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Escorcollen les oficines de la Ciutat de les Arts i les Ciències pel cas Urdangarin

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La policia judicial escorcolla aquest divendres les oficines de l’empresa pública Ciutat de les Arts i les Ciències SA (Cacsa) de València, després que tres alts càrrecs de l’administració valenciana compareguessin dimecres davant el fiscal que instrueix el cas en el qual hi ha implicat Iñaki Urdangarin, gendre del rei d’Espanya i duc de Palma, per explicar els detalls dels contractes signats entre la Generalitat i l’Institut Nóos.

José Salinas, director del Valencia Convention Bureau, la fundació controlada per l’Ajuntament de la ciutat, Jorge Vela, director de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) entre 2005 i 2009, i José Manuel Aguilar, que va dirigir Cacsa entre 2002 i 2005, són els tres alts càrrecs que van declarar.

Fa un mes, ja es van presentar a la seu de la conselleria de Presidència i a la de la Ciutat de les Arts i les Ciències diversos agents per demanar, per ordre del jutge instructor del cas Palma Arena, informació de la relació de la Generalitat Valenciana amb l’Institut Nóos.

Els documents sol·licitats es referien a dos contractes subscrits el 2004 i 2005 per les dues entitats amb la societat que va fundar i va presidir Urdangarin, segons han indicat fonts del govern valencià a l’agència Europa Press.

Segons aquestes fonts, la informació facilitada a la policia és d’un contracte de la Cacsa del 2004 per a la celebració de l’esdeveniment València Summit i un altre subscrit el 2005 per la Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la Comunitat, de la conselleria de Presidència, amb l’Institut Nóos.

En el primer dels casos, el contracte de Cacsa de 2004 es va subscriure per a la celebració del València Summit, una cimera internacional sobre organització de grans esdeveniments esportius, que es va celebrar durant tres anys i per la qual es va pagar 450.000 euros per cada anualitat.

En relació amb aquest contracte, les mateixes fonts han puntualitzat que l’expedient ha estat objecte de fiscalització per la Sindicatura i el Tribunal de Comptes, que van determinar la inexistència de responsabilitat i van estimar que estava “plenament justificada” la legalitat de les actuacions que va realitzar Cacsa.

Sobre l’altre conveni, es va signar el 2005 per la llavors Societat Gestora per a la Imatge estratègica i Promocional de la Comunitat el 2005, amb una durada de dos anys, tenia l’objectiu de preparar el País Valencià per ser seu d’uns jocs europeus, que finalment no es van fer.

En aquest cas, es va pagar 382.000 euros pel treball realitzat, un 6% del total establert en el conveni.

Així mateix, les mateixes fonts del govern valencià han al·legat que aquest conveni es va dur a terme “dins de la més estricta legalitat” i prèvia justificació de la despesa per l’Institut Nóos i, segons l’informe de fiscalització de la Intervenció General, no hi havia cap irregularitat.

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La Policía registra oficinas de la Generalitat Valenciana en la investigación del ‘caso Gürtel’

La Policía ha efectuado este jueves un registro en dependencias de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana ordenado por el magistrado que investiga una supuesta financiación irregular del PPCV y una presunta prevaricación de la Generalitat relacionada con la trama Gürtel. Según han informado fuentes del caso, los agentes que han acudido a estas oficinas, ubicadas en el número 30 de la Avenida de Aragón, en Valencia, buscaban archivos informáticos relacionados con la contratación de la empresa Orange Market, de la trama Gürtel, para el montaje del expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo Fitur. Esta diligencia está relacionada con la tercera de las piezas que componen la causa instruida por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que indaga si existió irregularidad en la citada contratación de la firma que gestionaba Álvaro Pérez, el Bigotes. Los agentes han abandonado las citadas dependencias de la conselleria sobre las 13.30 horas, acompañados de un secretario judicial. El Gobierno de la Generalitat Valenciana ha mostrado su “máxima colaboración” durante este registro, según han explicado fuentes del Ejecutivo autonómico.

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La Policía Judicial registra la Agencia Valenciana de Turismo

La Policía ha acudido hoy a las dependencias de la Conselleria de Turismo en Valencia para comprobar correos electrónicos a petición del juez que investiga una supuesta financiación irregular del PPCV y una presunta prevaricación de la Generalitat relacionada con la trama Gürtel.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano, los archivos están relacionados con la tercera pieza de la causa, que investiga supuestos delitos de prevaricación y cohecho en la contratación de Orange Market para el montaje del expositor de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).
La comprobación se ha practicado a petición de una de las partes personadas en la causa, que ha pedido que la Dirección General de la Conselleria de Turismo permitiera el acceso al ordenador de una funcionaria de la Agencia Valenciana de Turismo.
Los agentes han abandonado las dependencias de la Conselleria ubicadas en el número 30 de la avenida de Aragón sobre las 13.30 horas, acompañados de un secretario judicial.
La consellera de Cultura, Turismo y Deporte, Dolores Johnson, ha explicado que la visita que la Policía ha realizado a las instalaciones de su departamento tenía por objeto contrastar unas “informaciones concretas” referidas a los pliegos del contrato que se firmó con Orange Market para Fitur 2005.
En los pasillos de Les Corts Valencianes, Johnson ha explicado que el juez ha solicitado el acceso a “dos ficheros” muy concretos relacionados con la adjudicación que desde Turismo se hizo a Orange Market para el montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en el certamen turístico. La consellera ha señalado que parte de esta información ya había sido remitida a los juzgados, pero ha considerado “normal” que cuando se trata de “informaciones muy complejas” el juez pida aclaraciones, que desde el Gobierno valenciano han dado y seguirán dando.
Johnson ha informado de que la Conselleria sabía que la Policía iba a acudir hoy a las oficinas de la avenida de Aragón y se ha mostrado convencida de que después de haber hecho “el seguimiento” de los archivos “in situ” se habrán llevado copia. Ha insistido en que la colaboración con la justicia en este tema es constante y ha declarado que se les pide “mucha documentación” que se va aportando, independientemente de que en algunos casos, como éste, decidan comprobar “algunos extremos”.
Esta diligencia está relacionada con la una de las piezas que componen la causa instruida por el Tribunal Superior de Justicia valenciano , que indaga si existió irregularidad en la citada contratación de la firma que gestionaba Álvaro Pérez “el Bigotes”.
Las otras dos piezas que completan la causa, en la que hasta el momento hay veintiséis imputados, son presunto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 y supuesta falsedad documental en las generales de 2008
El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Antonio Torres, ha calificado de “insostenible” el hecho de que la Generalitat aparezca “un día sí y otro no vinculada a casos de corrupción que dañan gravemente la imagen de la Comunitat Valenciana “.
Torres ha tachado de “muy preocupante” la actuación de la Policía y se ha preguntado si estará vinculada “al caso de financiación ilegal del PP, al caso Nóos” o si se tratará de “alguna nueva sorpresa”.
El diputado ha recordado que su grupo ha solicitado toda la información relativa a los expedientes de las empresas relacionadas con la trama Gürtel y hasta ahora, ha denunciado, no se les ha dado acceso a consultar “ni uno solo” de ellos.

La Policia Judicial ha registrado la Agencia Valenciana de Turismo por el caso Gürtel

La Policia Judicial ha registrado la Agencia Valenciana de Turismo. Los agentes, por orden del juez, han analizado desde las 9 hasta las 13.30 horas los archivos informáticos en una pieza separada de Fitur en el ‘caso Gürtel’ -el juez investiga los supuestos delitos de financiación irregular, delito electoral y relacionados con la supuesta contratación irregular de Orange Market para los stands de Fitur-. Por el momento los policías no han detenido a nadie ni se han llevado material de la sede. Han abandonado la sede acompañados de un secretario judicial.
Estos días pasados han circulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana las exconselleras de Turismo Angélica Such y Milagrosa Martínez, así como el exjefe de Gabinete Rafael Betoret, todos ellos en condición de imputados. Se trata de una pieza separada del ‘caso Gürtel’ que afecta a la adjudicación del stand de Fitur a Orange Market, empresa de trama que lideraban Francisco Correo y Álvaro Pérez ‘el Bigotes’. El instructor de la causa, José Ceres, es quien está tomando declaración tanto a altos cargos como a técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo.
El magistrado ha citado a declarar hasta la fecha por la causa sobre la supuesta financiación irregular del PP a un total de 26 personas. El primero en declarar fue el jefe del servicio de Promoción en la Agencia Valenciana de Turismo, Jorge Guarro, llamado como imputado en relación con las adjudicaciones, entre 2005 y 2009 del stand de la Comunitat Valenciana en Fitur a Orange Market. Otros comparecientes han sido el exvicepresidente Vicente Rambla, el exnúmero dos del PPCV Ricardo Costa, las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such (ahora secretaria primera de la Mesa de Les Corts), y los dirigentes del PPCV David Serra y Yolanda García.
En el fondo del proceso, varios informes de la UDEF relatan la existencia de una trama, de la que formarían parte los cabecillas de Gürtel (citados a declarar a mediados del mes de mayo), dirigentes del PP y un total de cinco empresas constructoras que, supuestamente, habrían financiado de forma irregular a los populares durante los años investigados. De hecho, se explicitan una serie de pagos realizados en A (denominados Alicante) con IVA, que la formación atendía religiosamente. Y otros en B (Barcelona) que el PP no pagaba y la trama corrupta ofertaba a empresarios, que de este modo hacían llegar el dinero al partido.
El Gobierno de la Generalitat ha mostrado su “máxima colaboración” durante este registro, según han explicado fuentes del ejecutivo autonómico.

Prácticas cotidianas en la red que serán multa con la ‘ley Antiprotesta’

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Apenas acaba de aprobarse el anteproyecto de ley, pero la ley de Seguridad Ciudadana en ciernes ya ha merecido el calificativo de “ley mordaza”. La mayor parte de sus artículos, en total 55, frente a los 39 de su antecesora, laLOPSC de 1992, regulan el ejercicio de las libertades y los derechos de los ciudadanos en los espacios públicos, pero no le corresponde a Teknautas analizar esa parte del texto, sino sus aspectos relativos a internet.

18-12-2013 – Teknuatas.

Precisamente, en la introducción del anteproyecto, entre las razones esgrimidas por el Gobierno para argumentar la pertinencia de la nueva ley orgánica (aquellas relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas) se hace una mención específica a la evolución de las nuevas tecnologías y su vinculación con los movimientos sociales en los últimos años.

Desde la promulgación de la vigente Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, nuestra sociedad ha sufrido notables cambios, de manera especial en el ámbito de las TIC’s (que no existían en 1992 tal como las conocemos hoy) y hemos podido comprobar la aparición de nuevas conductas violentas y antisociales que debemos tener en cuentaDice así: “Desde la promulgación de la vigente ley orgánica de Seguridad Ciudadana, nuestra sociedad ha sufrido notables cambios, de manera especial en el ámbito de las TIC’s (que no existían en 1992 tal como las conocemos hoy) y hemos podido comprobar la aparición de nuevas conductas violentas y antisociales que debemos tener en cuenta”.

En ese sentido, además de la inclusión de una serie de artículos completamente novedosos para atajar esas conductas, muchas relativas a la difusión de mensajes a través de la red (“por cualquier medio”, esta es la coletilla introducida para abarcar todo el espectro tecnológico de la comunicación), el nuevo texto recibirá también el trasvase de una serie de faltas, en previsión de la desaparición de esta figura en la reforma del nuevo código penal, actualmente en trámite.

De este modo, muchas de estas faltas se transformarán en delitos leves. Pero en el texto que nos atañe se convertirán en infracciones administrativas. “Ciertos comportamientos dejan de ser sancionables en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo”, reza el anteproyecto. Es decir, habrá multas. Repasemos una serie de prácticas habituales hoy en internet que la nueva ley de Seguridad Ciudadana sancionará con dureza.

CONVOCAR POR INTERNET UNA PROTESTA EN JORNADA DE REFLEXIÓN ELECTORAL: MULTA DE 30.001 A 600.000 €

Uno de los artículos previstos en la nueva ley es una respuesta evidente contra movimientos como el 15-M, que precisamente alcanzó su máximo apogeo en el período previo a las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011. Aunque la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, ya contemplaba arrestos y multas por la celebración de “reuniones y actos públicos de propaganda electoral” desde la finalización de la campaña hasta la culminación del proceso electoral, la nueva ley ampliará las sanciones a todo tipo de movimientos sociales.

Aunque internet no tuvo tanto que ver en este caso, siendo el SMS el formato protagonista de esta convocatoria, con la fórmula del Pásalo, hoy también común en Whatsapp, lo ocurrido en la jornada previa a las elecciones generales de 2004, tras los atentados del 11 de marzo, fue un caso similar. Se considerará una infracción muy grave.

CONVOCAR POR INTERNET UNA PROTESTA EN UNA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA: MULTA DE 30.001 A 600.000 €

Según la Ley 8/2011, de 28 de abril, se consideran infraestructuras críticas aquellas instalaciones “estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales” del Estado.

El Congreso es la más mediática de este tipo de infraestructuras. En los últimos tiempos se ha convertido en escenario habitual de las manifestaciones impulsadas por el movimiento Rodea el Congreso, aunque desde hace años en todo el territorio nacional son habituales las concentraciones en los alrededores de distintas instalaciones públicas: en plataformas como Change.org estas convocatorias son el pan nuestro de cada día. Con la nueva ley, la convocatoria vía internet de reuniones “no comunicadas o prohibidas” en lugares críticos supondrá duras multas. Se considerará una infracción muy grave.

INSULTAR A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O INCITAR AL ODIO EN LAS REDES SOCIALES: MULTA DE 1.001 A 30.000 €

Según el anteproyecto de ley se considerarán infracciones graves “las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio”, canales entre los que también se encuentran las redes sociales, donde a diario circulan miles de expresiones y mensajes de este tipo. El Estado, la propia Corona o comunidades autónomas como Cataluña reciben cada día su ración de ultrajes.

Del mismo modo, está previsto que la nueva ley sancione aquellas “manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos o que inciten, promuevan, ensalcen o justifiquen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo, la violencia contra la mujer, o cualquier forma de discriminación”. Ambos tipos de acciones se considerarán infracciones graves.

INSULTAR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LAS REDES SOCIALES: MULTA DE 100 A 1.000 €

En la misma línea, aunque en este caso se considerará una infracción leve, con una multa inferior, en el antreproyecto también se recogen las sanciones previstas para aquellas “manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos, así como la falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.

En los últimos años, hemos visto cómo una serie de políticos han abandonado paulatinamente las redes sociales, en muchos casos para no tener que enfrentarse a los insultos y amenazas, como Elena ValencianoEn los últimos años, hemos visto cómo una serie de políticos han abandonado paulatinamente las redes sociales, en muchos casos para no tener que enfrentarse a los insultos y amenazas, como Elena Valenciano. Cristina Cifuentes se mantiene en la brecha de Twitter, siendo uno de los cargos públicos más insultados, aunque todos reciben su ración de descalificaciones.

Lo mismo ocurre en el caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo en días de manifestación, y en la mayoría de los casos centradas en el colectivo de los antidisturbios. En este hilo de Foropolicía podemos encontrar algunas opiniones de los agentes (ojo, en este foro también existen trolls) sobre el anteproyecto.

DIFUNDIR IMÁGENES DE UN AGENTE DE POLICÍA EN LAS REDES SOCIALES: MULTA DE 100 A 1.000 €

Las restricciones de la nueva ley no parece que vayan a alcanzar las pretensiones del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien aseguró hace poco más de un año que el Gobierno estaba estudiando “la prohibición de la captación, reproducción y tratamiento de imágenes, sonidos y datos de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado” que se encontrasen “en el ejercicio de sus funciones”.

Todo apunta a que la toma de imágenes en las manifestaciones sí estará permitida, para no menoscabar el derecho constitucional a la información. Sin embargo, habrá restricciones en lo que se refiere a su difusión en internetFinalmente, todo apunta a que la toma de imágenes en las manifestaciones sí estará permitida, para no menoscabar el derecho constitucional a la información. Sin embargo, habrá restricciones en lo que se refiere a su difusión en internet en aquellos casos donde “el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad atente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen”, poniendo “en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de la operación”.

Se trata de una respuesta a las iniciativas nacidas en las redes sociales en los últimos años donde los ciudadanos identificaban a los agentes protagonistas de agresiones desproporcionadas en el marco de distintas protestas sociales.Se considerará una infracción leve.

Los privilegios de ser aforados

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Más de 10.000 cargos públicos se benefician en España de esta prerrogativa frente a ninguna en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.

El artículo 14 de nuestra Constitución, reza de éste modo: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Sin embargo, en la realidad de todos los días, este principio coexiste con el reconocimiento de fueros o privilegios para un conjunto de ciudadanos que en caso de tener que rendir cuentas ante la Justicia sus procesos no tendrán el mismo recorrido que los de un españolito de a pie. Son los llamados aforados, los sometidos a una jurisdicción particular.

España es sin duda el país del mundo con más población aforada. Solamente los cargos de origen político con este tipo de facultad pueden sobrepasar los 10.000, y dejando al margen a miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, que tienen su propio aforamiento, y que de tenerlos en cuenta su número se dispararía hasta los 200.000, según consta en el “Tratamiento Jurisprudencial de Aforamientos Procesales” (Agapea).

Muchas de las prerrogativas y regalías que disfruta nuestra casta política son injustas e improcedentes: beneficios materiales, económicos, políticos, fiscales, representativos… Una de esas ventajas es, además, impropia de un sistema político como el español, pues no existe en la mayoría de los Estados con los que nuestros políticos gustan compararse. Nos referimos pues al aforamiento que divide a los españoles en dos clases. La sobresaliente y privilegiada, constituida como se ha dicho anteriormente, por más de 10.000 individuos que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Congreso de los Diputados o de la correspondiente cámara autonómica, pues caso de otorgarse la señalada autorización, la competencia para su enjuiciamiento corresponde al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. El otro segundo grupo lo forman los modestos españoles del común.

En la mayoría de las causas el aforamiento suele justificarse con la necesidad de proteger la función pública ejercida por los aforados, de injustas influencias tendentes a alterar la composición de las cámaras y, con ello, la voluntad popular.

Mas si la mera existencia de prerrogativa suscita y crea desigualdad entre españoles, semejante justificación parece un verdadero despropósito en un Estado integrado en la Unión Europea, ya que, entre otras, Italia, Bélgica, Portugal y Francia lo adoptan exclusivamente para un reducido número de altos cargos.

Durante los últimos tiempos han estallado diversidad de casos de corrupción en los que podrían estar implicados responsables políticos aforados: el “caso Palau”, que implica a CIU; los ERE de los socialistas andaluces; el Galicia la “Pokémon”, y hasta el “caso Bárcenas”, que a saber cómo va a terminar. Por no hablar del “caso Campeón” que, aunque el ex ministro José Blanco haya salido indemne, el tráfico de influencias usado en su día a favor de un amigo parece decir que es harto difícil de ser probado (?). Sin olvidarnos, por supuesto, del “caso Palma Arena”, de Jaume Matas, ex ministro con Aznar y ex presidente de la comunidad de Baleares, al que después de varios años se le ha reducido la condena de prisión de 6 años a nueve meses, en este primer juicio aunque le faltan otros diecinueve. Pero con tanto retraso en las vistas…

Por ello, ¿por qué se consiente y se dan tantas largas para decretar justicia? ¿Qué opinión se tiene de la independencia, objetividad y profesionalidad del sistema judicial?

Sirvan de conclusión unas declaraciones del magistrado José Luis González Armengol, que manifestaba: “El aforamiento y algunas prerrogativas son una quiebra al principio de igualdad ante la ley. La tendencia en el derecho español, es reducir al máximo todo el ámbito de privilegio procesal, porque bajo mi punto de vista los privilegios de los políticos no tienen ninguna justificación”.

Bueno, pues eso: fuera fuero

Los aforados

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En estos tiempos que corren es normal oír en los medios de comunicación casos de si tal o cual político presuntamente culpable de algún delito es aforado polemizando sobre si ello supone o no un privilegio. Este mes vamos a ver que significa el término “aforado” o “el aforamiento”. El artículo 71, de la Constitución establece que los diputados y senadores estarán sometidos por una jurisdicción especial y que no podrán ser acusados formalmente sin el permiso del Congreso y Senado respectivamente.
El artículo 102 de la Constitución extiende la protección al presidente y al resto de miembros del Gobierno y la Ley Orgánica del Poder Judicial también estipula el aforamiento para los magistrados de los órganos superiores de Justicia, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. En cuanto a la Monarquía, el único aforado es el Rey. Los Estatutos de Autonomía han ampliado la condición de aforado a los cargos de sus instituciones como son Presidentes y Diputados e incluso otros miembros de los ejecutivos y en algunos casos a los defensores del pueblo regionales o funcionarios policiales. En definitiva que hay algunos que hablan de 10.000 aforados y otros de 250.000 aforados en España dependiendo de si se computan o no algunos cargo, lo que sí es seguro es que resulta en cualquier caso un número excesivo. La figura del aforamiento en otros países se ve limitada a los Presidentes del Gobierno (Francia, Portugal e Italia) y en ocasiones miembros del gobierno (Francia) o es inexistente (Reino Unido, Alemania, estados Unidos).

Por tanto y como opinión personal lo que ocurre en España es a todas luces un exceso. Algunos opinan que el aforamiento es perjudicial para el imputado porque se da notoriedad al ciertos asuntos que pudieran ser intrascendentales (una falta) al ser Juzgado por el Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia, además se les priva de poder recurrir las decisiones como al resto de los ciudadanos ante una instancia superior. Otros opinan que el aforamiento vulnera el principio de igualdad y el derecho al libre acceso a los tribunales de Justicia y por tanto no debería existir. D. José Luis González Armengol, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria y juez decano de Madrid opina que “ Hoy en día carece de sentido”; D. Joaquin Bosch , portavoz de Jueces para la democracia afirma que “se tendría que repensar la protección para determinados cargos públicos y que ésta sea proporcionada a lo que se pretende con la misma”, y D. Álvaro Marín, de la Asociación Profesional de la Magistratura cree que “en el caso de los políticos, la figura parece excesiva en algunos supuestos”.
Las tres asociaciones mayoritarias de Jueces en España coinciden a mi juicio en que lo que subyace aquí es la desigualdad. Opinan que “si el ciudadano de a pie se enfrenta a la administración de una forma general y sin ningún privilegio, lo razonable es que en el resto de casos, salvo motivos que justifiquen el aforamiento, se prescinda de él”. “Son excepciones al régimen general que afecta a cualquier ciudadano, y por tanto cualquier desigualdad de trato debe estar justificada y debe resultar proporcionada… hay muchos supuestos en los que no toda actuación de cargo público debe ser protegida. Se tendrían que acotar de una manera precisa cuáles son esos supuestos, tanto en el ámbito de las conductas delictivas como en el ámbito temporal al que se somete la protección.”, “quiebra el principio de igualdad ante la ley. La tendencia en todos los sitios, y también en el derecho español, es reducir al máximo todo el ámbito de privilegio procesal, porque bajo mi punto de vista los privilegios de los políticos no tienen ninguna justificación”.
En definitiva no son contrarios al aforamiento siempre que sea una excepción, deber ser justificado y fundamentado y sujeto a conductas determinadas fuera del ámbito personal y debe reducirse y estar circunscrito a ciertos cargos. Se debe revisar y acotar quién o quiénes pueden ostentar la condición de aforados de lo contrario solo hay que acceder a la condición de aforado para obtener un trato distinto al del resto de los ciudadanos de a pie