La Generalitat hace caso omiso de las «anomalías» detectadas por la Sindicatura de Comptes en la gestión de la empresa Ciegsa, responsable de la construcción de los colegios públicos, denunció ayer el coordinador de Educación del Grupo Socialista en las Cortes, Adolf Sanmartín. El diputado explicó que los contratos y licitación de estas obras no se anuncian en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, a pesar de superar los 5,2 millones de euros, e insistió en que algunas de las empresas adjudicatarias no tienen la clasificación que exigen los pliegos de condiciones. Así se desprende del último informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes de 2006.
El diputado socialista relacionó las deficiencias estructurales de los centros escolares que han salido a la luz en los últimos días -es el caso del centro de Rojales, por ejemplo- con el hecho de que un 60% de los contratos de asistencia técnica, que incluyen la redacción del proyecto básico, ejecución y dirección de las obras, se adjudiquen por procedimiento negociado, es decir «a dedo», según Sanmartín. «Dentro de un tiempo podrán verse los efectos negativos de esta gestión, con daños y desperfectos en los centros educativos», pronosticó.
Con el alquiler de los barracones ocurre tres cuartas partes de lo mismo. En un 95% de los casos, estos contratos de arrendamiento se adjudican por un sistema discrecional, «que la ley permite solo cuando se dan circunstancias muy concretas, que no quedan acreditadas en los expedientes revisados», subrayó el parlamentario.
La situación de Ciegsa es para los socialistas insostenible. Los sobrecostes en la construcción de centros se repitieron en 2006: los nueve centros seleccionados aleatoriamente por el órgano fiscalizador arrastraban un sobrecoste medio del 18%, con casos especialmente llamativos, como el del C. P. José Soto Micó I de Valencia, cuya facturación se disparó un 85% respecto del precio inicial. A 31 de diciembre, Ciegsa contaba con una deuda de 1.200 millones de euros y unas pérdidas de 30 millones de euros, con un aumento sobre el ejercicio anterior del 83%.
En cuanto al gasto de personal, en diciembre de 2006 la plantilla total de Ciegsa se componía de 91 trabajadores, de los que 86 eran contratados laborales y 5 puestos de alta dirección. «No existe autorización ni informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda respecto a la masa salarial ni a determinadas reclasificaciones económicas», agregó el diputado.
Sanmartín amenazó con acudir a los tribunales si el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, no explica lo que está sucediendo en Ciegsa. «No puede ser que una empresa pública no haga caso a las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes y su situación se agrave año a año».
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