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Un desahucio cada 15 minutos

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El fin de la burbuja inmobiliaria provocó, solo durante el año 2012, que la banca se quedara con 30.034 primeras viviendas por impago de los créditos, una media de 115 desahucios por día hábil o, lo que es lo mismo, uno cada 15 minutos, según un estudio del Colegio de Registradores de España dado a conocer ayer. El número de viviendas, de primera y segunda residencia, que se quedaron los bancos el año pasado, asciende a 38.778, según el mismo informe. Otro dato que muestra la crudeza de la situación es que la banca admitió 11.441 daciones en pago en primera vivienda ante la insolvencia de sus clientes. Y, por último, el informe afirma que en 2012 se iniciaron 65.778 procesos de ejecución hipotecaria.

Los expertos valoran el informe argumentando que “la fuente de los registradores es la más fiable” y comentan que los datos son más abultados de los que se presumían. “El estudio revela la enorme gravedad del problema social que existe”, apunta Julio Rodríguez, experto del sector y miembro del colectivo Economistas frente a la crisis.

El informe llega después de muchos intentos fallidos del Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y la banca para obtener los datos concretos de uno de los mayores dramas de la democracia: las familias desahuciadas. Hasta ahora, conocer la situación real del problema había resultado una misión casi imposible.

Esta bomba social ha caído, sobre todo, en Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía, que suman el 65% de los procedimientos de ejecución hipotecaria. El estudio no revela los nombres de las entidades bancarias que han realizado los desahucios pero, casualidad o no, de las cuatro comunidades afectadas, en tres de ellas estaban radicadas las cajas nacionalizadas: Caja Madrid, Bancaja y Catalunya Caixa. Estas comunidades autónomas son las que vivieron mayor auge económico con la burbuja inmobiliaria. Ahora sufren la otra cara de la moneda.

Fuente: Registradores de España. / EL PAÍS

Respecto a las nacionalidades, los españoles están a la cabeza con el 75% de los casos iniciados o el 63% de los desahucios. Entre los extranjeros se repite la lista, por este orden: ecuatorianos, marroquíes, británicos, rumanos y colombianos

El Colegio de Registradores, que inició la encuesta a propuesta de la Vocalía de Relaciones Institucionales en febrero pasado, afirma que “el objetivo del estudio es aportar información objetiva, en números, que contribuya y dé solidez al debate social planteado en estos momentos en nuestro país sobre los lanzamientos de viviendas como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias y su repercusión social”.

El Colegio de Registradores consultó a todas sus oficinas, obteniendo respuesta de 934, lo que representa el 85% del total. Dado que no todas las oficinas respondieron al cuestionario, es de suponer que la cifra definitiva de los desahucios será ligeramente mayor. No obstante, es posible que en parte de los 30.044 desahucios realizados, la familia afectada haya continuado en su domicilio pero con un alquiler social. Es una fórmula que utilizan los bancos para obtener algunos ingresos y evitar poner a la venta pisos cuyo precio ha caído en picado

Uno de los mayores valores que tiene el estudio del Colegio de Registradores es que ha excluido los garajes, trasteros, oficinas, naves y locales comerciales. También ha dejado fuera todos los casos en los que el titular de la finca es una persona jurídica, es decir, una empresa. Este dato es muy importante porque los bancos han utilizado en muchas ocasiones la dación en pago para las promotoras inmobiliarias, por lo que el dato podía haber resultado adulterado.

El 77% de media de los casos afectó a primera vivienda. “Se trata de un dato sin duda significativo debido a que la pérdida de la primera vivienda tiene un impacto social muy superior a la segunda residencia u otro tipo de fincas”, dice la nota de los registradores.

Estas cifras contrastan con las del Consejo General del Poder Judicial que, sin desglosar las, publicó que en 2012 se habían realizado 91.622 ejecuciones hipotecarias, que son las tramitadas por los juzgados de primera instancia en las que se ha exigido en pago de deudas garantizadas por propiedades hipotecarias. De todas ellas, 70.257 acabaron en los juzgados como lanzamientos, que son los cambios en la propiedad de un inmueble, ya sea rústico o urbano, de empresas o de particulares. No obstante, los menos precisos fueron los bancos, cuyas patronales dijeron al Gobierno que el número de desalojos de primera vivienda oscilaba entre 4.000 y 15.000 en los últimos cuatro años.

El capítulo de las daciones es revelador. Tanto Julio Rodríguez como Fernando Encinar, director del servicio de estudios de El Idealista, coinciden en que es una cifra muy elevada y se lo explican por el interés de las entidades por retener el piso como único valor ante la desesperada situación del cliente.

Fuentes del mercado explican que, en ocasiones, alguna de las antiguas cajas más grandes, ahora nacionalizadas, financiaban el viaje en avión a ecuatorianos que se habían marchado de España para que así firmaran la dación en pago y regresaban horas después. De esta forma, se ahorraban los casi dos años de proceso judicial.

A las entidades financieras no les gusta admitir que utilizan la dación en pago porque creen que eso incentiva la cultura del impago. Los bancos siempre recuerdan que “el problema de los desahucios es grave, pero la morosidad solo afecta al 4% de los créditos. El 96% restante paga puntualmente”.

En la tramitación de la reforma de la ley hipotecaria, el sector financiero se ha opuesto radicalmente a que se establezca la dación en pago como medio para saldar la deuda por creer que “pondría en peligro los miles de millones emitidos en cédulas hipotecarias, ya que perderían la principal garantía de esos activos”.

Sin embargo, la dación en pago esta es la principal reivindicación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que presentó un millón y medio de firmas para cambiar la legislación. En las daciones, los extranjeros suponen el mayor porcentaje, el 38,75% sobre el total.

Fernando Encinar señala que esta situación refleja “que los bancos no hicieron bien su trabajo al medir el riesgo. Utilizaron las hipotecas como un producto financiero más, igual que las acciones, pero se puede perder la inversión en Bolsa y no pasa nada, pero si se pierde la vivienda, la situación es un drama”.

Mikel Echavarren, consejero delegado de Irea, firma especializada en servicios de asesoramiento inmobiliario, augura que durante los próximos años “la situación será peor porque estos datos reflejan lo ocurrido en 2010, pero desde entonces, el paro no ha hecho más que subir. Si se hiciera una relación entre la curva de paro y la de desahucios, se vería el paralelismo. Este estudio refleja los que tiraron la toalla hace dos años”.

Julio Rodríguez también espera un empeoramiento de la situación. “En el mejor caso, el año 2013 será similar. El único efecto que se puede ver es si los bancos redujeron los desahucios para evitar el problema social que suponía. De todas formas, el informe es un reflejo del grave problema que se vive en España y que ya ha llegado a la clase media porque el paro también le está afectando”.

Por el contrario, Encinar destaca que, sin restar dramatismo, “no se debe caer en la alarma general. La mayoría de las familias de este país no van a perder su vivienda. De las 800.000 hipotecas que se concedían en los años de la burbuja inmobiliaria, están teniendo problemas unos 65.778, el 8%”, concluye. Los expertos también recalcan que la situación es un reto para el Gobierno, que ahora está legislando sobre este asunto, con gran oposición social

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Los hermanos Mariano y Enrique Rajoy, el CINDER, el CORPME y otros asuntos del lobby registral

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Miércoles, 21 de Julio de 2010 19:27

Desde que abrimos a la sociedad esta web, estamos recibiendo muchas informaciones sobre el lobby registral de los hermanos Rajoy que, tras su adecuada comprobación, iremos publicando.

La última que hemos recibido nos aporta una serie de datos sobre el CINDER, que por su interés pasamos a explicar

El lobby registral español detenta un extraordinario poder basado en dos pilares. El primero, el ingente presupuesto (conseguido gracias al pago del arancel registral por los ciudadanos españoles, porcentajes de dinero público de las arcas de Hacienda por la llevanza de las oficinas liquidadoras de los impuestos, mitad de los ingresos de los registros vacantes, negocio multimillonario de las notas de información registral…). El segundo por su singularidad retributiva, pues en Europa todos los registradores son funcionarios a sueldo. Los registradores españoles son los únicos funcionarios europeos que cobran del mercado sin estar en el mercado.

La ganancia neta anual media de un registrador español es de un millón de euros anuales.

Para conseguir mantener estas ganancias multimillonarias, el lobby registral necesita una estructura compleja. Entre otros organismos tiene los siguientes:

-El Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles españoles. El llamado CORPME, sin ningún rubor tiene en su web (www.corpme.es) el mayor negocio web que existe en España: la comercialización de la publicidad registral, que son ficheros titularidad del Estado que contienen datos privados de millones de ciudadanos. El pay per view registral  de datos de carácter personal fue denunciada en la Agencia de Protección de Datos por nuestra Asociación.

Es de destacar que en ningún país de Europa, salvo España, existe un Colegio de Registradores ya que los Registradores son funcionarios a sueldo como deberían ser en España. En España no solo existe el Colegio de Registradores sino que además forman parte de la CEOE, como Patronal.

-También forman parte de ese tejido, las fundaciones que el Colegio de Registradores constituye utilizando el dinero de su presupuesto que ha obtenido gracias a los ingresos que hemos detallado más arriba, es decir mediante una participación del arancel pagado por los ciudadanos.

En estas fundaciones, el lobby registral trata de que formen parte personas que ostenten cargos públicos que tengan relación con la tramitación de leyes, que puedan suponer un peligro para el insólito e injustificado status millonario del Colegio de Registradores.

– Mención especial merece la sociedad inmobiliaria IICRE, SL (Inversiones Inmobiliarias Colegio Registradores de España): Esta sociedad se dedica a adquirir inmuebles en las mejores condiciones (sin utilizar los Registradores, en ningún caso, la información privilegiada de que disponen al tener el monopolio del Registro donde se inscriben los inmuebles) Estas adquisiciones se destinan al negocio seguro de alquilarlos como sedes para “los propios Registros de la propiedad” consiguiendo, según dice su memorandum, “beneficios crecientes y recurrentes” en los que participa sólamente el CORPME y Registradores inversionistas que suscribieron la ampliación de capital de la sociedad IICRE,SL. Por supuesto, los trabajadores de los Registros quedan excluidos de este negocio y se limitan a ver cómo se reduce su remuneración por causa de esos alquileres pagados a la sociedad de los jefes registradores.

-El CINDER: En apariencia no es más que un Centro Internacional de Estudios Registrales, pero en la práctica es una herramienta clave del lobby registral de los Rajoy.

Mariano Rajoy, Jefe de la oposición y Registrador titular del Registro de Santa Pola desde hace 20 años, tiene tan claro que el CINDER es un herramienta básica para mantener su millonario Registro de Santa Pola y el de todos sus compañeros registradores que casualmente el dirigente máximo del CINDER es su hermano Enrique Rajoy, también registrador de la propiedad.

De hecho la sede del CINDER está curiosamente en Madrid y, casualmente, conforme a los Estatutos del CINDER, el máximo dirigente del CINDER debe ser nombrado por el organismo donde está la sede, esto es, otra vez el Colegio de Registradores español. Vaya causalidades.

No hace falta señalar la cara de asombro que en todas las reuniones del CINDER -y no digamos en las reuniones con  los registradores europeos- les queda a los registradores extranjeros cuando contemplan el nivel supermillonario de sus homólogos.

Por eso, el Decano de los Registradores españoles Alfonso Candau ha declarado recientemente que no es posible una uniformidad o unificación de los Registros europeos. Eso sería la muerte civil para las ganancias multimillonarias de los registradores españoles, pues la homologación europea supondría la desaparición del arancel registral y la implantación de un sueldo para los registradores españoles, puesto que están prohibidas en toda Europa la retribución mediante rentas de monopolio.

Mientras que en Europa el Catastro y el Registro de la propiedad están unidos, servidos por funcionarios a sueldo ofreciendo al ciudadano una sola descripción de las fincas inscritas, con una valoración oficial que evita fraudes como los que ha puesto de manifiesto la actual crisis bancaria, en España, por el contrario, merced a la presión del lobby registral de los Rajoy, los registradores han conseguido hasta ahora que no se cumplan los acuerdos de la Hoja de Ruta de agosto de 2008 del Gobierno español, y que no se proceda a unificar catastro y registro, poniendo a sueldo a los registradores españoles y transfiriendo las ganancias privadas milmillonarias de los apenas 1.000 registradores españoles a las arcas del Estado, para destinarlas a otras necesidades sociales más apremiantes.

Precisamente, el CINDER de Rajoy no escatima la inversión de dinero y tiempo en difundir por toda Iberoamérica un bucólico y perjudicial sistema registral basado en la finca ficticia del Registro de la propiedad en contra del sistema racional de finca catastral que en el año 2014 estará implantado en toda Europa, salvo en España, actuando de esta manera el CINDER de Rajoy en contra de los intereses públicos del organismo del Catastro Español, dependiente de nuestro Ministerio de Economía y Hacienda.

¿Hasta cuándo se permitirá al lobby registral que destine cantidades del presupuesto del Colegio de Registradores, recibidas por arancel aprobado por el Gobierno, a tratar de difundir en toda Iberoamérica un sistema de identificación de las fincas contrario al catastro español, al Ministerio de Economía y Hacienda español, a los intereses generales de nuestras instituciones y a la seguridad del tráfico jurídico?

Ciertamente Mariano Rajoy puede estar muy orgulloso y tranquilo viendo cómo su hermano Enrique Rajoy dirige los destinos del CINDER pero lamentablemente ni los ciudadanos españoles ni la administración española puede estarlo.

Desde esta Asociación, creemos que Enrique Rajoy y su hermano Mariano Rajoy deben dar explicaciones sobre cómo se financia el CINDER, cuánto aporta al CINDER el Colegio de Registradores español y qué es lo que está defendiendo en el extranjero en contra del catastro español.

Lo cierto es que de momento Enrique Rajoy está teniendo poco éxito en sus propuestas como se puede comprobar con el Registro de la propiedad de Costa Rica, que permite el acceso on line gratuito y con la información catastral integrada a sus libros.

¿Cuándo sucederá esto en España?