Archivo de la etiqueta: boom inmobiliario

Así están lavando su dinero negro grandes fortunas y consejeros del Ibex-35

Carlos G. Palacios 21/09/2012
Los abogados fiscalistas no dan abasto. “Después de las vacaciones, ha habido un aluvión de peticiones para regularizar el dinero de las grandes fortunas”, aseguran fuentes de una de las primeras firmas de la abogacía con fuerte presencia en Valencia. Contrario a lo que puede parecer, la legalización del B se está haciendo en los prestigiosos despachos de Madrid, entre paredes blancas de diseño vanguardista, y no tanto en la costa donde el boom inmobiliario fomentó las transacciones de dinero negro.

Gran parte de quienes están solicitando estos servicios tienen un rasgo común: cuentan con grandes patrimonios y se sientan en los Consejos de las compañías del Ibex-35. “Desde luego, no son trabajadores ni autónomos, sino los dueños de las grandes empresas que son los culpables del 71% de la evasión fiscal”, argumenta José María Molinero, secretario general de los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha.

El denominado Programa especial de regularización de activos ocultos, eufemismo de amnistía fiscal utilizado por el gobierno, fue creado en marzo y tenía como objetivo recaudar 2.500 millones de euros y aflorar capital oculto, unos 25.000 millones de euros, según Cristóbal Montoro, titular de Hacienda y  Administraciones Públicas.

La amnistía fijó un gravamen específico del 8% para los dividendos de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012. Asimismo, implanta otro gravamen especial del 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Hasta el mes de julio se han recaudado 50,4 millones de euros, lo que supone un 2% de la cifra que se pretende recaudar en todo el año, según datos de la Agencia Tributaria. “Sin embargo, hay que tener en cuenta que los modelos para su tramitación no se pusieron a disposición del público hasta el pasado 4 de julio, por lo que esas cifras modestas ni si quiera corresponden a un mes completo y podrían aumentar considerablemente teniendo en cuenta que los grandes patrimonios tienen hasta el 30 de noviembre para solicitar esa regularización”, explica Molinero.

Controles para evitar el dinero “sucio”

Aparte de las grandes fortunas, a este coladero se podrían unir ingentes cantidades provenientes de actos delictivos, como el narcotráfico, la prostitución e, incluso, el terrorismo, debido a que la norma de la amnistía no especifica la salvedad para estos casos. “No obstante, el Gobierno señaló en su día que este dinero estaría regulado por las normas de blanqueo de capitales para evitar que se sumase a esta legalización. Sin embargo, no se han puesto los controles pertinentes. Las declaraciones de regularización son confidenciales y los formularios se rellenan por un modelo electrónico al que no tienen acceso los empleados de la Agencia Tributaria”, advierte Molinero.

Existe otro riesgo del que están muy pendientes los ricos del país. La norma fue rechazada desde el ámbito político por “ineficaz e inmoral” y criticada por los expertos que dudaban de su efectividad. En efecto, el PSOE  presentó en junio un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

El PSOE justificó el recurso por ser una iniciativa que favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados, mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%. Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) que el recurso haya sido aceptado a trámite podría poner en peligro esta legalización. “No obstante, si así ocurriera finalmente a los implicados no se les juzgaría por delito fiscal, porque podrían presentar los certificados sino por declarar menos de lo necesario”, señala este experto.

La polémica está servida, si se tiene en cuenta que Montoro ha informado de que la recaudación procedente de la lucha contra el fraude ha crecido el 15,3% hasta julio. El ministro ha adelantado el resultado de las acciones de control de Hacienda que ha recaudado en este periodo 6.415 millones de euros gracias a las medidas de lucha contra el fraude fiscal, que aumentan un 33% con 4.933 millones, pero también por las declaraciones extemporáneas y expedientes por delitos fiscales. Esta cifra supone que el Estado ha alcanzado entre enero y julio el 80% de su objetivo para todo el año. Estas cifras podrían dar razón a los que consideran más eficaz y justo invertir en combatir el fraude y no premiar a los defraudadores

Anuncios

La (gran) minoría silenciosa

En su interesante entrada, Marta Romero recordaba que casi todos los indicadores señalan un preocupante aumento de la pobreza en España durante los últimos meses y se preguntaba cómo es posible que la pobreza, que se ha convertido “casi en una situación de emergencia social”, no sea una prioridad para los políticos españoles. Por ejemplo, mientras los parlamentarios han creado dos subcomisiones para analizar los problemas del sector financiero, no han creado ninguna para idear planes de acción contra la pobreza.

Una respuesta sencilla sería la usual estos días: acusar a la clase política española de estar desconectada de los problemas reales de los españoles. Sin embargo, creo que los políticos españoles sí están respondiendo a los intereses de los votantes. Como mínimo, a los intereses de unos votantes que, si bien no alcanzan a formar la “mayoría silenciosa” de la que habla Rajoy, sí que representan una minoría cuantitativamente bastante grande y cualitativamente muy interesante para los políticos, pues no sólo votan con asiduidad, sino que pueden ejercer cierta influencia sobre círculos familiares y de amigos, donde suelen ocupar posiciones de centralidad. Son, además, la “clase social” (y lo entrecomillo consciente de los problemas de usar este término) o el estrato del que directamente proceden un gran número de nuestros diputados, si echamos un vistazo rápido a sus declaraciones de bienes.

¿Quiénes forman esa “(gran) minoría silenciosa”? Por una parte, son los propietarios que, gracias al boom inmobiliario, han adquirido una segunda (o tercera o cuarta…) residencia, cuyo alquiler ha sido y sigue siendo una fuente no desdeñable de ingresos; y son también los “no tan pequeños” ahorradores que se han convertido en los miles de accionistas de nuestras entidades bancarias en apuros. En otras palabras, los ganadores en la lotería de la burbuja y que, a grandes rasgos, siguen conservando la mayor parte del dinero (si no todo) ganado en los años de la exuberancia inmobiliaria. Como el Gordo de Navidad, el premio de esta lotería inmobiliaria ha sido muy repartido en nuestro país, enriqueciendo a unos pocos muchísimo, pero a muchos bastante. En cierto sentido, grandes franjas de la población española, con cualificaciones educativas e ingresos medios (y que en otros países de nuestro entorno vivirían de alquiler o con una única propiedad), dieron un salto cualitativo en su nivel de vida gracias a la inversión inmobiliaria y derivados.

De forma similar a lo que hicieron gobiernos de otros países en situaciones similares, el nuestro podría haber hecho pagar a estos ganadores una parte significativa de los costes de la explosión de la burbuja. Por ejemplo, dejando que cayeran los bancos y cajas malas. Obviamente, mucho mejor si se les hubiera dejado caer cuando eran relativamente pequeños que no ahora cuando, como resultado de las fusiones bancarias, sus caídas pueden producir daños más sistémicos. En todo caso, todavía se les puede dejar caer o, mejor dicho, medio caer; es decir, que sus propietarios sufran pérdidas sustanciales. Pero no. El gobierno – ni el PSOE que, a esto, no se ha opuesto – no va a permitir que pierdan nada o casi nada. La ayuda negociada en Bruselas este pasado verano, que podría alcanzar hasta los 100,000 millones, va destinada precisamente a evitar esas pérdidas.

Las voces críticas a este rescate señalan que sólo sirve para salvar al sector financiero o a los “banqueros”; o para satisfacer las demandas de Merkel y de los tecnócratas sin escrúpulos de Frankfurt o Bruselas. Pero no es ni de los poderosos banqueros ni de los gobernantes foráneos de quien depende Rajoy. Lo que determina crucialmente sus posibilidades de conservar el poder es satisfacer – o, como mínimo, no enfurecer en demasía – a grupos de votantes que el gobierno considera críticos o pivotales.

El gobierno ha priorizado. Ha elegido utilizar la presión en Bruselas para salvar los intereses de esa poderosa minoría de propietarios-accionistas en lugar de, por ejemplo, pedir un rescate que permitiera extender ayudas sociales de emergencia para los colectivos más vulnerables, como los parados de larga duración sin ingresos o el 23% de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza en España. No conozco tecnócrata en institución internacional alguna que sea tan frío de corazón como para no aceptar un rescate en el que, junto con recortes severos (en pensiones, sueldos públicos, organismos y administraciones públicas), aumentos de impuestos (directos e indirectos) y un castigo severo para los accionistas de instituciones financieras en problemas, se incluyera, además, un paquete de ayudas sociales de emergencia para los grupos más vulnerables.

Para mí, esto es una clara prioridad política. Detrás de esos cien mil millones no está sólo el interés general de España (que también; eso esperamos). Detrás hay unos intereses privados que serán protegidos, a expensas, necesariamente de los de otros ciudadanos – los más vulnerables. De la misma manera que los cien mil hijos de San Luis no llegaron de Europa en 1823 para “rescatar” España, sino a los intereses particulares más conservadores, los cien mil millones de euros no son para salvar a España del abismo (al menos, no sólo), sino a los intereses concretos de unos votantes que se entienden como esenciales para ganar las próximas elecciones.

AUDITORIA BANCA

CARTA DE AUDITORIA A ENTIDADES BANCARIAS Y DE TASACION.

por Aurin_Nirua

Envía tu carta de denunca al Fiscal General del Estado. No olvidéis poner vuestros datos personales.

http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1240559967889&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_contacta

———————–CARTA MODELO———————————-

Distinguido Sr. Cándido Conde-Pumpido

Como dice Plataforma de afectados por la hipoteca: Existen indicios fundados que nos indican que la ciudadanía ha sido objeto de un gran fraude que debe ser investigado para poder establecer las responsabilidades de entidades empresariales, bancarias, así como de las instituciones públicas. La misma auditoría debería aclarar dónde han ido a parar los beneficios millonarios que se generaron durante el boom inmobiliario.

Desde otras entidades se exige que se tomen medidas urgentes contra todas las formas de especulación, explotación y estafa en la especulación financiera e inmobiliaria. Que se defiendan los intereses de la gente trabajadora frente a las entidades financieras y que se tomen medidas sociales frente a la crisis y al desempleo. Resulta inmoral seguir apoyando con dinero público a los responsables de la crisis mientras las principales victimas, los ciudadanos, son desahuciadas y pierden el empleo.

Debo expresar mi conformidad con lo expuesto anteriormente. Existe una gran responsabilidad social y legal de estas empresas para con la ciudadanía debido a la especulación que crearon con los bienes inmobiliarios. No solo fueron la parte mas beneficiada del negocio si no que como consecuencia de esta “dudosa” práctica, el ciudadano pierde entre otras cosas sus viviendas; debido a que nosotros como ciudadanos no podemos recabar la información que necesitamos para demostrar la presunta ilegalidad de sus actos y hacer una denuncia formal ante la policía, puesto que nuestra propia constitución nos lo impide artículo 105, apartado b) “La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.

Por tanto amparándome en el punto 1 del artículo 124 de la constitución española donde se refiere que : “ El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Yo (Nombre y apellidos) con DNI (nº de DNI) solicito al Ministerio Fiscal por orden del Fiscal General del Estado el Sr. Cándido Conde-Pumpido Tourón, quien de oficio y en defensa de los intereses de los ciudadanos españoles inicie una investigación, contra las cajas, bancos y agencias de tasación mencionadas mas abajo por posible infracción del Art. 6 Incompatibilidades de las sociedades de tasación del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo (BOE de 13 de junio) “Sin perjuicio de lo establecido en otras normas específicas, las sociedades de tasación no podrán valorar bienes, empresas o patrimonios propiedad de personas físicas o jurídicas con las que no puedan razonablemente mantener una posición de independencia en menoscabo de la objetividad de la tasación”. En caso de que esa infracción lleva a demostrar otras irregularidades también deben ser juzgadas. Penando, en caso de demostrarse incumplimiento de la ley, a los responsables. El posible daño a la economía española y a los ciudadanos prevalece ante el hecho de que alguna de dichas sociedades pudiera a día de hoy no existir, exigiendo su responsabilidad legal con carácter retroactivo.

Relación de cajas y bancos / agencias de tasación de las que se solicita investigación:

Agencia de tasación: Sivasa Banco participativo: Santander

Agencia de tasación: Servatas Banco participativo: BBK, Kutxa y Vital

Agencia de tasación: Tasa Madrid Banco participativo:Caja Madrid

Agencia de tasación: Tasa Galicia Caja participativa: Caixa Galicia

Agencia de tasación: Tasaciones de Bienes Mediterráneo (Tabimed) Caja participativa : CAM

Agencia de tasación: Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias (VTH) Caja participativa: La Caixa