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41 millones de euros para que el Gobierno nombre a dedo a 837 asesores

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Los políticos tienen libertad para elegir a quién de su confianza seleccionan como asesor durante el desempeño de funciones públicas. Esos trabajadores eventuales son de “confianza o asesoramiento personal” y también un cuerpo que engrosa la Administración Pública de manera opaca, ya que la legislación no obliga a publicar los nombres de los cargos elegidos a dedo.

El Gobierno –incluidos ministerios y agencias– tiene un total de 837 trabajadores designados a dedo que cuentan con un presupuesto de 41,46 millones de euros. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta quiénes son los benefactores de esa partida. Hasta agosto de este año, Mariano Rajoy ha gastado un 8,8% más en este tipo de contrataciones frente al 2,1% de caída que sufrieron los funcionarios de esta Administración.

El presidente dispone de un total de 245 asesores designados a dedo bajo el paraguas denominado “personal eventual”, que se define como aquel que, “con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”. Rajoy tiene 53 asesores directos más que José Luis Rodríguez Zapatero, que contrató a 192 trabajadores de este tipo.

El Gobierno no tiene que dar explicaciones sobre estas contrataciones en las que se incluye a personas que no poseen ninguna titulación académica. Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 apuntaban que 68 asesores del presidente no tenían graduado escolar. El Ejecutivo se defendió alegando, en una respuesta parlamentaria dirigida a UPyD, que para el nombramiento del personal eventual “no se exige el requisito de estar en posesión de titulación alguna”.

La Fundación Ciudadana Civio ha lanzado una petición en la que solicita a Mariano Rajoy que los nombramientos del personal eventual se publiquen en el BOE. Civio expresa que se debe dar a conocer también el currículum de estos empleados que “trabajan para nosotros”. “Tenemos derecho a saber quiénes son”, argumenta la plataforma, que recuerda que sí se publican los nombramientos de altos cargos mientras que los ciudadanos no pueden saber quiénes asesoran a sus representantes, ni el tiempo en el que lo hacen, ni si están preparados para ello.

Los nombramientos opacos de personal eventual no son exclusivos a nivel estatal: las comunidades autónomas y las corporaciones locales tampoco tienen la obligación de dar a conocer quiénes están trabajando en la Administración por ser de la confianza de los representantes públicos.

El sindicato de funcionarios CSIF calcula que existen unos 19.000 puestos de trabajo con estas características, de los que 16.000 forman parte de las corporaciones locales. El salario medio de estos empleados asciende a 50.000 euros, lo que conlleva un gasto público de 1.000 millones de euros, según publicó ABC.

Civio pone como ejemplo a Ángel Carromero, el líder de Nuevas Generaciones del PP condenado en Cuba por el homicidio de dos disidentes en un accidente de tráfico, que es uno de los 213 asesores en los que Ana Botella se gasta un total de nueve millones de euros.

Algunas comunidades autónomas son algo más transparentes y muestran cuántos cargos eventuales tienen y su dedicación, como La Rioja, aunque no desvela los nombres de sus miembros de confianza, que ascienden a 46. Cataluña se lleva la palma en grado de transparencia al tener un portal dedicado a esta información: publica el nombre, el cargo y el salario anual de los altos cargos y del personal eventual

Montoro bloquea la reforma energética de Industria porque perjudicaba a Abengoa, compañía de la que Montoro habría sido asesor.

Cortocircuito en el Gobierno: Montoro gana; Soria pierde

Demoledor artículo de Bloomberg. Si bien es cierto que las agencias extranjeras pecan de ensañamiento hacia España, también lo es que, para estar bien informado de lo que ocurre en nuestro país, hay que acudir regularmente a sus teletipos, básicamente porque gran parte de las decisiones que nos afectan se toman en Berlín y Bruselas, no en Madrid. El artículo (Montoro blocks Spanish power tax as conflict question rejected) se publicó con fecha 20 de agosto y pasó inadvertido a causa de la canícula estival. En el mismo, su autor, Ben Sills, hacía un traje a la medida del ministro de Hacienda, al que acusaba veladamente de bloquear la reforma energética de Industria porque perjudicaba a Abengoa, compañía de la que Montoro habría sido asesor.

El ministro de Industria, José Manuel Soria (i), conversa con Cristóbal Montoro (Efe).

“Cristóbal Montoro fundó el lobby Equipo Económico SL en 2006 y se hizo con el 30% del capital, de acuerdo con las notas registrales. Según el ministro, vendió su participación en 2008, coincidiendo con su regreso a la política nacional. Las compañías solares, Abengoa incluida, son clientes de Equipo Económico”. Además, señala el periodista, “el hermano del ministro, Ricardo Montoro, es socio del lobby con un 15% del capital, y Ricardo Martínez Rico, hermano del jefe de gabinete de Montoro, es el actual presidente de la firma” y consejero independiente de Abengoa.

Lo más reseñable del caso no radica en el hipotético conflicto de intereses, sino en la impudicia con la que se aborda el mismo, obviando incluso leyes como la de 2006, que dice que los ministros deberían abstenerse de los asuntos que afecten a compañías en las que trabajen o sean asesores familiares suyos. Cuando es preguntado a este respecto, Montoro contesta en un tono que puede sonar altanero: “Este conflicto no existe porque no hemos cambiado ninguna norma impositiva que afecte a la energía. Lo estamos hablando, pero todavía no lo hemos decidido”.

El mismo día que Montoro anunció que bloqueaba la reforma elaborada por el ministro Soria, que penalizaba a las renovables frente a las eléctricas de régimen ordinario, las acciones de Abengoa subieron un 5%.

El tarifazo eléctrico ha terminado de cortocircuitar a un Gobierno al que no le sale una a derechas. Desde que se escenificó el desencuentro entre Hacienda e Industria, el Ejecutivo ha quedado dividido en tres bandos: por un lado, el formado por Montoro, Sáenz de Santamaría y Fátima Báñez, esto es, la guardia de corps del PP; por otro, el bando de los técnicos: Guindos, Soria y Margallo; y en tercer lugar, el del jefe de la Oficina Económica, Álvaro Nadal, que en los orígenes se le suponía fiel a Montoro, después se aproximó a Soraya y ahora anda en solitario.

Nadal posee cierto ascendente sobre Rajoy, lo cual no deja de resultar peligroso, ya que este clon de Alex Kicillof, como acertadamente lo definió Alberto Artero, dice a quien quiere oírle que España no estaría tan mal fuera del euro y, lo que es peor, habla a diario con David Taguas, el hombre de la voz ronca que le hacía las sumas a Zapatero y al que ahora le han buscado acomodo en la Universidad Camilo José Cela.

Soria, a los pies de los caballos

Pues bien, en esta guerra de guerrillas en la que han participado eléctricas, lobbies, fondos de inversión, embajadas y miembros del Ejecutivo, los hombres fuertes del partido se han impuesto a los técnicos y Cristóbal Montoro aparece como el César victorioso. Así lo dio a entender Rajoy en uno de los últimos Consejos de Ministros: “Me parece intolerable que se cambie la fiscalidad a las renovables”.

Unas palabras que suponen un espaldarazo a las tesis de su hombre en Hacienda, pero que desautorizan a José Manuel Soria, al que ha dejado a los pies de los caballos. De un día para otro, la reforma pergeñada por Industria, que gravaba la generación de las renovables en un 11% para la eólica, un 13% para la termosolar y un 19% a la fotovoltaica, que había sido discutida en la comisión  delegada de los jueves, que estaba lista para llevar a Consejo de Ministros, que en el Ejecutivo daban por hecha su inmediata aprobación, de un día para otro, digo, el presidente decidió hacer una bola con el informe y ensayar el tiro a la canasta.

Las presiones del embajador de EEUU, Alan Salomont, y la de los fondos internacionales con inversiones en fotovoltaicas (8.000 millones) han doblegado la voluntad del presidente. Al parecer, los argumentos de los fondos de Nueva York, Detroit o Wichita pesan más que los del canario Soria, de forma que ahora toca hacer tabla rasa con la reforma y empezar de cero.

Entretanto, el tictac del déficit tarifario sigue aumentando. Ya vamos por los 24.000 millones y subiendo, y aquí el que apoquina no es otro que el ciudadano. Cuando estaba en la oposición, Mariano Rajoy explicaba a los expertos de la cosa económica que su mayor preocupación, más incluso que la deuda soberana y la prima de riesgo, era el déficit tarifario. Nueve meses después de llegar al poder, estamos como antes o incluso peor. Al final de año, en los 30.000 millones.