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37 ciudades españolas superan los niveles recomedados de contaminación

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El aire en España se deteriora. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este martes un informe que revela que, de las 46 urbes españolas estudiadas, 37 incumplen los niveles recomendados de contaminación. La Línea de la Concepción es la que presenta peores datos y la que tiene el aire más limpio es Las Palmas.

El informe hace un análisis de la calidad del aire en 1.600 ciudades de 91 países, del que se desprende que más de la mitad de la población mundial respira aire contaminado. “La situación empeora en casi todos los lugares, especialmente en los países en desarrollo“, ha señalado María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. También registran alta contaminación los países del Golfo Pérsico y del Sudeste asiático.

Pero las ciudades españolas tampoco salen bien paradas. El estudio ha analizado 46 urbes nacionales y los resultados revelan que sólo 9 tienen los índices de contaminación recomendados por la OMS. La urbe con peor calidad del aire es La Línea de la Concepción, en el sur, y la que tiene el aire más limpio Las Palmas de Gran Canaria.

CIUDADES ESPAÑOLAS MÁS CONTAMINADAS

  1. La Línea de la Concepción, Cádiz (18 microgramos/m3)
  2. Toledo (17 microgramos/m3)
  3. Málaga (17 microgramos/m3)
  4. Barcelona (16 microgramos/m3)
  5. Granada (16 microgramos/m3)
  6. Jaén (16 microgramos/m3)
  7. Logroño (16 microgramos/m3)
  8. Sevilla (16 microgramos/m3)
  9. Valencia (14 microgramos/m3)
  10. Pamplona (14 microgramos/m3)
  11. Mataró, Barcelona (14 microgramos/m3)
  12. Jerez de la Frontera, Cádiz (14 microgramos/m3)
  13. Burgos (14 microgramos/m3)
  14. Cartagena, Murcia (14 microgramos/m3)
  15. Santander (13 microgramos/m3)
  16. Córdoba (13 microgramos/m3)
  17. Torrejón de Ardoz, Madrid (13 microgramos/m3)
  18. Bilbao (13 microgramos/m3)
  19. Castellón de la Plana (13 microgramos/m3)
  20. Majadahonda, Madrid (12 microgramos/m3)
  21. Salamanca (12 microgramos/m3)
  22. Elche, Alicante (12 microgramos/m3)
  23. Ferrol, Galicia (12 microgramos/m3)
  24. Guadalajara (12 microgramos/m3)
  25. Móstoles, Madrid (12 microgramos/m3)
  26. San Fernando, Cádiz (12 microgramos/m3)
  27. Talavera de la Reina, Toledo (12 microgramos/m3)
  28. Zaragoza (12 microgramos/m3)
  29. Oviedo (12 microgramos/m3)
  30. Alcorcón, Madrid (12 microgramos/m3)
  31. Gijón, Asturias (12 microgramos/m3)
  32. Elda, Alicante (11 microgramos/m3)
  33. Ciudad Real (11 microgramos/m3)
  34. Madrid (11 microgramos/m3)
  35. Albacete (11 microgramos/m3)
  36. Alicante (11 microgramos/m3)

El informe ha medido el nivel de las partículas contaminantes PM 2,5, las más pequeñas y más perjudiciales ya que pueden penetrar directamente en los pulmones. El nivel “razonable” de estas partículas es una media anual de hasta 10 microgramos por metro cúbico. Si la presencia es mayor se puede considerar que existe contaminación perjudicial para la salud y si es menor, que el aire es limpio.

Las altas concentraciones de las partículas finas se asocian con un gran número de muertes causadas por infartos y ataques cerebrales, por lo que la OMS advierte de que residir en ciudades donde los niveles son dos veces y media los recomendados “pone a la población en riesgo de padecer problemas de salud a largo plazo“.

CIUDADES ESPAÑOLAS CON MEJOR CALIDAD DEL AIRE

  1. Las Palmas de Gran Canaria (6 microgramos/m3)
  2. Arrecife, Islas Canarias (6 microgramos/m3)
  3. Marbella (7 microgramos/m3)
  4. Cáceres (8 microgramos/m3)
  5. Palma de Mallorca (8 microgramos/m3)
  6. Santiago de Compostela (8 microgramos/m3)
  7. Telde, Canarias (8 microgramos/m3)
  8. Benidorm (9 microgramos/m3)
  9. Badajoz (9 microgramos/m3)
  10. San Sebastián (10 microgramos/m3)

Los datos se refieren a años diferentes (desde 2008 a 2012) y han sido recopilados a través de sistemas de medición distintos, por lo que el organismo rehusa hacer una clasificación jerárquica de las urbes más y menos contaminadas.

Dicho esto, del informe se desprende que entre las ciudades más contaminadas del planeta se encuentran Nueva Delhi, Dacca, Ulan-Bator, Pekín y Karachi en Asia; Abu Dabi, Doha, y El Cairo en Oriente Medio; Dakar y Accra en África; y Sofía y Ankara en Europa. En América Latina, la ciudad con peores indicadores es Lima, y la que tiene un aire más limpio es Salvador de Bahía.

El pasado marzo, la OMS reveló que más de siete millones de personas mueren anualmente en el mundo a causa de la contaminación ambiental, ya sea fuera o dentro del hogar, lo que convierte a la polución en el principal riesgo medioambiental para la salud.

Medio Ambiente autoriza las prospecciones en busca de petróleo en Canarias

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El Ministerio ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al ‘Proyecto de perforación de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9′, que se desarrollarán con un buque de posicionamiento dinámico a unos 60 kilómetros de la costa canaria. El permiso “no implica en ningún caso la extracción de petróleo” y está condicionado a la aplicación de medidas de prevención y corrección “ante hipotéticos sucesos accidentales”.

La DIA aprobada reconoce que el proyecto tiene “una serie de impactos” previstos en la realización del sondeo e incluye medidas “preventivas y correctoras”. En concreto, se han analizado medidas de control de fuentes lumínicas, ruido y ripios y lodos procedentes de los sondeos. Además, REPSOL tendrá la obligación de sellar los pozos tras los sondeos y realizar un análisis semanal de las aguas marinas afectadas.

Autorización con condiciones

Por otra parte, la autorización incluye también una serie de medidas correctoras para “garantizar la no afección” a la Red Natura 2000 ni a los espacios propuestos como Lugares de Interés Comunitario (LIC) marinos. El Ministerio ha concluido en su declaración que “no se producirán impactos adversos significativos” siempre que el promotor, en este caso Repsol, adopte las medidas correctoras previstas.

Asimismo, asegura que en la evaluación ambiental del proyecto ha intervenido un equipo multidisciplinar que ha aplicado “rigurosos conocimientos científicos” para determinar las medidas más adecuadas para que el proyecto pueda llevarse a cabo con las máximas garantías ambientales. En este procedimiento, se han aplicado criterios científicos y técnicos tanto en la identificación de los posibles impactos cómo en la determinación de las medidas de control.

Sin embargo, los cinco grandes grupos ecologistas de nuestro país, como Greenpeace o WWF, ya han mostrado su rechazo a esta decisión del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que han calificado ya como “atentado” contra los ricos espacios marinos de las Islas Canarias

La PAC no es cuestión de dinero, sino de sostenibilidad”

GENEVIÉVE SAVIGNY | DE CONFÉDÉRATION PAYSANNE

“La PAC no es cuestión de dinero, sino de sostenibilidad

La reforma de la PAC está provocando la creación de distintas redes y pequeñas movilizaciones en Europa que reivindican la solidaridad frente a la competencia.

- El futuro de la agricultura a debate

Izaskun Sánchez Aroca (Redacción)
Jueves 3 de noviembre de 2011.  Número 160

Geneviéve Savigny es agricultora, secretaria general del sindicato agrario francés Confédération Paysanne y representante de la coordinadora europea Vía Campesina. Ante un panorama europeo en el que la pequeña agricultura está seriamente amenazada, Savigny apuesta por favorecer lo local y permitir que sean los pequeños agricultores y agricultoras los que definan su propia política agrícola.

DIAGONAL: ¿Cuál es el posicionamiento de la Vía Campesina Europa frente a la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC)?

GENÉVIEVE SAVIGNY: Realmente desde Vía Campesina Europa no luchamos en contra de la PAC, sino por otra PAC, por otros modelos de política agraria en Europa, ya que el actual no es bueno para la pequeña agricultura ni para las consumidoras. El marco de la política agraria en Europa es el neoliberalismo. Un neoliberalismo que se centra en la competitividad de los precios, algo que enfrenta a los países. Creemos que hay que superar esa rivalidad y fomentar lazos de solidaridad y cooperación y luchar por unos precios justos y una agricultura sostenible.

D.: Parece que las reformas de la PAC han ido de la mano del neoliberalismo económico.

G.S.: Lo que están haciendo desde hace algunos años es suprimir todas las medidas de control de los mercados, con lo cual se fomentan las importaciones en vez de la producción local, que es lo que debería protegerse. Ahora uno de los mayores problemas es la volatilidad de los precios. Los agricultores y agricultoras ven muy difícil sacar adelante su producción ya que no saben cuánto les van a pagar. Pero la Comisión Europea, en cambio, afirma que no es bueno que los mercados estén sometidos a medidas de control, así que se centran en dar subsidios a la agricultura para compensar. Lo cual hace que todo sea mucho peor, ya que los subsidios además se reparten de manera muy injusta tanto entre los países como entre los agricultores y agricultoras. Si tienes mucha tierra recibes mucho dinero y si eres una pequeña agricultora casi no recibes nada. Así que queremos que la PAC cambie, que se cambien los mercados para que la pequeña agricultura pueda vivir de su producción, que haya unos precios dignos.

D.: Esta reforma llega además en un momento en el que la Unión Europea está firmando distintos Tratados de Libre Comercio. ¿Es algo casual?

G.S.: No, no es casual. Creo que la reforma ahonda más en ese liberalismo y que realmente no se quiere cambiar nada en la PAC a pesar de que se diga lo contrario. Es cierto que en la propuesta sí han incluido algunas medidas aparentemente más “verdes” pero es de cara a la galería, como res-puesta a una sociedad que parece que cada vez está más concienciada con el medioambiente. Estas medidas es cierto que pueden ser positivas pero son insignificantes en comparación con los verdaderos problemas como la sostenibilidad de una agricultura familiar, que además es de verdad muy beneficiosa para el entorno.

D.: En el Estado español, la PAC ha implicado la reconversión de multitud de cultivos, ha tenido consecuencias muy negativas en sectores como el lácteo y está provocando el abandono del campo, ¿ha ocurrido algo similar en Francia?

G.S.: Sí. En Francia por ejemplo en cuatro o cinco años de crisis se ha pasado de unas 120.000 personas que producían leche a 70.000. Y esto es algo que, efectivamente, se puede extrapolar a muchos otros sectores. En el campo francés está habiendo un éxodo increíble. Los pequeños agricultores y agricultoras no pueden mantener sus granjas, se ven obligados a venderlas y a buscar otro trabajo.

D.: ¿Estáis creando algún tipo de redes en Europa para reivindicar esa otra Política Agraria que comentabas?

G.S.: Claro. De hecho consideramos que es absolutamente necesaria la creación de redes que vayan más allá de las fronteras. Parece que en muchos casos los países sólo se preocupan por la cantidad de dinero que reciben y no por cómo éste se distribuye. Desde Vía Campesina Europa apostamos por crear esa red que luche a favor de la pequeña agricultura y por un sistema digno de producción y distribución. De hecho es algo que no atañe sólo a Europa, sino a todo el mundo.

D.: ¿Y os habéis reunido con algún representante de la Unión Europea?

G.S.: Estamos en conversaciones con la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeo. Les llevamos nuestras propuestas. Además, en cada país, las organizaciones y sindicatos que forman parte de Vía Campesina se están reuniendo con los ministros o ministras de Agricultura, pero no siempre es fácil.

Declaración alimentaria europea

FoodSovCap es una red formada por más de un centenar de organizaciones internacionales y europeas cuyo eje de trabajo es la reforma de la PAC a través de los principios de la Soberanía Alimentaria. Así lo han plasmado en la Declaración Alimentaria Europea donde reclaman una Política Agrícola y Alimentaria Común “sana, sostenible, justa y de mutuo apoyo” en la que se tengan en cuenta entre otros, los siguientes principios: que se reconozca la alimentación como un derecho humano universal, y no simplemente como una mercancía, o que se garantice una agricultura y producción alimentaria libre de transgénicos.

Soria crea la ‘ronda del gas’ para evitar otra ‘reforma a cuchillo’ en el sector energético

 

 

 

El ministro de Industria, José Manuel Soria, está dispuesto a recuperar su liderazgo político en el mercado energético aprovechando la inminente reforma gasista. El objetivo es llegar a un pacto urgente con las compañías distribuidoras de gas que haga olvidar los sinsabores provocados por la reforma eléctrica entre las grandes empresas generadoras de energía eléctrica. La llamada ‘ronda del gas’ ha sido constituida por el secretario de Estado, Alberto Nadal, quien ya se ha reunido con las cinco grandes empresas del sector.

La reforma gasista afecta principalmente a Enagás como operador del sistema y a las cuatro distribuidoras que cubren el territorio nacional, repartido entre Gas Natural Fenosa, Naturgas, Madrileña de Gas y Redexis. Los primeros ejecutivos de estas cinco entidades, Antonio Llardén, Rafael Villaseca, Manuel Menéndez, Pedro Mielgo y Fernando Bergasa, han desfilado por el Ministerio de Industria en las últimas semanas con el fin de perfilar un marco de negociaciones que permita sellar un acuerdo antes del próximo verano.

El principal cometido de la reforma se resume en la eliminación de la deuda tarifaria que también se empieza a acumular peligrosamente en el mercado del gas. Aunque las comparaciones con el sector eléctrico son especialmente odiosas porque las magnitudes no se parecen ni de lejos, lo cierto es que el Gobierno empieza a temer que la fisura del sector gasista abra otro boquete en la política energética llevada a cabo en España.

El ministro sitúa el saldo del agujero actual en torno a los 400 millones de euros pero la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha encendido las alarmas apuntando la necesidad de abordar medidas urgentes para que esta cifra no se dispare de forma desproporcionada a lo largo de los próximos meses. Según el organismo regulador, la relación entre los ingresos y los costes determina un desequilibrio estructural en el sector, que en 2014 superará los 800 millones de euros.

Con estas premisas la CNMC no ve otra solución que el incremento de los peajes, correspondiente a la parte regulada del sistema, lo que repercutirá tarde o temprano en una subida de la factura para los clientes empresariales y los hogares. El problema que se plantea es de la misma naturaleza que el padecido en el sector eléctrico donde el derroche de infraestructuras durante la pasada era de la abundancia se traslada ahora sobre las espaldas del sufrido consumidor. Todo ello a expensas de que la cotización de la materia prima no suba en los mercados internacionales disparando aún más el recibo final a pagar.

Plan de ajustes a seis años

La única forma de evitar la que se avecina pasa por un acuerdo sectorial en el que las empresas gasistas acepten un recorte de los ingresos por peajes en un horizonte a medio plazo. El Gobierno propone un plan a seis años, hasta 2020, para reducir los costes del sistema de manera estructural con la garantía de enjugar la deuda de tarifa acumulada sin incurrir en nuevos déficits futuros. La cuadratura del círculo dependerá de la capacidad de los operadores para aquilatar sus cuentas de resultados de manera voluntaria antes de que el Ministerio de Industria decida afilar el alfanje con todas las consecuencias.

Las tensiones vividas con el sector eléctrico, que han terminado por socavar las relaciones de confianza entre el regulador y las empresas reguladas, acechan como un fantasma en este epílogo de reformas energéticas. No hay que olvidar que uno de los principales afectados es también ahora Gas Natural, que ya ha recibido lo suyo por su paternidad en la antigua Unión FenosaEl papel de Enagás como transportista del sistema, participado por la SEPI, puede ser decisivo esta vez para apaciguar los ánimos y restaurar las relaciones con el equipo técnico de Alberto Nadal.

El secretario de Estado ha dado muestras sobradas de no casarse con nadie cuando los intereses son encontrados y las opciones más bien escasas. Tras el desgaste sufrido con los ‘reyes del kilovatio’ los responsables energéticos han perdido el temor a los oligopolios. No parece que los menos beligerantes ‘príncipes de la termia’ se encuentren en disposición de echar otro pulso a unos gobernantes curtidos en batallas mucho más sangrantes
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El ‘agujero’ del Castor pone en guardia al sector del gas por temor a una reforma feroz Leer más: El ‘agujero’ del Castor pone en guardia al sector del gas por temor a una reforma feroz

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La reforma del gas afronta un escollo fenomenal, que determinará la dureza del ajuste que prepara el tándem Soria-Nadal. Y es que los más de 200 millones de retribución anual comprometida con el almacén Castor condicionan decisivamente los números que se hacen en el Ministerio de Industria, si es que finalmente tienen que abonarse. Las diferentes empresas afectadas no dudan en deslizar sotto voce su inquietud, en parte por la falta de feed-back del Gobierno respecto al futuro del depósito, paralizado por haber provocado más de 500 terremotos en el norte de Castellón y el sur de Cataluña a la vuelta del pasado verano.

Los números cantan. El ministro sitúa el saldo negativo del gas en torno a los 400 millones de euros al cierre de 2013, si bien fuentes empresariales lo acercan más a los 300. Los últimos datos oficiales publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifraban el desajuste en 638 millones a mes de diciembre, si bien restan dos liquidaciones para dar por cerrado el ejercicio y, según explican fuentes del sector, lo normal es que el montante se reduzca hasta el entorno que plantean Soria y las compañías. Aunque el agujero está muy alejado del generado por un déficit eléctrico descontrolado, Industria quiere atajarlo ya para evitar males mayores, sobre todo a la vista del problema estructural que se otea.

Y con esa premisa, ¿qué partidas se pueden contener? Los costes regulados se concentran en dos rúbricas. En primer lugar, en los costes de infraestructura básica. Según las prospecciones que maneja el sector, estos gastos alcanzaron el año pasado los 1.438 millones de euros -488 en abonar la regasificación; 47 en sufragar el almacenamiento, y 903 en pagar el transporte-. La otra gran partida es la distribución, que se habría llevado 1.467 millones. Aunque la recuperación económica y el aumento de la demanda debería ayudar a los ingresos, el ajuste sólo puede hacerse mediante un recorte de la retribución de las actividades reguladas y/o un incremento de los peajes, lo que tarde o temprano repercutirá en una subida de la tarifa para hogares y clientes empresariales. En esa ecuacion se mueve el Ministerio.

“Las empresas están dispuestas a asumirlo, siempre y cuando la rebaja no sea tan brutal que les estrangule y no les permita crecer”, exponen fuentes próximas a las conversaciones. Y ahí es donde entra el Castor, instalación propiedad de Escal UGS, firma controlada por ACS. De hecho, sólo ese proyecto se lleva en compensaciones la mitad del déficit acumulado. Las recibirá por diferentes vías, de acuerdo con los cálculos que ha hecho el sector. En primer lugar, como retribución financiera y por amortización de la inversión, debería embolsarse en torno a 180 millones al año. Además, para pagar la operación/explotación del almacenamiento y sufragar el denominado gas colchón, se apuntaría otros 70 millones.

No a la vía judicial

En total, fondos cercanos a los 250 millones anuales, que deberían compensarse vía ingresos o con otros ajustes. Pese a sus esfuerzos iniciales por buscar negligencias en el almacén y no pagar a ACS, el Ministerio preferiría no judicializar más el conflicto. Todo después de que el Tribunal Supremo rechazara en octubre pasado la demanda del Estado para eliminar una cláusula del contrato entre las partes según la cual los propietarios del Castor tendrían derecho a una compensación por reversión del proyecto. Inicialmente, Soria no cerró puerta alguna, agarrándose a que el fallo sí deja claro que no cabría indemnización si se hubiera producido conductas dolosas o culposas que lleven al cierre del depósito. Algo no fácil de probar.

Como telón de fondo, la pésima planificación energética firmada por los ejecutivos socialista y popular. No en vano y según la patronal Sedigas, las inversiones en infraestructuras del sistema gasista español no han disminuido un ápice durante la crisis, pese a que no eran en absoluto necesarias en pleno desplome de la demanda por la recesión económica. Es más, se han incrementado en un 6%. En este sentido y entre los años 2006 y 2008, las inversiones alcanzaron una media de 1.245 millones de euros. En el periodo 2009-2012, años que invitaban a las restricciones, se situaron en un promedio de 1.325 millones, llegando a los 1.616 millones en 2011. Instalaciones en muchos casos innecesarias para la operación actual, pero que deben retribuirse. Un disparate.

Sin contar el descontrol en el coste de los proyectos, vía ‘modificados’. El Castor, cuyo presupuesto se situaba inicialmente en 700 millones, alcanzó una inversión de 1.700. Como publicó El Confidencial, el secretario de Estado, Alberto Nadal, ha llamado a consultas a las cinco grandes empresas del sector para aquilatar la reforma. Los Enagás, Gas Natural Fenosa, Naturgas, Madrileña de Gas y Redexis ya han desfilado por el Ministerio con el objetivo de cerrar un acuerdo antes del verano. Las empresas tienen miedo y no lo ven claro, pero quieren verlo. E Industria quiere evitar más problemas tras el drama vivido en el sector eléctrico. Un escenario inmejorable para la entente. Si los números cuadran…

Nuevo terremoto de 2,1 grados en las inmediaciones del almacén Castor

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Alcanar. (Tarragona). (EFE).- Los sismógrafos han detectado un nuevo terremoto de 2,1 grados en la escala de Richter en las proximidades del almacén submarino de gas natural Castor, situado frente a las costas del Delta del Ebro y de la localidad castellonense de Vinaroz.

El seísmo se produjo a las 20.43 horas de ayer(14/04/2014) y se registró a una profundidad de unos 9 kilómetros, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar.

Los expertos consideran que la inyección de gas puede haber provocado la oleada de seísmos (más de 300) que se han producido en la zona desde comienzos del pasado mes de septiembre, la mayoría de baja intensidad.

El Ministerio de Industria ordenó el pasado 26 de septiembre(2013) el cese temporal de la actividad de extracción de gas en la planta para investigar las causas del aumento de la actividad sísmica en la zona.

Registrado un nuevo terremoto en las inmediaciones del almacén de gas Castor

Tuvo lugar el lunes con una intensidad de 2,1 en la escala de Richter

Desde el pasado mes de septiembre se han registrado más de 300

EFE – ALCANAR (TARRAGONA) 15.04.2014

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Un nuevo terremoto de 2,1 en la escala de Richter se ha registrado este lunes en las proximidades del almacén submarino de gas natural Castor, situado frente a las costas del Delta del Ebro y de la localidad castellonense de Vinaroz, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento.

El seísmo se produjo a las 20.43 horas del lunes y se registró a una profundidad de unos 9 kilómetros, según los datos recogidos por la agencia Efe.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar.

Los expertos consideran que la inyección de gas puede haber provocado la oleada de seísmos (más de 300) que se han producido en la zona desde comienzos del pasado mes de septiembre, la mayoría de baja intensidad.

El Ministerio de Industria ordenó el pasado 26 de septiembre el cese temporal de la actividad de extracción de gas en la planta para investigar las causas del aumento de la actividad sísmica en la zona.

‘Fracking’: todas las claves de una técnica polémica

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El Congreso de los Diputados está debatiendo el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que marcará los requisitos que se pedirán en el futuro para garantizar la seguridad ambiental de cualquier instalación que se realice después de su aprobación. La norma controlará, entre muchas otras cosas, los impactos ambientales de infrestructuras como el almacén de gas Castor, que está provocando seísmos en las costas de Castellón y Tarragona. Pero también regulará las garantías de la extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica o ‘fracking’ que se quiere desde el Gobierno implementar en España en los próximos años.

¿Qué es el ‘fracking’?

Es una nueva forma de extraer gas natural para la que hay que perforar el lugar escogido y romper estratos rocosos de pizarra a gran profundidad en el subsuelo (hasta 5.000 metros bajo la superficie). Para ello se inyecta agua a presión mezclada con arena y sustancias químicas, algunas de ellas muy contaminantes, en el subsuelo para extraer las pequeñas burbujitas de este gas impregnadas en la roca.

¿Cómo está la tecnología en España?

En España, aún no se ha iniciado ninguna prospección. No obstante, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha manifestado en muchas ocaiones que España no puede permitirse el lujo de perder de esta forma la carrera para la obtención de gas natural. Pero la defensa de Soria de la técnica va siempre acompañada de la coletilla de que cualquier permiso de exploración necesita una declaración de impacto ambiental favorable. Para la industria, la necesidad de informes ambientales retrasa los plazos para solicitar autorizaciones para investigar el potencial gasístico de una zona de los cuatro meses que se tardaba hasta ahora, a los 18 meses que tardarán en lo sucesivo.

¿Afecta a los acuíferos?

Sin embargo, para los ecologistas esto no es suficiente. Uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos es la posibilidad de que las aguas subterráneas cercanas a las explotaciones resulten contaminadas. Este tipo de gas no convencional se encuentra impregnado en la roca en pequeñas burbujitas y no en bolsas, como es habitual, por lo que su extracción es más difícil y costosa. Para lograrlo, la industria tiene que perforar túneles de hasta 5.000 metros de profundidad e introducir agua a presión mezclada con arena, productos químicos y, en ocasiones, incluso pequeños explosivos.

En España, el 80% de los permisos de investigación pedidos o concedidos está situado sobre acuíferos. Y, según un informe de Ecologistas en Acción, de ese 80%, el 56% son acuíferos calcáreos, mucho más sensibles a esta técnica debido a la capacidad de esta roca para que el agua circule.

La industria, representada por Shale Gas España, asegura que la fractura hidráulica se realiza a mucha más profundidad de la que alcanzan los acuíferos y que la parte superior se protege con tubos de acero y cemento de alta calidad para evitar la contaminación. Sus portavoces reconocen que el líquido que se recupera es un porcentaje menor del que se inyecta, pero aseguran que éste no tiene impactos sobre el terreno.

¿Puede producir terremotos?

Otro de los posibles riesgos del fracking es la capacidad que tiene la técnica para interferir en la sismicidad de una zona. Un estudio publicado en la prestigiosa revista científica ‘Science’ el pasado mes de julio relaciona los terremotos con la inyección de la mezcla química utilizada para extraer el gas mediante esta técnica. Según esa investigación realizada por cientíicos de la Universidad de Columbia (EEUU), el fracking en sí es capaz de generar miniseísmos de poca magnitud, de 3,6 en la escala Richter como máximo. Sin embargo, una técnica utilizada para deshacerse de los líquidos contaminantes que se extraen del proceso, que consiste en inyectar ese líquido en pozos subterráneos a gran profundidad, sí puede producir terremotos de magnitudes mayores, hasta 5,7 en la escala Richter, según otro estudio publicdo en ‘Geology’.

No obstante, Shale Gas España asegura que estos riesgos se pueden controlar haciendo estudios geológicos y evitando las zonas inestables, algo que, según aseguran desde la propia organización, en Europa se exigirá de forma obligatoria.

¿Qué perspectivas de futuro tiene?

En España hay multitud de permisos solicitados y algunos concedidos para investigar el potencial gasístico. La industria estima que el ‘fracking’ podría cubrir las necesidades de gas españolas actuales durante 70 años. Para los ecologistas esa cifra es muy optimista y creen que en realidad no cubriría ni 35 años.

Los peligros del fracking para la salud

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Hasta ahora, las organizaciones ecologistas han sido las voces más críticas con los daños mediambientales del fracking, una técnica para extraer gas de las ‘entrañas’ de la tierra. Sin embargo, a partir de ahora habrá que vigilar también muy de cerca los posibles riesgos para la salud derivados de algunos de los ‘ingredientes’ que emplea esta polémica tecnología.

El fracking, también bautizado como fractura hidráulica, consiste en perforar el suelo para llegar a profundidades de hasta 5.000 metros; una vez allí, se inyecta en el subsuelo agua a presión mezclada con arena y cientos de sustancias químicas para extraer el gas natural. Pues bien, estos ingredientes, los mismos que preocupan a los ecologistas por sus daños al medioambiente, pueden ser también nocivos para la salud según un artículo publicado en la revista ‘Endocrinology’.

Científicos de la Universidad de Missouri (EEUU), encabezados por Susan Nagel (del departamento de Obstetricia de esta institución), han analizado cientos de compuestos químicos de los que se añaden al agua para perforar la roca en varios puntos del Condado de Garfield, en Colorado -una región con más de 10.000 perforaciones de gas-, y compararon su composición con muestras obtenidas en localizaciones sin ninguna instalaciones de fracking.

Sus conclusiones advierten que al menos 100 de los más de 750 compuestos químicos que se emplean en la fractura hidráulica son conocidos por sus efectos hormonales para el ser humano. Concretamente, los investigadores analizaron 12 de ellos y advierten de su conocida capacidad como disruptores endocrinos. Es decir, en contacto con las hormonas del organismo humano, estas sustancias son capaces de alterar funciones sexuales, reproductivas, causar infertilidad, anomalías genitales, e incluso diabetes y algunos tipos de cáncer.

Como explica a EL MUNDO David Rojas-Rueda, epidemiólogo del centro de Investigación Ambiental CREAL, no es el primer trabajo que advierte de los posibles perjuicios para la salud de estas instalaciones (de las que no hay aún en funcionamiento ninguna en nuestro país).

Ya un estudio publicado en 2012 en ‘Science of the Total Environment’ alertaba de los riesgos derivados de las emisiones al ambiente de partículas contaminantes, como hidrocarburos y bencenos, que “son considerados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

A su juicio, el problema es que muchas de las sustancias que emplean estas prospecciones afectan a muchos órganos, “no se quedan sólo en el sistema respiratorio, la piel o el sistema digestivo [si se ingieren a través de agua contaminada, por ejemplo] sino que son capaces de atravesar el epitelio y afectar al sistema inmunitario, cardiovascular… Un estudio en EEUU, por ejemplo, observó un 60% de aumento del riesgo de cáncer en la población que vivía a un kilómetro a la redonda de estos puntos”.

‘Imitadores’ de hormonas

En el trabajo que ahora se publica no se analizan concretamente los efectos de estas sustancias, por ejemplo, en trabajadores de estas perforaciones o a través de la contaminación de acuíferos cercanos, como sostienen los grupos ecologistas que se oponen a la fractura hidráulica. Pero sí señala que estos mismos compuestos -que en otros trabajos han mostrado sus riesgos para el ser humano- se usan habitualmente en el fracking. “Con el auge de estas instalaciones, la población se enfrenta a un riesgo creciente derivado de los disruptores endocrinos”, advierte Nagel en una nota de prensa divulgada por su universidad.

Una idea en la que coincide Miquel Porta, responsable de la Unidad de Epidemiología del Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona (IMIM). “Lo primero que uno piensa cuando lo lee es: ‘no, por favor, otra cosa más no’. Ya vivimos todo el día una sopa de hormonas, como para añadir ahora el fracking”. Aunque admite que él no es un especialista en esta técnica de extracción de gas, señala que tanto el equipo de investigadores como la revista en la que aparece el estudio tienen la máxima seriedad. “Los efectos que describen son muy frecuentes en los disruptores endocrinos. A mi juicio es importante que no sólo se hable de los riesgos para el medio ambiente o los animales, sino también para el ser humano”.

En su opinión, el estudio debería -al menos- captar la atención de las autoridades sanitarias españolas (donde el Ministerio de Industria sí ha mostrado su beneplácito a esta fuente de energía). “Hay una corriente internacional de mucha preocupación por los riesgos para la salud de los disruptores endocrinos, incluso a dosis muy bajas. La evidencia está ahí, y cualquier actividad que aumente esos niveles es preocupante”, concluye.

El grupo de Rojas-Rueda en el CREAL prepara también un proyecto para investigar los efectos del fracking en España, en poblaciones cercanas a alguno de los proyectos previstos. “Lo que nosotros decimos es que hay evidencia suficiente para, al menos, solicitar una evaluación sobre el impacto para la salud antes de autorizar estas prospecciones, igual que se hace con las evaluaciones de impacto ambiental”.

Por su parte, fuentes de Shale Gas España han insistido en que la aplicación de buenas prácticas y la legislación medioambiental garantizan la protección del medio ambiente y de las personas. En nuestro país, señalan, la legislación exige una declaración de impacto ambiental por cada pozo que se vaya a explorar (incluida una valoración “de potenciales impactos que puedan alterar el bienestar de la población”), una medida que es mucho más estricta que la vigente en EEUU, donde hay prospecciones con varias décadas de antigüedad y sin los mismos controles. “Si en otros países se han identificado riesgos potenciales, los incidentes reportados se deben a errores operacionales. Una buena gestión sobre el terreno y la regulación adecuada de todos los aspectos de la exploración (como la captura del gas o el adecuado uso y almacenamiento de fluido de fracturación) son esenciales para minimizar los riesgos para el medio ambiente y la salud”, han indicado.

Sobre el estudio en cuestión, señalan que la cifra de 750 compuestos químicos que mencionan los autores no es exacta: “la familia de aditivos que se puede utilizar es amplia (más de 500), pero eso no significa que en cada pozo se vayan a utilizar todos. Al contrario, se utilizan 10-12 y en proporciones muy bajas (0,5%)”

Informe atribuye a causas naturales los seismos cuasados por los trabajos de explotación de hidrocarburos.

FUENTE

El informe llega justo un día previo a la manifestación de los vecinos de Torreperogil ante el Ministerio de Fomento. Dos fallas de no gran tamaño “son las causantes” de las series sísmicas en la comarca jiennense de La Loma, según el estudio oficial que ha coordinado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el que se descarta que puedan estar inducidas por la mano del hombre. Precisamente este origen natural y el nivel actual de conocimientos en la materia hace que no se pueda saber si pueden producirse o no nuevos terremotos o su posible alcance.

Así lo ha indicado en rueda de prensa Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional, integrada en el IGN, y que se ha encargado de coordinar los trabajos de los distintos grupos que han participado en el estudio y que en España son “punteros”, desde el CSIC al Instituto Geológico Minero de España, el Colegio Oficial de Geólogos, la Comisión Española de Geodesia y Geofísica y las universidades de Jaén, Granada y Navarra.

Su objetivo ha sido “intentar responder a las preguntas que los ciudadanos” de la zona, sobre todo de las localidades más afectadas, Torreperogil y Sabiote, se han hecho desde que comenzó este fenómeno hace algo más de un año. En este sentido, ha dejado claro que no se puede dar una “respuesta segura al cien por cien”, ya que se necesita tiempo, punto en el que ha puesto como ejemplo que en Murcia, una de la zonas con más actividad, se lleva investigando “siglos”, mientras que en la comarca jiennense se ha empezado a tener datos a partir de esta serie.

Con estas premisas, Carreño ha hablado de conclusiones “que pueden parecer muy sencillas”, pero de las que ya están “completamente seguros”. La primera y “más importante” es que “no son de origen antrópico”, de modo que no existe “sismicidad inducida por el hombre”, como podría ser derivada por la técnica del ‘fracking’.

Su origen es “tectónico” y, además, la “inmensa mayoría” de los grupos de expertos no está de acuerdo “con que tenga su causa en la hidrosismicidad”. Sólo el de la Universidad de Navarra “sigue apuntando la posibilidad de que hay que tener en cuenta” esta teoría que incide en la influencia del agua, por ejemplo subterránea o por su comportamiento en embalses, como sería el cercano del Giribaile.

Dos fallas que hasta ahora se desconocían

Focalizando en las dos poblaciones, se ha comprobado mediante distintas técnicas que “existen al menos dos estructuras o dos fallas que hasta ahora se desconocían”. Están separadas “aproximadamente entre uno y dos kilómetros entre ellas y a una profundidad que puede estar en torno a cuatro kilómetros”. “Son las causantes y el origen de estos terremotos”, ha apostillado el director de la Red Sísmica Nacional, quien ha destacado que esta serie es de la que “más datos se tiene” en “toda la historia” del país.

Así las cosas y con los conocimientos actuales en geofísica, no se puede asegurar, en tanto se debe a la acción de la naturaleza, “si puede haber o no más terremotos” y hasta dónde podrían llegar. “Habría que conocer exactamente qué longitud tiene esa falla o qué parte se va a mover. No podemos asegurar absolutamente nada. Sólo nos podemos basar en lo que se ha podido estudiar y en lo que aparentemente se ha visto hasta ahora, no hay grandes estructuras, de gran tamaño, ni parece que estas fallas sean muy grandes de longitud, con lo cual nos lleva a pensar que tampoco puedan producir terremotos grandes”, ha comentado.

El informe “ayudará a tranquilizar a los vecinos”

Al hilo, ha anunciado que el próximo miércoles se trasladarán a Torreperogil y Sabiote para explicar directamente y de la forma más sencilla y comprensible posible el resultado de esta investigación que, en todo caso, no será la última, ya que los grupos más implicados en Geología como la el de la Universidad de Jaén “van a seguir” y desde el IGN también estarán vigilantes. De hecho, mantiene una estación de medición en la primera localidad y la UGR tiene otra en Sabiote.

Por su parte, los alcaldes de ambos municipios, Josefa Caballero y Luis Miguel López, se han mostrado satisfechos de poder contar con un informe oficial que, en su opinión, ayudará a tranquilizar a los vecinos ante un fenómeno que ha causado mucha incertidumbre, al igual que el propio desplazamiento de expertos para abordarlo con los ciudadanos.

Para pedir rapidez en sus conclusiones, el Ayuntamiento de Torreperogil había convocado para este viernes una concentración ante el Ministerio de Fomento, en Madrid, cuyo mantenimiento o no se decidirá esta tarde en una reunión de urgencia de la Corporación, según ha apuntado Caballero.

López, de su lado, ha dicho quedarse con el “compromiso por parte de todos” de continuar estudiando este fenómeno en el que se han contabilizado más de 2.200 seísmos. El regidor sabioteño ha recordado que en ambos municipios se pusieron en marcha planes de emergencia locales “para ir sensibilizando a la población” e “ir mentalizando en el día a día” de “la existencia de fallas, aunque son pequeñas”