no me tranquiliza sino que me inquieta todavía más : mientras la mayoría de los ciudadanos descuidan la democracia, hipnotizados por la publicidad, el fútbol y la televisión, otros se encargan de ella activa y discretamente, ya se ve como !

Se nos dice : “Este texto está mejor que antes, habría que ser necio para negarse a progresar”.

Es ocultar que con este texto, no se trataría sólo de progresar, sino de fijar, bloquear, ratificar, y dar por primera vez una garantía popular a unos textos que hasta ahora la han pasado por alto, ya vemos con qué resultado.

Aunque sea mejor que el anterior, el texto propuesto es peligroso.

Montesquieu debe estar removiéndose en su tumba.

Triste paradoja la de estos pueblos dispuestos a aceptar ellos mismos el retroceso de la democracia, es decir el retroceso de los diferentes escudos que les protegen de la ley injusta del más fuerte.

Quisieran hacernos creer que estos supuestos avances espectaculares compensan todos estos defectos :

Por ejemplo, los que van pregonando el nacimiento de un referéndum de iniciativa popular fomentado por un millón de ciudadanos[31] no han leído bien : el tratado define nada más que un triste derecho de petición sin ninguna fuerza vinculante para la Comisión, como una simple invitación a la reflexión que puede perfectamente tirar a la basura sin tener ni siquiera que justificarse[32].

De la misma manera, los hermosos principios generales y generosos, pregonados en todas partes, en todas las radios, los canales de TV, los periódicos, a lo largo de los spots oficiales, no tienen explícitamente ninguna fuerza vinculante y dan así el pego :

Art. II-111-2 : “La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en las demás Partes de la Constitución.”

No se puede ser más claro que este artículo 111-2 : la parte II queda esterilizada, vaciada de su sentido, por el artículo 111-2, esta Carta es una ilusión, un señuelo.

Se mire por donde se mire, este texto es una engañifa, y esconde una enfermedad de la democracia : con motivo del nacimiento de Europa y a lo largo de estos cincuenta años, los ejecutivos nacionales, tanto de derechas como de izquierdas, están librándose progresiva y subrepticiamente del control parlamentario donde más lo necesitan (en el ámbito económico), y de un modo más general de cualquier responsabilidad verdadera en la mayor parte de sus decisiones políticas, aunque afirmen lo contrario sin vergüenza alguna.

Quinto principio de derecho constitucional :

Una Constitución democrática está necesariamente elaborada por una asamblea independiente de los poderes establecidos

No son los poderosos quienes conceden una Constitución al pueblo. La define el pueblo mismo, o sus representantes elegidos para esta tarea, precisamente para protegerse de la arbitrariedad de los poderosos.

Al contrario, las instituciones europeas han sido fijadas (desde hace 50 años) por políticos en el poder, los cuales son evidentemente jueces en causa propia : de derechas o de izquierdas, al fijar ellos mismos las obligaciones que iban a molestarles cada día, estos responsables han derivado, es humano pero era también previsible, a una parcialidad peligrosa.

Una vez más, es un caso único en el mundo, tratándose de una democracia.

Y vemos los resultados como una caricatura de lo que se tiene que evitar :

–         Un ejecutivo con manos totalmente libres en ciertos aspectos económicos específicos.

–         La casi totalidad de los órganos de la Unión irresponsables en sus niveles de decisión.

–         Una aparencia de democracia engañosa.

–         Pequeños avances en los que se pone énfasis,

–         Pero un real retroceso de las garantías contra la arbitrariedad.

La única vía creíble para crear un texto fundamental equilibrado y protector es una asamblea constituyente, independiente de los poderes establecidos, elegida para elaborar una Constitución, y sólo para eso, revocada después, y respetando un proceso público y contradictorio (en derecho, la palabra “contradictorio” significa que los puntos de vista opuestos tienen que poder expresarse totalmente).

Si los responsables intentan librarse de este proceso, les toca a los ciudadanos imponerlo.

La composición de la Convención Giscard bastante variada y llena de personalidades de gran valor, no es un argumento satisfactorio : nos quedamos a años-luz de una asamblea constituyente : sus miembros no han sido elegidos con este mandato, sus miembros no eran todos independientes de los poderes establecidos, y sobretodo sus miembros no tenían los poderes para escribir un nuevo texto, equilibrado y democrático : sólo podían ratificar, compilar (y modificar ligeramente) los textos anteriores escritos por actores que son jueces y parte[33].

Además, la reescritura del texto, hecha por los gobernantes en el poder, a lo largo de un año después de que la Convención haya entregado su propuesta, es una aberración desde un punto de vista constitucional[34].

No es el poder establecido el que tiene que escribir el derecho del derecho.

Al elaborar una Constitución mediante un tratado, procedimiento mucho más libre que una asamblea constituyente con todo su peso, (pública, contradictoria y ratificada directamente por el pueblo), los parlamentos y gobiernos, de derechas como de izquierdas, han actuado como si fueran propietarios de la soberanía popular, y este tratado, así como los anteriores, puede analisarse como un abuso de poder : nuestros elegidos, no han recibido el mandato de abdicar nuestra soberanía. Es el pueblo que tiene que controlar directamente que las condiciones de esta transferencia, (en mi opinión, deseable para construir una Europa fuerte y pacificada), sean aceptables.

Respeto profundamente, claro está, a todos los miembros eminentes de la Convención, pero creo que no tenían el mandato para hacer lo que han hecho.

Nos quedamos atónitos al ver numerosos actores políticos de primer plano que se atreven a lamentar en voz alta que el TCE fuera sometido a referéndum, subrayando que todo esto hubiera sido más sencillo y más seguro con el Parlamento, el cual hubiera ratificado todo esto, y quizá sin haber leído nada…

¿ Qué valen los pueblos para nuestras élites ?

 

A propósito, los numerosos gobiernos que han hecho ratificar este texto por su Parlamento nacional[35], antes que por su pueblo (referéndum), acaban de cometer un verdadero delito : niegan a sus pueblos el debate y al mismo tiempo la expresión directa que les hubiera permitido resistir al retroceso democrático, lo cual les expone a la arbitrariedad.

¿ Qué medio les queda a estos ciudadanos para resistir a este decomiso de su soberanía ? [36]

Este desprecio hacia los pueblos y sus verdaderas elecciones es muy revelador en cuanto al peligro que crece con la más absoluta discreción : nuestras élites, tanto de derechas como de izquierdas, desconfían de la democracia y nos la niegan deliberada, progresiva y pérfidamente.

Conclusión

El TCE parece pues peligroso por varias razones. ¿ Qué me han contestado hasta ahora ?

Para tranquilizarme me hablan de progreso, pero en realidad todo está en la referencia que se toma para valorar el progreso: porque de hecho si nos referimos al tratado de Niza (deplorable en el aspecto democrático), hay una “mejoría”, un “progreso”, y así se entiende por qué se refieren a este texto para vendernos el TCE. Pero si me refiero a la democracia nacional que pierdo en aras de la “democracia europea” que estoy ganando, objetivamente me están pidiendo que ratifique un retroceso :

–         Sobre la responsabilidad de los actos cotidianos de todos los poderes

–         Sobre el control del poder ejecutivo en sus (x) asuntos reservados

–         Y sobretodo en la política económica impuesta, muy probablemente causa del paro endémico y del crecimiento flojo en Europa, e impuesta claramente para largo plazo.

Ahora bien, recordemos que es la primera vez desde hace 50 años que se me pide mi opinión : como ciudadano, no he sido cosignatario del tratado de Niza, ni tampoco de los anteriores. Para lo de Maastricht, se me preguntaba sobre la moneda y las obligaciones económicas, si mal no recuerdo, nada sobre el equilibrio y el control de los poderes. Y para las obligaciones, se nos había prometido hacer el balance.

¿ Hemos acaso hecho este balance ?

¿ Tenemos acaso buenas razones para estar satisfechos de los resultados económicos de estas instituciones pese a su vocación más económica que política ? Y si no, releamos a Fitoussi y a Généreux.

¿ Por qué sólo tendría que opinar sobre el pequeño diferencial que separa Niza del TCE ?

¿ Porqué no podría opinar (“yo”, ciudadano de a pie, evidentemente) sobre la totalidad de este fantástico abuso de autoridad por parte de los ejecutivos nacionales, sobre el control ciudadano de las políticas aplicadas desde hace 50 años ?

 

No entiendo por qué habría que limitar artificialmente el texto sometido al voto, a unos 50 nuevos artículos del TCE.

Cuando veo a eminentes expertos pretendiendo que sólo hay 60 páginas que juzgar, 50 articulitos de nada, pretendiendo que todo lo demás ya existe y está fuera de la cuestión, no sujeto a referéndum, cuando oigo esto, me digo, y me parece que no soy el único, que es hora de despertar.

Si se rechaza el panorama del cual estoy hablando, si este período de 50 años es sagrado, intocable, irreversible, si se impone el tratado de Niza como referencia, entonces, efectivamente, el TCE es un “buen texto” ya que “progresamos”, pero ¿ no os parece que falta una pequeña parte de la demostración ? ¿ Que se nos impone validar un camino que no es el bueno ?

Es verdad que es sin duda un error (para los que están construyendo esta Europa poco democrática) el haber calificado el texto de Constitución (nos han hecho sospechar), y otro error fue haber propuesto un referéndum a estos protestones arrogantes que son los franceses, pero para nosotros, los ciudadanos, me parece que estos dos errores nos dan una oportunidad histórica, la de ver más claro el peligro y en fin resistir.

Hay un progreso incontestable en este tratado… La nueva posibilidad que nos ofrecen, de poder salir de la trampa :

Art. I-60-1 : Retirada voluntaria de la Unión

“Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.”

Actualmente este derecho no existe, y el rechazo de este texto nos encierra en otra trampa, el tratado de Niza.

¡ Qué alegría !…

Finalmente, este “tratado constitucional” es un revelador que viene aclarando lo que se está decidiendo a nuestras espaldas desde hace mucho tiempo.

En cierto modo, el lobo ha enseñado las orejas y los ciudadanos pueden, en fin ver el peligro, y resistir.

Probablemente, uno de los grandes errores es hacer pasar la economía antes que la política, es renunciar a la posibilidad de actuar, es remitirse ciegamente al mercado, es confiar el timón a los economistas cuando tendrían que quedarse en las carboneras para que el motor funcione (lo sugiere Bernard Maris, en su sabroso Antimanual de economía).

Al celebrar la libertad como valor superior, en vez de la fraternidad, al institucionalizar la competición, la competencia, en vez de la colaboración y de la ayuda mutua, al imponerlo en el texto supremo mediante el dogma de la competencia absoluta, y al final una moral del “cada uno a lo suyo y contra todos”, al destruir la regulación del Estado, encargado del interés general, para instaurar la regulación a través del mercado, suma de intereses particulares, los economistas liberales atacan los fundamentos mismos de la democracia, en resumidas cuentas, para liberar a los principales autores de las decisiones económicas de todo control.

La desregularización sistemática llevada a cabo en Europa (instituciones, política, y el candado de la Constitución), y generalmente en todo el planeta (OMC, AGCS, ADPIC : Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) es un retroceso de la civilización, un retorno a la barbarie de la ley del más fuerte[37].

Por optimismo, por credulidad, por indiferencia, los pueblos modernos están dejando delibitarse su patrimonio más precioso, muy escaso en este planeta, este patrimonio que condiciona su sosiego cotidiano : las diferentes protecciones en contra de la arbitrariedad de los fuertes, desde el corazón de las empresas (derechos sociales) hasta la patria (instituciones democráticas controladas y revocables).

La democracia no es eterna, es incluso extremadamente frágil. Creyéndola invulnerable, la estámos echando a perder. Aun después del rechazo de este texto, habra que luchar para preservarla, y seguir militando para imponer a nuestros representantes que construyan otra Europa, simplemente democrática.

No tengo preparada una alternativa, quizá otros sí la tengan.

Sino, hay que imaginar y construir.

Se está presentando a los ciudadanos este texto fundador engañoso mediante un debate también engañoso[38].

Numerosos periodistas, al asimilar los oponentes al texto con los oponentes a Europa, hacen un amalgama malhonesto : la doble igualdad “Si al tratado=Si a Europa, No al tratado=No a Europa” es una mentira insultante, una inversión de la realidad, un lema embustero nunca demostrado, hecho para seducir a los que no han leído el tratado y que no han estudiado los argumentos, no obstante fuertes, de los oponentes a este tratado, precisamente para proteger la perspectiva de una Europa democrática.

Los periodistas son un escudo esencial, moderno, para proteger la democracia. Montesquieu no podía prever la importancia capital que iban a adquirir, pero es cierto : el poder inmenso de los periodistas merecería un verdadero contra-poder y su responsabilidad es ahora histórica (desde este punto de vista, se puede uno preguntar si no cometemos un error grave permitiendo que los medios de comunicación se compren y se vendan como si fueran simples mercancías).

Internet es por lo pronto el media más democrático, sin censura, la mejor herramienta para resistir. Si este mensaje os parece útil, difundidlo a través de vuestras propias redes, y más allá del Internet, sobre el papel.

Consejo a los partidarios del TCE (no puedo ayundarles, no he encontrado los argumentos que les faltan ;o) : para tranquilizar a los que sienten un peligro con el TCE, es una mala respuesta subrayar lo que es bueno en el TCE – no es evidentemente suficiente para tranquilizar. No se firma un texto, aunque prometiera el oro y el moro, si incluye una sóla línea inaceptable. Y este tratado lleva numerosos puntos inaceptables.

Habría más bien que demostrar que no hay ninguna razón para preocuparse, por ejemplo :

–         Que cada uno de los órganos de la Unión fuese totalmente responsable de sus actos (más allá del simple mecanismo electoral) en todas la fases de creación del derecho.

–         Que las políticas económicas no estuviesen tan comprometidas como lo parecen.

–         Que las voluntades de los pueblos tuviesen todas las garantías de ser respetadas…

En cuanto a los oponentes al tratado, sólo convencerán realmente a los que, por ahora, votan sí, tapándose la nariz, por no tener nada mejor (los hay a montones…), proponiendo una alternativa creíble, una perspectiva verosímil.

Es un verdadero fallo en mi razonamiento, ya sabeís, lo que buscaba al principio : no veo muy bien cómo hacer para que este buque cambie de rumbo, y tampoco veo cómo volver a empezar desde cero, habría que ser varios.

¿ Y si fueran los pueblos de Europa los que reclamasen enérgicamente a los partidos políticos esta refundación democrática, partiendo de la base, comunicando a través de la red para intercambiar las ideas sin forzosamente reproducir las divergencias entre partidos ? Podemos soñar…

Ésa es la reflexión que hay que hacer ¿ no os parece ?

Hace unas semanas, oí en la radio una frase que dió en el clavo, frase que sigue resonando en mi cabeza y que me está cambiando. Dice : el ciudadano no nace, se hace.

Êtienne Chouard, Trets (Marseille).

versión del 21 de abril de 2005

Puedes escribirme a etienne.chouard@free.fr

pero no tengo tiempo para contestarte o de vez en cuando. Perdón sois demasiados. Puedes descargar este documento en http://etienne.chouard.free.fr/Europe y difundirlo como quieras.

Repito que no tengo en absoluto ninguna autoridad para explicar el derecho comunitario que estoy descubriendo ahora, paso a paso…

Bibliografía

Entre los libros y artículos que he leído desde hace 6 meses, todos extremadamente proeuropeos, algunos ayudan particularmente en forjarse una opinión construida y fuertemente argumentada sobre este texto complejo, y de manera más general sobre la construcción europea y la desregulación mundial :

Raoul Marc Jennar, doctor en ciencias políticas, investigador para la ONG OXFAM, “Europe, la trahison des élites”, 280 páginas, diciembre 2004, Fayard

Laurent Lemasson, diplomado del IEP de París, doctor en derecho público y ciencias políticas, encargado de curso en la ESSEC, ha escrito un artículo apasionante Constitution européenne : l’Europe y trouve-t-elle son compte ?”, 15 de diciembre de 2004. En la página del instituto Thomas More :

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24.

Gilles Raveaud, “Douze économistes contre le projet de constitution européenne” http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2231 y http://econon.free.fr/index.html

Paul Alliès Une constitution contre la démocratie ? Portrait d’une Europe dépolitisée, 223 páginas, marzo 2005, Climats

Stéphane Marchand, “L’Europe est mal partie”,361 páginas, febrero 2005, Fayard

Anne-Marie Le Pourhiet, profesor de derecho público, artículo en le Monde, 11  de marzo de 2005, ” Qui veut de la post-démocratie ? » : un artículo corto y contundente :

http://www.non-2005.org/index.php?action=article&id_article=130747.

Raoul Marc Jennar, Quand l’Union Européenne tue l’Europe”, 40 páginas, enero de 2005 http://www.urfig.org/

Jean-Paul Fitoussi, La Politique de l’impuissance, 160 páginas, enero 2005, Arléa

Jacques Généreux,  economista, “Manuel critique du parfait Européen – Les bonnes raisons de dire “non” à la constitution”, 165 páginas, febrero 2005, Seuil

Dominique Strauss-Kahn, “Oui ! Lettre ouverte aux enfants d’Europe”, 173 páginas, oct. 2004, Grasset

Laurent Fabius, « Une certaine idée de l’Europe », 125 páginas, nov. 2004, Plon

Yves Salesse, “Manifeste pour une autre Europe”, 120 páginas, enero 2005, Le Félin – y un artículo más corto 10 páginas : “Dire non à la “constitution” européenne pour construire l’Europe” :

http://www.fondation-copernic.org/Flash-septembre2004.

– Un documental de media hora que resume de manera pedagógica las quejas en contra del TCE enumeradas por Jennar, Salesse et Cassen : clip descargable en http://www.fondation-copernic.org/

Valéry Giscard d’Estaing, “présente la Constitution pour l’Europe”, 396 páginas, sept. 2003, Albin Michel : la introducción es interesante porque describe los trabajos de la Convención, las dificultades encontradas, las opciones escogidas. La parte más importante del libro es el texto del TCE pero con una antigua numeración.

Olivier Duhamel, “Pour l’Europe, le texte intégral de la Constitution expliqué et commenté”, Seuil 2004 : una explicación de texto de primera mano, hecha por un gran profesor de derecho constitucional que ha participado a la Convención y a la redacción del TCE.

– Últimamente, una fuente importante de información no censurada, muy orientada políticamente (a la izquierda), pero muy abundante, es el portal http://www.rezo.net/.

Bernard Maris, “Ah Dieu ! Que la guerre économique est jolie”, noviembre 1999, Albin Michel : una demostración del engaño sobre “la indispensable guerra económica”, con un paralelo muy convincente con la guerra de 1914-1918.

Bernard Maris, « Anti-manuel d’économie », 355 páginas, octubre 2003, Bréal : un libro importante y sabroso para entender la necedad del dogma de la religión del mercado y de la competencia.

Joseph E. Stiglitz, « La grande désillusion », 324 páginas, sept. 2003, Fayard : un gran libro, una referencia.

Agnès Bertrand et Laurence Kalafatides, « OMC, le pouvoir invisible », 325 páginas, julio 2003, Fayard : este libro permite captar la perfecta coherencia que existe entre los objetivos y las influencias de la OMC y los de la construcción europea actual.

– Para entender la lógica general de lo que se está cociendo al nivel planetario, hay que leer el artículo a la vez terrorífico y luminoso de Lori M. Wallach , “Le nouveau manifeste du capitalisme mondial”, en Le Monde diplomatique de febrero 1998, referente al Acuerdo Multilateral sobre la inversión (AMI) : http://www.monde-diplomatique.fr/1998/02/WALLACH/10055

AGCS, Construcción europea liberal, OMC, ADPIC, directiva Bolkestein, etc.

La similitud de todos estos textos es evidente.

Serge Halimi, « Le grand bond en arrière, comment l’ordre libéral s’est imposé au monde », 618 páginas, marzo 2004, Fayard : ya no se puede leer el TCE de la misma manera espués de haber leído a Jennar y Halimi. Es como despertarse.

Robert Joumard et Christian Darlot, aparentemente, simples ciudadanos como yo, han hecho lo mismo : leer, digerir, resumir, juntar, organizar todo esto con talento para hacer dos síntesis un poco largas, como la mía, pero muy interesantes.

http://institut.fsu.fr/chantiers/europe/traite_constit/joumard.pdf

NOTAS

[1] Soy profesor de economía-gestión en el liceo Marcel Pagnol de Marsella, en BTS (certificado técnico superior). He sido durante mucho tiempo profesor de bachillerato en derecho civil, comercial y constitucional, y profesor de derecho fiscal en BTS de contabilidad. Hoy en día soy esencialmente profesor de informática y soy también el administrador de la red de 150 PC’s de mi liceo.

Me refiero a mi oficio de profesor para que se entienda mi afición por explicar las cosas, pero de ninguna manera para aprovecharme de una imagen de autoridad que no me merezco. Efectivamente, no soy catedrático de universidad, tampoco profesor de derecho público, y no soy especialista en derecho constitucional. Pero mi formación como jurista (licenciatura) me ha dado este gusto por el derecho y hablo aquí como simple ciudadano, sorprendido por la ausencia de debate constatada al principio de 2005. Cometo sin duda errores, pero los voy corrigiendo cuando me los señalan.

Pretendo que los mismos ciudadanos, ignorantes del derecho comunitario, como yo, puedan ir reflexionando sobre su Constitución, y que este texto tendría que haber sido elaborado por representantes elegidos con este fin, con un programa político adaptado a las circunstancias. En mi opinión, este debate no tiene por que ser acaparado por los especialistas. Quizá lo será al final.

Este texto “Una mala Constitución…” se me está escapando de las manos. Lo único que puedo hacer, y es la primera idea, es corregir mis errores o las malas formulaciones y a veces completar.

[2] Duración de la aplicación del texto : Art. IV-446 : El presente Tratado se celebra por un período de tiempo ilimitado.

[3] Art. I-13 : Ámbitos de competencia exclusiva :

1. La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes:

a)    la unión aduanera ;

b)    el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior ;

c)     la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro ;

d)    la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común ;

e)    la política comercial común.

2. La Unión dispondrá también de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas.

Art. I-14 : Ámbitos de competencia compartida

1. La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando la Constitución le atribuya una competencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en los artículos I-13 y I-17.

2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales:

a)    el mercado interior ;

b)    la política social, en los aspectos definidos en la Parte III ;

c)     la cohesión económica, social y territorial ;

d)    la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos ;

e)    el medio ambiente ;

f)      la protección de los consumidores ;

g)    los transportes ;

h)    las redes transeuropeas ;

i)       la energía ;

j)      el espacio de libertad, seguridad y justicia ;

k)    los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos en la Parte III. (…).

Dentro de las competencias exclusivas, ver el Art. I-13-1 : “e) la política comercial común.”…

 

Así pues, se les niega totalmente a los parlamentos nacionales la capacidad de influir sobre los acuerdos internacionales (AGCS, ADPIC y otros avatares de la OMC), cuando la vida de los ciudadanos sufrirá importantes trastornos por estos acuerdos que se están preparando en el más absoluto secreto.

[4] Fuerza superior de las normas europeas sobre cualquier otra norma nacional e internacional : Art. I-6 : “La Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a ésta primarán sobre el Derecho de los Estados miembros.”

Art. I-12-1 : “Cuando la Constitución atribuya a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.”

[5] Ver también los argumentos de Olivier Gohin, profesor de derecho público en la universidad de París II : el nuevo tratado es una Constitución (organización de los poderes y garantía de las libertades, con identificación de un poder constituyente) y la Unión es un Estado (con un territorio, un pueblo, poderes públicos y una soberanía en las competencias) : http://www.non-2005.org/index.php?action=article&id_article=127743.

Algunos profesores van más lejos : ” la personalidad jurídica de la Unión, instituída por el Art. I-7 “, según François-Guilhem Bertrand, profesor emérito en la universidad de París XI, “tiene que leerse con el decreto de la Corte de Justicia AETR, el cual decide que la personalidad otorgada a Europa borra la personalidad de los Estados miembros y les prohibe manifestarse cuando Europa se expresa.”

Quizá sea un poco exagerado, quizá sea la realidad, bien o mal, no tengo certezas sobre esto, pero podríamos debatir, en vez de hacer como si no pasara nada.

Art. I-33-1 : Actos jurídicos de la Unión :

“Las instituciones, para ejercer las competencias de la Unión, utilizarán los siguientes instrumentos jurídicos, de conformidad con la Parte III: la ley europea, la ley marco europea, el reglamento europeo, la decisión europea, las recomendaciones y los dictámenes.

La ley europea es un acto legislativo de alcance general. Será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

La ley marco europea es un acto legislativo que obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la competencia de elegir la forma y los medios.

El reglamento europeo es un acto no legislativo de alcance general que tiene por objeto la ejecución de actos legislativos y de determinadas disposiciones de la Constitución. Podrá bien ser obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, o bien obligar al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la competencia de elegir la forma y los medios.

La decisión europea es un acto no legislativo obligatorio en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.

Las recomendaciones y los dictámenes no tendrán efecto vinculante.”

[6] “La mayoría de estos principios los volveremos a encontrar, entre otros, en el libro de Paul Alliès, profesor de ciencias políticas en la universidad de Montpellier I, “Una Constitución en contra de la democracia ? Retrato de una Europa despolitizada”

[7] Constitución europea : ¿ Cómo encontrar el texto integral ?

http://europa.eu.int/constitution/index_es.htm

Una página web interesante que permite comparar numerosas constituciones en el mundo : http://mjp.univ-perp.fr/constit/constitintro.htm

[8] Sin embargo, y a pesar de su extensión, faltan cosas : una información tan esencial como la definición de los SIEG, servicios de interés económico general (citados en los artículos II-96, III-122, III-166), que no hay que confundir con los servicios públicos, no se encuentra en las 800 páginas : hay que ir a buscarla en el “libro blanco” de la Comisión para aprender que los SIG y SIEG no son sinónimos de servicios públicos :

http://europa.eu.int/documents/comm/index_es.htm

“Los términos “servicios de interés general” y “servicios de interés económico general” no deben confundirse con la expresión “servicio público”(…)”.

[9] Hay que leer todas las páginas hasta el final : la interpretación de la Carta de los derechos fundamentales está descrita fuera de la Constitución misma, en un texto que se llama Declaración 12 : el preámbulo de la Carta prevé que “En este contexto, los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros interpretarán la Carta atendiendo debidamente a las explicaciones elaboradas bajo la autoridad del Praesidium de la Convención que redactó la Carta y actualizadas bajo la responsabilidad del Praesidium de la Convención Europea.”

En esta declaración Nº12, se encuentra a veces lo contrario de lo que se afirma en la Carta. Así, después de haber afirmado el derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte en el Art. II-62 de la Carta, el artículo 2 de la declaración Nº12 (¿ Quién habla de este texto ilegible ?) precisa :

“La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario :

a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima

b) para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente

c) para reprimir, de acuerdo con la Ley, una revuelta o insurrección.”

El mismo artículo precisa también :

“Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con arreglo a lo dispuesto en la misma…”

Así se puede constatar que no está dicho todo en la misma Carta, y que hay que leer bien todas las páginas.

[10] El peligro de las “actas no legislativas”, las cuales permiten a la Comisión (no elegida) crear libremente reglamentos apremiantes de alcance general, ha sido denunciado por el contra-informe de los convencionales juzgando que el TCE no es democrático. Un documento interesante en :

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=14058

Para las actas jurídicas de la Unión, ver el Art. I-33 (nota [5]).

[11] Las instrucciones imperativas de tipo político son demasiado numerosas para nombrarlas todas. Entre otros, más de 300 artículos de la parte III definen en detalle las políticas económicas de la Unión.

[12] Independencia y misiones del banco central : Art. I-30 :

“1. (…) El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, que constituyen el Eurosistema, dirigirán la política monetaria de la Unión.

2. El Sistema Europeo de Bancos Centrales estará dirigido por los órganos rectores del Banco Central Europeo. El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, prestará apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la consecución de los objetivos de ésta. Realizará todas las demás misiones de un banco central de conformidad con la Parte III y con los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.

3. El Banco Central Europeo es una institución. Tendrá personalidad jurídica. Le corresponderá en exclusiva autorizar la emisión del euro. Será independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos de los Estados miembros respetarán esta independencia.”

Y Art. III-188 : “ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano.”

[13] Ver J.P. Fitoussi, Profesor de las Universidades en el Instituto de Estudios Políticos de París, Presidente de Consejo Científico del IEP de París, Presidente del OFCE y Secretario general de la Asociación Internacional de Ciencias Económicas, conversaciones con J.C. Guillebaud, “La politique de l’impuissance”, 2005 Arléa :

–          JCG : ” Está diciendo que en el fondo, obsesionados por la lucha contra la inflación, hemos aceptado el paro.”

–          JPF : “¡ Peor todavía ! En una primera fase, se ha instrumentalizado el paro para combatir la inflación. Cualquier “banquero-central” del planeta sabe que, en el momento en que suba las tasas de los intereses, deja en el paro a una parte de las categorías más vulnerables de la población. No sólo lo sabe, pero es precisamente por eso que lo hace. ¿ Porqué suben las tasas de los intereses ? Porque estamos convencidos que la demanda es demasiado fuerte y que las empresas que producen a plena capacidad sólo podrían atenderla al subir sus precios. La ducha de agua fría, que representan las tasas de los intereses, hace que se reduzca la demanda e incite las empresas a despedir.” (p.45)(…)

–          JCG : “¿ Qué opina sobre los dos argumentos recalcados en aquella época (después de 1982) a propósito de la inflación y del respeto de los grandes equilibrios ? Primero nos han dicho que era legítimo (incluso moralmente) luchar contra la inflación porque castigaba a los más pobres ; luego, que había que mantener los grandes equilibrios por simple respeto y generosidad hacia las futuras generaciones, para no dejar una carga demasiado pesada a nuestros hijos. De alguna manera, se ha envuelto esta política en un dicurso generoso…”

–          JPF : “Fue una doble mentira. Al subir las tasas de los intereses, a un nivel elevado y sobretodo ahora, una vez vencida la inflación, se sabía que iba a favorecer a los detentores del capital financiero, y que se negaba a las categorías más vulnerables de la población, el acceso a los bienes duraderos (aquellos que exigen recurrir a préstamos). La segunda mentira, es que al subir las tasas de los intereses – el servicio de la deuda se convertía en uno de los puestos más importantes del presupuesto del Estado.” (p.46)

–          JPF :  “Que la orientación de las políticas económicas de la Unión sea, en lo esencial, independiente de cualquier proceso democrático, es al mismo tiempo contrario a las tradiciones de los pueblos europeos, y peligroso en cuanto a la eficacia económica del conjunto.” (p.72)

–          JPF : “Exagerando un poco, podríamos afirmar que el “gobierno económico” de Europa se está asemejando a un déspota ilustrado que, fuera del alcance de las presiones populares, buscase el bien común mediante la aplicación de una doctrina rigurosa – el liberalismo -, supuestamente superior a todas las demás en cuanto a la eficacia económica. Así la democracia no sería el mejor sistema político para comprender el interés común ; colocaría a los gobiernos en una posición vulnerable ante las presiones de las poblaciones en pro de la redistribución. Así pues, el poder a cambiado de manos. Los políticos han preferido confiarlo a agencias independientes.(…) Pero es también verdad que, desde el principio, la construcción europea ha sido más bien obra de una democracia de las élites, que obra de la democracia a secas. Sin embargo las élites han cambiado (…) hoy en día tienden a asimilar el bien público al mercado.”

Lo demás es edificante… Un pequeño libro importante, hay que leerlo…

[14] Pacto de estabilidad : Art. III-184 (2 pág.) y Art. 1 del protocolo Nº10 sobre el proceso relativo a los déficits excesivos.

“Los valores de referencia que se mencionan en el apartado 2 del artículo III-184 de la Constitución serán :

a) 3% en lo referente a la proporción entre el déficit público previsto o real y el producto interior bruto a precios de mercado

b) 60% en lo referente a la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de mercado.” Ver también la nota anterior

[15] Prohibición de falsear la competencia : esta prohibición se encuentra en  todo el texto, es formal y apremiante :

Art. III-166 :

“1. Los Estados miembros no tomarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y de las empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a la Constitución, en particular al apartado 2 del artículo I-4 y a los artículos III-161 a III-169.

2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal estarán sujetas a las disposiciones de la Constitución, en particular a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas disposiciones no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo del comercio no deberá verse afectado de forma contraria al interés de la Unión.

3. La Comisión velará por la aplicación del presente artículo y adoptará, según sea necesario, los reglamentos o decisiones europeos apropiados.”

[16] “La politique de l’impuissance” : libro luminoso de Jean-Paul Fitoussi, ver nota [13].

Leer también el libro entusiasmante de Jacques Généreux, “Manuel critique du parfait européen” que protesta, él también, contra el naufragio de las herramientas de intervención económica europeas, y contra el dogmatismo ciego que sostiene esta locura única en el mundo.

[17] “Douze économistes contre le projet de constitution européenne”, de Gilles Raveaud, doctor en economía y profesor (Institut d’études européennes, Universidad París VIII, y once más) : un análisis excelente, muy argumentado, del actual proyecto de la Unión, proyecto más económico que político.

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2231 y http://econon.free.fr/index.html

[18] Proceso de revisión ordinaria : Art. IV-443.3 : “Una Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros será convocada por el Presidente del Consejo con el fin de que se aprueben de común acuerdo las modificaciones del presente Tratado.

Las modificaciones entrarán en vigor después de haber sido ratificadas por todos los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.”

[19] Recuerdo : el artículo 28 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del año I de la República francesa (1793) determinaba : “Un pueblo siempre tiene el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las futuras generaciones.”

[20] Proceso de revisión simplificada : Art. IV-444 :

“1. Cuando la Parte III disponga que el Consejo se pronuncie por unanimidad en un ámbito o en un caso determinado, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión europea que autorice al Consejo a pronunciarse por mayoría cualificada en dicho ámbito o en dicho caso.

El presente apartado no se aplicará a las decisiones que tengan repercusiones militares o en el ámbito de la defensa.

2. Cuando la Parte III disponga que el Consejo adopte leyes o leyes marco europeas por un procedimiento legislativo especial, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión europea que autorice a adoptar dichas leyes o leyes marco por el procedimiento legislativo ordinario.

3. Cualquier iniciativa tomada por el Consejo Europeo en virtud de los apartados 1 o 2 se transmitirá a los Parlamentos nacionales. En caso de oposición de un Parlamento nacional notificada en un plazo de seis meses a partir de esta transmisión, no se adoptará la decisión europea contemplada en los apartados 1 o 2. A falta de oposición, el Consejo Europeo podrá adoptar la citada decisión.

Para la adopción de las decisiones europeas contempladas en los apartados 1 y 2, el Consejo Europeo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen.”

[21] Leer el apasionante análisis de Laurent Lemasson, diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París, titular de un doctorado en Derecho Público y Ciencias Políticas y encargado de curso en la Essec, “Constitution européenne: l’Europe y trouve-t-elle son compte ?”, documento que se puede leer en la página del Instituto Thomas More :

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24

Por el riesgo de extensión de los poderes de las instituciones de su propia iniciativa y sin el acuerdo directo de los pueblos, (ver pág.10).

[22] Proceso de ratificación para la entrada de un nuevo Estado en la UE : Art. I-58 : “Requisitos de pertenencia y procedimiento de adhesión a la Unión

(…)

2. Todo Estado europeo que desee ser miembro de la Unión dirigirá su solicitud al Consejo. Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Las condiciones y el procedimiento de admisión se establecerán por acuerdo entre los Estados miembros y el Estado candidato. Este acuerdo deberá ser sometido a ratificación por todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.”

Estas últimas palabras sujetan el proceso de ratificación de la entrada de un nuevo miembro al derecho nacional.

En febrero de 2005, el Parlamento francés, reunido en congreso, ha cambiado la Constitución francesa para que esta ratificación sea forzosamente sometida a referéndum : artículo 2 de la ley de revisión : 1.- El título XV de la Constitución está completado por un artículo 88-5 así redactado : “Art. 88-5. – Cualquier proyecto de ley autorizando la ratificación de un tratado relativo a la adhesión de un Estado a la UE y a las comunidades europeas está sometido a referéndum por el Presidente de la República.”

(“está sometido” quiere decir obligatorio).

[23] Remito otra vez al excelente artículo de Laurent Masson, pág. 5 :

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24

[24] Exclusividad para el ejecutivo sobre la iniciativa de las leyes : Art. I-26 : “(…) 2. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando la Constitución disponga otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezca la Constitución.

[25] Asuntos exclusivos, ahí donde el ejecutivo puede legislar solo : Art. I-34 : “(…) 2. En los casos específicos previstos por la Constitución, las leyes y leyes marco europeas serán adoptadas por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, o por éste con la  participación del Parlamento Europeo, con arreglo a procedimientos legislativos especiales.”

Aparentemente, aquí tampoco, se encuentra ninguna lista de los “asuntos reservados al ejecutivo-legislador” (Montesquieu tiene que sufrir en su tumba, al ver que estas dos palabras puedan juntarse todavía), así pues, hay que ir a pescar entre las 850 páginas para encontrar los artículos que preven un proceso legislativo especial…

Aun cuando estos asuntos sean de algún modo una zona franca de control parlamentario, nos gustaría sin embargo simplemente conocer los temas de que se trata.

Como no encontraba lo que buscaba en mis 852 páginas del texto original (versión francesa, NdT), encontré las explicaciones siguientes en http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157 :

Los 21 asuntos de los cuales el Parlamento queda excluido y en los cuales el Consejo de Ministros decide solo tienen una importancia decisiva : el mercado interior, lo esencial de la política agrícola común, el arancel aduanero común, la política extrangera y de seguridad común, la política económica, la política social, los impuestos …”

Al preguntarle sobre las fuentes de esta afirmación, el autor Jean-Jacques Chavigné me dió en seguida las referencias de los artículos precisos, comentando : “Nunca encontrará escrito, explícitamente, que el Parlamento queda excluido de la decisión. Habrá que entender que queda excluido cuándo un artículo de la Constitución precise que es el Consejo quien decide y/o que simplemente se consultará al Parlamento. (JJC)”

Tremenda opacidad del texto supremo, el cual tendría que ser con todo absolutamente claro, aquí ya se entiende por qué. JJC sigue : ” He aquí los asuntos (o las partes de los asuntos) más importantes en los cuales el Consejo decide solo y el Parlamento no tiene codecisión.”

Política Extrangera y de Seguridad Común :

Art. III-295-1 : “El Consejo Europeo definirá las orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común, también respecto de los asuntos que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa.”

Art. III-300-1 : “El Consejo adoptará por unanimidad las decisiones europeas contempladas en el presente capítulo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Consejo se pronunciará por mayoría cualificada…”

El papel del Parlamento está definido en :

Art. III-304-1 : “El Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión consultará e informará al Parlamento Europeo…

2. El Parlamento Europeo podrá dirigir preguntas o formular recomendaciones al Consejo y al Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión…”

Mercado interior :

Art. III-130-3 : “El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, los reglamentos o decisiones europeos…”

Arancel Aduanero Común :

Art. III-151-5 : “El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, los reglamentos o decisiones europeos por los que se fijan los derechos del arancel aduanero común.”

Competencia :

Art. III-163 : “El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, los reglamentos europeos para la aplicación de los principios enunciados en los artículos III-161 y III-162 (normas sobre competencia). Se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo.”

Política Agrícola Común :

Art. III-231-2 : “La ley o ley marco europea establecerá la organización común de mercados agrícolas…”

La expresión “Ley marco europea”, sin ninguna otra precisión, significa que se aplica el proceso legislativo ordinario, definido en el artículo III-396. Se trata entonces de una codecisión del Consejo y del Parlamento europeo. Lo cual es un avance en comparación con los tratados anteriores.

Pero :

Art. III-231-3 : “El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará los reglamentos o decisiones europeos relativos a la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas…”. El Consejo decide pues solo, a propuesta de la Comisión, los precios, las ayudas, las limitaciones…

Disposiciones fiscales :

Art. III-171 : “Una ley o ley marco europea del Consejo establecerá las medidas referentes a la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos, siempre que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la competencia. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social.”

Social :
Hay que distinguir tres niveles :

Primer nivel : ámbito de codecisión :

Art. III-210-1 :

a) la mejora, en particular, del entorno de trabajo…

b) las condiciones de trabajo.

e) la información y la consulta a los trabajadores.

h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral…

i) la igualdad entre mujeres y hombres…

j) la lucha contra la exclusión social.

k) la modernización de los sistemas de protección social, sin perjuicio de la letra c (seguridad social y protección social de los trabajadores).

Segundo nivel : el Consejo decide sólo :

Art. III-210-3 : “…en los ámbitos contemplados en las letras c), d), f) y g) del apartado 1, el Consejo adoptará las leyes o leyes marco europeas por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo…”

c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores.

d) la protección de los trabajadores en caso de resolución del contrato laboral.

e) la información y la consulta a los trabajadores.

f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión, sin perjuicio del apartado 6.

g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión.

Tercer Nivel : la Unión (que sea sólo el Consejo o el Parlamento con el Consejo) no tiene competencia :

Art. III-210-6 : “El presente artículo no se aplicará a las retribuciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal…”

Lo cual vuelve imposible cualquier salario mínimo europeo.

Lo cual vacía de su contenido el artículo III-210-3-f

Lo cual vacía de su contenido el artículo II-88 : el derecho de huelga no podrá ser impuesto por la Unión a un Estado miembro que no lo hubiera previsto o lo quitara de su legislación. Lo cual tiene la ventaja de no imponer el “lock-out” (cierre patronal) a una legislación nacional (legislación francesa) que no lo reconociera. (JJC)

[26] Laurent Lemasson, diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París, titular de un doctorado en Derecho Público y Ciencias Políticas y encargado de curso en la Essec, “Constitution européenne: l’Europe y trouve-t-elle son compte ?”, documento que se puede leer en la página del Instituto Thomas More :http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24

[27] Sólo la Comisión puede ser derrocada por el Parlamento, en su conjunto: Art. I-26-8 : “La Comisión tendrá una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo podrá votar una moción de censura contra la Comisión de conformidad con el artículo III-340. Si se aprueba dicha moción, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión.”,

Art. III-340 : ” (…) Si la moción de censura es aprobada por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión…”

Un comisario puede ser “dimitido” por el presidente de la Comisión (él mismo elegido por el Parlamento) : Art. I-27, último apartado : “Un miembro de la Comisión presentará su dimisión si se lo pide el Presidente…”, pero ni el Consejo de Ministros, ni tampoco el Consejo europeo son responsables ante nadie.

El Consejo nombra a los miembros de la Comisión (Art. I-27-2), sólo el Presidente de la Comisión es elegido por el Parlamento (Art. I-27-1) a propuesta del Consejo europeo. El Parlamento no escoje al Presidente. El Parlamento tampoco es responsable : nadie lo puede disolver.

[28] Yves Salesse, miembro del Consejo del Estado, “Manifesto para otra Europa”, pág.36 y siguientes : ” El poder de la Comisión se ha sobrestimado. En derecho como de hecho, este poder está fundamentalmente detentado por el Consejo de Ministros. (…) La Comisión no carece de poder, pero está sujeta al primero. Está compuesta de políticos y funcionarios de los Estados que no han roto con ellos. (…) Así, no sólo el poder de la Comisión está suborninado, sino que no existe tendencia alguna a reforzarlo. Al contrario la influencia de los Estados es cada vez mayor.

Cuando pretenden haber sido sorprendidos por una decisión, están mintiendo.

El desconocimiento del poder de los Estados tiene consecuencias políticas. Exime a los gobiernos de su responsabilidad en las decisiones europeas. Son los primeros en pregonar : ” No somos nosotros, es lo de Bruselas.”

[29] Ver buenas explicaciones sobre el AGCS en la página http://www.urfig.org/ (RM Jennar).

[30] Ver el detalle de la humiliación de los parlamentarios infligida por Pascal Lamy (querían consultar los documentos preparatorios al AGCS), en el libro apasionante de Raoul Marc Jennar, “Europe, la trahison des élites”, pág.64 y siguientes, y especialmente pág.70 y 71.

Ver tambien un apasionante artículo de Jennar titulado “Combien de temps encore Pascal Lamy ?”, referente a los acuerdos AGCS y ADPIC :

http://politique.eu.org/archives/2004/04/11.html.

[31] Noëlle Lenoir, entonces ministra francesa delegada para los asuntos europeos del gobierno Raffarin, declaró : “Sólo habrá que juntar un millón de firmas en Europa para obligar a la Comisión a que entable un proceso legislativo” (Le Monde, 30 de octubre de 2003).

[32] Derecho de petición : Art. I-47-4 : “Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requiere un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de la Constitución. La ley europea establecerá las disposiciones relativas a los procedimientos y condiciones necesarios para la presentación de esta iniciativa ciudadana, incluido el número mínimo de Estados miembros de los que deben proceder los ciudadanos que la presenten.”

Estámos muy lejos del referéndum de iniciativa popular suizo que presentan como señuelo para atraer a los electores.

[33] Sobre lo que se puede reprochar a la convención “Giscard”, leer el análisis de Robert Joumard, pág.13 y siguientes, ver también el de Christian Darlot. Ver también Paul Alliés “Une Constitution contre la démocratie ?”, pág.38 y siguientes.

[34] Sobre ese tema, leer la  posición de Pervenche Berès, miembro de la convención “Giscard”, por lo tanto coautora del texto, que reniega sin embargo el resultado final por haber sido tan desfigurado por los gobiernos a lo largo del año siguiente, y que finalmente llama a “Dire non pour sauver l’Europe” : http://www.ouisocialiste.net/IMG/pdf/beresMonde290904.pdf.

[35] Planning de las ratificaciones :

Países que no someten el tratado a su pueblo :

Lituania (11/12/04), Hungría (20/12/04), Italia (25/01/05), Slovenia (01/02/05), Alemania (12/05/05), Slovaquia (mayo de 2005), Chipre (mayo de 2005), Austria (primavera 2005), Bélgica (primavera 2005), Grecia (primavera 2005), Malta (julio de 2005), Suecia (diciembre de  2005 y si embargo 58% de los suecos reclaman un referéndum), Estonia (2005), Letonia (¿?).

Países que han optado por el referéndum :

España (20/02/05), Holanda (01/06/05), Francia (29/05/05), Luxemburgo (10/07/05), Dinamarca (27/09/05), Portugal (octubre de 2005), Polonia (finales de 2005), Reino Unido (primavera de 2006), República Checa (junio de 2006), Irlanda (2006).

[36] R.M. Jennar tiene razón : Tenemos que reafirmar nuestros fundamentos y recordar lo que proclamaba, el 26 de junio de 1793, el artículo 35 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del año I : ” Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada fracción del pueblo el más sagrado de los derechos, y el más indispensable de los deberes”. (“Europe, la trahison de élites”, pág.218).

[37] Según la famosa fórmula de Lacordaire : “Entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el servidor, la libertad oprime y la ley libera”.

Cualquiera puede prever lo que pasará con unos zorros libres en un gallinero libre. Los encantos de la libertad desbocada son un cuento, una impostura.

[38] Leer los análisis de la página Acrimed sobre la parcialidad de los medias en este asunto : http://www.acrimed.org/article1950.html

Leer también el artículo de Bernard Cassen en Le Monde diplomatique : “Débat truqué sur le traité constitutionnel” : http://www.monde-diplomatique.fr/2005/02/CASSEN/11908

Traducción : Yves Ropars, María José García Ripoll.

Los consumidores pagamos más impuestos a la energía para satisfacer al ‘lobby’ eléctrico

FUENTE.

Posted on septiembre 30, 2012 | 1 comentario

El Consejo de Ministros del viernes 14 de septiembre aprobó una serie de impuestos sobre las energías, destinados a eliminar el llamado «déficit de tarifa», aunque no el mecanismo regulatorio que lo ha generado. Por recordar brevemente los problemas energéticos de España, pueden resumirse en:

  1. Dependencia exterior del 90 % (incluyendo la nuclear), cuando en Europa es del 55%.
  2. Falta de competencia.
  3. Aislamiento internacional.

El paquete de medidas aprobado es puramente recaudatorio y no resuelve ninguno de los problemas energéticos de España, y se destina exclusivamente a satisfacer las presiones del ‘lobby’ eléctrico.

Freno a la insensatez del ministro

No obstante, también se pueden extraer una serie de conclusiones relevantes al respecto. La primera es que no es la reforma de Soria, y la cuestión es de quién es y todo apunta a que el ministro Montoro ha tenido algo que ver, y que el propio Rajoy le ha apoyado finalmente. Esto es positivo, pues han parado por el momento la insensatez del ministro Soria.

Pero parece muy probable que hayan influido las presiones internacionales: el embajador de EE.UU. podría haber advertido sobre represalias en su país a las empresas españolas y los fondos internacionales con subir la prima de riesgo. Pero sobre todo puede haber influido Bruselas, ya que después del apoyo prometido del BCE, y del apoyo acordado a la Banca, las condiciones macroeconómicas se conocen, pero otras solo se han filtrado parcialmente; y entre estas están las relativas a energía, que serían: acabar con el déficit de tarifa, pero también aumentar la competencia, poner impuestos a los ‘windfall profits’ de nucleares e hidráulicas y favorecer a las renovables. Hay, pues, razones para un moderado optimismo respecto a próximas reformas.

Nos toca pagar a los consumidores

¿Y los efectos de estos impuestos? Todo indica que los que recaen en el gas serán trasladados fácilmente a los consumidores de electricidad, y que como el carbón, las nucleares e hidráulicas cobran el mismo precio que el gas, recuperarán una parte de los nuevos impuestos que soportan. Similarmente, los aplicados al petróleo y derivados (no se entiende bien por qué denominados «céntimo verde») también serán trasladados con facilidad a los consumidores.

¿Y los impuestos que recaen sobre las renovables? Precisamente estas energías, como cobran primas fuera de mercado, no van a poder trasladar nada. Así, la carga de los impuestos va a recaer finalmente sobre consumidores y renovables, como siempre.

Miedo al autoconsumo

Pero hay más aspectos relevantes: ¿podemos esperar que esto termine con el victimismo de las eléctricas de Unesa contra las renovables? La respuesta es no, pues su gran temor es que el enorme descenso de coste de la fotovoltaica y otras abra la puerta al autoconsumo, que siguen frenando con apoyo de Soria (de hecho, ya han criticado los impuestos que les tocan).

De paso comprobaremos, una vez más, que las renovables nada tienen que ver con el  déficit de tarifa, pues acabado este los ataques seguirán, y probablemente con mayor virulencia.

Para concluir, se trata de una reforma puramente impositiva que no resuelve ningún problema energético de España, solo destinada a satisfacer al lobby eléctrico. Pero tampoco es la reforma de Soria, que pretendía acabar con la energía solar, y muy especialmente con la fotovoltaica, arruinando a decenas de miles de familias. Parece que puede haber pesado decisivamente la opinión de Bruselas, y dado que son muy favorables a la competencia y las renovables, las razones para el pesimismo generalizado se suavizan… Pero Soria sigue siendo ministro.

La cadena perpetua revisable se impondrá a asesinos de menores, magnicidas y terroristas

FUENTE.

La nueva pena, denominada “prisión permanente revisable”, es “de duración indefinida” aunque sujeta a levantamiento después de entre 25 y 35 años de cumplimiento. Se aplicará al asesinato del Rey o el Príncipe

A.M. Madrid 14/09/2012 13:59 Actualizado: 15/09/2012 09:40

El Gobierno anunció hoy la introducción de la cadena perpetua revisable en el Código Penal no sólo para delitos de terrorismo, sino también de magnicidio, genocidio, y de determinados asesinatos agravados, en concreto cuando la víctima sea menor de 16 años, cuando se le dé muerte después de una agresión sexual, cuando se trate de un crimen múltiple o cuando el autor forme parte de una organización criminal.

Tras el Consejo de Ministros, el titular de Justicia destacó que la nueva pena de prisión permanente tendrá una “duración indefinida” aunque podrá ser revisada después de que el delincuente haya pasado un mínimo de entre 25 y 35 años en la cárcel, dependiendo del delito.

La revisión corresponderá al tribunal sentenciador, que, a partir de un determinado tiempo de cumplimiento, deberá cada dos años hacer una revisión de oficio de la pena.

Alberto Ruiz-Gallardón presentó al Consejo un informe sobre la reforma. A partir de ahora, el calendario pasará por pedir un informe al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado, antes de que se apruebe por el Gobierno definitivamente el Proyecto de Ley para su remisión a las Cortes. El Ejecutivo no pedirá que se tramite por vía urgente en el Parlamento, al considerar adecuado un debate profundo con todos los grupos parlamentarios.

Las nuevas penas no serán aplicables a los delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor siempre que sean más duras para el reo, de acuerdo al principio jurídico de irretroactividad de la ley penal más desfavorable.

El ministro sostuvo que la prisión permanente revisable cumple el requisito que establece la Constitución Española de que las penas deben estar dirigidas a la reinserción del condenado.

También cree que no es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que ha sido avalada por el Consejo de Estado cuando dictaminó el convenio del Tribunal Penal Internacional. Además, destacó que en casi todos los  países europeos, entre ellos Alemania, Italia, Reino Unido y Francia, está vigente una pena similar.

Un periodista preguntó a Gallardón si la reforma llega ahora por populismo, intentando sintonizar con el rechazo levantado por casos como el de José Bretón, o para acallar la división interna del PP por la excarcelación del etarra Bolinaga. Gallardón dijo que las medidas no responden a ningún “motivo coyuntural”, y para demostrarlo, recordó que en su comparecencia de principio de año en la Comisión de Justicia del Congreso anunció esta reforma para después del verano.

Además de la prisión permanente revisable, la reforma establece la “custodia de seguridad”, con duración máxima de diez años, que será de aplicación a los reos una vez cumplida la pena de prisión, y que seguirá siendo una medida de privación de libertad, a cumplir en cárceles o en centros especiales.

Está prevista para reincidentes en delitos terroristas, de asesinato, sexuales, o de tráfico de drogas, o para quienes cometan por primera vez una pluralidad de esos delitos. La medida tendrá que establecerse en la misma sentencia donde se condene al reo a la pena de prisión, si el tribunal juzga que puede ser potencialmente peligroso cuando termine la condena, aunque podrá reconsiderar la imposición de la medida cuando acabe la pena de cárcel.

Por último, la reforma amplía la medida de libertad vigilada, actualmente en vigor para delitos sexuales, a otro tipo de delitos.

Por otro lado, la medida de prisión permanente revisable será compatible con la clasificación del preso en tercer grado penitenciario, que le permitirá trabajar fuera de la cárcel e ir al centro sólo a dormir, a partir de un periodo de cumplimiento que se fijará en el Código cuando se apruebe por el Gobierno

El Gobierno aprueba hoy el Código Penal más duro de la democracia

FUENTE.

Jueces para la Democracia avisa de que la prisión permanente y la custodia de seguridad pueden ser inconstitucionales. Discrepa de elevar las penas en uno de los países con más presos por habitante

A.M. Madrid 11/10/2012 07:20 Actualizado: 11/10/2012 07:28

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este jueves el Anteproyecto de Código Penal más duro de la democracia, que introduce la pena de prisión permanente revisable para los delitos más graves y una nueva medida de privación de libertad denominada custodia de seguridad, que puede mantener en la cárcel a un penado diez años más tras cumplir su condena si se le considera peligroso.

Desde la asociación progresista Jueces para la Democracia, su portavoz Joaquim Bosch destaca que “en España, con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, y uno de los porcentajes más altos de presos por habitante, la severidad de las actuales penas son suficientes, y no se necesita una reforma que los endurezca más”.

Añade que, sin datos objetivos de incremento de la delincuencia ni mayor inseguridad ciudadana, sólo “una finalidad populista” explica el proyecto de endurecimiento de penas.

“En vez de apoyar la prevención social frente al delito, apuestan por la solución más fácil y menos comprometida, que es elevar las penas.Y no atacan ni la alta delincuencia económica ni la corrupción política”, destaca Bosch.

En cuanto a la prisión permanente revisable, cree primero que es innecesaria porque las penas en España ya son muy altas (40 años de prisión en casos de los supuestos más graves de terrorismo) y, en función de cómo se articule, considera que puede ser inconstitucional y anulada por tanto en el futuro por el TC porque, según marca la Carta Magna, el fin de la pena es la reinserción del recluso.

Lo mismo opina de la nueva pena de custodia de seguridad, porque supone una prórroga de la prisión que puede vulnerar los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica.

Pena indefinida aunque revisable

El Gobierno estudió el pasado 14 de septiembre un informe presentado por el ministro de Justicia sobre este Anteproyecto de reforma del Código Penal.

En dicho documento, hecho público por el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, se destacaba como principal novedad del texto la pena de prisión permanente revisable para delitos de homicidios terroristas, asesinatos del rey, el príncipe o jefes de Estado extranjeros, genocidio, crímenes de lesa humanidad, y asesinatos agravados: cuando la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable; cuando se mate después de una agresión sexual a la víctima; los asesinatos múltiples; o los cometidos por miembros de una organización criminal.

El texto debe fijar el periodo mínino de cumplimiento de cárcel hasta el cual no será posible revisar la condena a estos delincuentes. Su pena será indefinida, aunque revisable de forma periódica a partir de una fecha (tras entre 25 y 35 años condena) por el tribunal sentenciador.

Además, el informe destacaba la introducción de la medida de privación de libertad denominada custodia de seguridad, prevista para prolongar las condenas de convictos, una vez que cumplan su pena, si se considera que son aún peligrosos, y por un espacio de tiempo máximo de diez años. Está previsto para reincidentes en delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la indemnidad sexual, o de terrorismo o narcotráfico, o a quienes los mismos por primera vez si cometen varios al mismo tiempo.

Mensajes en las redes sociales

También introduce un nuevo delito consistente en la difusión de mensajes a través de las redes sociales que inciten a alteraciones de orden público. Estará castigado con entre 3 meses y 1 año de cárcel, aunque también podrá ser sancionado con multa, según informaron esta tarde fuentes del Ministerio de Justicia.

El nuevo delito no especificará los canales de difusión de esos mensajes de incitación a la violencia, pero incluirá Twitter, Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social o de comunicación en general.

Las citadas fuentes señalaron que no estará sancionada la convocatoria de movilizaciones, sino la incitación a cometer desórdenes graves del orden público en esas convocatorias. Bastará para la persecución penal que se haya lanzado el mensaje, es decir, que no será necesario que se haya concretado realmente el acto violento, al configurarse técnicamente como un delito de peligro y no de resultado.

También incluye otra batería de medidas entre las que destaca el incremento de las penas para los delitos de detención ilegal con desaparición de la víctima y regula la libertad condicional como una suspensión de la pena, de modo que si, una vez libre, vuelve a delinquir, podrán ser devueltos a la cárcel para seguir cumpliendo condena desde el momento en que quedó en suspenso

Real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de marzo para paliar el déficit de tarifa eléctrico

Más tijera eléctrica

11.04.2012 Llave

El real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de marzo para paliar el déficit de tarifa eléctrico es solo el comienzo de una revisión mucho más amplia. El propio decreto dice textualmente que es “un primer paso”, y que resulta necesario “acometer una reforma más profunda”.

La nueva norma da potestad al Ministerio de Industria para que redacte nuevos borradores de decreto para seguir metiendo la tijera. Entre otras cosas, Industria va a hacer una revisión total de algunos activos clave de las eléctricas, como las redes de distribución, en manos de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC, y las redes de alta tensión, en manos de Red Eléctrica.

Industria quiere ajustar la retribución de las compañías a aquellos activos que están realmente en uso y no amortizados. Cualquier ejercicio de transparencia siempre debe ser bienvenido. Pero también, cualquier ejercicio de transparencia debe ser completo y concreto, para que su incertidumbre no provoque más daño del que intenta reparar.

El real decreto ley de marzo, muy didáctico y entendible para profanos en la materia, pasa por alto aspectos clave en el sobrecoste eléctrico, como el de las subvenciones a las renovables. Como en la reforma de las cuentas públicas, cualquier reforma eléctrica estará incompleta si no se aborda con valentía las grandes partidos de gasto. Todo lo demás, es marear la perdiz.

Los DERECHOS PERDIDOS con el PP

 

Los derechos perdidos
Por ANTONIO ANTÓN

La austeridad impuesta a las capas populares y los ataques a lo público y al Estado del Bienestar han provocado un enorme déficit democrático.

RAZONES #15S – #25S Los recortes antisociales del Gobierno del PP

Los recortes antisociales del Gobierno del PP
El Consejo de Ministros del 13 de julio aprobó un nuevo conjunto de medidas de ajuste. Tienen un carácter profundamente antisocial y reducen derechos sociales en tres áreas: protección al desempleo, servicios públicos y condiciones salariales y laborales de los empleados públicos.
A ellas hay que añadir la última reforma laboral y las medidas fiscales regresivas.

Están inscritas en una estrategia liberal-conservadora de ampliación de la austeridad para las capas populares y debilitamiento de lo público y el Estado de bienestar, son injustas y tienen graves consecuencias sociales y un gran déficit democrático. Veámoslas detenidamente.

1) Debilitamiento de la protección social a las personas desempleadas.

Las principales medidas de este primer tipo son las siguientes.

Se rebajan diez puntos porcentuales (del 60% al 50% de las bases de cotización) el importe de la prestación contributiva que se cobra a partir del séptimo mes de desempleo (se mantiene el 70% los primeros seis meses); puede afectar a cerca un millón del total de 1,3 millones que reciben prestaciones contributivas.

Se elimina el subsidio no contributivo de los mayores de 52 años y hasta la edad de 55 años en que se fija ahora el derecho, siendo obligatoria su finalización a la primera edad posible de jubilación; del total de 1,3 millones que perciben este subsidio asistencial se ven perjudicados unos 300.000.

Igualmente, se restringe el acceso a la renta activa de inserción que durante seis meses percibían las personasdesempleados mayores de 45 años, con rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 641 euros, introduciendo mayores exigencias de búsqueda de empleo y eliminando a los desempleados inscritos pero sin haber conseguido previamente derechos contributivos; afecta a unas 650.000 personas.

El tope de la indemnización del FOGASA, para personas despedidas de empresas insolventes, desciende un 20% (de 150 días a 120) y el máximo del importe pasa de tres veces y media el SMI mensual (2.243 euros) a dos veces (1.282 euros), es decir, se recorta el 42%.

Así mismo, se amplían las exigencias de ‘búsqueda activa de empleo’ o reinserción laboral, así como los controles y las capacidades sancionadoras de la administración para poder expulsar beneficiarios de estas prestaciones, sólo con ‘indicios’ de fraude o sin aportar todos los requisitos y documentos que demuestren la mejora de su empleabilidad.

A todo ello hay que añadir el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por el beneficiario de la prestación contributiva, que antes financiaba el INEM, con lo que su retribución neta se reduce un 3,4%. Hasta el año 2014, solamente la reducción del gasto en protección contributiva al desempleo se calcula en cerca de 14 mil millones de euros.

Por otro lado, el decreto-ley aprobado el 24 de agosto sobre la renovación el plan PREPARA aprueba dos medidas contradictorias, una mejora parcial y un recorte significativo.
Desde hace dos años, una media de 200.000 personas desempleadas que agotaban la prestación contributiva ha cobrado un subsidio, durante seis meses, debiendo participar en un programa de inserción profesional.

Ahora, por una parte, se eleva de 400 euros a 450 el importe a percibir sólo por las personas desempleadas que tienen responsabilidades familiares (pareja y dos hijos menores de 26 años) y sin ingresos.

Por otra parte, la más sustancial, se elimina su percepción para muchos beneficiarios, especialmente jóvenes, al computar la renta familiar en vez de la individual, y además, se endurecen los requisitos: constatación de que se busca activamente empleo y que la situación de paro sea de larga duración (más de un año).

El primero supone mayores controles administrativos persiguiendo la baja del sistema, ya que no hay expectativas de crecimiento del empleo, dada la situación económica, y al mismo tiempo, se reducen los recursos públicos para políticas activas de empleo.

El segundo consiste en dejar sin acceso a las personas (jóvenes) que no han llegado a estar empleadas durante tres años, periodo de cotización necesario para cobrar doce meses la prestación contributiva previa, ya que este subsidio se cobra una vez finalizada la prestación contributiva y se exige estar un año en paro (dentro de los últimos 18 meses).

Además, de los 5,7 millones de personas desempleadas (según la EPA-2012-2º trimestre) sólo cobran una prestación o un subsidio de desempleo 2,9 millones (según el paro registrado del INEM), por lo que hay 2,8 millones permanecen sin ninguna protección pública, y 1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro.

En definitiva, el paro masivo, la reducción de la protección pública y el desamparo de las personas desempleadas están generando un mayor empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos, un descenso en sus trayectorias laborales y personales y un deterioro de sus capacidades humanas, académicas y profesionales, con especial repercusión entre la gente joven.

La desprotección social conlleva el intento de diluir la responsabilidad de las instituciones públicas y reafirmar la ideología liberal-conservadora, culpando a las personas desempleadas de su propia situación de paro.

La ausencia de políticas de reactivación de empleo decente y estos nuevos recortes de la protección al desempleo están consolidando nuevas brechas sociales y dificultades para la integración social.

Es preciso ampliar la cobertura e intensidad de la protección social al desempleo y al riesgo de pobreza y exclusión, fortalecer las adecuadas políticas de formación y cualificación profesional y estimular la creación de empleo con plenos derechos sociales y laborales.

2) Deterioro de la calidad de servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, ayuda a la dependencia, servicios sociales…).

Este decreto de julio recorta 5.811 millones de euros el gasto de las Comunidades Autónomas, siendo el grueso de su presupuesto estos servicios esenciales, que se verán afectados. Si se añade el recorte aprobado del gasto de los servicios ofrecidos por el Gobierno central y los Ayuntamientos, la reducción del gasto público llega a9.220 millones de euros.

En particular, adopta una medida que tiene un impacto directo sobre la protección a la dependencia. Se reduce la financiación pública estatal al sistema de dependencia, se pospone la ampliación al grado moderado de dependencia, se aumenta el copago que deberán realizar las personas dependientes y se reducen los servicios que se ofrecen.

Las principales medidas concretas son:

reducción de los importes medios de las prestaciones económicas asociadas a los grados de dependencia,

por la vía de eliminar la subdivisión en los dos niveles de cada uno de los tres grados de dependencia;
rebaja de un 15% de la prestación por cuidador familiar que determina el Estado, descenso ampliable por las comunidades autónomas si así lo deciden,
y el cuidador pasa a asumir la cotización social en vez del Estado como antes.

Este recorte se acumula a las primeras medidas aprobadas por el Gobierno del PP, en diciembre pasado, (recorte de 9.000 millones en el presupuesto de los ministerios y paralización del calendario de aplicación de la ley de dependencia), así como las adoptadas en abril: aumento del copago farmacéutico, incluido el nuevo pago por los pensionistas, exentos hasta entonces; la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la tarjeta sanitaria; el aumento de la ratio de alumnos por aula, con el consiguiente despido de interinos y la menor calidad de la enseñanza, y la subida de las tasas universitarias con mayores dificultades para el acceso a la educación superior de los sectores menos pudientes.

E igualmente se suma la de junio: el llamado medicamentazo, con la exclusión de la subvención pública de 417 medicamentos básicos y de gran consumo.

3) Rebaja de los salarios de los empleados públicos y aumento de su jornada laboral con la consiguiente expulsión de personal interino y contratado. 

Se suprime la paga extra de Navidad para la gran mayoría de los 2,7 millones de empleados del sector público, lo que supone aproximadamente la reducción de un 7% de los ingresos salariales y pudiendo prorratear los descuentos en las nóminas mensuales anteriores a esa fecha; sólo quedan exentos los que cobran menos de 962 euros (1,5 veces el salario mínimo interprofesional).

Se disminuye entre un 50% y un 25% la cantidad percibida en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, que tendrá un máximo del 50% del salario en los tres primeros días de baja por enfermedad y un máximo del 75% entre los días 4 y 20.

Se reducen de seis a tres los días disponibles para asuntos particulares. El personal laboral (0,7 millones) de la administración podrá ver modificados o suspendidos sus convenios colectivos, con el pretexto de insuficiencias presupuestarias.

Hay que añadir la generalización del aumento de jornada laboral de 35 a 37,7 horas semanales, aprobado en diciembre pasado, incluyendo su posible ampliación, con lo que supone de no renovación de contratos temporales o interinos, reducción de empleo e incremento del paro.

Se favorece la movilidad de los empleados públicos en los distintos ámbitos de la administración, y se evita que personal de empresas contratadas adquieran una relación laboral con el Estado.

Oficialmente, el recorte de gasto público previsto por estas medidas, para el año 2012, es de 5.430 millones de euros, aunque el saldo neto derivado de los menores ingresos por cotizaciones sociales del personal adscrito alRégimen General (24,4% de esa cantidad) y por IRPF (por encima del 24,75%), será muy inferior (algunas estimaciones lo sitúan en unos 3.000 millones), y sin contar el impacto negativo sobre el consumo.

A todo ello hay que añadir la congelación del sueldo para 2012 de los empleados públicos decidida en diciembre por el gobierno del PP y la prevista para el año 2013, acumuladas a la reducción del cinco puntos del salario en el año 2010 y su congelación para el año 2011, aprobadas por el anterior gobierno socialista.

4) Una reforma laboral injusta y antisocial. 

 El Gobierno del PP aprobó el pasado mes de febrero una reforma laboral profundamente regresiva: abarata y facilita el despido, recorta derechos y condiciones laborales, precariza el empleo y debilita la regulación laboral y la negociación colectiva.

Sus objetivos son dobles: por un lado, la subordinación de trabajadores y trabajadoras, el abaratamiento de los costes laborales y asegurar una inserción laboral en la inseguridad, y, por otro lado, el incremento de los beneficios empresariales y el fortalecimiento de la capacidad empresarial para disponer arbitrariamente de las personas empleadas y en paro.

El resultado es un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales: por una parte, mayor indefensión para las capas trabajadoras y marginación de sus representantes sindicales, y por otra parte, mayor poder y control empresarial.

Lejos de constatar el fracaso de las anteriores reformas laborales para crear empleo, asegurar su calidad y atender las demandas ciudadanas de superar el paro y garantizar la protección al desempleo, esta contrarreforma laboral del PP profundiza su contenido regresivo y desarrolla su impacto antisocial.

Esta agresiva contrarreforma de las derechas (PP y CIU) profundiza el retroceso laboral impuesto por las dos reformas del Gobierno socialista anterior: la reforma laboral de junio de 2010, con el abaratamiento del despido, y la reforma de la negociación colectiva de julio de 2011, con el debilitamiento de la capacidad contractual de los sindicatos.

En su conjunto es un recorte generalizado de las garantías colectivas e individuales de trabajadores y trabajadoras, una marginación del sindicalismo en la regulación de las relaciones laborales, un incremento del poder empresarial.

5) Medidas fiscales regresivas. 

 La principal es la elevación desde el 1 de septiembre del tipo reducido de IVA desde el 8% al 10% y del tipo normal del 18% al 21%.

Junto con el incremento decidido por el anterior gobierno socialista en el año 2010, en los dos últimos años el tipo general se ha incrementado 3 puntos y el tipo normal 5 puntos.

Además, algunos productos pasan del tipo reducido al normal, es decir, se incrementan 13 puntos.

Es el impuesto más regresivo porque afecta al consumo de la población y, proporcionalmente, es superior para las capas populares.

El impacto oficial es de un incremento impositivo de 2.300 millones de euros en el año 2012 (se aplica sólo en el último trimestre del año), 10.130 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014. Es un importe significativo que se detrae de los recursos de la mayoría de la sociedad, y disminuye el consumo y el empleo.

Por otro lado, se aumenta la fiscalidad del tabaco y se retiran algunas deducciones del Impuesto de Sociedades.

El conjunto de las medidas aprobadas en julio supone una reducción de 1,2 puntos del déficit en el año 2012 y 0,9puntos adicionales en el año 2013, aunque los compromisos adquiridos por el Gobierno con las instituciones comunitarias son una reducción prácticamente el doble.

La presión fiscal en España es muy inferior a la media de la Unión Europea.

En el año 2011 era del 35,1% del PIB, 9,5 puntos menos que la media europea (44,6%), habiendo bajado cinco puntos desde el máximo del año 2007 (41,1%). Esa menor presión fiscal está distribuida en todos los tipos de impuestos.

Con datos desagregados del año 2010 (en que la diferencia existente era de 7,8 puntos), respecto de la media europea en España se ingresaba menos en impuestos indirectos (2,4 puntos de los que 1,4 eran en el IVA), en impuestos directos (2,1 puntos), en cuotas sociales (2,3 puntos) y en tasas y precios públicos (1 punto).

Hay pues margen para un incremento de la fiscalidad.

La cuestión, para que aumente la equidad del sistema, es qué medidas se adoptan. Aparte de la lucha contra el fraude fiscal y contando con el incremento del IRPF (menos regresivo que el del IVA) adoptado por el gobierno del PP en diciembre pasado, existe un margen amplio para el incremento del impuesto de sociedades, particularmente a las grandes empresas con un tipo de gravamen del 30% pero cuyo tipo efectivo es la mitad, debido a las múltiples deducciones existentes hasta ahora.

Este impuesto de sociedades fue rebajado cinco puntos en la reforma fiscal del gobierno socialista en el año 2006. Para hacerse una idea del impacto de esa rebaja, entre los años 2007 y 2010, el descenso más pronunciado de los ingresos fiscales fue el derivado del impuesto de sociedades que se recortó un 64% (17.521 millones de euros en un año según el Ministerio de Hacienda); más de la mitad de esa cantidad (unos 8.000 millones) correspondía a la reducción impositiva, y cerca de la otra mitad a la disminución de la actividad económica.

El nuevo del Gobierno del PP ha confirmado esa rebaja regresiva del tipo de gravamen del impuesto de sociedades realizada por el Ejecutivo del PSOE.

Igualmente, se podrían incrementar otros impuestos, algunos recientemente eliminados como los de sucesiones (más de 2.500 millones anuales) o simbólicos como el del patrimonio (incluido las SICAV) y otros prácticamente inexistentes, como los medioambientales o a las transacciones financieras, además del impuesto especial a las grandes fortunas que propone el partido socialista.

Al mismo tiempo, el gasto público en España, en el año 2011, es el 43,6%, inferior en 5,8 puntos a la media europea (49,4%).

En el periodo 2007-2009 se produjo un significativo aumento del 39,1% del PIB al 46,3%, más de siete puntos, derivado fundamentalmente del incremento de 3 puntos porcentuales del gasto en prestaciones sociales (desempleo y pensiones) y 1,8 en la remuneración de los empleados públicos.

Sin embargo, generado por los distintos recortes sociales de mayo de 2010 (congelamiento de pensiones y rebaja salarial de los empleados públicos), en ese año el gasto público bajó al 45,6% y en el año 2011 al citado 43,6%,es decir, un total de tres puntos en dos años.

Además, hay que contar que, últimamente, la partida del pago por intereses de la deuda pública es la que tiene mayor incremento sin que, por supuesto, suponga un beneficio para la población sino, sobre todo, para los especuladores y acreedores extranjeros.

Una de las medidas problemáticas adoptadas por el último decreto de julio es la rebaja de dos puntos en las cotizaciones sociales de las empresas (unos 5.000 millones de euros) que constituyen un ahorro de costes laborales de las empresas.

Lejos de la versión oficial de que revertirá en mayor inversión y competitividad para nuestras empresas exportadoras, van a ir a parar, fundamentalmente, al aumento de los beneficios empresariales sin mejorar el empleo.

Al mismo tiempo, ponen en peligro los ingresos de la Seguridad Social y puede ser un pretexto para un nuevo recorte de las pensiones.

La conclusión es que no estamos ante un excesivo gasto público que haya que contener sino que todavía resta una gran diferencia, particularmente de gasto social, respecto de la media europea.

El problema fundamental es la limitada presión fiscal en España, muy inferior a la de la Unión Europea y la Eurozona, causante principal del elevado déficit público.

La solución pasa por incrementar los ingresos fiscales con una reforma fiscal profunda, progresiva y equitativa, todavía más necesaria para impulsar políticas de reactivación económica, renovación del aparato productivo y creación de empleo decente, así como para sostener y consolidar nuestro débil Estado de bienestar.

En resumen, el Gobierno del PP, durante estos meses, ha reforzado y ampliado las medidas antisociales de ajuste y austeridad.

Amparado por las instrucciones y orientaciones de las instituciones europeas, con esta política regresiva aprovecha la situación de crisis económica para modificar los equilibrios de reparto de rentas y las garantías de protección social y servicios públicos en beneficio de los empresarios y las capas altas y en perjuicio de la mayoría de la sociedad, las capas trabajadoras y, particularmente, los sectores más desfavorecidos y en desempleo.

Esta política liberal-conservadora supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo social y avanzar en una salida regresiva a la crisis. Supone ante la ciudadanía un justo descrédito de la clase política, empeñada en hacer recaer los mayores costes de la crisis en la mayoría popular.

El reto para las izquierdas, el sindicalismo y los grupos y movimientos sociales progresistas es impedir los recortes antisociales, hacer fracasar esa estrategia, reactivar la ciudadanía y conformar un bloque social unitario, en defensa del empleo decente, los derechos sociales y laborales y el refuerzo del Estado de bienestar.

Las convocatorias de protestas colectivas, particularmente la gran marcha hacia Madrid, del próximo día 15 de septiembre, y la participación masiva en la consulta popular contra los recortes y los ajustes, junto con las distintas movilizaciones en marcha, son un buen cauce para manifestar la indignación ciudadana y exigir un cambio de la política social, laboral y económica que garantice una salida más justa y equitativa de la crisis.

Antonio Antón. Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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El Ministerio de Cultura, censurara el contenido de las webs

viernes, 9 de noviembre de 2012

Breves notas sobre el Real Decreto Ley para modificar la LPI

Piratas de Cataluña ha puesto a disposición del público un documento (pdf) que contiene lo que el Gobierno pretende aprobar como reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
Asumiendo la autenticidad del mismo, y no veo razón para desconfiar de quien lo publica, es bueno llamar la atención, aunque sea brevemente, sobre su contenido, ya que la voluntad de aprobarlo por Real Decreto-Ley indica que la aprobación puede ser inminente, es decir que puede ir, sin ningún debate ni análisis por Diputados y Senadores, el próximo consejo de Ministros y entrar en vigor de manera inmediata.
Por eso, antes de que se convierta en hechos consumados viene bien saber qué suponen los aspectos más relevantes para los usuarios sus contenidos y en su caso protestar contra esta regulación.
Lo que si deja claro es que la redacción es muy propia de los sectores más próximos a la industria puesto que las “matizaciones” que se hacen al texto actual son aquellas de los discursos doctrinales que se han venido repitiendo durante años frente al literal de la norma.

Sobre el procedimiento de modificación de la Ley por Real Decreto-Ley, recordemos que este procedimiento se reserva para casos absolutamente excepcionales, aunque el gobierno, con mayoría absoluta en el Congreso, le ha cogido un gusto que practicamente hace que las Cámaras estén reducidas a una mera comparsa.

Entiendo que los primeros afectados pidan la nulidad por no reunir los requisitos legales para la aprobación de leyes mediante este instrumento.
Hay que denunciar, especialmente los partidos del Congreso, el abuso de acudir continuamente a leyes EXCEPCIONALES so pena de que los ciudadanos sigamos cuestionando su propia función, y sentir que no vivimos en una democracia representativa real, sino en una sistema presidencialista autoritario.
Para parar los desahucios se crean comisiones entre los grupos parlamentarios, para esto por via urgente,,, y saben, prioridades…
Canon digital, poco que añadir a la situación actual, puesto que ya se debería de estar pagando de los presupuestos generales del estado. Si antes era indiscriminado, porque lo pagaba todo el que compraba un equipo o soporte, ahora se ve que el que lo pague todo el mundo no lo es (vivir para ver).
Copia Privada, como desde las entidades de gestión se defendía que la copia privada era sólo aquella que se hacía del original y el texto legal ponía que de aquella accedida legalmente (lo que incluía la copia de la copia privada) pues ahora matizan que:
Se entenderá que se ha accedido legalmente a la obra divulgada en los siguientes supuestos:
1- Cuando se realice la reproducción a partir del soporte original de la copia de la obra adquirida en propiedad.
2- Cuando el acceso a la obra objeto de reproducción se produzca a través de un acto legítimo de comunicación pública, mediante radiodifusión o cualquier procedimiento análogo, alámbrico o inalámbrico, de tal forma que no sea posible,e elegir, por aquella persona física, el canal o sitio al que se accede ni el momento de dicho acceso.
Esto es sólo hay copia privada de originales adquiridos en propiedad y de las emisiones de televisión por la TDT, al radio y similares.
Así no sería copia privada la copia de un CD tomado en préstamo de la biblioteca, por ejemplo.Y por supuesto tampoco las copias de las copias de los CD’s obtenidos.
La limitación respecto de la situación actual es evidente.
Enlaces a obras de terceros, el punto estrella de la reforma sin ninguna duda. Se introduce un nuevo artículo 158.bis sobre obligaciones de información relativas a la explotación de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.
En esta reforma se obliga a los prestadores de servicios que ofrezcan o pongan a disposición del público  contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual de titularidad de terceros (incluidos los prestadores que tengan como actividad principal facilitar listados de enlaces) a mantener un listado de las autorizaciones concedidas por los titulares de derechos, incluyendo la entidad otorgante y los permisos concedidos.
Estamos ante un ataque a la linea de flotación de las conocidas como webs de enlaces, pero también de cualquier buscador que clasifique de alguna manera la información.
Hay que recordar que obras son no sólo videos y archivos musicales, sino también textos e imágenes, por lo que esto supone un cambio radical en la forma de relacionarnos con internet.
Si no aparece la información, el Ministerio de Cultura podrá imponer sanciones de hasta 150.000 euros y el cierre durante un año del servicios. El compentente es el Ministerio de Cultura para sancionar.
Por supuesto si la empresa que no informa está en el extranjero se puede acordar la interrupción del acceso desde España. Con lo cual España puede ver limitada su internet de manera muy importante, a pocosa páginas relevantes vamos a poder acceder.
Y para tener más seguridad jurídica las notificaciones no se harán directamente al responsable sino qeue se publicarán en el tablón de edictos de la sede electrónica del Ministerio. Es decir, que te pueden interrumpir el servicio y enterarte el día que no puedes acceder. O eso o revisas todos los días el tablón.
Identificación de la IP, e incluye en la Ley de Enjuiciamiento Civil una modificación para que se puedan pedir los datos Ip, de nombres de dominio, etc, de los prestadores de servicios, para los supuestos de:
difusión a gran escala, de manera directa o indirecta, a través de cualquier enlace o redireccionamiento, contenidos objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos […]”
Vemos como el centro de atención está en redifusión y enlace, así que ya sabemos por donde van los tiros.
Devolución de lo indebidamente pagado por canon, si lo del canon es un cachondeo lo de pretender que no se devuelva lo indebidamente cobrado y que ha provocado un enriquecimiento injusto ya es saltarse a la torera las más elementales reglas jurídicas de nuestro sistema, alterando el sistema de prescripción de acciones general.
Conclusión:
 
Así tenemos una reforma que en lugar de avanzar en los límites/derechos de los usuarios y tratar de armonizar la situación consolida situaciones abusivas, limita esos derechos y encima pone en serio riesgo actividades en internet hasta ahora legítimas.

Publicado por David Maeztu a las 13:30