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Las “ofensas o ultrajes” a España o a las CCAA se multarán con hasta 30.000 euros

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que recoge duras multas a determinados tipos de protestas en la calle, así como a manifestantes que incurran en conductas sancionables. Un texto que fue fuertemente criticado desde la izquierda, y que, pese a las críticas, no se ha visto rebajado sustancialmente respecto al borrador difundido la semana pasada. Por el contrario, se ha añadido una nueva sanción que se prevé que sea igualmente polémica.

El anteproyecto considera “infracción grave”, sancionada con multas de entre 30.001 y 600.000 euros, “las ofensas o ultrajes a España, a las CCAA y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado que la futura ley sancionará con estas fuertes multas conductas como gritar consignas que se consideren ofensivas contra España o las CCAA, o también portar pancartas con lemas de este tipo. Por contra, ha asegurado que lanzar consignas a favor de la independencia de algún territorio español -es decir, contra la unidad de España-, seguirán sin ser sancionable.

Esta nueva sanción es una novedad respecto al polémico borrador de la semana pasada. Y ha eclipsado en parte el hecho de que el texto aprobado en el Consejo de Ministros rebaja solo muy levemente algunas de las sanciones previstas hace diez días.

Las rebajas

Así, si en el borrador se consideraba infracción muy grave -multas hasta 600.000 euros- participar en manifestaciones “no comunicadas” delante “de instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales”, ahora la multa será solo de entre 1.001 y 30.000 euros, al pasar a ser consideradas “infracciones graves”.

Por otra parte, mientras el borrador castigaba también con hasta 600.000 euros manifestarse sin comunicación “ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto”, ahora esta máxima sanción solo se aplicará cuando haya “un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento”. En el resto de casos, la sanción será de hasta 30.000 euros.

A la vez, se reducen de “grave” a “leve” otras de las sanciones que más polémica causó la semana pasada: “amenazar, coaccionar, vejar e injuriar” a los agentes de policía “cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones”, o bien “la grabación y la difusión” de imágenes de agentes “en el ejercicio de su trabajo” si atentan contra su derecho al honor o su imagen o si pueden poner en peligro su seguridad o “la a intervención policial correspondiente”. Estas conductas se sancionarán con hasta 1.000 euros, en lugar de hasta 30.000, como contemplaba el borrador.

Las multas no pasarán por un juez

El texto trata como infracciones todo este tipo de comportamientos, y no como faltas, “en sintonía con el proyecto de Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y en el que desaparecen las faltas, ya que algunas se convierten en delitos leves y otras quedan fuera del ámbito de las infracciones penales”, según afirma el Gobierno, en la presentación del anteproyecto. “De este modo, ciertos comportamientos dejan de ser sancionables en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo”, continúa el Ejecutivo. Algo que también ha sido ya criticado.

La crítica aduce que, al tratar como infracciones administrativas -equivalentes a multas de tráfico- lo que antes eran faltas, los posibles manifestantes afectados quedan más desprotegidos, ya que la sanción no ha de ser ratificada antes por un juez. Por contra -y como ocurre también con las multas de tráfico- tendrá que ser el ciudadano sancionado quien tome la iniciativa de recurrirlas.

El Gobierno concluye que el anteproyecto es “un texto firmemente comprometido con los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal”.

Corresponsabilidad Fiscal

Un concepto de Corresponsabilidad Fiscal
En este apunte nos centraremos en un tema que podría parecer teórico pero, en la práctica, nos afecta a todos los contribuyentes españoles con indiferencia de donde vivamos. La corresponsabilidad fiscal es el reto que le queda al Estado español por asumir. Gran parte de las tensiones políticas que se producen con los nacionalismos de las diferentes Comunidades Autónomas podrían verse acalladas y rebajadas si se dispusiera de un sistema de responsabilidad fiscal; por lo menos esta es nuestra opinión.

Alberto de Blas López
alberto@injef.com

INJEF

Los recursos propios de los que disponen las diferentes CCAA, hasta la fecha, son de escasa cuantía.

El sistema de transferencia de competencias se sustenta en los diferentes territorios en función de las transferencias del Estado Central. Como podemos apreciar, en el año 1993 la descentralización fiscal del ingreso fue de un 10%; sin embargo, la descentralización del gasto para ese mismo año fue de un 40,03%.

Esta situación va en contra de los principios en los que debería basarse la financiación de las CCAA que sería:

  • Principio de responsabilidad fiscal
  • Principio de unidad del sistema impositivo
  • Principio de igualdad
  • Principio de autonomía financiera
  • Principio de no discriminación
  • Principio de solidaridad interterritorial
  • Principio de coordinación presupuestaria entre Administraciones

Por lo tanto, tiene que haber conexión entre los recursos recibidos por las CCAA y los rendimientos impositivos obtenidos en sus territorios, de forma que una parte del gasto por ellas gestionado se financie con las aportaciones de los residentes en las mismas a través del sistema impositivo.

Como hemos visto la relación de descentralización gasto-ingreso no es igual.

Con respecto a los recursos propios de las CCAA su situación hasta el año 1993 era la siguientes:

  • Recursos propios 11,2 %
  • Recursos transferidos por el Estado 88,8 %

La evolución en los últimos años no ha mejorado sustancialmente. Esta situación demuestra la ausencia de recaudación propia de las CCAA. Por ello, y teniendo en cuenta la situación actual, se hace necesario adecuar el nivel de gasto propio de cada CA con su nivel de ingreso. Pero, ¿cómo conseguirlo? A través de la corresponsabilidad fiscal.

Se entenderá que hay corresponsabilidad fiscal cuando una parte de los ingresos de los gobiernos subcentrales provienen de la recaudación tributaria directamente vinculada a los impuestos pagados por los ciudadanos residentes en dicho territorio.

Por tanto, y lógicamente, la corresponsabilidad fiscal es la capacidad de decidir no sólo en la provisión de bienes de los servicios públicos subcentrales y locales, sino también sobre la composición de los ingresos públicos y más concretamente los ingresos de carácter fiscal.

Este principio no es absoluto. La corresponsabilidad fiscal se determinará en función del grado de autonomía financiera que tenga la CA con respecto a la Administración Central.

Las notas características que se tienen que cumplir para que exista corresponsabilidad fiscal, a nuestro juicio son las siguientes:

  • Incremento de la capacidad impositiva y recaudatoria por parte de las CCAA
  • Que sea posible financiar los gastos de la CA con sus ingresos
  • Que los ciudadanos sean conscientes de que sus pagos vía impositiva se realizan en gastos en la propia Comunidad.
  • Que los ciudadanos de cada CA puedan exigir responsabilidades políticas por las decisiones de gastos e ingresos efectuadas por los administradores subcentrales.
  • Que se produzca la descentralización máxima de competencias propias y gestión de las estatales, siempre y cuando no sean éstas inherentes al concepto de nación
  • Mantener el principio de solidaridad entre las regiones más favorecidas y las menos a través del Fondo de Compensación Interterritorial o un mecanismo similar
  • Capacidad normativa limitada a ciertas figuras impositivas siempre que no quiebre el principio de uniformidad.

El artículo 133 de la Constitución entiende que la soberanía fiscal corresponde al poder central si bien, deja la posibilidad de ceder o descentralizar dicha soberanía beneficiando a los gobiernos autonómicos.

Por tanto, cuanto más se separe la decisión del gasto público de la decisión sobre su financiación, más se fortalece la creación por parte de los gobernantes de ilusiones financieras e incluso políticas en los ciudadanos contribuyentes al hacerlos menos conscientes del coste de los bienes y servicios que reciben.

Podemos concluir diciendo que el fin último que persigue la corresponsabilidad fiscal se compone de dos puntos característicos:

  1. Incrementar la percepción ciudadana de los costes y beneficios que la actuación de su gobierno subcentral le comporta, tanto en el terreno de los gastos como de los ingresos.
  2. Cumplir el principio de equidad vertical en la financiación de las CCAA, es decir, las cuantías del gasto que se realizan tienen que tener concordancia con las de ingresos propios.

Por último, añadamos que este apunte se ha podido realizar gracias a que los diferentes Gobiernos Autónomos han demostrado mucha sensibilidad por este tema en concreto, lo que ha hecho que se hayan publicado muchos artículos que son de referencia obligada 😉

Títulos horizontales o transversales del Estado

2.- Los denominados títulos horizontales o transversales del Estado que le habilitan para determinar las bases.

En el reparto competencial entre el Estado y las CCAA suele ocurrir que sobre un mismo supuesto concurren diversos títulos. Una de las causas principales de esta situación es la existencia de títulos competenciales del Estado con una fuerza expansiva transversal,  que habilitan a los poderes centrales para intervenir en distintos ámbitos materiales de titularidad autonómica. Limitan la capacidad de actuación de la CCAA y eliminan, en su caso, el carácter exclusivo de sus competencias.  La explicación constitucional de este proceso, acaso imprevisto en el modelo inicial de distribución de competencias, se sustenta en la combinación necesaria del principio de autonomía y el de unidad en el Estado autonómico. En virtud de esa interrelación, el reparto de materias y facultades entre el Estado y las CCAA resulta matizado por la presencia de títulos competenciales que no afectan a un concreto sector de la realidad sino que pueden abarcar a materias muy diversas. Estos títulos competenciales son denominados horizontales o transversales[3]. Es el caso, de forma señalada, de la facultad competencial del Estado para la “ordenación general de la actividad económica” derivada del art. 149.1.13 CE que le permite establecer las bases y la coordinación en las actividades con contenido económico.

La consecuencia más notable del amplio ámbito competencial que habilita al Estado los títulos horizontales, como se apuntaba antes, la eliminación del carácter exclusivo de las competencias autonómicas y, con ello, de su capacidad para establecer una política autonómica diferenciada en la materia[4]. Su incidencia modula el ejercicio competencial en cuanto el Estado aduce este título genérico para actuar sobre ámbitos materiales en los que inicialmente carece de competencia. Su intervención normativa queda justificada en virtud de este título transversal.

Precisamente, en el desarrollo normativo del Derecho europeo esta fuerza expansiva del título estatal incide de manera especial, por dos razones confluyentes:

a)     La acción normativa europea susceptible de aplicación interna se refiere derechamente a materias de competencia exclusiva de las CCAA como agricultura, ganadería, comercio, industria, etc., a través de actuaciones que generalmente tienen incidencia económica, lo que favorece el uso del título horizontal por antonomasia, el derivado del art. 149.1.13 CE. Así, el Estado se interpone en el proceso de incorporación de normas europeas referidas a materias de competencia autonómica para establecer las bases o la coordinación, sin perjuicio de la posterior intervención autonómica.

b)    El Derecho originario de la Unión no contiene una delimitación material de carácter objetivo, que pueda trasladarse al ámbito interno para determinar con exactitud si la materia afectada es de competencia estatal o autonómica. La naturaleza teleológica de la delimitación resulta del objetivo que se pretende alcanzar. Este carácter lábil e imprevisible de la incidencia de la norma europea sobre el ordenamiento interno, matizada pero no completamente superada en el Tratado Constitucional, abre el cauce a la incidencia de los títulos transversales del Estado.

La consecuencia práctica de esta situación es la ilimitación material del Estado en el desarrollo normativo del Derecho europeo, más allá de su quantum competencial material en la Constitucional territorial. Ante la ausencia de un título material o sustantivo puede aducir sus títulos de carácter horizontal. Con ello se limita la participación autonómica pues su intervención cuenta habitualmente con la intermediación previa del Estado, cualquiera que sea la materia competencial y el título que posea sobre ella[5].

Este es el aspecto que pretendemos analizar someramente en estas páginas: el uso por el Estado de los títulos horizontales, específicamente del 149.1.13 CE, para concretar las bases en el proceso de incorporación normativa del Derecho de la Unión. Pese a la vigencia del principio de no alteración del reparto competencial, se está eludiendo en la práctica el desarrollo normativo directo por parte de las CCAA e incluso el carácter detallado de las bases estatales provoca, en ocasiones, la imposibilidad material de esa intervención normativa autonómica. El Estado aduce la presencia de un título horizontal, generalmente la “ordenación general de la actividad económica” del art. 149.1.13 CE, para justificar la incorporación de normas europeas referidas a materias de competencia exclusiva de las CCAA. Por ello, en primer lugar, antes de ocuparnos del sentido de lo básico en este proceso, debemos anotar el alcance de los títulos horizontales del Estado en su relación con las CCAA pues ese modelo será, justamente, el aplicable a su intervención en el desarrollo normativo del Derecho europeo, sin ninguna adición derivada del carácter “internacional” o “exterior” del asunto.

El Tribunal Constitucional ha amparado la horizontalidad de los títulos estatales, que amplían las competencias estatales y limitan las autonómicas. Concretamente, en la aplicación del Derecho europeo podemos encontrar pronunciamientos palmarios en las SSTC 252/1988 o 79/1992. Sin embargo, progresivamente está condicionando la actuación transversal del Estado, también en el ámbito europeo, a la presencia de determinadas circunstancias. Así, se ha referido, a: a) el sentido o finalidad de la norma, de manera que si no se pretende la realización de la competencia estatal estaremos en presencia del ejercicio de una competencia autonómica[6]; b) la relevancia real del ejercicio de una determinada facultad competencial y c) la aplicación preferente de la regla especial sobre la general. En fin, pese a lo que pueda parecer al examinar la práctica de la aplicación interna de las normas europeas, el Tribunal Constitucional no ha aceptado la interposición en cualquier caso de una norma estatal para definir los principios básicos, aduciendo un título horizontal cuando se trata de materias de competencia autonómica, pues no siempre será de aplicación un título de estas características, y la dimensión externa de la actividad no aporta al Estado ningún plus competencial[7]. Para evitar un uso abusivo de estos títulos deberá analizarse en cada caso concreto la concurrencia de las condiciones que permiten la presencia del título horizontal pues sólo en ese supuesto podrá aceptarse la intervención del Estado en el desarrollo normativo del Derecho europeo. Entiéndase bien. No valoramos la conveniencia o la oportunidad de esa interposición sino la presencia o ausencia de sustento constitucional.