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La burbuja de derivados alcanza un máximo histórico y amenaza la economía global

 

Marco Antonio Moreno⎮Jaque al Neoliberalismo⎮30 de mayo de 2014

La burbuja mundial de los derivados financieros continúa hinchándose y ya es un 20% más grande de lo que era antes de la crisis financiera de 2008, señala Michael Snyder en su blog The Economic Collapse. Para Snyder esta es la mayor burbuja financiera que se haya dado jamás en el mundo, y cuando finalmente estalle será una auténtica pesadilla para el sistema financiero del planeta.

Según el Banco de Pagos Internacionales, el total de derivados alcanza los 710 billones de dólares, aunque otras fuentes estiman que la cifra es mucho mayor. Para hacernos una idea de las dimensiones, se estima que el PIB de EE.UU. para el 2014 será de unos 17 billones de dólares.

La cifra ya roza niveles incomprensibles y puede que esta burbuja no tarde en reventar. Sin embargo, en lugar de tomar cartas en el asunto y castigar a los grandes bancos por su conducta imprudente, nuestros líderes permiten que tanto las entidades bancarias como la burbuja de los derivados sigan creciendo. Snyder señala que los grandes bancos de Wall Street son actualmente un 37% más grandes de lo que eran antes del estallido de la crisis en 2008.

“En algún momento esta burbuja de derivados va a estallar y los bancos quebrarán. Cuando llegue ese día, enfrentaremos una crisis que hará que la de 2008 parezca un picnic”, indica Snyder.

¿Qué es un derivado financiero?

Los instrumentos financieros derivados son contratos cuyo precio depende del valor de un activo, el cual se denomina comúnmente ‘subyacente’ de dicho contrato. Estos activos pueden ser bonos, acciones, materias primas, índices bursátiles o divisas. Inicialmente este tipo de productos financieros pretendían eliminar la incertidumbre que generaba la fluctuación del precio de los productos. No obstante, en la actualidad forman parte de un sistema de especulación. Según Snyder, un derivado no tiene ningún valor intrínseco, “es esencialmente una apuesta”.

La gente apuesta todo lo que uno pueda imaginar y Wall Street se ha transformado en el casino más grande de la historia del planeta. Después de la última crisis financiera, los políticos prometieron que mantendrían bajo control el comercio de los derivados. Sin embargo, el tamaño de la burbuja de los derivados no solo no ha disminuido, sino que ha alcanzado un nuevo máximo histórico.

Fuente: http://mamvas.blogspot.com.es/2014/05/la-burbuja-de-derivados-alcanza-un.html

Por una revolución integral

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Os presentamos la introducción al debate de la XXXIX Jornada asamblearia de la CIC –que tuvo lugar en Catalunya el sçabado 16 de noviembre de 2013–, sobre les bases de la Revolución Integral.

 “Lo peculiar de la condición humana es que se ubica entre lo sórdido y bestial y lo sublime y grandioso.” (Prado Esteban)

1) Historia: heteronomía o autonomía

Durante la historia conocida de la humanidad, podemos reconocer dos tradiciones o tendencias, en las formas de organizarnos y en la cultura y los sistemas de valores (o disvalores) que legitiman éstas y nos guían para encarar la vida, para construirnos como personas: la tradición de la heteronomía y la tradición de la autonomía.

La tradición de la heteronomía1 la conforman todos aquellos sistemas de organización social que han establecido las desigualdades y las jerarquías entre la humanidad. Los Estados y las clases sociales: imperios, coronas, césares, faraones, führers… Ejército, cuerpos represivos, cárceles… Poseedores y desposeídos, ricos y pobres, amos y siervos. El dinero y los sistemas monetarios de acumulación. Gobernantes y gobernados. Dictaduras oligárquicas que se autoproclaman “democracias” usando la falacia de la “representación”. Estados “de derecho”, “sociales” o “del bienestar”: despotismo ilustrado. Parlamentarismo, partitocracia y politiquería.

Siempre unas minorías que concentran el poder de decisión y la capacidad de determinación de las condiciones y los asuntos que afectan a todos. Esta tradición es hegemónica hoy en día, con la mundialización de la “democracia representativa”, un perfeccionamiento del sistema de dominación que se ha puesto la máscara de “democrático”, como si en éste el poder se encontrara en manos del pueblo, cuando en realidad el poder ha seguido concentrándose cada vez en menos manos.

Los disvalores y los idearios relacionados con esta tradición hacen prevalecer lo peor de las personas y de la potencialidad humana, potencialidad para el bien y para el mal. Se basan a menudo en la idea de que las personas somos lobos unas para otras, que “somos malas por naturaleza”, que lo normal es “la guerra de todos contra todos”, y sostienen así el conformismo con el statu quo, la docilidad y la sumisión ante los poderosos opresores, la complicidad con la injusticia. Y no son sólo los valores negativos, los que sostienen la heteronomía, sino también la falta de valores positivos, la apatía y la indiferencia, la ausencia de sentido ético de la existencia.

Contrariamente, la tradición de la autonomía2 la conforman aquellos sistemas de organización social que han rechazado los fenómenos anteriormente mencionados, así como los intentos y esfuerzos para conseguir establecer estos sistemas, tantas veces aplastados por las clases privilegiadas y sus mercenarios. Así, han apostado por organizarse sin jerarquías, ni Estados, ni clases sociales, ni diferencias de privilegio entre minorías favorecidas y el resto, defendiendo que el poder de decisión se comparta entre todos los miembros de cada comunidad. Esto siempre se ha llevado a cabo mediante regímenes asambelarios y, por tanto, necesariamente enfocados en el ámbito local como base de poder soberano.

Los valores e idearios relacionados con la tradición de la autonomía promueven lo mejor de las personas y la potencialidad humana. Se basan en las ideas e ideales de bien, libertad-igualdad, justicia, verdad-honestidad, fraternidad, equidad… y en el compromiso del individuo con estas para aportar al bien común. Este compromiso tiene que empujarnos a querer ir aprendiendo y mejorándonos a lo largo de la vida.

La historiografía oficial actual difunde la tradición heterónoma pero no la autónoma. Por ejemplo, ha habido una falsificación histórica de la Alta Edad Media, en la que el pueblo era una realidad social paralela a los poderes oligárquicos constituidos (como la Corona, el Estado premoderno, mucho más pequeño y débil que el actual, que fue creciendo y haciéndose fuerte), que organizaba su vida en pequeños municipios en base al concejo abierto y el comunal (tierras y medios económicos de “propiedad” y uso colectivo), la autodependencia económica local y comarcal, las formas de ayuda mutua y trabajo comunitario, la cosmovisión de la igualdad humana y los valores de comunidad, el trabajo no asalariado y la buena convivencia…

Falsificaciones históricas como ésta son pilares fundamentales del sistema actual, que obtiene legitimidad a partir del mito de un pasado monstruoso y totalitario donde la gente era sumisa y mucho menos libre que ahora.

2) La derrota de los últimos siglos y la crisis actual

Con el triunfo de la modernidad las revoluciones liberales que permitieron el surgimiento de los Estados modernos y el ascenso del capitalismo, hace doscientos años, surgieron las ideas de emancipación del socialismo, en un contexto ideológico heredero de la Ilustración y un contexto social marcado por la revolución industrial, la migración de las personas del campo a las ciudades y el nacimiento y desarrollo del proletariado.

Se formularon, pues, los planteamientos ideológicos del marxismo y el anarquismo, fundadores de la Primera Internacional, que entendían que era necesario un proceso revolucionario que cambiara las bases de aquella sociedad y ponían las esperanzas en el desarrollo de un movimiento obrero que lo llevara a cabo. Este proceso tenía que conducir la humanidad a una sociedad comunista sin clases (sin diferencias entre propietarios y desposeídos, entre gobernantes y gobernados). Había la creencia –sobretodo por parte del marxismo, que lo planteaba como “verdad científica”– de que este devenir histórico era inevitable.

Esta aspiración tuvo su auge y declive durante el siglo pasado. En la península ibérica, el Estado –con el levantamiento del ejército que originó la Guerra Civil y, ganada ésta, con la instauración del franquismo– aplastó todo lo que había de movimiento y tejido popular de potencial revolucionario. Éste se había ido gestando desde finales de siglo XIX con publicaciones, ateneos, escuelas libres, tejido asociacionista y cooperativista, sindicalismo combativo –centenares de miles de afiliados a la CNT–, prácticas de solidaridad y desobediencia, de tradición fuertemente libertaria en el Estado español. Con la persecución y represión franquista y la posterior instauración de la sociedad de consumo, se masacró al pueblo y se destruyeron sus aspiraciones.

Por otro lado, el proyecto socialista estatista, que plantea cambiar las cosas desde el poder del Estado, ha fracasado por sí mismo. El final de la URSS marcó hace dos décadas un punto de inflexión, y se ha visto y se ve que todos los demás intentos no llevan por ningún camino bueno.

Con la derrota de la aspiración de una transformación cualitativa del status quo, el abandono del anhelo de un nuevo mundo y una nueva humanidad, el Estado y el Capitalismo han ido afianzando progresivamente su fuerza y estabilidad.

Este sistema genera una sociedad de la decadencia, con unas dinámicas que destruyen, envilecen y deshumanizan las personas, llevan a una crisis en todos los ámbitos de la vida y ponen en peligro la misma existencia humana en el planeta.

No se ha llegado, pues, a un momento de estabilidad y a “el fin de la historia”, como se decía hace poco, antes de 2008. Esta idea es una quimera que contribuye al no-pensamiento y al conformismo generalizado.

La mediática crisis económica en Occidente ha reventado esta burbuja a nuevos sectores de la sociedad, a pesar de que los problemas más graves presentes y esperables son mucho más profundos y de diferente naturaleza de los económicos en boca de todos.

3) La necesidad de la revolución

Las raíces de la crisis y los grandes problemas e injusticias de nuestro tiempo son profundas y sistémicas. Es decir, se encuentran en la esencia y las dinámicas de los pilares del sistema actual, no en el “mal funcionamiento” coyuntural de éste, como dicen todos los partidarios de los discursos reformistas que atribuyen la culpa a la maldad de los banqueros, la corrupción o la incompetencia de los políticos profesionales… El sistema funciona muy bien, el problema es que funciona bien contra los intereses de la humanidad, la vida, la libertad y la justicia.

Es necesario, pues, recuperar la idea y el objetivo de la revolución, como gran proyecto de transformación profunda y necesaria, en positivo, de la sociedad actual, como sustitución del actual sistema oligárquico y dictatorial por formas de organización social democráticas horizontales, basadas en la cooperación y el compartir.

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4) La revolución integral

Con la idea de poner sobre la mesa el proyecto revolucionario, actualizándolo y ampliándolo, en base a la reflexión sobre las lecciones del pasado y la comprensión del momento actual, surge la noción de revolución integral.

La idea de revolución integral es por ahora una noción de un concepto que, ampliando y mejorando la idea de revolución social, sacando conclusiones reflexivamente de las experiencias del pasado, intente estar a la altura de las circunstancias actuales, promueva una renovación del ideario revolucionario, manteniendo los componentes positivos de éste en el pasado pero dejando atrás los negativos, erróneos y obsoletos. La revolución social consistía en la transformación social radical desde abajo, realizada por las clases populares, que aboliera el Estado y el Capitalismo en pro de nuevas instituciones horizontales y comunitarias: las asambleas soberanas y la propiedad colectiva del bienes fundamentales.

4.1. El sujeto y los valores

Las teorías emancipadoras de antaño, por la influencia de estar fundamentadas en la Teoría del Progreso y en una visión profética y mecanicista de “las Fuerzas de la Historia”, en el economicismo… no dieron la importancia debida al individuo, a la autoconstrucción de éste como sujeto de calidad y sujeto revolucionario.

Las revoluciones no las hacen “las masas oprimidas” como tales. Éstas pueden hacer revueltas pero no revoluciones. Las revoluciones las anhelan, planean y llevan a cabo las personas revolucionarias. Las personas son la clave.

Así pues, la principal aportación, respecto a la noción de revolución social, es la consideración adecuada de la importancia del individuo y las cualidades de éste, del sistema de valores revolucionario.

Para llevar a cabo la revolución integral hay que llevar a cabo la autoconstrucción de los individuos en base a ideas e ideales que nos den suficiente fuerza, sentido y grandeza para afrontar la complicada, difícil y, al final, heroica tarea de la revolución.

Sobre la actual decadencia de los valores e ideales, la cultura, la ética, la filosofía, la convivencia… tenemos que construir una nueva cultura subversiva y fraternal que nos haga fuertes, basada en el esfuerzo y el dar de nosotros mismos.

Esto implica trabajo personal de reflexión profunda y existencial, de lidiar con nuestras capacidades y carencias, de tomar las riendas de nosotros mismos, como personas ante la vida, finita.

Éste es el reto de la transformación de los valores y las personas dentro de la revolución integral. La actual fuerza fundamental del sistema estatal-capitalista se basa en la degradación, docilidad y construcción de las personas desde el poder.

4.2. Revisando y recuperando la historia

Siguiendo la Teoría del Progreso, desde la Modernidad se ha menospreciado toda la historia premoderna, las aportaciones filosóficas, culturales, experienciales… de distintos pueblos, civilizaciones y comunidades humanas. La narración “esclavismofeudalismocapitalismosocialismo” se basa en el desconocimiento –por ocultación y falsificación– de la Edad Media, que sobretodo en su período inicial se caracterizó por la realidad dual y diferenciada entre el pueblo y los Estados premodernos , donde fuera de las ciudades estatales el pueblo se organizaba en muchas regiones horizontal y fraternalmente en base al concejo abierto (asamblea de vecinos y vecinas de un pueblo), el comunal (propiedad colectiva de la tierra, los bosques y otros muchos bienes económicos). Éstas instituciones son protagonistas de la historia del mundo rural popular en la península. Recuperar esta historia, sin mitificarla pero valorándola adecuadamente, nos servirá para reconocernos como personas y humanidad y para golpear el paradigma y discursos del sistema actual.

También existe, por ejemplo, en la cultura clásica, la tradición filosófica de afrontar la vida dándole importancia al sujeto, a la reflexión sobre la construcción y desarrollo vital de eśte en base a la idea de virtud. Recuperando aportaciones de ésta también puede nos puede servir a la hora de plantear la revolución integral.

4.3. Transformación en todos los ámbitos de la vida

La revolución integral tiene que afrontar la totalidad holística y compleja de cuestiones importantes de las personas y la sociedad, no puede especializarse en ninguna ni olvidarse de alguna otra. No sólo con el cambio de valores y la revolución personal, no sólo con la revolución social, política y económica: con todo a la vez haremos la revolución integral.

5) Orígenes del concepto

El término revolución integral ya fue usado en el pasado por algunos anarquistas. En lo que se llama “España” lo utilizó a principios de este siglo el escritor libertario Félix García Moriyón. Después ha sido el historiador y pensador soriano Félix Rodrigo Mora quien hace poco empezó a apostar fuertemente por esta noción. En su obra escrita y oral se encuentran muchas aportaciones a la cuestión “revolucionaria integral”, y una aportación sintética al respecto son sus “25 puntos del sistema convicciones para una revolución integral”.

Mucha gente valora el potencial de ésta noción para englobar distintos colectivos y personas en una visión y líneas estratégicas generales revolucionarias, es decir, comprometidas con el objetivo de la libertad –así pues, contra el Estado y las otras formas de dominación–, viendo lo fundamental de abordar la integridad de las cuestiones humanas a trabajar para el proyecto emancipador.

La publicación masiva “¡Rebelaos!” adoptó el término hablando de germinar la semilla de la revolución integral. Meses después, activistas de Cataluña procedentes de distintos colectivos se encontraron para promover un llamado para la futura constitución de un “Bloque internacional para la revolución integral”. También la Cooperativa Integral Catalana ha organizado jornadas de reflexión sobre este término y un colectivo que hace tiempo que trabaja en esta misma orientación ideológica general, el Grup de Reflexió per a l’Autonomia, también lo adopta cada vez más explícitamente. Diversos autores de blogs y/o activistas como Antón Dké, Prado Esteban, Enric Duran o Blai Dalmau han hecho igualmente aportaciones a la cuestión.

La idea no es una cuestión cerrada, sino abierta: hay que llenarla de aportaciones, contenidos, reflexión y debate. El rumbo de esta noción dependerá de esta labor y de la aceptación que tenga entre esas personas que apuesten realmente por un cambio y una perspectiva revolucionaria hoy en día. Para que tenga potencia habrá que evitar usarla banalmente o a la ligera, o convertirla en una etiqueta sin contenido profundo.

6) El llamado “Integra Revolucio”

La idea de éste es promover la reflexión sobre la necesidad de una revolución integral y promover la reflexión profunda sobre esta cuestión para poder crear un marco de confluencia a nivel mundial para juntarnos, conocernos, compartir reflexiones y promover sinergias entre personas, colectivos y organizaciones que apostamos por una transformación revolucionaria de la sociedad que ponga fin al capitalismo y el Estado construyendo una nueva sociedad y un nuevo ser humano. Se ha planteado una propuesta de bases comunes para la convocatoria para formar este posible espacio.

1Del griego hetero (otros) y nomos (normas). Heteronomía significa que no son las propias personas de una sociedad, pueblo o colectivo las que participan, en igualdad de condiciones, en la deliberación y determinación de las normas y decisiones a establecer y tomar, sino que éstas vienen impuestas por unos “otros”, unas élites minoritarias.

2Del griego auto (uno mismo) y nomos (normas). Autonomía significa que son las propias personas, en igualdad de condiciones, las que participan en la deliberación y determinación de las normas y decisiones y, de esta manera, se autogobiernan, se autodeterminan, se autogestionan

‘Fracking’: todas las claves de una técnica polémica

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El Congreso de los Diputados está debatiendo el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que marcará los requisitos que se pedirán en el futuro para garantizar la seguridad ambiental de cualquier instalación que se realice después de su aprobación. La norma controlará, entre muchas otras cosas, los impactos ambientales de infrestructuras como el almacén de gas Castor, que está provocando seísmos en las costas de Castellón y Tarragona. Pero también regulará las garantías de la extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica o ‘fracking’ que se quiere desde el Gobierno implementar en España en los próximos años.

¿Qué es el ‘fracking’?

Es una nueva forma de extraer gas natural para la que hay que perforar el lugar escogido y romper estratos rocosos de pizarra a gran profundidad en el subsuelo (hasta 5.000 metros bajo la superficie). Para ello se inyecta agua a presión mezclada con arena y sustancias químicas, algunas de ellas muy contaminantes, en el subsuelo para extraer las pequeñas burbujitas de este gas impregnadas en la roca.

¿Cómo está la tecnología en España?

En España, aún no se ha iniciado ninguna prospección. No obstante, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha manifestado en muchas ocaiones que España no puede permitirse el lujo de perder de esta forma la carrera para la obtención de gas natural. Pero la defensa de Soria de la técnica va siempre acompañada de la coletilla de que cualquier permiso de exploración necesita una declaración de impacto ambiental favorable. Para la industria, la necesidad de informes ambientales retrasa los plazos para solicitar autorizaciones para investigar el potencial gasístico de una zona de los cuatro meses que se tardaba hasta ahora, a los 18 meses que tardarán en lo sucesivo.

¿Afecta a los acuíferos?

Sin embargo, para los ecologistas esto no es suficiente. Uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos es la posibilidad de que las aguas subterráneas cercanas a las explotaciones resulten contaminadas. Este tipo de gas no convencional se encuentra impregnado en la roca en pequeñas burbujitas y no en bolsas, como es habitual, por lo que su extracción es más difícil y costosa. Para lograrlo, la industria tiene que perforar túneles de hasta 5.000 metros de profundidad e introducir agua a presión mezclada con arena, productos químicos y, en ocasiones, incluso pequeños explosivos.

En España, el 80% de los permisos de investigación pedidos o concedidos está situado sobre acuíferos. Y, según un informe de Ecologistas en Acción, de ese 80%, el 56% son acuíferos calcáreos, mucho más sensibles a esta técnica debido a la capacidad de esta roca para que el agua circule.

La industria, representada por Shale Gas España, asegura que la fractura hidráulica se realiza a mucha más profundidad de la que alcanzan los acuíferos y que la parte superior se protege con tubos de acero y cemento de alta calidad para evitar la contaminación. Sus portavoces reconocen que el líquido que se recupera es un porcentaje menor del que se inyecta, pero aseguran que éste no tiene impactos sobre el terreno.

¿Puede producir terremotos?

Otro de los posibles riesgos del fracking es la capacidad que tiene la técnica para interferir en la sismicidad de una zona. Un estudio publicado en la prestigiosa revista científica ‘Science’ el pasado mes de julio relaciona los terremotos con la inyección de la mezcla química utilizada para extraer el gas mediante esta técnica. Según esa investigación realizada por cientíicos de la Universidad de Columbia (EEUU), el fracking en sí es capaz de generar miniseísmos de poca magnitud, de 3,6 en la escala Richter como máximo. Sin embargo, una técnica utilizada para deshacerse de los líquidos contaminantes que se extraen del proceso, que consiste en inyectar ese líquido en pozos subterráneos a gran profundidad, sí puede producir terremotos de magnitudes mayores, hasta 5,7 en la escala Richter, según otro estudio publicdo en ‘Geology’.

No obstante, Shale Gas España asegura que estos riesgos se pueden controlar haciendo estudios geológicos y evitando las zonas inestables, algo que, según aseguran desde la propia organización, en Europa se exigirá de forma obligatoria.

¿Qué perspectivas de futuro tiene?

En España hay multitud de permisos solicitados y algunos concedidos para investigar el potencial gasístico. La industria estima que el ‘fracking’ podría cubrir las necesidades de gas españolas actuales durante 70 años. Para los ecologistas esa cifra es muy optimista y creen que en realidad no cubriría ni 35 años.

Los peligros del fracking para la salud

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Hasta ahora, las organizaciones ecologistas han sido las voces más críticas con los daños mediambientales del fracking, una técnica para extraer gas de las ‘entrañas’ de la tierra. Sin embargo, a partir de ahora habrá que vigilar también muy de cerca los posibles riesgos para la salud derivados de algunos de los ‘ingredientes’ que emplea esta polémica tecnología.

El fracking, también bautizado como fractura hidráulica, consiste en perforar el suelo para llegar a profundidades de hasta 5.000 metros; una vez allí, se inyecta en el subsuelo agua a presión mezclada con arena y cientos de sustancias químicas para extraer el gas natural. Pues bien, estos ingredientes, los mismos que preocupan a los ecologistas por sus daños al medioambiente, pueden ser también nocivos para la salud según un artículo publicado en la revista ‘Endocrinology’.

Científicos de la Universidad de Missouri (EEUU), encabezados por Susan Nagel (del departamento de Obstetricia de esta institución), han analizado cientos de compuestos químicos de los que se añaden al agua para perforar la roca en varios puntos del Condado de Garfield, en Colorado -una región con más de 10.000 perforaciones de gas-, y compararon su composición con muestras obtenidas en localizaciones sin ninguna instalaciones de fracking.

Sus conclusiones advierten que al menos 100 de los más de 750 compuestos químicos que se emplean en la fractura hidráulica son conocidos por sus efectos hormonales para el ser humano. Concretamente, los investigadores analizaron 12 de ellos y advierten de su conocida capacidad como disruptores endocrinos. Es decir, en contacto con las hormonas del organismo humano, estas sustancias son capaces de alterar funciones sexuales, reproductivas, causar infertilidad, anomalías genitales, e incluso diabetes y algunos tipos de cáncer.

Como explica a EL MUNDO David Rojas-Rueda, epidemiólogo del centro de Investigación Ambiental CREAL, no es el primer trabajo que advierte de los posibles perjuicios para la salud de estas instalaciones (de las que no hay aún en funcionamiento ninguna en nuestro país).

Ya un estudio publicado en 2012 en ‘Science of the Total Environment’ alertaba de los riesgos derivados de las emisiones al ambiente de partículas contaminantes, como hidrocarburos y bencenos, que “son considerados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

A su juicio, el problema es que muchas de las sustancias que emplean estas prospecciones afectan a muchos órganos, “no se quedan sólo en el sistema respiratorio, la piel o el sistema digestivo [si se ingieren a través de agua contaminada, por ejemplo] sino que son capaces de atravesar el epitelio y afectar al sistema inmunitario, cardiovascular… Un estudio en EEUU, por ejemplo, observó un 60% de aumento del riesgo de cáncer en la población que vivía a un kilómetro a la redonda de estos puntos”.

‘Imitadores’ de hormonas

En el trabajo que ahora se publica no se analizan concretamente los efectos de estas sustancias, por ejemplo, en trabajadores de estas perforaciones o a través de la contaminación de acuíferos cercanos, como sostienen los grupos ecologistas que se oponen a la fractura hidráulica. Pero sí señala que estos mismos compuestos -que en otros trabajos han mostrado sus riesgos para el ser humano- se usan habitualmente en el fracking. “Con el auge de estas instalaciones, la población se enfrenta a un riesgo creciente derivado de los disruptores endocrinos”, advierte Nagel en una nota de prensa divulgada por su universidad.

Una idea en la que coincide Miquel Porta, responsable de la Unidad de Epidemiología del Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona (IMIM). “Lo primero que uno piensa cuando lo lee es: ‘no, por favor, otra cosa más no’. Ya vivimos todo el día una sopa de hormonas, como para añadir ahora el fracking”. Aunque admite que él no es un especialista en esta técnica de extracción de gas, señala que tanto el equipo de investigadores como la revista en la que aparece el estudio tienen la máxima seriedad. “Los efectos que describen son muy frecuentes en los disruptores endocrinos. A mi juicio es importante que no sólo se hable de los riesgos para el medio ambiente o los animales, sino también para el ser humano”.

En su opinión, el estudio debería -al menos- captar la atención de las autoridades sanitarias españolas (donde el Ministerio de Industria sí ha mostrado su beneplácito a esta fuente de energía). “Hay una corriente internacional de mucha preocupación por los riesgos para la salud de los disruptores endocrinos, incluso a dosis muy bajas. La evidencia está ahí, y cualquier actividad que aumente esos niveles es preocupante”, concluye.

El grupo de Rojas-Rueda en el CREAL prepara también un proyecto para investigar los efectos del fracking en España, en poblaciones cercanas a alguno de los proyectos previstos. “Lo que nosotros decimos es que hay evidencia suficiente para, al menos, solicitar una evaluación sobre el impacto para la salud antes de autorizar estas prospecciones, igual que se hace con las evaluaciones de impacto ambiental”.

Por su parte, fuentes de Shale Gas España han insistido en que la aplicación de buenas prácticas y la legislación medioambiental garantizan la protección del medio ambiente y de las personas. En nuestro país, señalan, la legislación exige una declaración de impacto ambiental por cada pozo que se vaya a explorar (incluida una valoración “de potenciales impactos que puedan alterar el bienestar de la población”), una medida que es mucho más estricta que la vigente en EEUU, donde hay prospecciones con varias décadas de antigüedad y sin los mismos controles. “Si en otros países se han identificado riesgos potenciales, los incidentes reportados se deben a errores operacionales. Una buena gestión sobre el terreno y la regulación adecuada de todos los aspectos de la exploración (como la captura del gas o el adecuado uso y almacenamiento de fluido de fracturación) son esenciales para minimizar los riesgos para el medio ambiente y la salud”, han indicado.

Sobre el estudio en cuestión, señalan que la cifra de 750 compuestos químicos que mencionan los autores no es exacta: “la familia de aditivos que se puede utilizar es amplia (más de 500), pero eso no significa que en cada pozo se vayan a utilizar todos. Al contrario, se utilizan 10-12 y en proporciones muy bajas (0,5%)”

Las prospecciones petrolíferas amenazan las Islas Canarias

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La reciente crisis sísmica generada tras las inyecciones de gas en el proyecto Castor, frente a las costas de Castellón, ha puesto de manifiesto que algunas actividades industriales pueden suponer un gran riesgo para las personas, para el medio ambiente, y además pueden inducir a generar gravísimos riesgos ambientales.

Desde hace meses existe un plan de búsqueda de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, que ya hizo saltar todas las alarmas y puso en pie de guerra a organizaciones ecologistas, colectivos de pescadores, ciudadanos e incluso al propio Gobierno de Canarias y varios de sus Cabildos, que actualmente cuentan con el apoyo de varios países, incluyendo la UNESCO.

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Zona de prospecciones. Fuente: Cabildo de Lanzarote
Este proyecto tiene como primer objetivo trasladar hasta la zona un equipo de prospecciones petrolíferas para buscar el codiciado oro negro y en caso de que exista un trabajo rentable, llevar a cabo las extracciones. Además, se ha asegurado a los ciudadanos de las islas que se generará empleo y crecimiento económico, lo que ha divido la opinión social.

Tras el análisis de los informes, cabe destacar que ni el propio Ministerio de Industria respondió en el Congreso de los Diputados sobre cuántos puestos de trabajo se generarían, ni realmente cuál sería el beneficio económico, ya que el Estado tan solo se beneficiaría de una pequeña parte de lo que llegue a refinarse y obtenerse del producto final de la cadena.

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Costa de Arrecife (Lanzarote). Frente a ella se ubicaría la zona de prospecciones. Foto: JGC.
Las Islas Canarias, también conocidas como Islas Afortunadas, son un verdadero paraíso biológico y geológico. Cuentan con varias reservas mundiales de la biosfera, parques nacionales, aguas de excelente calidad, zona de ruta de cetáceos… sin olvidar que prácticamente la totalidad de sus ingresos proceden del turismo gracias a todos estos atractivos.

La potencialidad de los riesgos ambientales que pudiera haber con las prospecciones debería explicarse claramente a la población. En caso de vertido o de hipotética marea negra, pese a la rapidez de la intervención, probablemente no daría tiempo a actuar, dada la cercanía de la plataforma a la costa canaria. Por otro lado, se debe de tener en cuenta que algunas de estas islas depende única y exclusivamente de las estaciones desalinizadoras, lo que podría llevar al corte parcial o total del suministro, ya que pese a que el petróleo flote, contaminaría toda la columna de agua. Todo esto acarrearía importantísimos daños en la fauna marina y terrestre, en todos los ecosistemas del archipiélago, disminuiría la calidad turística… por ello es importante plantearse si merece la pena enfrentarse a este riesgo.

Daños como el del Prestige, el vertido del Golfo de México u otras catástrofes ambientales, tienen que llevarnos a pensar si verdaderamente interesa someter a una zona única como las Canarias a una presión tan intensa, donde el mínimo problema podría llevar a una catástrofe irreversible. Informar claramente a la población, darle los verdaderos datos de riesgo e impactos frente al crecimiento económico y empleo… es la única forma de conseguir que este país conserve su verdadero potencial, el patrimonio natural en el que vivimos, sin engañar a la opinión pública en busca del crecimiento de las grandes empresas y de unas pocas manos privadas.

 

Seguir a Jonathan Gómez Cantero en Twitter: www.twitter.com/JG_Cantero

España alanceada: barra libre al ‘fracking’

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Manifestación contra el ‘fracking’, celebrada en Burgos el pasado mes de mayo. / Santi Otero (Efe)

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La mayoría absoluta del PP ha dado en solitario el visto bueno a dos leyes que permiten alancear cualquier punto de la geografía española mediante la técnica del fracking o fracturación del subsuelo, inyectando grandes cantidades de agua y componentes químicos para liberar el gas y comercializarlo. Todo el territorio, la mentada “piel de toro”, se halla bajo la lupa de esta agresiva explotación del subsuelo. Varios municipios gallegos, gran parte de Castilla-León, Cantabria, Álava, La Rioja, Aragón, parte de Cataluña y amplias áreas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, han atraído el interés de los extractores. Y aunque toda la oposición política rechaza la legalización del fracking por falta de garantías medioambientales y sísmicas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy antepone los intereses energéticos privados al daño al medio natural.

De las tres votaciones en las que el PP se ha quedado sólo en el Parlamento en las últimas horas, dos corresponden a actividades depredadoras del medio ambiente. La tercera se registró contra la regresiva ley Wert, que será contestada por la comunidad educativa con una huelga general el próximo 24 del corriente. La legalización del fracking como actividad industrial ha sido introducida “por la puerta de atrás” por el ministro del ramo, José Manuel Soria, en la Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en Canarias y Baleares. El portavoz socialista, Jesús Alique, denunció la trampa legislativa y todos los grupos apoyaron las enmiendas pidiendo la retirada de las dos disposiciones estrambóticas (de estrambote) en una ley ajena al asunto.

Esto ocurría a las once de la noche del miércoles en el Senado y, unas horas después, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Árias Cañete, defendía en el Congreso el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que recoge la actividad industrial y gasística del fracking y permite al Gobierno central otorgar los permisos de impacto ambiental y realizar las concesiones en cuatro meses. Cañete argumentó que la dilación de los proyectos sometidos a impacto ambiental es elevadísima –“el tiempo medio es de tres años frente al límite de dos fijado en la norma actual”, dijo–,  y eso frena, según dijo, el desarrollo económico de España. “A ello hay que sumar la inseguridad jurídica por la proliferación de normas autonómicas”, agregó.

La solución de Cañete consiste en centralizar las competencias autonómicas, reducir a cuatro meses los informes de impacto ambiental de los proyectos estratégicos –y los hidrocarburos tienen esa consideración– y “agilizar las demandas de los promotores”. Si después sobrevienen temblores de tierra como los que se registran en Castellón y Tarragona porque no se evaluó el impacto sísmico del almacén natural de gas Castor como había pedido la izquierda cuando gobernaba en Cataluña, o se contaminan los acuíferos, se desvían las corrientes subterráneas y se esquilman y secan los cursos fluviales, todo habrá sido “para fomentar la actividad económica y el bienestar de los españoles”, según Cañete. De paso, el Gobierno ha aprovechado el proyecto para prohibir el bunkering (gasolineras flotantes), un negocio del que se ha lucrado el propio ministro con la reventa de combustible de los buques nodriza en Gibraltar y Canarias. “Lo suyo es un lavado de cara, señor ministro“,  le reprochó la diputada catalana de ICV, Laia Ortiz. La ley también considera ilegales los rellenos costeros como el que se realiza en Gibraltar para construir viviendas.

Mapa de permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en EspañaMapa de permisos de investigación y explotación de hidrocarburos. / Ministerio de Industria

Además de una centralización de las competencias medioambientales, rechazada con especial énfasis por Olaya Fernández Dávila (BNG), Joan Baldoví (Compromís-Equo), Teresa Jordà (ERC), Martí Barberá (CiU), Joseba Aguirretxea (PNV) y Maite Ariztegui (Amaiur), los portavoces de Izquierda Plural, Laia Ortiz, y del PSOE, José Luis Ábalos, enumeraron una ristra de trampas para sustentar las cuatro enmiendas de devolución. La primera es el intento de ganar tiempo para poner en marcha determinados proyectos antes de trasponer la directiva que se debatió el miércoles en el Parlamento Europeo. Y a partir de ahí, la tramitación urgente de la ley, con un plazo de enmiendas al articulado de 24 horas que terminó a las ocho de la noche del viernes; la aplicación de la “confidencialidad” a los proyectos, contraviniendo el derecho a la información pública; la reducción al mínimo del periodo de alegaciones; la supresión del derecho de recurso por parte de las plataformas de afectados y, en última instancia, la mercantilización del medio natural y la venta del derecho a dañarlo mediante la implantación del llamado “Banco de Conservación de la Naturaleza”.

Banco de Conservación de la Naturaleza: el que paga puede contaminar

Este banco es un instrumento que funciona muy bien en Estados Unidos”, argumentó el ministro Cañete antes de explicar que los créditos deberán ser depositados en su departamento. Es decir, que el titular de Agricultura se convertirá en banquero. Con este procedimiento, según denunciaron Ortiz y Ábalos, las grandes corporaciones podrán comprar el derecho a dañar el medio ambiente realizando un depósito económico y se trastocará el principio del que contamina paga por “el que paga podrá contaminar”, sin que, además los depósitos económicos deban destinarse obligatoriamente a subsanar el daño en la zona afectada. “Pueden ir incluso a mejorar fincas privadas”, denunció Ortiz.

Será un procedimiento especialmente útil para el fracking, según queda de manifiesto en una reciente respuesta escrita del Gobierno al diputado Miguel Ángel Heredia sobre esas prácticas en Andalucía, donde, por cierto, se ha detectado una nueva e insistente actividad sísmica leve que afecta a la comarca jienense de La Loma, con incidencia en las localidades de Sabiote y Torreperogil. Los depósitos ante los daños no evaluados permitirán en todo caso agilizar los trámites ambientales y comenzar las perforaciones para obtener hidrocarburos en un plazo aproximado de dos años, según estima el ministro Soria en respuesta al diputado socialista Félix Lavilla. El ministro dice que “el gas no convencional (GNC) obtenido mediante la fracturación hidráulica o ‘fracking’ ha revolucionado el panorama energético en los EEUU, pero en Europa nos encontramos en una fase muy preliminar de la investigación”. Y reconoce que su departamento ya se ha dado “diversos permisos de investigación de hidrocarburos que tienen al GNC entre sus objetivos exploratorios, ya sean principales o secundarios”.

Y puesto que, según Soria, “el sector de exploración y producción de hidrocarburos, incluido el GNC, podría aportar notables beneficios al país, como la afluencia de importantes inversiones y el crecimiento económico asociado”, esos permisos de exploración afectan ya a 45 localidades de la provincia de Soria, 3 de Guadalajara, 3 en La Rioja, 20 en Burgos y tres en Vitoria. Según los datos recabados por Chesús Yuste, de Izquierda Plural, varias localidades de Navarra, Aragón y las cuencas del Cinca y del Ebro se hallan en el punto de mira de distintas empresas de hidrocarburos que han solicitado permiso de exploración y explotación mediante el fracking.

Por otra parte, la supresión de los ayuntamientos con menos de mil habitantes y la eliminación de las juntas vecinales, prevista en la nueva ley de entidades local aportada por el ministro Cristóbal Montoro y también rechazada por toda la oposición, contribuye a eliminar las resistencias municipales y a disponer más cómodamente de los montes, ríos y bienes comunales para la extracción del gas del subsuelo. La barra libre al fracking  sin pérdida de tiempo ni comparecencia de los expertos, como solicitó el PSOE, y sin esperar a la nueva directiva medioambiental europea, infligirá más daño al sector primario y más destrozo a la atormentada geografía por patriótica decisión de la mayoría absoluta del PP frente a todos los demás

 

El BOE certifica que la destrucción ambiental está en venta

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy, 11 de noviembre, la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Son 77 páginas de normativa con las que el Ejecutivo pretende impulsar una “coordinación vertical entre los niveles de Gobierno” y que han pasado los distintos trámites parlamentarios hasta plasmarse en un texto aprobado por el rodillo parlamentario del PP. Los principales titulares se refieren a dos aspectos incorporados al texto “por la puerta de atrás”, motivo que ha provocado críticas a la celeridad con que se ha tramitado la ley, y se refieren a dos elementos, en principio ajenos al ordenamiento, como son la legislación sobre la fractura hidráulica o fracking, técnica de extracción de gas no convencional, y el trasvase Tajo-Segura. Juan López Uralde, coordinador de Equo, cree que la normativa publicada hoy forma parte de un programa político diseñado desde la Faes y aplicado previamente en otras leyes como la de Costas, y que se orienta al desamantelamiento organizado de la legislación medioambiental. Junto con este “espíritu”, se introducen esas dos adiciones orientadas a la consecuencia de “objetivos políticos concretos”.

Theo Oberhuber, coordinador de campañas de Ecologistas en Acción, ha explicado a DIAGONAL, que en el caso del fracking, la ley introduce novedades importantes, ya que esta práctica no había entrado aún en el proceloso mundo de las evaluaciones para la protección del medioambiente. No obstante, Oberhuber explica que existe el temor fundado de que la Ley permita superar las trabas impuestas por distintas Comunidades Autónomas y municipios al fracking, así, la norma, dentro de esa “coordinación vertical” puede funcionar como una palanca para superar la autorización autónomica en caso de que el Estado quiera autorizar las prospecciones de gas. Para Uralde, el fracking es uno de los objetivos alcanzados hoy y evidencian la apuesta del Gobierno por la extracción de hidrocarburos frente a otras medidas de ahorro energético o de desarrollo de las energías renovables. El texto, a juicio de Equo, “legaliza y da carta de naturaleza al fracking”, y esto supone un retraso con respecto a países como Francia donde se ha establecido una moratoria para la introducción de esta técnica, denunciada en EE UU por los problemas ambientales y de salud pública relacionados a ella.

Arrase aquí y compense en los mercados financieros

Para Ecologistas en Acción resulta muy preocupante una de las principales novedades que introduce la legislación. La creación de los Bancos de Compensación permitirá transformar sauces, olmos y robles en créditos en la madera del parqué de las bolsas de Madrid o Barcelona. Con la introducción de estos Bancos, se favorece “una valoración económica de la naturaleza” y se produce “una mercantilización de la biodiversidad”, en palabras de Oberhuber. De este modo, según el BOE “Los bancos de conservación de la naturaleza son un mecanismo voluntario que permite compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales, que serán objeto de desarrollo reglamentario por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”. Estos créditos “podrán ser comercializados en condiciones de libre mercado”. Fernando Prieto, ecólogo del crSC2, centro de referencia de sostenibilidad y cambio climático, cree que esa frase carece de sentido, “ya que no existe un mercado de hábitats”.

La ley establece que quien pretenda acometer una actuación en materia ambiental puede comprar créditos para compensar el impacto de la obra planificada. Esos créditos, que quedan en manos de “la mano invisible” pueden surgir de actuaciones de compensación realizadas en lugares a cientos de kilómetros de distancia. Contamine usted en las Islas Canarias que alguien plantará un pinar en Ourense y le podrá comprar los derechos que haya consumido en la primera operación. El mecanismo ya funciona de manera similar en los mercados de emisiones de gases de efecto invernadero y ha tenido resultados, al menos, controvertidos. Oberhuber insiste en que el descontrol de la Administración sobre estas operaciones genera el caldo de cultivo de la especulación y recuerda que, aunque Ecologistas en Acción no está en contra de las medidas de compensación, es importante que ésta se realice en la misma zona sobre la que se interviene en primer lugar. “No todo se puede comprar e intercambiar”, prosigue Prieto, “¿cuánto cuesta un lince? ¿cuánto cuesta el último lince?”, se pregunta Fernando Prieto. Para este ecólogo, al margen de que hay detalles que no se conocen, como si ese mercado se hará a nivel estatal o autónomico, hay límites que no se establecen en el BOE: “si existe un proyecto con “pérdidas netas inevitables e irreparables de valores naturales” directamente se debe evitar y buscar una alternativa”, declara. López de Uralde insiste en que la biodiversidad no es un valor intercambiable, o lo que es lo mismo, “la destrucción de un ecosistema no se compensa con la aplicación de los valores del mercado”.

La filosofía de origen de esta ley, voraz, neoliberal y omnívora, en palabras de López de Uralde, interviene asimismo sobre los plazos y requisitos de las evaluaciones de impacto ambiental. Con el objetivo de agilizar los trámites, el Gobierno establece plazos más cortos para las distintas tipologías de declaración de impacto ambiental. Para Uralde la legislación reduce garantías y facilita procesos incompletos, al establecer límites de cuatro meses en procesos que “difícilmente pueden hacerse en dos años”. En este sentido, Oberhuber cree que se evidencia la concepción de las autorizaciones “como una traba y no como un mecanismo de garantía y control”, y con la nueva ley, el Gobierno pone todas las herramientas para allanar esas trabas. “La ley recorta los plazos, se reduce la participación pública y esto va a afectar a la calidad de las evaluaciones”, dice Oberhuber quien anuncia que Ecologistas seguirá vigilante los procesos de evaluación, ante esta merma del carácter objetivo y determinante de los exámenes. Ecologistas recuerda que están acostumbrados a llevar a los tribunales, ya sea de la Unión Europea o del Estado, estas declaraciones. No hay que remontarse mucho tiempo para encontrar una de estas sentencias: el 10 de diciembre, el Tribunal Constitucional anulaba la Ley que la Junta de Castilla y León montó ad hoc para aprobar la llamada “ciudad del medio ambiente” en Soto de Garray (Soria).

El PP regresa por sus fueros en el tema trasvases

Para Rajoy “no hay ningún tema insuperable” y el resultado es que el Gobierno ha presentado esta mañana un “pacto nacional” firmado con las Comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Valenciana y Murcia, dirigidas en todos los casos por Gobiernos del PP en mayoría –excepto en Extremadura–, encaminado a fijar los límites de aguas transferibles. La Ley de Evaluación Ambiental publicada hoy incluye disposiciones sobre este trasvase, que reabre la polémica sobre la “solidaridad” en torno al derecho al agua y el uso político de la misma noción de solidaridad. López de Uralde, de Equo, critica una norma que establece indemnizaciones millonarias si se detienen las infraestructuras asociadas al trasvase y que está orientada, asimismo, a reabrir el debate en torno al trasvase del Ebro. Ecologistas en Acción, que ha denunciado “el expolio del Tajo y de los acuíferos de La Mancha”. Esta organización, junto a otras 20 ha denunciado ante la Comisión Europea, el memorándum de trasvase Tajo-Segura presentado hoy. Las asociaciones denuncian que el memorándum vulnera la normativa europea sobre política de aguas del año 2000, la directiva de 1992 sobre conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres así como las normas sobre derecho de acceso a la información.

Un afectado por la fracturación hidráulica demandado por difamación tras demostrar que el agua potable es inflamable

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Steve Lipsky, propietario de una vivienda en Weatherford; Texas, no tiene nada que ocultar. Lipsky no pretende que cierre Range Resources, una gran compañía petrolera y gasífera con reputación de acosar a sus detractores, ni su objetivo es difamarla. Range Resources le ha puesto una demanda por difamación y le exige 3 millones de dólares.
Lipsky es un hombre reservado y conservador; consiguió sus ahorros gracias a su trabajo en la banca. Ahora se encuentra representando el papel de David contra un contemporáneo Goliat en un tenso enfrentamiento con momentos kafkianos. Lo que en un principio parecía un caso indiscutible de negligencia industrial, se convirtió en una interminable batalla legal: Lipsky debe luchar o aceptar su ruina económica.
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Foto: Julie Dermansky
Lipsky puede prender fuego al agua que sustrae de su pozo.

El 13 de octubre, Lipsky prendió fuego al gas que fluía por la manguera que conectó al conducto de ventilación de su pozo. Range Resources asegura que al usar la manguera, Lipsky hizo parecer que estaba prendiendo fuego al agua. En 2011, la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. (EPA) determinó que las actividades de perforación en un proyecto de fracturación hidráulica cercanas a su vivienda habían contaminado el pozo de Lipsky.
Fue consciente de esta situación en julio de 2010, cuando Peck’s Well Service, la compañía que había perforado el pozo en 2005, descubrió el motivo por el cual éste no estaba funcionando correctamente. Peck’s Well Service descubrió que la acumulación de gas dentro del pozo estaba disminuyendo la presión del agua y provocando una obturación de gas. Esta compañía prendió fuego al agua de Lipsky mientras le explicaba por qué el pozo no funcionaba adecuadamente, ya que éste estaba lleno de gas. Por motivos de seguridad, instalaron un conducto de ventilación para así permitir que el gas saliese del pozo.
Lipsky decidió cortar el suministro del pozo a la casa para mantener a salvo a su familia. Desde entonces, debe comprar y transportar agua hasta su casa; un gasto aproximado de 1.000 dólares al mes. A partir de ese momento, Lipsky solo utiliza el pozo cuando quiere realizar algún análisis o para demostrar el fenómeno a los periodistas, a la EPA, a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, a la Oficina de Protección contra Incendios del Condado de Marshal, a la Comisión de Ferrocarriles de Texas, al Ministerio de Justicia y a representantes de Range Resources.
El día 10 de octubre, el Tribunal de Apelaciones de Fort Worth resolvió que Range Resources podía proceder con la demanda por difamación contra Lipsky. Está decisión estaba basada en parte en las acusaciones de que Lipsky estaba engañando a la gente sobre el hecho de que puede prender fuego al agua de su pozo.
Un aspecto de disputa es el trozo de la manguera de jardín que Lipsky colocó en el conducto de ventilación del pozo. En un video que Lipsky subió a Internet y que proporcionó a agencias reguladoras, se puede ver cómo prende fuego al gas que fluía por la manguera que había conectado al conducto de ventilación. Range Resources asegura que al usar la manguera, Lipsky hizo parecer que estaba prendiendo fuego al agua.
«Usamos la manguera como método de protección, no para engañar a nadie», replica Lipsky. La primera vez que prendió fuego al conducto de ventilación todo el pozo se incendió. Antes de volver a prenderle fuego, Lipsky conectó la manguera para orientar a favor del viento el gas que se extraía del conducto de ventilación. En el video, Lipsky nunca afirma estar prendiendo en llamas el agua de su pozo. ¿Pero por qué motivo iba a intentar que el gas pareciese agua inflamable cuando también tiene agua a la que le puede prender fuego?
La casa de sus sueños se ha vuelto una pesadilla. Pero no está solo. Algunos de sus vecinos comparten el mismo problema. Sin embargo, tras presenciar lo que le ocurría a los Lipsky por quejarse, son reacios a la hora de hablar.
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Foto: Julie Dermansky
La casa de Lipsky, muy devaluada desde que su pozo fuese contaminado.

Recientemente, Shelly Purdue apareció en la televisión local en el programa presentado por Brett Shipp, demostrando que ella también podía prender fuego al agua de su pozo a través del conducto de ventilación. Shelly Purdue también instaló un conducto de ventilación para paliar el problema, pero todavía sigue viviendo en una situación inestable.
Otros vecinos han optado por instalar costosos sistemas de filtrado de agua, de manera que puedan seguir consumiendo el agua de sus pozos. Sin embargo, estos sistemas no erradican el peligro. Algunos análisis independientes han demostrado que los tanques de retención de agua de los pozos de algunos habitantes se encuentran muy por encima de los límites de explosividad.
Un equipo de la Universidad de Duke está llevando a cabo un estudio en la zona, a la vez que informa a los propietarios de las casas sobre la peligrosa situación en la que se encuentran. Los resultados finales del estudio se darán a conocer en los próximos meses.
Las investigaciones de la EPA también han determinado que son peligrosos los niveles de gas que emite el pozo de Lipsky. La EPA identificó a Range Resources como la parte responsable de la contaminación e emitió un auto de administración urgente contra la compañía en diciembre de 2010.
Esta acción no evitó que la Comisión de Ferrocarriles —una agencia reguladora independiente que regula todo lo referente al petróleo y gas en Texas— celebrase sus propias audiencias, que negaban la culpabilidad de Range Resources, basándose en las evidencias que le proporcionó la propia compañía. Al igual que los Lipsky, la EPA decidió no participar, ya que a ambos se les proporcionó tan sólo diez días para prepararse para la audiencia, por lo que era muy improbable que ésta fuese a ser imparcial.
Range Resources invirtió millones de dólares para conseguir un juicio parcial para la Comisión de Ferrocarriles, atacando todas las investigaciones de la EPA. El Dr. Geoffrey Thyne, que llevó a cabo el análisis para la EPA, examinó las conclusiones de la Comisión de Ferrocarriles, gracias a las cuales se eximió de culpa a Range Resources. El Dr. Geoffrey Thyne escribió:
«Mi conclusión de que el pozo gasífero podría ser la fuente de metano en el agua del pozo (de Lipsky) se basa en los datos químicos e isotópicos. Sigo manteniendo mi opinión tras analizar la presentación de Range Resources a la Comisión de Ferrocariles de Texas».
Los Lipsky demandaron a Range Resources después de que la EPA identificase a la compañía como la parte responsable de la contaminación del pozo. Inmediatamente después, Range Resources respondió con otra demanda contra los Lipsky por difamación.
El presidente del tribunal, Trey Loftin, desestimó la demanda de los Lipsky alegando falta de jurisdicción. Sin embargo, permitió que la demanda por difamación de Range Resources prosiguiese su curso.
El abogado de los Lipsky, Allen M.Stewart, argumentó que la demanda por difamación fue en contra del Acta de Participación Ciudadana de Texas, también conocida como el Acta Anti-SLAPP (Pleito Estratégico Contra la Participación Pública ). Ése acta se promulgó para así evitar que los ciudadanos que habían sido demandados en represalia por el ejercicio de sus derechos constitucionales y comunes de libertad de expresión, tuviesen que soportar los costes y la responsabilidad de defenderse contra demandas por difamación carentes de fundamento, denigración y agravios similares basados en el ejercicio de esos derechos. El acta logra su objetivo al permitir a los acusados de tales demandas obtener un sobreseimiento rápido antes de ser forzados a participar en una costosa presentación de pruebas. Con todo, la petición de los Lipsky para desestimar el caso fue denegada.
Las resoluciones iniciales del juez Loftin contra los Lipsky son problemáticas. El juez Loftin determinó que la alegación de la reclamación de Range Resources estaba justificada, dicha alegación aseguraba que Lipsky había engañado intencionadamente a la gente mediante la demostración en la que hacía uso de una manguera de jardín; un elemente clave en la demanda por difamación. Posteriormente, el juez Loftin se recusó del caso. La parcialidad del juez afloró cuando en uno de sus folletos de campaña de su reciente campaña para conseguir salir reelegido declaró: «la EPA, valiéndose de evidencia falsa que obtuvo de un activista liberal consultor de medio ambiente, acusó y sancionó a una empresa local perforadora de gas de haber contaminado pozos» y «la EPA del presidente Barack Obama sólo dio marcha a atrás después de que el juez Trey Loftin dictaminó que la evidencia era “engañosa”»
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Los Lipsky demandaron a Range Resources después de que la EPA identificase a la compañía como la parte responsable de contaminar el pozo.

Inmediatamente después, Range Resources respondió con otra demanda contra los Lipsky por difamación. Range Resources no se conformó con demandar a esta familia, también fue contra la EPA. Casi tras un año de litigio, la EPA retiró la orden de emergencia que demandaba que la compañía proveyese a los Lipsky de agua potable.

En una declaración a la prensa, La EPA afirmó:
«Solucionar los pleitos con Range Resources permite a la EPA alejarse de este caso particular de litigio hacia un esfuerzo colectivo en la extracción energética de modo científico y seguro. La EPA y Range Resources compartirán datos científicos y llevarán a cabo controles más exhaustivos en los pozos de la zona. Asimismo, Range Resources también proporcionará información útil y acceso a la EPA en apoyo de la investigación sobre los posibles impactos en el agua potable de la extracción energética».
La decisión de EPA defraudó a los Lipsky, ya que daba a entender que la EPA había cometido un error. ¿Qué otra razón tendría una agencia reguladora para echarse atrás cuando había vidas en juego? Con todo, la EPA nunca se ha retractado de sus conclusiones que demostraron que Range Resources había contaminado el pozo de Lipsky.
Lipsky aún está perplejo con los resultados del análisis de Range Resources y con la carta que le mandó la compañía a él y a su vecino el 2 de febrero de 2011; en esta carta les aseguraba que el aire y agua de sus viviendas estaban libres de todo peligro. Una parte de los resultados que la compañía llevó a cabo prueba la inexistencia de gas en su pozo.
O bien los análisis de Range Resources se hicieron de forma incorrecta y no son fiables; o basándose en la lectura negativa de gas de su pozo, Range Resources ha proporcionado a Lipsky una referencia que puede usar para demostrar lo mucho que ha empeorado la situación desde 2010.
El número de casos de contaminación gaseosa está alcanzando los niveles más altos documentados a nivel nacional. Lipsky posee la documentación necesaria para demostrarlo, que obtuvo gracias a la Universidad de Duke, y un análisis privado llevado a cabo con el mismo equipo que utiliza la industria.
En septiembre de 2013, los análisis mostraron que del agua del pozo de Lipsky salía gas que se podía medir en 162.000 partículas por millón (ppm); 50.000 ppm se considera un nivel en el que se puede producir una explosión. Las muestras de aire que se tomaron directamente del conducto de ventilación del pozo de agua mostraron niveles que excedían las 900.000 partículas por millón. Algunos habitantes alertaron a la Comisión de Ferrocarriles de nuevos importantes análisis, para así alentar a la agencia para que reabriese la investigación.
Los Lipsky no fueron los únicos que se quedaron perplejos cuando la EPA retiró la orden administrativa de emergencia. Seis senadores republicanos —James M.Inhofe (R-OK), David Vitter (R-LA), John Boozman (R-AK), Tom Coburn (R-OK), John Cornyn (R-TX) y Kay Bailey Hutchison (R-TX)— también creyeron que era necesario cuestionar las acciones de la EPA, por lo que enviaron una carta solicitando al fiscal general que investigase el asunto. Los senadores esperan poder demostrar que la EPA es una rama activista del gobierno.
En una declaración de la minoría republicana en la Comisión del Senado sobre Medio Ambiente y Obras Públicas, el senador Cornyn afirmó: «Durante demasiado tiempo la EPA de Obama ha buscado los titulares más que los hechos, como el caso que aquí nos ocupa. Los texanos merecen saber si esta decisión se llevó a cabo motivada por intereses políticos, en un intento de demonizar a toda la industria e engañar intencionadamente a toda la gente».
El cierre del gobierno ha demorado el informe del fiscal general, pero Lipsky tiene esperanzas de que la verdad acabe saliendo a la luz.
Unos documentos descubiertos por WDFAA Channel 8, filial de ABC Dallas, muestran que Range Resources no consiguió mejorar sus actividades de perforación a pesar de que se le exigió por parte de los propios estándares de la industria. Doug Allmand, un ingeniero especialista de la Comisión de Ferrocarriles, es consciente de esta situación. Este ingeniero envió a Range Resources una notificación de violación el 10 de agosto de 2010. Según el Dr. Payne, un científico contratado por Lipsky procedente de Pennsylvania —estado en el que las actividades de fracturación hidráulica han contaminado pozos en casos similares—, lo más probable es que estas actividades produjesen la contaminación del pozo de los Lipsky y de sus vecinos.
En estos momentos, Steve Lipsky está trabajando junto con el abogado Brent M. Rosenthal, quien está tramitando una acción de cumplimiento en la Corte Suprema de Texas, en la que solicita desestimar las restantes reclamaciones por difamación y descrédito empresarial realizadas por Range Resources contra Steven Lipsky.
«Voy a reivindicar, como ya hice ante el Tribunal de Apelaciones de Fort Worth, que las reclamaciones de Range Resources carecen de fundamento y amenazan el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda de Steve Lipsky y de cualquiera que hable de asuntos que son de interés público. Espero que las organizaciones que luchan por los derechos de la Primera Enmienda y por la justicia social, al igual que aquellos involucrados en el movimiento ecologista, sientan interés por el caso y nos ayuden a persuadir al tribunal de que rechace las demandas de Range Resources contra los Lipsky», afirmó Rosenthal.
Lipsky está agobiado por los costes de los juicios y el gasto del transporte de agua potable de una ciudad cercana hasta su casa. Está preocupado por su futuro, ya que la casa de sus sueños se ha devaluado. Asimismo, también le inquieta saber que sus vecinos viven bajo la amenaza de una explosión de gas catastrófica.
El estrés también le está pasando factura a su salud, pues sufre de tensión alta. Sin embargo, Lipsky ya no teme que su vivienda vaya a explotar, ya que ha cerrado el pozo como medida de precaución.
En una cultura en la que la industria petrolera y gasífera invierte millones en campañas de RP y contrata a representantes con una formación militar en operaciones psicológicas para intimidar a los ciudadanos; en la que existe el riesgo de hostigamiento a las agencias reguladoras y científicos cuando ofrecen resultados que no son “favorables para la industria”; donde los abogados no aceptan los casos de clientes que luchan contra la industria por miedo a perder negocios con los productores de energía; y donde la campaña de donativos de la industria corrompe a políticos y jueces hasta las más altas instancia. ¿Cuánta gente plantará cara como lo ha hecho Steve Lipsky?
A continuación, Lipsky advierte a las personas que viven en zonas donde se realiza fracturación hidráulica:

Traducción del artículo “Fracking Victim Sued for Defamation After Proving Drinking Water Flammable” pulbicado por Ecowatch el 7 de noviembre del 201

Industria avala la búsqueda de petróleo en Columbretes en contra del PP valenciano

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NACHO MARTÍN CASTELLÓ El Ministerio de Industria ha dado un revés al PP Valenciano y a la Generalitat al avalar los permisos de exploración petrolífera en el entorno de la reserva marina de Columbretes (a una distancia de 19 kilómetros), un proyecto ante el que el Gobierno Valenciano mostró una oposición sin precedentes -incluso con recursos judiciales- para preservar los valores ecológicos y turísticos.
A pesar de las peticiones de la Generalitat, Industria ha dado luz verde provisional a la fase de estudios sísmicos en busca de petróleo en el entorno de la reserva marina de Columbretes (a 19 kilómetros) y ha trasladado la petición de la multinacional Cairn Energy para que sea evaluada por el Ministerio de Medio Ambiente, que deberá dar el visto bueno definitivo, según confirmaron fuentes de la multinacional Cairn Energy y del ministerio.
El PP valenciano y la Generalitat Valenciana bombardearon al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero enarbolando la bandera ecologista y exigieron una paralización inmediata de cualquier prospección. Sin embargo, la llegada del PP a la Moncloa pareció diluir la preocupación de la Generalitat Valenciana por el archipiélago volcánico.
Antes de las elecciones generales de diciembre, el propio conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, convocó de urgencia a la Junta Rectora de la Reserva Natural de Columbretes para que se emprendiera acciones legales contra los permisos de prospecciones petrolíferas del Ministerio de Industria. El Consell mantiene los recursos judiciales contra el Ministerio de Industria, pero los visos de éxito son más que inciertos y el PP valenciano ha renunciado a batallar en la arena política contra un Gobierno de su propio partido. No en vano, la Generalitat confirmó oficialmente que ha desistido de exigir la prohibición de las prospecciones petrolíferas en Columbretes ante el Congreso de los Diputados.
El discurso conservacionista de la Generalitat tampoco se ha traducido en un incremento de los recursos económicos para la protección del entorno, sino en una reducción de los mismos. De hecho, la conselleria recortó en un 36% el presupuesto de la reserva natural para 2012 y redujo la consignación de 676.500 a 436.900 euros. Este año, la Generalitat Valenciana ya ha ratificado un ERE de la empresa Vaersa que dejará el paraje de Columbretes con un único técnico para coordinar todas las labores de conservación, atención al público y educación ambiental.
Ante este escenario, los colectivos ecologistas que se oponen a la explotación de petróleo en Columbretes acusan al Partido Popular valenciano y a la Generalitat de haber utilizado la bandera del ecologismo únicamente como un arma arrojadiza contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Organizaciones ecologistas piden explicaciones sobre el Proyecto Castor a la Comisión Europea

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Varias organizaciones han enviado hoy una carta abierta al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión Europea (CE) cuestionando el Proyecto Castor, financiado por una iniciativa de ambas instituciones. En la carta se destaca el impacto para el Medio Ambiente y para la seguridad pública que supone el proyecto y se advierte sobre los muy posibles costes que los contribuyentes tendrán que asumir con su cierre. Advierte sobre el peligro de arriesgar más dinero público en iniciativas empresariales blindadas frente al fracaso.

La carta, entregada esta mañana en Barcelona, pide “clarificaciones institucionales” sobre los intereses financieros y la financiación del proyecto. Un total de 14 organizaciones, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, figuran entre las firmantes.

El coste del Proyecto Castor de almacenamiento de gas está cuantificado en 1.634 millones de euros de inversiones y “se trata del primer proyecto financiado por la Iniciativa de Bonos para Proyectos Europa 2020, un mecanismo financiero destinado a captar fondos de los mercados financieros para generar beneficios privados con grandes proyectos de infraestructura [1]. Se caracteriza por usar fondos públicos para garantizar la rentabilidad o aumentar la atracción en forma de productos como garantías o préstamos, para crear condiciones más favorables a la participación privada”.

Las organizaciones recuerdan que la construcción del almacén de gas natural se enmarca dentro del plan de estimular los mercados de capitales para financiar grandes proyectos de infraestructuras (mediante bonos proyecto – conocida como “Europe 2020 Project Bond Initiative”) con el fin de crear nuevos activos financieros con los que la industria financiera puede especular y crear beneficios privados, al tiempo de comprometer a los Estados miembro de la UE a garantizar la puesta en marcha y el funcionamiento de estas infraestructuras.

El instrumento se puso en marcha este verano [2] y fue aclamado como un éxito después de lograr una emisión de deuda de 1.434 millones de euros en los mercados financieros de los cuales EUR 300 millones vinieron del BEI a través de la compra directa de bonos. El BEI aprobó además una línea de crédito de 200 millones más para dar liquidez adicional a los inversores (ACS y Dundee Energy).

Pero el proyecto tuvo que ser detenido después de la serie sísmica que dio lugar a 600 mini-terremotos, alcanzando 4,2 grados en la escala de Richter. Los firmantes de la carta exigen el cierre y desmantelamiento permanente del proyecto.

En caso de que el proyecto se cierre, los contribuyentes deberán asumir muy posiblemente el costo del proyecto en forma de deuda pública ya que el contrato con la empresa incluye una cláusula por la que el Estado español está obligado a hacerse cargo del valor neto de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo, del operador del proyecto [3]. El gobierno intervino ante el Tribunal Supremo en un intento de eliminar esta cláusula, pero su solicitud fue rechazada recientemente.

“La iniciativa Bonos Proyectos Europa 2020 se ha promovido como una forma irresponsable y cortoplacista para financiar grandes proyectos de infraestructura pero a la hora de la verdad, los riesgos del proyecto Castor son asumidos plenamente por las arcas públicas , que ya están bajo presión extrema debido al rescate bancario y el endeudamiento público por las nefastas políticas económicas y financieras del Gobierno y de la UE. Al final, será nuevamente la ciudadanía quien pagará este coste inútil que incrementará la deuda ilegítima española La vieja historia con la que estamos tristemente familiarizados  desde el inicio de la crisis “, dice Mònica Guiteras del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG).

“Venimos denunciando los riesgos ambientales y de salud para la población desde hace años. La serie de terremotos en una zona que cuenta con tres centrales nucleares y los riesgos denunciados de fugas de gas prueban que nuestras preocupaciones son reales”, dice Tom Kucharz de Ecologistas en Acción . “Nuestra pregunta a la instituciones europeas es ¿Cómo pueden -en tiempos de recortes sociales y políticas de ‘austeridad’, seguir gastando ingentes cantidades de dinero público en grandes infraestructuras inútiles y en contra del interés de las mayorías de la población?” añade Kucharz.

Elena Gerebizza, experta en financiamiento de infraestructuras por la organización italiana Re:Common y miembro de la plataforma europea CounterBalance: “Hemos estado advirtiendo de los riesgos financieros relacionados con la Iniciativa de Bonos Proyectos Europa 2020 desde que se lanzó la idea. Mecanismos como éstos no son beneficiosos para el interés público, ya que están especialmente diseñados para utilizar fondos públicos con el fin de limitar el riesgo de los inversores privados y proporcionar capital barato para el prestatario. El proyecto Castor demuestra que cuando las cosas van mal, serán los ciudadanos de la UE quienes toman el riesgo. Tememos escenarios similares para otros proyectos que serán financiados a través de la Iniciativa Europe 2020 Project Bonds [4]. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones para detener la fase piloto de la Iniciativa Proyecto Bond y cancelar este tipo de mecanismos”.

Notas:

[1] La Iniciativa Proyecto Bond funciona como un mecanismo de mejora crediticia de los bonos de un proyecto. Al ofrecer la garantía del BEI es capaz de mejorar la calificación crediticia de los bonos mal valorados con el objetivo de atraer a más inversores institucionales y reducir el ratio al que el promotor puede emitir deuda.

[2] Watercraft Capital S.A es la sociedad que se estableció en Luxemburgo con el propósito de emitir los bonos para refinanciar el proyecto Castor.

[3] El operador del Proyecto Castor es Escal UGS, propiedad de ACS de España y Dundee Energy del Canadá.

[4] Varios proyectos de transporte y energía están en la polémica lista de proyectos de interés común que fue lanzada por la Comisión la semana pasada y que se prevén financiar mediante la Europe 2020 Project Bond Initiative