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Industria incluirá el coste del almacén Castor en la nueva reforma del gas

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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo diseñará la reforma del sistema gasista a partir de un escenario de costes en el que se incluya el relacionado con el almacenamiento subterráneo de gas de Castor, indicó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en un encuentro con la prensa.

La actividad de llenado de gas en este almacenamiento quedó suspendida el año pasado debido a los seísmo detectados en la zona. Pese a ello, la repercusión de su coste sobre la tarifa es previsible, ya sea por su hipotética entrada en operación o por la posibilidad de que los promotores reviertan la instalación al Estado.

Nadal indicó que Industria quiere tener “la máxima información” acerca de “qué hacer con los mil y pico millones” de coste de la infraestructura. “Tenemos que ser muy prudentes” y encontrar una solución que reconozca la inversión al “mínimo coste” para los consumidores, dijo.

Conforme a la cláusula del acuerdo de concesión de Castor en 2008, la empresa Escal UGS, participada por ACS y la canadiense CLP, tiene la opción de renunciar por escrito a la infraestructura. “Es ahí cuando el Gobierno tendrá que decidir cómo se paga”, indicó Nadal.

El secretario de Estado de Energía no precisó si Castor podrá entrar en operación. “La pregunta del millón no es saber qué ha pasado, sino saber qué va a pasar en caso de que funcione”, y por el momento “nadie” ha sido capaz de ofrecer una respuesta, dijo. “Tenemos que estar muy seguros” y recabar la información “llevará mucho tiempo”, añadió.

Junto a esto, reconoció que “hoy en día” el sistema gasista “no tiene necesidad” de este almacenamiento, que se construyó con unas previsiones de demanda muy superiores a las actuales. “Si empezáramos desde cero, diríamos que no a su construcción”, si bien “eso no quiere decir que dentro de diez años no se necesite”.

Por otro lado, Nadal ofreció algunos detalles acerca de la reforma del sistema gasista en la que trabaja el Gobierno, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. Industria se propone tener “las ideas claras” antes del 30 de junio e iniciar la tramitación en julio, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2015.

Para acabar con el déficit de tarifa de “700 u 800 millones de euros” el Gobierno fijará un “escenario razonable de evolución de demanda hasta 2020” y condicionará la revisión de la retribución a las variaciones de demanda. Este mecanismo ya se usaba en distribución y regasificación, y ahora se ampliará a otras actividades.

El ‘agujero’ del Castor pone en guardia al sector del gas por temor a una reforma feroz Leer más: El ‘agujero’ del Castor pone en guardia al sector del gas por temor a una reforma feroz

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La reforma del gas afronta un escollo fenomenal, que determinará la dureza del ajuste que prepara el tándem Soria-Nadal. Y es que los más de 200 millones de retribución anual comprometida con el almacén Castor condicionan decisivamente los números que se hacen en el Ministerio de Industria, si es que finalmente tienen que abonarse. Las diferentes empresas afectadas no dudan en deslizar sotto voce su inquietud, en parte por la falta de feed-back del Gobierno respecto al futuro del depósito, paralizado por haber provocado más de 500 terremotos en el norte de Castellón y el sur de Cataluña a la vuelta del pasado verano.

Los números cantan. El ministro sitúa el saldo negativo del gas en torno a los 400 millones de euros al cierre de 2013, si bien fuentes empresariales lo acercan más a los 300. Los últimos datos oficiales publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifraban el desajuste en 638 millones a mes de diciembre, si bien restan dos liquidaciones para dar por cerrado el ejercicio y, según explican fuentes del sector, lo normal es que el montante se reduzca hasta el entorno que plantean Soria y las compañías. Aunque el agujero está muy alejado del generado por un déficit eléctrico descontrolado, Industria quiere atajarlo ya para evitar males mayores, sobre todo a la vista del problema estructural que se otea.

Y con esa premisa, ¿qué partidas se pueden contener? Los costes regulados se concentran en dos rúbricas. En primer lugar, en los costes de infraestructura básica. Según las prospecciones que maneja el sector, estos gastos alcanzaron el año pasado los 1.438 millones de euros -488 en abonar la regasificación; 47 en sufragar el almacenamiento, y 903 en pagar el transporte-. La otra gran partida es la distribución, que se habría llevado 1.467 millones. Aunque la recuperación económica y el aumento de la demanda debería ayudar a los ingresos, el ajuste sólo puede hacerse mediante un recorte de la retribución de las actividades reguladas y/o un incremento de los peajes, lo que tarde o temprano repercutirá en una subida de la tarifa para hogares y clientes empresariales. En esa ecuacion se mueve el Ministerio.

“Las empresas están dispuestas a asumirlo, siempre y cuando la rebaja no sea tan brutal que les estrangule y no les permita crecer”, exponen fuentes próximas a las conversaciones. Y ahí es donde entra el Castor, instalación propiedad de Escal UGS, firma controlada por ACS. De hecho, sólo ese proyecto se lleva en compensaciones la mitad del déficit acumulado. Las recibirá por diferentes vías, de acuerdo con los cálculos que ha hecho el sector. En primer lugar, como retribución financiera y por amortización de la inversión, debería embolsarse en torno a 180 millones al año. Además, para pagar la operación/explotación del almacenamiento y sufragar el denominado gas colchón, se apuntaría otros 70 millones.

No a la vía judicial

En total, fondos cercanos a los 250 millones anuales, que deberían compensarse vía ingresos o con otros ajustes. Pese a sus esfuerzos iniciales por buscar negligencias en el almacén y no pagar a ACS, el Ministerio preferiría no judicializar más el conflicto. Todo después de que el Tribunal Supremo rechazara en octubre pasado la demanda del Estado para eliminar una cláusula del contrato entre las partes según la cual los propietarios del Castor tendrían derecho a una compensación por reversión del proyecto. Inicialmente, Soria no cerró puerta alguna, agarrándose a que el fallo sí deja claro que no cabría indemnización si se hubiera producido conductas dolosas o culposas que lleven al cierre del depósito. Algo no fácil de probar.

Como telón de fondo, la pésima planificación energética firmada por los ejecutivos socialista y popular. No en vano y según la patronal Sedigas, las inversiones en infraestructuras del sistema gasista español no han disminuido un ápice durante la crisis, pese a que no eran en absoluto necesarias en pleno desplome de la demanda por la recesión económica. Es más, se han incrementado en un 6%. En este sentido y entre los años 2006 y 2008, las inversiones alcanzaron una media de 1.245 millones de euros. En el periodo 2009-2012, años que invitaban a las restricciones, se situaron en un promedio de 1.325 millones, llegando a los 1.616 millones en 2011. Instalaciones en muchos casos innecesarias para la operación actual, pero que deben retribuirse. Un disparate.

Sin contar el descontrol en el coste de los proyectos, vía ‘modificados’. El Castor, cuyo presupuesto se situaba inicialmente en 700 millones, alcanzó una inversión de 1.700. Como publicó El Confidencial, el secretario de Estado, Alberto Nadal, ha llamado a consultas a las cinco grandes empresas del sector para aquilatar la reforma. Los Enagás, Gas Natural Fenosa, Naturgas, Madrileña de Gas y Redexis ya han desfilado por el Ministerio con el objetivo de cerrar un acuerdo antes del verano. Las empresas tienen miedo y no lo ven claro, pero quieren verlo. E Industria quiere evitar más problemas tras el drama vivido en el sector eléctrico. Un escenario inmejorable para la entente. Si los números cuadran…

La crisis ucrania multiplica el valor estratégico de Castor

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Europa quiere conectarse al gas de Argelia que circula por el gasoducto que atraviesa de sur a norte la Comunidad Valenciana – La carga de trabajo de la regasificadora de Sagunt aumentaría

17.04.2014 | 19:37

j. sierra valencia La crisis energética provocada por el conflicto de Ucrania y la posibilidad de que Rusia corte o reduzca el flujo de gas natural hacia Europa multiplica el valor estratégico del deposito subterráneo «Castor» y condiciona, junto a las indemnizaciones millonarias a las que tendría que hacer frente el Gobierno, el hipotético cierre del almacén debido a su papel en el incremento anormal de sismicidad en la zona.

España, que venía reclamando como «urgente» la conexión gasista con Francia y a través del país vecino con las redes europeas, ha encontrado ahora un aliado en la dependencia alrededor del 30% del gas consumido que sufren los países centroeuropeos y especialmente Alemania del gas ruso.
Esta misma semana, el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, aseguraba que España debería aprovechar la oportunidad de convertirse en «la puerta del gas para Europa». Y lo argumentaba en la existencia de gasoductos y plantas de regasificación «que no funcionan todavía a plena capacidad».

Enganchados a Europa
Conectado a este gasoducto, que arranca en Almería y acaba a unos 100 kilómetros de la frontera francesa, se encuentra el almacén submarino de «Castor», destinado a regular el suministro casando la oferta gasista con la demanda. En este contexto, la Comunidad Valenciana adquiere un papel estratégico esencial. Por su territorio pasa uno de los principales gasoductos del país, que une Almería puerta de entrada del gasoducto submarino que trae el gas argelino, llamado a sustituir al de origen ruso y alberga en Sagunt una de las regasificadoras, de Unión Fenosa, de mayor capacidad en España, y operando muy por debajo de su potencial de transformación (un millón de metros cúbicos a la hora).

La regasificadora de Sagunt podría, además de inyectar gas directamente al gasoducto, actuar como una especie de «gasolinera europea». Como es conocido, el gas circula comprimido en el interior de los gasoductos, que conectan al consumidor final con los pozos argelinos, o bien es transportado hasta España en grandes buques metaneros donde el gas viaja en estado líquido. Una vez en instalaciones como la de Sagunto y su puerto asociado, el metano líquido vuelve a convertirse en gas o puede ser almacenado y reexpedido hacia otros centros de transformación en Europa.

En el nuevo escenario que se adivina Europa ya ha tomado una decisión al margen de la evolución de la situación en Ucrania, la existencia de Castor sería indispensable con todas las infraestructuras gasoductos y regasificadorastrabajando a pleno rendimiento y en el límite de su capacidad para atender la demanda europea.

Cuando la mano del hombre hace temblar la tierra

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Teresa Guerrero @ 05-10-2013 05:13

[Fotonoticia]

Madrid.- Al igual que ha ocurrido por el Proyecto Castor, otras actividades humanas generan terremotos, la mayoría de baja magnitud.

Hace un año el geólogo Miguel de las Doblas Lavigne advirtió que el proyecto de gas Castor causaría terremotos. “Ya entonces denuncié que era muy peligroso. Es absolutamente aberrante e increíble que se hayan gastado 1.400 millones de euros sin haber realizado antes un estudio de sismología previo”, asegura indignado el científico del Instituto de Geociencias de Madrid (CSIC-UCM).

Desde hace años, De las Doblas investiga la denominada sismicidad inducida, un término que los españoles han oído con frecuencia durante los últimos días a raíz de los cientos de terremotos que se han registrado en Castellón y que resume lo que los científicos saben desde hace décadas: que la actividad humana también es capaz de generar terremotos.

Y es que, al igual que es imposible evitar e incluso prever con cierta antelación los terremotos que se producen de forma natural, el hombre sí es capaz de generarlos. La mayoría son de baja magnitud pero, como en cualquier seísmo, su impacto y su capacidad destructiva depende de la zona en la que se produzcan.

“La sismicidad inducida por la actividad humana se lleva reconociendo en la literatura científica desde hace muchas décadas, y sin embargo en nuestro país parece que no se toma en serio esta evidencia que incluye el llenado de los embalses, el ‘fracking’, la inyección de CO2 en la corteza, las explotaciones de las canteras, las extracciones de hidrocarburos en yacimientos estructurales o agua en los acuíferos profundos, etc.”, explica.

Asimismo, señala que “en España fuimos de los primeros en reconocer la realidad de la sismicidad inducida, concretamente en términos de hidrosismicidad (relaciones entre el agua y los terremotos)”.

De las Doblas y otros científicos sostienen que la sobreexplotación del acuífero del Guadalentín contribuyó de manera decisiva a desencadenar los terremotos de Lorca de mayo de 2011.

Otro caso, más reciente, es el de la Loma de Úbeda en Jaén: “Explicamos la serie sísmica anómala de más de 2.200 terremotos (de octubre 2012 a abril 2013) como resultado de una combinación de la sobreexplotación de los acuíferos profundos para el riego de los olivares y las intensas lluvias (sin precedentes en los últimos 30 años) de finales del 2012 a principios del 2013″, afirma.

También la serie sísmica de la Sierra del Perdón (en Navarra), con unos 300 terremotos en dos meses, se ha vinculado a las fuertes lluvias.

Desde hace años llevamos alertando de que la construcción de pantanos o la extracción de agua de forma descontrolada puede producir terremotos“, recuerda Antonio Aretxabaleta, geólogo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y delegado del Colegio Oficial de Geólogos de España en Navarra, que asegura que sus propuestas no se han tomado en consideración. “Nos miran como bichos raros”, señala.

Por lo que respecta al Proyecto Castor, Aretxabaleta también cree que la seríe sísmica se debe a la inyección de gas. Según recuerda, Castellón es junto Valladolid y Vizcaya una de las provincias españolas con menor actividad sísmica: “Desde que existen registros históricos, hacia el año 1500 apenas se han registrado unos 70 terremotos en Castellón. En 15 días ha habido casi 400 terremotos”, afirma.

Llenado de embalses

“La sismicidad inducida es muy conocida, por ejemplo, la que se produce por el llenado de embalses. Cuando se introduce una masa de agua muy grande se puede romper el equilibrio tensional, es decir, el equilibrio de fuerzas en la zona y puede haber pequeños terremotos hasta que se vuelve a reestablecer el equilibrio”, explica Belén Benito, catedrática de Geofísica de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y coordinadora de un grupo de investigación en ingeniería sísmica en la Escuela de Topografía.

Benito considera que hay relación entre la inyección de gas del proyecto Castor y los terremotos de Castellón: “Cambias las condiciones del terreno y se puede producir una ruptura del equilibrio y que haya microterremotos. Si esos movimientos dan sobre una falla existente que pueda tener una cierta carga, pues las fallas se van cargando a lo largo del tiempo hasta que se produce un terremoto, puede provocar eventos mayores”, explica.

Joaquim Roset, ingeniero y geólogo de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), afirma que “desde un punto de vista geológico se sabe que [la zona donde se desarrolla el Proyecto Castor] se trata de una zona de confluencia de dos grandes estructuras tectónicas, que tienen asociadas numerosas fallas, es decir, rupturas del terreno”, explica.

El profesor recuerda que cuando se explotó el yacimiento de petróleo que ahora se quiere utilizar para guardar reservas de hidrocarburos, “también hubo microseísmos de cierta intensidad, es decir, hubo sismicidad inducida por la extracción de petróleo”. Al quedar vacío, detalla, se fue llenando de agua de mar hasta que ahora se ha vuelto a sacar el agua para inyectar gas. Estos cambios han causado una variación en la tensión del terreno: “Para detonar una falla, entre otras causas es necesario que aumente la presión de fluidos. Puede ocurrir de forma natural (por llenado de agua o lluvia abundante) o artificial (por inyecciones de fluidos en las rocas o por depositar grandes masas de agua)”.

Una vez que se restablece el equilibrio, explica, deberían cesar los movimientos de tierra en Castellón: “En principio, una vez que se deja de meter presión en el depósito, es decir, de inyectar el gas, la tensión tenderá a anularse y es previsible que no haya más cambios”. Aunque matiza “que cuando se trata de terremotos es difícil hacer afirmaciones”, en su opinión “los seísmos deberían dejar de producirse en unos días o unas semanas”.

‘Fracking’

Aunque se trata de una técnica distinta, la inyección de gas del Proyecto Castor ha vuelto a poner en el punto de mira al ‘fracking’ o fracturación hidráulica, que consiste en extraer gas no convencional (‘shale gas’, o gas de esquisto o pizarra). Varias compañías planean poner en marcha en España esta técnica, que consiste en inyectar grandes cantidades de agua y productos químicos en el subsuelo.

Desde Shale Gas, la plataforma que aglutina a algunas empresas interesadas en el ‘fracking’, subrayan la necesidad de diferenciarlo de la inyección de gas que se lleva a cabo en el Proyecto Castor. “Sabemos que la sismicidad inducida es uno de los riesgos asociados al ‘fracking’, pero es muy leve y muy inferior a la de otras actividades industriales, como el llenado de embalses o la minería”, señala una portavoz.

En concreto, afirma que los datos científicos indican que la sismicidad inducida por ‘fracking’ ha sucedido en magnitudes bajas (inferiores a 3 en la escala de Richter), un riesgo que, sostiene, “se controlará con los estudios de impacto ambiental y la monitorización continua, antes, durante y después de que se comiencen los trabajos. El estudio previo es esencial para no perforar en una zona en la que haya una falla. Tenemos una tecnología muy avanzada y pondremos todos los mecanismos en marcha para que sea seguro”, señala.

El Ministerio de Industria ha concedido permisos de investigación a varias empresas para que exploren el potencial de esta técnica, aunque de momento no se ha perforado ningún pozo. El plazo mínimo para que comiencen los trabajos de explotación sería de 18 meses, según Shale Gas.

Por su parte, Belén Benito, científica de la Universidad Politécnica, explica que el ‘fracking’ produce terremotos de baja magnitud (de hasta 3 o 4) incluso en zonas sin actividad sísmica: “Se trata de extraer gas pero el efecto en la zona es el mismo que cuando se inyecta, porque alteras las condiciones elásticas y se pueden producir rupturas. Suelen ser terremotos pequeños. Ciertamente tiene un riesgo que hay que sopesar porque lamentablemente necesitamos nuevas fuentes de energía a no ser que estemos dispuestos a quedarnos sin luz”, señala. En su opinión, “es posible controlar el riesgo, evitando zonas donde haya fallas y realizándolo en áreas estables”.

“La microsismicidad existe tanto en los proyectos de inyección de gas como en la minería, la extracción de petróleo, los embalses de agua o el ‘fracking’, por eso hay que realizarlos en zonas estables”, coincide Rose

El Ministerio de Industria esconde el informe sobre los miniseísmos del Castor

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RAMON OLIVARES RUIPÉREZ 04/12/2013

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo esconde el informe que debe servirle de base para determinar si se reabre o no el almacén submarino de gas Castor. Fuentes oficiales del Instituto Geológico y Minero (Igme) han confirmado a Mediterráneo que este documento ya le ha sido remitido al organismo que dirige José Manuel Soria, pero los servicios de comunicación del mismo han evitado reconocer a este diario que esto sea así.

Según las fuentes del Igme, este informe fue enviado al Ministerio “la primera semana” del pasado mes de noviembre “tal y como ya se había acordado”. De esta manera, el Igme cumplió los plazos que se habían establecido para que sus técnicos realizasen el informe sobre las causas de los más de 700 miniseísmos que se detectaron frente a las costas de Vinaròs. La empresa propietaria de la instalación, Escal UGS, ya reconoció que la mayoría de ellos se debieron a la inyección de gas colchón al almacén submarino, aunque evitaron señalar que los más fuertes, que superaron el grado 4 en la escala de Richter, se debiesen a esta razón.

A este respecto, las fuentes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo han evitado contestar a este rotativo si han recibido el informe y, si es así, por qué no han dado una respuesta todavía sobre si es posible reabrir el Castor o no. En una respuesta previa, desde el Ministerio han señalado que “por ahora” no hay “ninguna novedad” al respecto.

Es más, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, señaló la semana pasada en relación con la plataforma de gas que “el informe definitivo sobre lo que ha pasado allí estará terminado en cuestión de semanas”. Es decir, el Ministerio alarga los plazos para decidir al respecto.

altos costes // Y es que el Gobierno tiene por delante un problema con la decisión. En el caso de que decida no reabrir la instalación, deberá indemnizar a la empresa propietaria (participada en un 66% por la constructora de Florentino Pérez, ACS) con un montante que rondará los 1.700 millones de euros, después de que se disparasen los costes de construcción y se tengan que sumar los de actividad y compra del gas colchón ya inyectado.

Por el contrario, si decide reabrir la infraestructura –planteada para mejorar el sistema gasístico–, tendrá la férrea oposición de los vecinos de la provincia y el sur de Cataluña, que ya se manifestaron debido a la intranquilidad que genera una actividad que hizo vibrar a la tierra. H

Europa se desentiende del Castor

El comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea ha remitido el control de Castor al gobierno de España. Janez Potocnik ha contestado a la pregunta parlamentaria presentada por Ramón Tremosa, del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. En ella requería sobre si el proyecto Castor cumple con la Directiva marco sobre la estrategia marina y la Directiva del Hábitat 92/43/CEE. El comisario le ha recordado que “España consideró el proyecto Castor como un elemento potencial de presión que podía causar daños al medio ambiente”. Es por ello que atendiendo a la definición de buen estado medioambiental y a los objetivos ambientales a él asociados que fueron establecidos por España y comunicados a la Comisión en 2012, “es ahora responsabilidad del Estado miembro proceder al control de ese elemento específico de presión y de los efectos de él derivados”.
Ese control, detalla Potocnik habrá de tener lugar “no después del 15 de julio de 2014, una vez que su programa de seguimiento se haya establecido ya y haya comenzado a aplicarse. Asimismo, antes de que finalice 2015, España tendrá que tomar, en su caso, las medidas que sean necesarias al aplicar su programa de medidas”. Procediendo de esta forma, España garantizará la consecución o el mantenimiento del buen estado medioambiental que requiere la Directiva para antes de que finalice 2020.
El proyecto Castor, con una inversión de 1 200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1 750 metros de profundidad bajo el nivel del mar para suministrar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días. Según reflejó Tremosa en su pregunta parlamentaria “al parecer, la inyección de gas ha provocado desde el pasado 13 de septiembre casi 300 seísmos, la mayoría de baja intensidad”.

El Ministerio de Industria ordenó el pasado 26 de septiembre el cese temporal de la actividad de extracción de gas en la planta para investigar las causas del aumento de la actividad sísmica en la zona. La Generalitat Valenciana ha activado el Plan de riesgo sísmico en fase de seguimiento a los municipios de Peñíscola, Vinarós y Benicarló.
Los seísmos también han llegado a la costa catalana, especialmente a las Terres de l’Ebre, que es reserva de la biosfera por la Unesco. La zona, de 367 729 hectáreas de superficie, abarca el delta y la cuenca del Ebro y alberga «numerosos ecosistemas tanto interiores como costeros».

La factura del Castor deberá incluir otros 200 millones por el desmantelamiento

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Cerrar el almacén gasista de Castor será caro. Mucho más de los 1.700 millones que el ministro José Manuel Soria cuantificó en el Congreso. Esa cantidad es el valor residual de la instalación, pero fuentes del sector energético y expertos científicos en geología han señalado que la referida cifra no incluye el sellado de los pozos, el desmantelamiento de la plataforma marítima y de la infraestructura en tierra, además de la monitorización posterior para controlar posibles fugas de gas. Por ello, el cierre ordenado de la instalación supondrá otros 200 millones.

Este incremento, de más del 11%, es importante porque se incluiría en la repercusión para el conjunto del sistema gasista, es decir, se reflejaría en una futura subida del gas como manera para financiar el fiasco del almacén gasista, que debería integrar un sobrecoste de más de 1.900 millones. 

Y eso sobrentendiendo que ACS y sus socios canadienses no reclamen el lucro cesante, lo que dejarían de ganar, que se situaría en otros 3.000 millones. El decreto de concesión no les reconoce este derecho, pero existiría esta posibilidad legal.

Fuentes de Escal UGS, la sociedad explotadora de Castor que está controlada en un 66% por la constructora ACS, han declinado hacer comentarios sobre los posibles costes de desmantelamiento de la plataforma para inyectar y extraer gas del subsuelo marino en la costa castellonense.

Fabra, Soria y Margallo visitan las instalaciones del Castor. (EFE)Fabra, Soria y Margallo visitan las instalaciones del Castor. (EFE)La diferencia es que los 1.700 millones serían para compensar a ACS y sus socios canadienses de Dundee Energy, mientras que los otros 200 millones supondrían únicamente el coste del desmantelamiento, ya que no se puede dejar una infraestructura de ese tamaño cerrada sin más en medio del mar.

Intención de mantenerlo abierto

Sin embargo, en este momento la intención del presidente de ACS, Florentino Pérez, es mantener Castor abierto y operativo, alegando que la inyección de gas no ha tenido nada que ver, que los terremotos han sido un fenómeno natural que hubiera acontecido igualmente.

La estrategia legal de Escal UGS se centrará en defender que no se han producido daños materiales por la oleada de terremotos en el norte de Castellón y el sur de Cataluña y que, por tanto, se debe retomar la actividad del almacén, tal y como muestra el documento legal con el que la empresa ha informado a los bonistas, a los que ha colocado títulos por valor de 1.400 millones.

El presidente de ACS, Florentino Pérez.El presidente de ACS, Florentino Pérez.La decisión final la ha de tomar el Ministerio de Industria, que espera que en breve el Instituto Geológico y Minero Español le presente un dictamen al respecto. En todo caso, la oposición del territorio juega en contra, ya que tanto el Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón) como la Generalitat Valenciana han solicitado formalmente que se cierre el almacén de gas.

Consultora noruega

El único informe que se ha entregado al Ministerio por ahora es el de la consultora noruega Det Norske Veritas, pero fuentes del sector han señalado que es sólo una evaluación financiera para determinar los costes de la instalación de Castor. Se trataría de establecer si el presupuesto del proyecto ha sido el adecuado y de validar si los costes declarados corresponden a la realidad. Es un estudio solicitado antes de los terremotos, a pesar de que Escal UGS se ha referido al mismo en su informe respecto a la clausura temporal de la instalación.

Estas mismas fuentes aseguran que el informe de los noruegos es favorable a los intereses de ACS y avala que desde el punto de vista económico todo se ha llevado a cabo de manera correcta, sin entrar en las causas geológicas que hayan podido producir la inestabilidad sísmica en la zona.

ESCAL quiere vincular los terremotos a la actividad natural

El Ministerio de Industria ya cuenta con el primer informe preliminar que ha de determinar el futuro del almacén subterráneo submarino de Castor, que provocó la oleada de terremotos en el norte de Castellón el pasado mes de octubre. Ahora, el titular de esta cartera, José Manuel Soria, está pendiente del dictamen que pueda llevar a cabo el Instituto de Geología y Minería Española.

Pese al cerrojazo informativo aplicado por el Ministerio de Industria, ha trascendido que el Gobierno se ha puesto en manos de la prestigiosa Det Norske Veritas (DNV), una firma noruega de certificación de todo tipo de instalaciones industriales y grupo líder en gestión de riesgos. DNV está especializada en casos como el de Castor, ya que uno de sus objetivos es “salvaguardar la vida, propiedades y el medio marino”. Se trata de una fundación independiente considerada como una de las tres firmas mundiales más prestigiosas en su especialidad.

Soria tiene el informe preliminar del que depende el futuro del almacén gasista en la costa de Castellón desde el pasado 21 de octubre, según ha notificado la explotadora de la instalación, la empresa Escal UGS, controlada en un 66% por la constructora ACS, que preside Florentino Pérez. El contenido de este informe preliminar se desconoce y en el sector energético se cree que la intención del Ministerio de Industria es hacer público el dictamen definitivo a finales de año.

La postura de Escal

Por otro lado, el documento de Escal UGS revela cuál es la línea de defensa de los impulsores de la infraestructura gasista. Básicamente, desvincular los terremotos de la puesta en marcha del almacén. En esencia, mantiene que la falla de Amposta “estaba a punto de iniciar su actividad natural justo antes de que se iniciara la inyección de gas”. Y descarta que se puedan producir más seísmos, incluso si se retoma la actividad.

Esta línea argumental se opone a las tesis de los geólogos, que vinculan de manera directa la inyección de gas en los pozos submarinos de Castor a la oleada de terremotos, tal y como muestra el gráfico.

Ante el Ministerio de Industria, Escal UGS ha defendido su postura presentando lo que denomina una “nota técnica”, según ha informado la empresa a los inversores. En esta nota se argumenta que la falla de Amposta como tal no existe, sino que se trata más bien de una sucesión de fallas. Y pide a los inversores que se ha de esperar al estudio del Instituto de Geología y Minas Español. La Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Vinaroz ya han pedido formalmente que se cierre el almacén. Pero la clausura de la instalación, según el decreto de la concesión, implica que el Gobierno debe indemnizar a Florentino Pérez y sus socios. Soria ha cifrado la cantidad en 1.700 millones.

En el documento para los inversores se apunta la voluntad de ACS y sus socios, los canadienses de Dundee Energy, de mantener el almacén abierto y operativo. La razón se encuentra en la colocación de 1.400 millones en bonos en Luxemburgo para financiar el proyecto. La colocación se ha llevado a cabo con determinadas garantías para los prestamistas. Entre ellas, existe una carta de crédito por la que Escal UGS debería devolver a los tenedores de los bonos el dinero de la emisión si el Gobierno no remunerase a los promotores en los términos previstos o si el almacén no estuviese operativo antes del 30 de noviembre del 2014. Por tanto, en el almacén de gas de Castor se han quedado atrapados muchos intereses, además del gas colchón que ya se ha inyectado en el subsuelo. La constructora ACS y sus socios pretenden mantener abierto el almacén subterráneo de gas Castor.

Los científicos no descartan que Castor provoque más terremotos si no se cierra

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El informe científico sobre el proyecto Castor, aún en elaboración, pronostica que habrá más microterremotos si el Gobierno no paraliza definitivamente la planta de almacenamiento de gas, según asegura hoy la Cadena Ser, que cita “fuentes conocedoras del proceso”. Los técnicos del Instituto Geológico y Minero (IGME) están ultimando el informe que les encargó el Ministerio de Industria y podrían entregarlo la semana que viene.

Los científicos ya dijeron a principios de octubre, en cuanto recibieron el encargo de Industria, que no se podía descartar que volviera la actividad sísmica si se ponía en marcha de nuevo el Castor. De hecho, la propia empresa ha reconocido siempre que los terremotos más pequeños, los de magnitud inferior a 3, se deben a su actividad. Las técnicas de inyección de gas en el subsuelo como la que utiliza Castor para almacenarlo a grandes profundidades están asociadas a lo que se conoce como sismicidad inducida. Son seísmos, sin embargo, que la población no percibe.

También se sabía que no ha sido la falla de Amposta, sobre la que se asienta el depósito, la que ha provocado los terremotos de mayor magnitud –los ha habido hasta de 4,2, y la población del entorno de Vinaròs (Tarragona) los ha percibido claramente–, sino una más pequeña situada en el entorno, probablemente no cartografiada. Los expertos ya la tienen localizada, según relataron dos fuentes a EL PAÍS hace unos días. La Ser asegura que el informe no descarta que se pueda volver a despertar si vuelve la actividad al subsuelo de la zona.

En realidad, los técnicos del IGME no descartan prácticamente nada. Fuentes consultadas por este diario siempre han repetido que el informe que harán es de carácter técnico, mientras que la decisión de permitir que vuelva a usarse Castor es política y económica. Dada la sismicidad inducida que acarrean estos proyectos, ningún científico puede firmar si es seguro “al cien por cien” –la expresión que empleó el ministro de Industria, José Manuel Soria, como condición para reabrir Castor—reanudar una actividad que inyecta gas en un subsuelo sísmicamente activo.

La Generalitat catalana desactivó su plan de emergencia sísmica (Sismicat) el pasado 29 de octubre, tras registrar seis días sin terremotos en la zona del Castor. Durante la crisis se han producido más de 600 seísmos.

PROMIEX S.L.P

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PROMIEX S.L.P actúa como consultoría técnica especializada en explosivos. En este sentido los trabajos principales desarrollados por PROMIEX S.L.P son:

  • Obtención de permisos de la Administración española para el uso de explosivos en los pozos para trabajos de “cañoneo” y desatranque de varillaje que desarrollan las compañías de gas y petróleo.
  • Redacción de Proyectos técnicos para uso de explosivos, así como toda la documentación adicional necesaria.
  • Gestión para custodia de explosivos en depósitos autorizados.
  • Disponibilidad de empresa española autorizada para el manejo de Explosivos. Artilleros.
  • Obtención de autorización para la instalación de depósitos auxiliares de explosivos en los pozos.
  • Gestión en los servicios desarrollados por las compañías de vigilancia especializadas en explosivos para trabajos eventuales en los pozos.
  • Catalogación de explosivos de otros países para su uso en el territorio nacional.

Compañías de esta industria, tales como Baker Hughes (empresa dedicada al SHALE GAS O FRACKING), Weatherford o Halliburton han contratado a PROMIEX S.L.P estos trabajos especializados de consultoría.

PROMIEX S.L.P también ha desarrollado este tipo de trabajo como contratista de algunas de esas compañías en proyectos emblemáticos tales como: Almacenamiento subterráneo de gas CASTOR en Vinarós (Castellón). Contratista BAKER HUGHES. Promotor ESCAL UGS.