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El futuro de la agricultura a debate

LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN PROMUEVE UN MODELO EUROPEO QUE ABANDONA LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN

El 12 de octubre la Comisión Europea presentó en Bruselas la propuesta para la nueva Política Agrícola Común que, una vez más, favorece a la agroindustria.

- “La PAC no es cuestión de dinero, sino de sostenibilidad”

Grupo de Trabajo PAC (Ecologistas en Acción)
Jueves 3 de noviembre de 2011.  Número 160
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Foto: Bontxi.

En los próximos meses los estados miembro de la Unión Europea debatirán sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) que entrará en vigor en 2013. La propuesta está marcada por distintas claves como la crisis económica, la aparición de nuevos actores debido a la ampliación de la Unión Europea a 27 Estados, la ralentización de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la importancia de los nuevos tratados bilaterales de libre comercio. Esta reforma se enfrenta también a los debates globales emergentes sobre el cambio climático o a afirmaciones como la de la FAO, que asegura que en 2050 la demanda mundial de alimentos se habrá incrementado un 70%. Desde la Comisión Europea se habla de una nueva PAC que “asegure el suministro alimentario, la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible en las zonas rurales” pero lo cierto es que las nuevas propuestas están más cerca de lo que ha sido la política agrícola hasta ahora, una apuesta por la agroindustria.

La PAC desde sus inicios ha fomentado el crecimiento productivo en detrimento de la calidad de los alimentos, ha causado impactos ambientales crecientes y la desaparición de millones de explotaciones: aquellas más pequeñas, que generaban empleo familiar y economías locales y que aprovechaban los recursos locales y conservaban la agrobiodiversidad. Por el contrario, los ingresos de las grandes empresas agroindustriales y de las proveedoras de insumos (semillas, fertilizantes, pesticidas, etc.) no han parado de crecer. De hecho, en los últimos años el 16% de los mayores perceptores de ayudas de la PAC en España recibieron el 75% del total de ayudas y entre ellos se encuentran muchas de las principales agroindustrias

40% del presupuesto

La PAC, creada en 1957, es la primera política unitaria de la Unión Europea, y aún hoy supone el 40% de su presupuesto total. En la Europa de posguerra, sus objetivos iniciales fueron incrementar la productividad agraria, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria, estabilizar los mercados y garantizar el autoabastecimiento de la UE a precios razonables para el consumo. Para ello se establecieron tres principios básicos: creación y mantenimiento de un mercado único agrario; preferencia comunitaria frente a productos agrarios de fuera de la UE; y solidaridad financiera entre Estados “ricos” y “pobres”.

En estos 50 años, la UE ha incrementando la mecanización y el uso de agrotóxicos (fertilizantes y fitosanitarios), y se ha convertido en una potencia exportadora de numerosos cultivos, debido a los grandes excedentes generados. La gestión de estos excedentes ha paralizado o reducido los precios en origen de muchos productos, y ha generado importantes gastos, por lo que se ha tratado de limitar la producción por medio de cuotas (leche, remolacha, vino, algodón, etc.). Su política de subvenciones ha transformado el panorama productivo, introduciendo regadíos en secanos históricos (como el caso del maíz, la viña o el olivo); reduciendo la ganadería extensiva e intensificando la industrial; y concentrando las producciones en determinadas zonas para dirigirlas a los mercados globales.

Proteccionismo europeo

La PAC también ha implementado fuertes políticas proteccionistas y de financiación a la producción y la exportación por debajo de costes, que ha provocado el llamado dumping, bajando los precios internacionales de los alimentos y destruyendo así las economías agrarias del Sur, al ser más barato comprar productos de importación que locales. Los impactos ambientales de esta política en el Sur también han sido considerables, con la transformación de ecosistemas (sobre todo de forestales a agrarios) y la pérdida de biodiversidad por la implantación de monocultivos, para competir con los productos europeos subvencionados y satisfacer la creciente demanda de piensos para la ganadería intensiva y más tarde la industria de los agrocombustibles. Lejos de solventar estos problemas, la nueva propuesta de la UE pretende reducir los costes, sobre todo las aportaciones de los países más “ricos”, olvidando el principio de solidaridad entre Estados miembros al nacionalizar las aportaciones a la PAC. Además, parte de la hipótesis de un incremento sustancial de la población mundial, ante lo cual propone una mayor tecnificación de las producciones y más competitividad.

Sin embargo, hoy sabemos que otros modelos agroalimentarios, como la agricultura ecológica y la Sobe- ranía Alimentaria, pueden perfec- tamente alimentar el mundo, tal y como han reconocido la FAO y la ONU en numerosas ocasiones, sin deteriorar el medioambiente ni las economías locales. La modernización no mantiene el empleo agrario, ni produce alimentos de calidad. Genera graves perjuicios ambientales y no mejora la productividad agraria real en términos energéticos. La bajada de precios y los mercados globales hacen que los alimentos no lleguen a quien los necesita, y arruina las economías rurales en el Norte y en el Sur globales.

Desmontando los pilares de la PAC

- Seguridad alimentaria: Se ahonda en un modelo de agricultura industrializada basada en grandes producciones para abastecer a la agroindustria europea. Esto supone un modelo de alimentación también industrial, con alimentos de baja calidad y que en las últimas décadas ha generado un gran número de escándalos alimentarios.

- Medio ambiente: Se sigue fomentando una ganadería intensiva (18% de las emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero en la agricultura) y dependiente de la importación de proteínas vegetales. El fomento de un manejo sostenible se relaja y se sigue fomentando el monocultivo. No se controla la contaminación de aguas ni suelos.

- Equilibrio territorial: Los 12 países que entraron en la UE a partir de 2004 (este y centro Europa) perdieron de media un 31% de los empleos agrarios entre 2000 y 2009. Los fondos de desarrollo rural podrían volver a la agricultura industrial, a la agroindustria, o a la producción de agrocombustibles, que no generan empleo ni riqueza en el medio rural.

Bankia acude a Rothschild para vender las participadas

FUENTE

Abertis busca socios para que entren en su área de aeropuertos
Iberia reducirá su capacidad al mínimo si el laudo le perjudica
Técnicas Reunidas logra un contrato para una refinería en Rusia por 1.100 millones
– Afectados de Fórum y Afinsa: “¡Concursales, criminales”
– En España hay hoteles de 4 y 5 estrellas a 25 y 57 euros
– El crédito a la pyme española, el que se encarece más en Europa
Muface peligra por la caída de ingresos y el uso de excedentes
– Rosell: “La corrupción se ha cargado en dos semanas la imagen de España
Díaz Ferrán entregó a su testaferro Ángel de Cabo 18 coches de lujo
Los españoles sufren una ‘subida’ del IRPF de 1.800 millones en 2013 por la inflación
– La iniciativa popular sobre toros y desahucios costó 655.000 euros
– Los ‘sabios’ de Wert proponen que las CCAA entren en las universidades
Acebes ganó 216.000 euros en ocho meses por estar en el consejo de Iberdrola
– El bufete Cremades ficha a José Bono para asuntos regulatorios
– Un sobrino de Felipe González cobró de los ERE
– Griñán oculta al Tribunal de Cuentas datos sobre los ERE
– El Supremo quiere juzgar a Blanco cuanto antes
– El PSC encargó investigar la conexión entre la ‘trama del Palau’ y los Pujol
– Interior investiga decenas de informes sobre el espionaje político catalán
– El restaurante de los pinchazos contrató servicios de Método 3
– La red de espionaje realizó unos 500 informes sobre políticos y empresarios
– Bárcenas declaró solo 2,5 millones en pleno auge de la red Gürtel
– El juez Castro dice que “la cuantía de las dietas impide sucumbir a la tentación”
– Una de las víctimas de Acapulco: «Se ganaron nuestra confianza»
La recesión en la eurozona se agravó en el último trimestre del 2012, según los datos de Eurostat. El Producto Interior Bruto (PIB) del conjunto de los 17 países del euro cayó el 0,6% en el cuarto trimestre respecto al precedente, el triple de lo esperado por la Comisión Europea. La eurozona acumula así tres trimestres consecutivos de caída del PIB. Los diarios coinciden en atribuir este descenso, en buena parte, a los resultados de Alemania y, en menor medida, a los de Francia. España mantuvo su tendencia a la baja con una caída del 0,7% entre octubre y diciembre respecto a la registrada en los otros trimestres. El portavoz económico de la Comisión Europea, Simón O’Connor, dijo que los datos “son peores de lo esperado en varios países”, aunque, añadió, “mejores de lo esperado en otros, como España”.

La Comisión Europea aprueba el paquete legislativo para la puesta en marcha de la tasa a las transacciones financieras, la conocida como Tasa Tobin, en once países de la UE. Cuando entre en vigor, el Ejecutivo comunitario calcula que España podría recaudar hasta unos 5.000 millones de euros anuales.

Ya en España, el Gobierno destinará 3.485 millones hasta 2016, casi mil al año, al programa contra el paro juvenil, que estará cofinanciado por el Fondo Social Europeo, según anunció ayer en un comunicado conjunto el Ministerio de Empleo, UGT, CCOO y la CEOE. Con el plan se pondrán en marcha una serie de medidas, de las que quince serán de choque, con un plazo de aplicación de más de cuatro años. Un segundo bloque de actuaciones, a más largo plazo, abordará aspectos relacionados con la formación y orientación de los jóvenes, entre otros.

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, insistió ayer en eximir al Banco de España de cualquier responsabilidad en el hundimiento de Bankia, como ya hiciera el pasado verano en el Congreso. Ordóñez reconoció que el Banco de España “perdió el control” de la crisis de Bankia cuando el Ministerio de Economía entró en escena para no aceptar el plan de recapitalización presentado por Rodrigo Rato. Según dijo, la intervención del Ministerio no le gustó, pero terminó aceptándola “por responsabilidad”. En otro momento, el exgobernador señaló que “el Banco de España no confíaba en Rato”, debido a su inexperiencia en el sector bancario.

Hablando de Bankia, esta mueve ficha para acelerar la venta de sus participadas. Con el fin de facilitar una desinversión ordenada de su cartera de cotizadas, ha contratado a Rothschild para que haga de intermediario entre la entidad y los bancos de inversión que quieran participar en la venta de cada uno de los bloques industriales. “Es un proceso muy complejo y necesitan a alguien que asesore al consejo de administración para la venta ordenada de cada una”, señalan fuentes del proceso. “Rothschild es una entidad sin balance y, por tanto, no está expuesta a posibles conflictos de interés”, añaden las mismas fuentes. Bankia tiene que deshacerse de toda su cartera de participadas, también de las que no cotizan en bolsa, para cumplir con el plan de reestructuración que le aprobó Bruselas a finales de noviembre del año pasado. Entre los paquetes accionariales, que tienen un valor bursátil de unos 3.000 millones de euros, se encuentran Mapfre, Indra, NH Hoteles, IAG, Deoleo o Iberdrola, entre otros, según Expansión.

Abertis busca socios para que entren en su área de aeropuertos. Abertis está dispuesto a desprenderse total o parcialmente de su actividad aeroportuaria, un negocio que ha dejado de ser estratégico para el grupo español de infraestructuras, dice Expansión.

Iberia cancela 415 vuelos por la huelga de la semana próxima. Reducirá su capacidad al mínimo si el laudo le perjudica. Iberia disminuirá su negocio para asegurar su rentabilidad si considera excesivo el laudo, según El Economista.

Las empresas españolas de construcción siguen mostrando su músculo en el exterior. El último ejemplo es el de Técnicas Reunidas, que se ha adjudicado un megacontrato de más de 1.100 millones de euros para la refinería que Lukoil construye en Volgogrado, en Rusia. Con este proyecto, la compañía considera que refuerza su presencia en Rusia y su «compromiso» con Lukoil, la segunda mayor petrolera del país, además de dar un paso más en su internacionalización, señala ABC.

Unos doscientos afectados de Fórum y Afinsa han cercado las oficinas de la administración concursal de una de las empresas de sellos. Denuncian que los administradores nombrados por el juez llevan cobrados 12 millones mientras ellos no han recuperado nada siete años después de la intervención, recoge Cinco Días.

Los datos de cierre de 2012 demuestran que el precio medio de los hoteles volvió a caer, con lo que ya acumula cuatro años de bajada continuada. Y esto ha provocado que los clientes de establecimientos de alto nivel hayan podido acceder a tarifas impensables hace poco tiempo. La estadística revela que hay establecimientos de cinco estrellas que vendieron el año pasado estancias de una noche a 57 euros, y de cuatro estrellas a 25 euros. Esa rebaja, sin embargo, no se ha visto acompañada de una mejora de la ocupación general, aunque sí de turistas extranjeros. Los no residentes realizaron cuatro millones más de pernoctaciones en 2012, mientras que las de los nacionales cayeron en 9,6 millones, asegura Cinco Días.

El crédito a la pyme española, el que se encarece más en Europa, afirma El Economista.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, preguntado por si los últimos casos de corrupción política están perjudicando la recuperación y la credibilidad exterior de España y sus empresas, señala que “había costado muchos esfuerzos” el que España “recuperase imagen internacional” y “en un par de semanas nos lo hemos cargado”. Sobre Arturo Fernández, Rosell dice que “ha pedido tiempo para reflexionar, y nosotros lo respetamos”, en El Economista.

Díaz Ferrán entregó a su testaferro Ángel de Cabo 18 coches de lujo, según ABC.

El sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, CSI-F, ha alertado hoy sobre la viabilidad de la mutualidad sanitaria de los funcionarios (Muface) a medio plazo, debido al fuerte recorte de su presupuesto (-17% en 2013) y al uso de más de 1.000 millones de su remanente desde 2007. A esto se une el estancamiento de ingresos de nuevos mutualistas por la congelación del empleo público, afirma Cinco Días.

Los españoles sufren una ‘subida’ del IRPF de 1.800 millones en 2013 por la inflación, según Expansión.

La iniciativa popular sobre toros y desahucios costó 655.000 euros. Sus promotores recibirán ese dinero de los Presupuestos sólo por haber sido tramitadas. Si Ada Colau se hubiese sumado al Gobierno y el PP promovido la taurina no habría coste, cuenta La Razón.

Los ‘sabios’ de Wert proponen que las CCAA entren en las universidades, destaca El Mundo.

El ex ministro de Interior, Ángel Acebes, obtuvo una remuneración total de 216.000 euros durante el pasado año como consejero externo de Iberdrola, según se desprende del Informe de Retribución de los Consejeros entregado por la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La cifra se divide en una retribución fija de 174.000 euros y otros 42.000 euros en concepto de primas de asistencia al Consejo de Administración. Acebes fue nombrado justo cuando iba a dejar de presidir la Comisión de Auditoría de Bankia. Esta retribución está en línea con la que perciben el resto de consejeros de la primera eléctrica nacional, asegura El Mundo.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció ayer ante los periodistas en el Congreso para hacer públicos sus ingresos del año pasado y anunció que ha solicitado a Hacienda los certificados de las declaraciones de la renta de los últimos años para hacerlas públicas. Rubalcaba comunicó que en 2012 ganó 67.229 euros netos como diputado. En ese contexto, un sobrino de Felipe González cobró de los ERE, cuenta ABC.

Griñán oculta al Tribunal de Cuentas datos sobre los ERE, según El Mundo.

El bufete Cremades ficha a José Bono para asuntos regulatorios, publica Expansión.

El Supremo quiere juzgar a Blanco cuanto antes. Pedirá el suplicatorio antes de Semana Santa. Pretende acelerar el proceso a Pepiño por tráfico de influencias, afirma La Gaceta.

El PSC encargó investigar la conexión entre la ‘trama del Palau’ y los Pujol. Contrató a Método 3 para que averiguara si una parte de las comisiones pagadas por las empresas al Palau acabaron en sociedades de la familia del ex presidente. Victoria Álvarez facilitó a Alicia Sánchez-Camacho tres teléfonos personales de Jordi Pujol Ferrusola en el transcurso de la conversación grabada en el restaurante. El micro fue colocado por los detectives Álex Borreguero y Julián Peribáñez, quienes instalaron un receptor en la oficina del restaurante La Camarga y otro en el exterior. Al mismo tiempo que hacía este encargo, Método 3 trabajaba para CiU a través del ex director de los Mossos y hoy director de prisiones Xavier Martorell, destaca El Mundo.

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) dispondrá de multitud de expedientes de la agencia de detectives Método 3, que presuntamente grabó con un micrófono oculto una conversación entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. Fue en esa cita en la que Álvarez detalló a la dirigente popular el presunto blanqueo de capitales del primogénito de la familia Pujol. Un policía prejubilado, extrabajador de Método 3 —empleado ahora en otra empresa privada y dedicado a la docencia universitaria— ofreció ayer a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona los archivos de audio de esa reunión, así como decenas de informes “sensibles” que manejaba la agencia de detectives privados y que incluyen investigaciones a responsables políticos, empresarios, jueces y fiscales, afirma El País.

El restaurante de los pinchazos contrató servicios de Método 3. La Camarga pidió «equipo y cámaras» a la agencia de detectives durante un mes. Interior abre una investigación para aclarar quién está detrás de las grabaciones al PP, añade La Razón.

La red de espionaje realizó unos 500 informes sobre políticos y empresarios. La investigación apunta a que la mayoría de los partidos encargaron dossiers. La Policía Nacional crea un equipo especial para llegar al fondo del asunto. La policía cree que las escuchas a Sánchez-Camacho las encargó Zaragoza, afirma La Vanguardia.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, negó ayer que el PP haya incurrido en fraude de ley por pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de Luis Bárcenas hasta diciembre de 2012 cuando su despido fue acordado en 2010. En ese contexto, Bárcenas declaró solo 2,5 millones en pleno auge de la red Gürtel, según El Economista.

El juez Castro dice que “la cuantía de las dietas impide sucumbir a la tentación”, recoge El Mundo.

Una de las víctimas de Acapulco: «Se ganaron nuestra confianza». Una de las víctimas del asalto en Acapulco relata a LA RAZÓN el infierno que sufrieron. Los detenidos, que ya han confesado, conocieron a los turistas españoles en los restaurantes de la zona.

Otto Pérez: “España liderará la mayor inversión hecha en Centroamérica”. La Razón entrevista presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, durante su visita oficial a España. También ABC.

José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com

El Paquete Telecom, nuevas directivas sobre telecomunicaciones

FUENTE

La reforma del sector europeo de las telecomunicaciones abarca doce directivas o recomendaciones de obligatoria aplicación por parte de los gobiernos regionales. Éstas van desde la protección al consumidor y el acceso a la banda ancha como derecho, a la creación de un organismo regulador del mercado europeo de las telecomunicaciones que agrupe a todos los nacionales. Su progresiva incorporación a las legislaciones nacionales tiene como fecha límite el mes de mayo del año que viene.

El denominado Paquete Telecom pretende una reforma del sector de las telecomunicaciones que, a su vez, ponga al día los asuntos referidos a la protección del usuario y unifique las políticas del espacio común europeo. Se articula mediante diferentes directivas que deberán incorporarse en las legislaciones de los países miembros de la Unión Europea antes de mayo de 2011. Esta reglamentación ha pasado un duro trámite de tres años en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, debido a que algunas regulaciones sobre materias tocan los derechos fundamentales de los ciudadanos en la era digital.

  • Uno de los aspectos más polémicos ha sido la posible desconexión de los usuarios de Internet por parte de las autoridades en determinados casos. Después de varias votaciones e intensas negociaciones, se ha aprobado un texto que con lenguaje ambiguo permitirá realizar desconexiones de la Red si es una medida “(…) apropiada, proporcionada y necesaria en una sociedad democrática y si su aplicación está sujeta a las debidas garantías procesales de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con los principios generales del Derecho comunitario”. Esta medida coincide con las reclamaciones de diversos países para poder desconectar a los usuarios que descarguen material con derechos de autor de las redes P2P.
  • Se ha creado un órgano encargado de coordinar las actuaciones de los diferentes reguladores europeos de telecomunicaciones, como es el caso de la CMT en España. Este organismo, denominado ORECE, se ha puesto en marcha este mismo año.
  • Respecto a los operadores de telecomunicaciones, se han integrado diferentes disposiciones para reforzar la protección de los consumidores en relación a las diferentes tarifas y productos que contratan. Los operadores deben informar con antelación a la contratación de un producto por parte de los usuarios de cuáles son las condiciones exactas de la misma, así como las posibles restricciones en el servicio que puedan darse.
  • Los contratos deberán especificar la calidad mínima del servicio, las indemnizaciones y reembolsos, si estos niveles no se cumplen.
  • También se ha regulado la portabilidad entre compañías de telecomunicaciones. Desde la entrada en vigor de esta legislación en los respectivos países miembros, será posible hacer una portabilidad del número de teléfono fijo o móvil en un día, frente a los actuales 8,5 días de media en Europa para la portabilidad de un número de teléfono móvil.
  • Además, los operadores de telecomunicaciones no podrán crear contratos de permanencia superiores a 24 meses.
  • De igual modo, deberán dar a los usuarios la posibilidad de un contrato de permanencia que no dure más de 12 meses.
  • Otros aspectos relacionados con la protección del consumidor tienen relación con la creación del número único 112 como servicio de emergencia para todos los países miembros, así como la regulación de su uso desde la llamada VoiP.
  • Se regula la protección de los datos personales de los usuarios mediante la aplicación del derecho a informarles acerca de las violaciones de la seguridad en las bases de datos del operador de telecomunicaciones.
  • También se regula el despliegue de redes de banda ancha móvil a partir del uso de parte del espectro radioeléctrico, como alternativa para las zonas donde no sea posible desplegar banda ancha por cable por temas de orografía o poca demanda.
  • De igual modo, las empresas de telecomunicaciones podrán utilizar otras bandas de frecuencias alternativas al GSM para permitir ahorrar costes en el despliegue de infraestructuras.

La neutralidad en la Red, a debate

A pesar de que el Paquete Telecom ha incluido una declaración general sobre la denominada neutralidad en la Red, es decir, que no se puedan degradar o acelerar servicios on line de terceros por parte de las empresas de telecomunicaciones según sus propios intereses comerciales, el tema no ha quedado zanjado. En la resolución aprobada, los reguladores nacionales podrán establecer cuál es el nivel mínimo de calidad aceptable para los diferentes servicios de transmisión de datos, un hecho que algunos analistas consideran como una puerta abierta a que se puedan regular el bloqueo de aplicaciones y servicios.

Sin embargo, el compromiso recogido en un anexo sobre el mantenimiento de la neutralidad en la Red indica que la Comisión revisará este tema más adelante. En la actualidad, permanece abierta una consulta pública hasta el próximo 30 de septiembre para que los ciudadanos europeos puedan hacer llegar sus opiniones sobre este tema a la Comisión Europea

El BEI adquirirá bonos por valor de 300 millones de euros del Proyecto Castor para dar confianza y mejorar la calificación crediticia

COMUNICADO DE PRENSA
BEI/13/117
30 de julio de 2013
El Banco Europeo de Inversiones se congratula del éxito de la primera iniciativa de «Mejora Crediticia de Bonos para la Financiación de Proyectos» y aporta 500 millones de euros al proyecto Castor de almacenamiento de energía en España
La primera operación en el marco de la iniciativa de Mejora Crediticia de Bonos
para la Financiación de Proyectos se ha llevado a cabo con éxito. La inversión en el proyecto Castor para el almacenamiento subterráneo de gas—que proporcionará almacenamiento equivalente al 30% del consumo diario de gas en España—se ha visto coronada por el éxito de la primera emisión de bonos para la financiación de
proyectos apoyada por el Banco Europeo de Inversiones(BEI), que aportará
un total de 500 millones de euros al proyecto. Del desarrollo del proyecto Castor, cuyo promotor es el Ministerio de Industria español, se ocupan las compañías ACS Group y Dundee Energy.
La emisión de bonos por valor de 1.400 millones de euros para el proyecto Castor ha recibido el apoyo de una línea de tesorería de 200 millones de euros en el marco de la iniciativa de Mejora Crediticia de Bonos para la Financiación de Proyectos, lo que ha permitido al proyecto conseguir una calificación crediticia más atractiva para los inversores. El BEI adquirirá también bonos por valor de 300 millones de euros en el
mercado primario para transmitir al mercado de capitales su confianza en el proyecto. La emisión se ha colocado entre una amplia gama de inversores cualificados de toda Europa.
«Desbloquear el apoyo de los inversores institucionales para efectuar inversiones a largo plazo en infraestructuras europeas es crucial para estimular el crecimiento económico y crear empleo. El Banco Europeo de Inversiones se ha comprometido a apoyar las inversiones esenciales para el futuro de Europa y felicita al proyecto Castor por haber demostrado con éxito cómo la utilización de la iniciativa de Mejora Crediticia de Bonos para la Financiación de Proyectos puede reforzar el apoyo
a las inversiones a largo plazo en coyunturas económicas difíciles. Esperamos que la fase piloto de esta iniciativa conjunta del BEI y la Comisión Europea añada una nueva dimensión a la contribución del Banco de la UE a la financiación de infraestructuras
en Europa», señaló el Presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer.
«El éxito de la primera emisión de bonos para la financiación del proyecto Castor es una buena señal del incremento del apoyo a la inversión a largo plazo, fundamental para el crecimiento sostenible en Europa. La iniciativa de los bonos para financiar
proyectos es una manera innovadora de desbloquear la inversión privada en infraestructuras y un elemento clave para impulsar el crecimiento y el empleo. La fase piloto es un primer paso importante de cara al próximo marco financiero de la UE, lo que subraya el papel del presupuesto de la UE como motor de crecimiento», afirmó Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea.
La Iniciativa de Bonos para la Financiación de Proyectos Europa 2020, un programa desarrollado conjuntamente por la Comisión Europea y el BEI, tiene por objeto estimular la financiación por parte de los mercados de capitales de las infraestructuras creadas de acuerdo con el modelo de «financiación de proyectos». La fase piloto contará con una dotación de 230 millones de euros del presupuesto de la UE y se
centrará en fomentar la inversión de los mercados de capitales en los sectores de transporte y energía por un valor superior a 4.000 millones de euros. Para poder optar a la mejora crediticia durante la fase piloto, el cierre del ejercicio de los proyectos admisibles debe producirse entre ahora(30/julio 2013) y finales de 2016, a condición de que el BEI obtenga la aprobación a la financiación por parte de su Consejo de administración antes de finales de 2014.
Hasta la fecha, son nueve los proyectos de energía y transportes aprobados por el Consejo de Administración del BEI que pueden, por tanto, beneficiarse de esta iniciativa en seis países de la UE. Se trata, en particular, de proyectos de autopistas en Alemania, Bélgica, Eslovaquia y Reino Unido, de proyectos de conexión a la red eléctrica de parques eólicos marítimos en Alemania y Reino Unido, y de
proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en Italia. Se espera qu
e al proyecto Castor le sigan nuevos proyectos a finales de este año y en 2014. En el marco del modelo de bonos para la financiación de proyectos, los bonos los emiten las propias empresas que desarrollan el proyecto, y no el BEI o los Estados
miembros. El papel del Banco Europeo de Inversiones consiste en facilitar la mejora crediticia a través de un instrumento subordinado(Subordinated Debt/deuda subordinada: Este tipo de instrumento tiene preferencia de cobro frente a los trusts preferred, acciones preferentes y ordinarias. Es un instrumento de deuda con vencimiento específico, donde el pago de cupón no puede diferirse. Estepunto es

justamente el interesante en este capítulo dado que retrasos o aplazamientos en pago de cupones o principal no generan un evento de default. Esto ocurre solamente si la empresa se declara enbancarrota.), ya sea un préstamo o una facilidad crediticia, para apoyar la deuda senior(Senior Debt/deuda senior: Instrumentos de deuda senior, que emite una empresa con derechos preferentes al cobro de dividendos, distribución de activos ante bancarrota o quiebra.Cualquier variación unilateral impuesta en el instrumento, en afectación del tenedor, hace que la empresa entre en condición de incumplimiento o default afectando al balance de la misma. Dentro de la familia de instrumentos categorizados como deuda, entran en la escala de preferencias primero los que tienen una garantía real que avale al instrumento y luego aquellos que no tienen garantías o colaterales emitida por la empresa encargada del proyecto.
Banco Santander ha actuado como coordinador global en la operación Castor.
Antecedentes:
Banco Europeo de Inversiones:
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la entidad acreedora a largo plazo de la Unión Europea, propiedad de sus Estados miembros.
Aporta financiación a largo plazo para la realización de inversiones rentables con el fin de contribuir a los objetivos estratégicos de la UE.
Contacto con la prensa:
Richard Willis, +352 621 555 758,
willis@eib.org
Sitio web:
Oficina de prensa: +352 4379 21000
press@eib.org

La mezcolanza de lo público y lo privado en la UE

José A. Estévez Araújo
En la actualidad hay, como de costumbre, muchos casos de mezcolanza entre poderes de decisión públicos e intereses privados en la UE. Varios han sido objeto de denuncias, en algunas ocasiones incluso oficiales: es decir, que provienen de los propios órganos de la Unión (Defensor del Pueblo Europeo, Parlamento, Comisión). Los casos cubren todo el espectro de connivencias posible. Se dan conflictos de intereses; hay multitud de órganos asesores o comités de expertos colonizados por personas vinculadas a intereses empresariales; entidades aparentemente de la “sociedad civil”, son, en realidad, grupos de presión; existen muchas “puertas giratorias”, especialmente entre las Agencias de la UE y la industria; los mecanismos de participación de la “sociedad civil” en realidad transfieren poder de decisión unilateral a las empresas… Una información fiable y rigurosa sobre todos estos tejemanejes puede encontrarse en la página web del Corporate Europe Observatory (CEO): http://corporateeurope.org.El caso de la European Privacy Association (EPA) es especialmente interesante. La EPA, según su página web, es una organización dedicada a promover el respeto a la intimidad y la protección de datos en Internet. Se presenta en su página web como un think tank (un laboratorio de ideas). Se inscribió también dentro de esa categoría en el registro de la Unión Europea. El CEO puso en marcha una campaña para hacer revelar a la AEP sus miembros y fuentes de financiación. Se descubrió de ese modo que los miembros de la AEP eran Microsoft, Google y Yahoo. Después del escándalo de la NSA, Microsoft o Google no parecen ser precisamente adalides de la protección de la intimidad. En realidad, la AEP actúa como lobby promoviendo todo lo contrario: normativas menos rigurosas de salvaguarda de la privacidad en Internet. El desvelamiento de su verdadera naturaleza conllevó que se viera obligada a cambiar su caracterización en el Registro de la UE: ahora aparece como un lobby. Pero en su página web se sigue presentando como un think tank. Y, desde luego, su denominación, hábilmente escogida, está pensada para llevar a engaño, especialmente a los ciudadanos.

Otro caso se refiere a la Plataforma para la buena Gobernanza Fiscal, creada por la Comisión Europea. La plataforma ha sido fruto de una iniciativa del Algirdas Smeta. Smeta, de nacionalidad lituana, tiene el pomposo cargo de “Comisario Europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude”. El objetivo de la Plataforma es extraordinariamente loable: luchar contra los paraísos fiscales y el fraude fiscal en la UE. Se trata de un propósito de enorme transcendencia. Erradicar el fraude fiscal permitiría pagar todo el monto de la deuda europea. Sin embargo, la iniciativa ha sido objeto de una pregunta escrita firmada por parlamentarios europeos de todos los grandes partidos políticos (incluido el Partido Popular Europeo). La razón de la pregunta es bastante sólida: Smeta ha nombrado miembros de la plataforma a los mayores evasores de impuestos de Europa y a sus empresas asesoras. Sería como formar una comisión integrada por los capos de los cárteles mexicanos con el objetivo de establecer medidas para impedir el tráfico de drogas. Calificar este caso de “conflicto de intereses” resultaría, como mínimo, un eufemismo.

Por otro lado, la Comisión Europea está llevando adelante una iniciativa para implantar una “tasa Tobin”, es decir un tributo sobre transacciones financieras, en la UE. Obviamente los bancos y demás entidades financieras europeas están radicalmente en contra. Han elaborado multitud de “informes” dirigidos a los legisladores nacionales y comunitarios, alertando acerca de las nefastas consecuencias para la economía que tendría la adopción de esa medida. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se ha ofrecido a ayudar a la Comisión y al Consejo a desarrollar esa iniciativa. Eso puede sonar esperanzador. Sin embargo, el Corporate Europe Observatory considera dicho ofrecimiento como una amenaza. La intervención del BCE en las tareas legislativas de la UE es de dudosa legalidad. No hay base jurídica para permitir su participación en unas funciones atribuidas exclusivamente a la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Así, por ejemplo, el presidente del Banco de España no podría autoproponerse para participar en un proceso legislativo relativo a la regulación bancaria. El Congreso podría consultarle, por supuesto, pero sería libre de seguir o no sus consejos.

La preocupación del CEO viene de que considera al BCE como un “caballo de Troya” de los intereses financieros. Así, el BCE tiene una serie de comités consultivos, llamados oficialmente “Grupos de Contacto”. En estos comités están representadas todas las grandes entidades financieras. La lista de sus integrantes es un “¿Quién es quién?” del mundo de la finanzas. Por ejemplo, en el “Grupo de Contacto del BCE sobre Mercados de Divisas” podemos encontrar, entre otros, al Deutsche Bank, a Morgan Stanley, o a J. P. Morgan. En estos foros se ha discutido muy intensamente los últimos meses acerca de la tasa sobre las transacciones financieras. Los miembros de estos consejos asesores se han mostrado radicalmente contrarios a su implantación. Por eso y por algunas cosas dichas por el presidente del BCE ante el Parlamento Europeo, parece clara la intención de Draghi de sabotear en lo posible el proyecto de la Comisión.

De este caso, se pueden extraer dos enseñanzas. La primera es que el lobby financiero tiene, en los “Grupos de Contacto” del BCE uno de sus principales mecanismos de infiltración en los procesos decisorios de la UE. La segunda, que el BCE representa los intereses del poder financiero dentro del entramado institucional europeo. Esto quedará más claramente puesto de manifiesto en el siguiente caso:

El presidente del BCE, Draghi, forma parte de una organización llamada el Grupo de los Treinta (G-30). Esta entidad se presenta como un foro de discusión. Pero, en realidad es un lobby de alto perfil. De él forman parte las entidades financieras más importantes del mundo. Entre sus miembros o patrocinadores volvemos a encontrar, por ejemplo a J. P. Morgan y al Deutsche Bank. También están en la lista, por parte española, el Banco de Santander o Bankia. Y Draghi es uno de los miembros de esta organización. Está acompañado por otros colegas, como los presidentes de los bancos centrales de Inglaterra, Japón o China y por los anteriores presidentes de la Reserva Federal, el Banco de España o el propio BCE. Economistas de prestigio, como Paul Krugman, le dan una pátina de respetabilidad académica a la organización.

El CEO presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo por considerar “incompatible con la independencia, reputación, e integridad” del presidente del BCE su pertenencia al G-30. Aportó documentación y estudios académicos sobre las tareas de lobby llevadas a cabo por el G-30: todas las presiones de esta organización se dirigen a luchar contra la regulación financiera. Se trata de un tipo de entidad muy característico de la actual gobernanza global: las redes transnacionales informales. Estas entidades no tienen mandato oficial alguno. Pero en ellas se reúnen funcionarios y autoridades públicas de todo el mundo con miembros de las entidades privadas. Su función es crear una forma transnacional común de ver y enfocar los problemas. Es decir, en estas entidades se fragua el marco general a partir del cual se elaborarán políticas y se adoptarán decisiones concretas en todo el mundo. Son instituciones completamente opacas. Como señala el CEO, no hay actas ni documentos de las reuniones del G-30. Estas entidades ejercen un enorme poder de hecho, sin ningún tipo de control o mecanismo de rendición de cuentas.

El Defensor del Pueblo europeo no encontró, sin embargo, nada irregular en la pertenencia de Draghi al G-30. Los fundamentos de su decisión son básicamente dos. En primer lugar, no reconoce el carácter de lobby del G-30 a pesar de la documentación aportada por el CEO. Lo considera un foro de debate. El segundo fundamento, recogido en el punto 82 de su resolución tiene especial interés aquí. El Defensor del Pueblo se basa en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Este artículo dice textualmente lo siguiente:

Artículo 11 TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.

2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil.

3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá amplias consultas con las partes interesadas.

En este artículo aparecen recogidos los mecanismos de participación defendidos por la Teoría de la Gobernanza. Estos mecanismos son presentados como complementarios y, a veces, incluso como sustitutivos de los procedimientos de la democracia representativa. Por un lado, las instituciones abren canales para escuchar a los ciudadanos y a las asociaciones (11.1); por otro lado, las instituciones realizan consultas a las asociaciones y a la “sociedad civil” (11.2); por último se realizan consultas a las “partes interesadas”, es decir, a los famosos stakeholders de la jerga de la gobernanza (11.3).

Curiosamente, el Defensor del Pueblo no considera la actividad de Draghi como una consulta a una “parte interesada” (una organización integrada y costeada fundamentalmente por entidades financieras). La inscribe en el punto 2 del artículo: se trata de una forma de diálogo con la “sociedad civil”. Además de no considerarla reprochable en absoluto, anima a Draghi a seguir por ese camino y profundizar su implicación en el G-30. Es una forma de intensificar el diálogo con la “sociedad civil”. Por supuesto, en el discurso de la gobernanza las empresas y sus asociaciones son uno de los pilares de la misma. En cierto modo, la gobernanza resucita la concepción hegeliana de la sociedad civil, frente al sentido atribuido a ese término en los años setenta y ochenta del siglo pasado: un espacio habitado por movimientos sociales y ciudadanos, ONG, etc. desvinculados del poder económico y político (incluso del sistema de partidos). Algo parecido, aunque no exactamente igual a lo que ahora se denomina el “tercer sector”, un sector que se diferencia tanto del mercado como del estado.

Los “canales”, “diálogos” y “consultas” de las instituciones europeas con la “sociedad civil”, las “partes interesadas”, las “asociaciones” o los “ciudadanos” han sido en realidad un mecanismo para privatizar el poder de decisión de la UE trasladando dicho poder a las empresas. Eso es algo suficientemente demostrado. Draghi no se ha reunido, por ejemplo, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Al menos que se sepa. Pero lo más novedoso aquí es la utilización del discurso de la gobernanza por una autoridad europea, precisamente para justificar y aplaudir una mezcolanza ilegítima entre las autoridades públicas y las entidades financieras bajo el cobijo de una misma organización. Esto es un síntoma de lo hondo que ha calado una de las ideas centrales de la ideología de la gobernanza: la difuminación de la distinción entre lo público y lo privado.

*  *  *

La dicotomía que diferencia lo público de lo privado es una de los elementos estructuradores del lo que Juan-Ramón Capella denomina el “relato político moderno”. Esta dicotomía está articulada con la distinción entre sociedad civil y estado. Y se manifiesta en muchas diferenciaciones como las de derecho público/privado, sector público/privado, interés público/privado… Encontramos la dicotomía público/privado tanto en el discurso jurídico político, anglosajón como en el europeo occidental. Debido a su carácter estructural es un presupuesto del discurso legitimador. Lo es tanto del discurso sobre el “Estado de derecho” como del discurso sobre la “Rule of Law”. En ambos se delimita un espacio público “separado” del privado (los gobernantes, la Administración…). Las personas que actúan en ese espacio deben hacerlo estrictamente sometidas a la ley. No deben decidir arbitrariamente. Sólo tienen los poderes explícitamente autorizados por las normas jurídicas. Las funciones públicas deben ser ejercidas por cargos electos o por funcionarios dependientes de éstos y sometidos al reglamento, etc. Los discursos legitimadores del poder jurídico político moderno presuponen, pues, la existencia de un sector público, separado del sector y de los intereses privados y sometido a una lógica de funcionamiento muy diferente de la de las relaciones mercantiles o familiares.

Sin embargo, una cosa es el discurso y otra la realidad. En las sociedades modernas lo público y lo privado no han estado tan netamente separados. Se han dado muchas formas de “mezcla” no sólo en el estado intervencionista, sino también en el estado gendarme. El estado ha construido infraestructuras necesarias para la actividad de las empresas. También ha financiado a éstas de manera directa o indirecta. El estado ha regulado asimismo el funcionamiento del mercado. Con mayor o menor intensidad, siempre lo ha hecho. También se han producido siempre casos de “pantouflage” o de “revolving doors”, es decir, el paso de gestores del sector público al privado y viceversa. Los lobbies no son sólo cosa de ahora: reconocidos o no, regulados o en la sombra, desde el origen del estado moderno los grupos de interés han condicionado las decisiones de los órganos públicos. Y los casos de nepotismo son todo menos infrecuentes. Pero esta mezcla era ocultada por el discurso ideológico. Este presentaba al sector público libre de las influencias de los intereses particulares y funcionando con una lógica muy diferente a la del sector privado. El sector público perseguía el interés general o el bien común. Las empresas y los comerciantes perseguían sus propios intereses egoístas.

La situación hoy es diferente. El discurso de la gobernanza, uno de los principales discursos ideológicos en la actualidad, construye una nueva forma de legitimidad jurídico-política difuminando la distinción entre lo público y lo privado. Los agentes públicos y los privados no deben permanecer separados. Deben colaborar de múltiples maneras con el objetivo de producir “sinergias”. La gobernanza defiende, por ello, los consorcios público-privados, las redes de gobernanza público-privadas, y también esas formas de participación de la “sociedad civil” recogidas en el artículo 11 TUE (consultas, apertura de canales para la expresión de las opiniones de ciudadanos y asociaciones, toma en consideración de los stakeholders…).

Han tenido que producirse cambios muy importantes para poder eliminar la distinción tajante entre lo público y lo privado de una ideología jurídico-político con función legitimante. Estos cambios han sido tanto discursivos como materiales. Se refieren fundamentalmente a las transformaciones introducidas por el neoliberalismo y a su fundamentación. La contrarrevolución neoliberal ha supuesto la ampliación de lo privado a costa de lo público. Los servicios y empresas públicas han sido privatizados. La regulación estatal de la economía se ha visto reducida. La privatización y la desregulación han sido fundamentadas por un discurso ensalzador de la eficiencia del mercado y la empresa privada y denigrador del estado por su ineficacia y su corrupción. Como dijo Reagan, el estado no es la solución, sino que es el problema. Por eso había que reducir su tamaño. Lo que quedase de él debía funcionar de manera similar a las empresas para poder incrementar su eficiencia.

La privatización y la desregulación, unidas a la denigración de lo público-estatal por parte del neoliberalismo y a la introducción de métodos empresariales en la Administración por la vía de la llamada “Nueva Gestión Pública” han facilitado la difuminación de la distinción público-privado en el discurso de la gobernanza. Pero para el surgimiento de ese discurso ha sido necesario también el fracaso de esas políticas neoliberales de los años ochenta. La desregulación y la privatización condujeron a resultados funestos en la Rusia de Yeltsin. También causaron desastres en África, puestos claramente de manifiesto por Stiglitz en su libro sobre la globalización. En América Latina tuvieron enormes costes sociales sin beneficios aparentes. Esos fracasos llevaron al Banco Mundial a replantearse la orientación de sus políticas. Los nuevos planteamientos del BM supusieron un giro neoinstitucionalista de la mano de economistas como Douglass C. North. Y el neoinstitucionalismo es una de las fuentes de inspiración de la gobernanza. De hecho, a principios de los noventa, el Banco Mundial empezó a utilizar en sus documentos la expresión “buena gobernanza”.

La “managerialización” de la Administración también fue un fracaso relativo. No se pudo sustituir sin más la burocracia por el management. La Nueva Gestión Pública consideraba a los servidores públicos como ratoncillos que sólo obedecían a los impulsos estímulo/sanción. La aplicación de ese tipo de política de personal desanimó a los empleados públicos, perjudicando la calidad de los servicios. Aumentó también enormemente los costes de gestión y control. Por otra parte, los profesionales cualificados y organizados —como los médicos—, se resistieron a actuar siguiendo exclusivamente una lógica de la eficiencia regida por el análisis coste beneficio. Muchos profesores han manifestado también su rechazo a formas de evaluación de sus logros puramente cuantitativas.

Todo eso hizo necesario un Plan B para el neoliberalismo. La gobernanza lo proporcionó. Tras el importante papel adquirido por el estado en la segunda postguerra y tras la exaltación de las virtudes del mercado y de la empresa por la contrarrevolución neoliberal, le tocó el turno al descubrimiento de las “sinergias” de la colaboración público-privada. La llamada “Tercera Vía” teorizada por Giddens y puesta en práctica por Blair fue un ejemplo paradigmático: tras el fracaso del estado y del mercado, los consorcios público-privados serían la solución de todos los problemas.

Para dar credibilidad a las virtudes de la cooperación público-privada se cambió también la imagen de la empresa. Las teorías derivadas de la economía neoclásica concebían la empresa como un sujeto maximizador de utilidad. También eran vistos así los individuos. En cambio, el enfoque de la gobernanza corporativa, presenta a la empresa como un sujeto “responsable”. La empresa no debe tener únicamente como objetivo maximizar sus beneficios. Debe también responsabilizarse de los efectos sociales y ambientales de su actividad. No sólo debe responder ante sus accionistas, sino ante todos los “stakeholders”, ante todas las personas afectadas por su actividad (suministradores, trabajadores, consumidores, vecinos…). De esa visión de la empresa surgió la llamada “Responsabilidad Social Corporativa”. La consideración de las empresas como sujetos “responsables” ha servido, entre otras cosas, para justificar la autorregulación corporativa. Pero también ha permitido presentar a las empresas como sujetos con miras más amplias que sus propios intereses. Las empresas son capaces de actuar de acuerdo con la perspectiva del interés general. Pueden orientarse hacia la “solución de problemas” y no sólo hacia su propio beneficio. La colaboración público-privada contribuiría a provocar esta transfiguración de la empresa. Los resultados desastrosos de las experiencias de consorcios público-privados ponen de manifiesto el carácter ideológico del discurso sobre la empresa responsable. Pero éste sigue siendo cultivado aplicadamente en la abundante literatura académica sobre los “Public-Private Partnerships”.

El discurso de la gobernanza no va dirigido a los ciudadanos de a pié. Para ellos se sigue utilizando como marco legitimador el tradicional discurso de la democracia representativa. Pero a él se añaden poderosos mecanismos de manipulación ideológica. Los “recortes” para salir de la “crisis” son “necesarios”. No hay políticas económicas alternativas. Las deudas hay que pagarlas. Sin medidas de “austeridad” las consecuencias serían aún más desastrosas… Mientras tanto, los ciudadanos siguen reivindicando lo “público”. Defienden, con insistencia creciente, una escuela pública y una sanidad pública. Con esas reivindicaciones saben exactamente lo que quieren decir. Están en contra de convertir la enseñanza o la atención médica en mercancías. Rechazan condicionar el acceso a esos servicios básicos al poder adquisitivo de las personas. No quieren una enseñanza o una sanidad dirigida al objetivo de obtener beneficios. La distinción público/privado sigue teniendo sentido para ellos.

El discurso de la gobernanza está pensado más bien para los que “mandan”. Ha calado, en mayor o menor medida, entre los políticos, los gestores de servicios públicos, los cargos de responsabilidad dentro de la Administración, los ejecutivos de las empresas, o los altos funcionarios de las agencias internacionales. Son ellos quienes más lo utilizan para justificar sus decisiones y actuaciones, creyéndoselo en mayor o menor medida. La decisión del Defensor del Pueblo Europeo es una muestra de la influencia del discurso entre las élites político-administrativas. A pesar de las evidencias en contrario, el discurso sigue siendo eficaz en esos puestos de mando. El documento sobre la gobernanza universitaria de la Universidad de Barcelona es también una buena y cercana prueba de ello. Pero eso será tema, en todo caso, para un artículo futuro.

30/8/2013

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La UE pronostica una caída del PIB español del 1,5% y un paro del 27%

Agencias – sábado, 04 de mayo de 2013
agencias / bruselas
La Comisión Europea corrigió ayer a la baja las previsiones económicas que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó hace sólo una semana y pronosticó una contracción del 1,5% para este año -en lugar del 1,3% que espera el ministro Luis de Guindos- y una tasa de paro que se situará de media en el 27% de la población activa. En estas circunstancias, la Comisión prevé que España incumpla incluso los nuevos objetivos de déficit propuestos por el Gobierno tras retrasar dos años, hasta 2016, la meta del 3%. El déficit alcanzará en 2013 el 6,5% (en lugar del 6,3% que espera Guindos) y volverá a subir el año que viene al 7% (en lugar del 5,5%).
Sin embargo, la previsión de déficit para 2014 no tiene en cuenta los últimos ajustes anunciados por el Gobierno la semana pasada, en particular la prórroga de la subida del IRPF y otros impuestos que en principio caducaban este año. El vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, comentó que las nuevas medidas parecen ir «muy en línea» con las recomendaciones de Bruselas, aunque se reservó su opinión final hasta el 29 de mayo.
La Comisión retrasa el inicio de la recuperación de España al primer trimestre de 2014. En los próximos seis meses la economía española seguirá cayendo (-0,2% en el segundo trimestre, -0,1% en el tercer trimestre), y sólo se estabilizará a finales de año, según se recoge en las previsiones económicas de primavera del Ejecutivo comunitario.
En el conjunto de 2014, España crecerá en 2014 un 0,9% -en lugar del 0,5% previsto por el Gobierno-, aunque Bruselas avisa de que este cálculo no tiene en cuenta el impacto contractivo de las medidas de ajuste adicionales que deberán tomarse para cumplir el nuevo objetivo de déficit. El paro apenas bajará al 26,4%, la tasa más alta de la UE. «La mayor sensibilidad de los salarios a las condiciones del mercado laboral, uno de los objetivos clave de la reforma laboral de 2012, debería contribuir a moderar la caída del empleo», considera la Comisión.
El nivel de deuda aumentará del 84,2% en 2012 al 91,3% este año y al 96,8% en 2014 debido a «los grandes déficits públicos, el bajo crecimiento nominal del PIB y los costes de la recapitalización bancaria». El dato más positivo de las previsiones de Bruselas es el de la inflación, que se situará de media este año en el 1,5% y el que viene en el 0,8%.
España es el quinto país de la UE que registrará una mayor caída del PIB este año, sólo superada por Chipre (-8,7%), Grecia (-4,2%), Portugal (-2,3%) y Eslovenia (-2%). La eurozona en su conjunto se contraerá un 0,4%, mientras que en el conjunto de la UE el retroceso será del 0,1%.
LASTRE PARA EL CRECIMIENTO. 
Bruselas espera que la demanda doméstica en España se contraiga este año «a un ritmo más rápido» como consecuencia «del desendeudamiento de los hogares, el elevado paro y la caída de la renta disponible». También caerá la inversión privada debido a «las débiles perspectivas de demanda, el ajuste de los balances empresariales y las dificultades de acceso al crédito, especialmente para las pymes». El sector de la construcción seguirá contrayéndose.
En contraste, las exportaciones mantendrán su impulso gracias a la mejora de la competitividad en materia de costes y la diversificación geográfica. «Como resultado, en 2013 España tendrá superávit por cuenta corriente por primera vez desde 1997», puntualiza Bruselas.
«Las condiciones financieras seguirán siendo un lastre para el crecimiento económico en el futuro próximo. La necesaria reestructuración del sector bancario y las débiles perspectivas de crecimiento implicarán que las condiciones de crédito sigan siendo restrictivas para otros sectores domésticos a corto plazo, limitando el consumo y las decisiones de inversión», avisa el informe

Las universidades españolas, entre las más caras de Europa

España forma parte del grupo de ocho países de la UE donde la matrícula puede costar 2.000 euros o más

Un informe del Observatorio del Sistema Universitario realiza una comparativa a nivel europeo de los precios de las matrículas con unos datos que el Estado no quiso facilitar a la Comisión Europea

18/12/2012 – 08:33h

Las tasas universitarias españolas se sitúan entre las más elevadas del continente. Los grados universitarios son los octavos más caros de toda la Unión Europea, y los másteres, los séptimos más costosos. Así lo recoge el informe Estudiar en Europa: precios de matrículas y becas en las universidades europeas, que se presenta hoy en Barcelona. El estudio, elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), cuenta con una información hasta ahora desconocida, porque el Estado español fue uno de los pocos que no facilitó los datos de las tasas universitarias a la Comisión Europea para que esta elaborara un estudio comparativo al respecto (el National Student Fee and Support Systems, 2011/2012).

En España, la subida de las tasas este curso tiene bastante que ver con su posición en el ranking europeo. El curso pasado, antes de aplicar el aumento anunciado -que fija el coste de las matrículas en el 25%, como máximo, del precio de los estudios- las universidades españolas eran las décimas más caras de la UE en precios medios. Así, según detalla el informe, con el tasazo los campus españoles habrían subido dos peldaños en la lista. Y si se tienen en cuenta solo los países de la UE-15, los estudios de grado subirían hasta el tercer puesto, y los másteres, hasta el cuarto.

A partir del actual curso, España pasa a formar parte, según el informe, del grupo de ocho estados de la UE en los que la matrícula puede costar 2.000 euros o más: Letonia, Rumanía, Reino Unido, Lituania, Hungria, Eslovenia y Turquía. Sin embargo, en Reino Unido, por ejemplo, los estudiantes cuentan con una sistema de becas compensatorio, según consta en el documento del OSU.

“En términos generales, los países con los estudios gratuitos o más baratos son los que otorgan becas a porcentajes más amplios de la población estudiantil, con unos importes más elevados”, señala el estudio. En España, alrededor de un 23% de los estudiantes reciben becas por situación económica, un porcentaje poco dado a la comparativa debido a la gran variedad de políticas de becas de la UE. En Dinamarca, Austria o Finlandia, el 100% los estudiantes reciben ayudas, algunas superiores a 9.000 euros anuales, mientras que en países como Letonia, Lituania o incluso Italia, el porcentaje de universitarios becados apenas llega al 10%.

El informe elaborado por el OSU analiza un total de 34 tipos de políticas de precios universitarios de la UE -entre nacionales y algunas regionales-, y concluye que 22 de ellas cuentan con unas tasas inferiores a las que se aplican en España. Ante estos precios, enmarcados en el actual contexto de crisis económica, el observatorio alerta de que el sistema universitario español podría tender hacia un “endeudamiento del estudiantado” y una “reducción de la matriculación”. Y pone como ejemplo a Estados Unidos: “Muchos de los graduados no consiguen el trabajo que esperaban, y al cabo de tres años la tasa de impagos de deudas contraídas con las universidades con ánimo de lucro llega al 19%, y los centros privados acumulan un 43% de impagos”.

La precios mínimos de Cataluña, los terceros más caros de la UE

Los estudios de grado en Cataluña son de los más caros del Estado. El departamento de Economía y Universidades de la Generalitat ha aplicado este curso un incremento de hasta el 66% del precio de las matrículas, aunque lo ha hecho en función de la renta de los estudiantes. El aumento sitúa a Cataluña en una posición parecida a la de España en el ranking europeo de precios medios de matrículas. Sin embargo, en cuanto al precio mínimo de los estudios -sustancialmente superior al del resto de comunidades autónomas-, el informe constata que el 80% de los países o regiones analizados cuentan con unas tasas máximas inferiores a los precios mínimos catalanes. En este sentido, los precios mínimos catalanes son los terceros más costosos de los 34 que recoje el estudio. Además, en Cataluña la política de becas, que solo alcanza al 18% de la población estudiantil, es cinco puntos inferior a la del resto del Estado