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Industria incluirá el coste del almacén Castor en la nueva reforma del gas

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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo diseñará la reforma del sistema gasista a partir de un escenario de costes en el que se incluya el relacionado con el almacenamiento subterráneo de gas de Castor, indicó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en un encuentro con la prensa.

La actividad de llenado de gas en este almacenamiento quedó suspendida el año pasado debido a los seísmo detectados en la zona. Pese a ello, la repercusión de su coste sobre la tarifa es previsible, ya sea por su hipotética entrada en operación o por la posibilidad de que los promotores reviertan la instalación al Estado.

Nadal indicó que Industria quiere tener “la máxima información” acerca de “qué hacer con los mil y pico millones” de coste de la infraestructura. “Tenemos que ser muy prudentes” y encontrar una solución que reconozca la inversión al “mínimo coste” para los consumidores, dijo.

Conforme a la cláusula del acuerdo de concesión de Castor en 2008, la empresa Escal UGS, participada por ACS y la canadiense CLP, tiene la opción de renunciar por escrito a la infraestructura. “Es ahí cuando el Gobierno tendrá que decidir cómo se paga”, indicó Nadal.

El secretario de Estado de Energía no precisó si Castor podrá entrar en operación. “La pregunta del millón no es saber qué ha pasado, sino saber qué va a pasar en caso de que funcione”, y por el momento “nadie” ha sido capaz de ofrecer una respuesta, dijo. “Tenemos que estar muy seguros” y recabar la información “llevará mucho tiempo”, añadió.

Junto a esto, reconoció que “hoy en día” el sistema gasista “no tiene necesidad” de este almacenamiento, que se construyó con unas previsiones de demanda muy superiores a las actuales. “Si empezáramos desde cero, diríamos que no a su construcción”, si bien “eso no quiere decir que dentro de diez años no se necesite”.

Por otro lado, Nadal ofreció algunos detalles acerca de la reforma del sistema gasista en la que trabaja el Gobierno, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. Industria se propone tener “las ideas claras” antes del 30 de junio e iniciar la tramitación en julio, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2015.

Para acabar con el déficit de tarifa de “700 u 800 millones de euros” el Gobierno fijará un “escenario razonable de evolución de demanda hasta 2020” y condicionará la revisión de la retribución a las variaciones de demanda. Este mecanismo ya se usaba en distribución y regasificación, y ahora se ampliará a otras actividades.

Medio Ambiente autoriza las prospecciones en busca de petróleo en Canarias

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El Ministerio ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al ‘Proyecto de perforación de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9′, que se desarrollarán con un buque de posicionamiento dinámico a unos 60 kilómetros de la costa canaria. El permiso “no implica en ningún caso la extracción de petróleo” y está condicionado a la aplicación de medidas de prevención y corrección “ante hipotéticos sucesos accidentales”.

La DIA aprobada reconoce que el proyecto tiene “una serie de impactos” previstos en la realización del sondeo e incluye medidas “preventivas y correctoras”. En concreto, se han analizado medidas de control de fuentes lumínicas, ruido y ripios y lodos procedentes de los sondeos. Además, REPSOL tendrá la obligación de sellar los pozos tras los sondeos y realizar un análisis semanal de las aguas marinas afectadas.

Autorización con condiciones

Por otra parte, la autorización incluye también una serie de medidas correctoras para “garantizar la no afección” a la Red Natura 2000 ni a los espacios propuestos como Lugares de Interés Comunitario (LIC) marinos. El Ministerio ha concluido en su declaración que “no se producirán impactos adversos significativos” siempre que el promotor, en este caso Repsol, adopte las medidas correctoras previstas.

Asimismo, asegura que en la evaluación ambiental del proyecto ha intervenido un equipo multidisciplinar que ha aplicado “rigurosos conocimientos científicos” para determinar las medidas más adecuadas para que el proyecto pueda llevarse a cabo con las máximas garantías ambientales. En este procedimiento, se han aplicado criterios científicos y técnicos tanto en la identificación de los posibles impactos cómo en la determinación de las medidas de control.

Sin embargo, los cinco grandes grupos ecologistas de nuestro país, como Greenpeace o WWF, ya han mostrado su rechazo a esta decisión del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que han calificado ya como “atentado” contra los ricos espacios marinos de las Islas Canarias

Sonora pitada de un centenar de personas contra la planta Castor

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Cerca de un centenar de personas se han concentrado este jueves en la plaza Parroquial de Vinaròs (Castellón), donde se ubica el Ayuntamiento y la iglesia Arciprestal, a las 20.00 horas en un nuevo acto de protesta en contra del proyecto Castor.

A la convocatoria, realizada por Internet por la Asamblea Ciudadana de Vinaròs, con el apoyo de otros colectivos, han llevado a cabo una “pitada popular” una hora antes del pleno ordinario del consistorio vinarocense.

Esta pitada ha sido convocada a raíz del informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que vincula este proyecto con el prolongado episodio de movimientos sísmicos sufridos en el norte de Castellón y sur de Tarragona el pasado otoño.

Durante la concentración, se ha pedido el desmantelamiento de las instalaciones del proyecto, que no se pague la indemnización a Escal-UGS y la depuración de responsabilidades políticas.

La asamblea ha lamentado la “falta de sensibilidad hacia la problemática de los terremotos mostrada por los alcaldes de Peñíscola y Vinaròs que han preferido hacer campaña electoral a reunirse con los alcaldes de los pueblos afectados por Castor”.

El déficit de tarifa amenaza con abrir el melón de las subidas en la factura del gas Leer más: El déficit de tarifa amenaza con abrir el melón de las subidas en la factura del gas – Noticias de Economía http://bit.ly/RJd6SW

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El gas natural es uno de los recibos familiares, junto con el de la luz, que se dispara en invierno. Pese a que este año el Gobierno anunció que congelaba la tarifa, lo cierto es que subió los peajes un 2,3%. El déficit de tarifa ha crecido de forma importante en los últimos dos años y los consumidores se preguntan si, al final, repercutirá en sus bolsillos. Lo mismo sucede con las bombonas de butano, los precios no cubren los costes, según denuncia el sector.

El Gobierno dice que trabaja en la reforma del gas natural para evitarlo, pero, de momento, de las posibles medidas no se sabe nada. “Se está trabajando en ello, pero todavía no hay plazos”, reconocen fuentes del Ministerio de Industria. “El Ejecutivo está hablando con los agentes del mercado en estos momentos”, explican fuentes empresariales del sector. “Estamos a expensas de que Industria nos diga algo”, añaden. Nadie se atreve a reconocer si el consumidor pagará, a corto plazo, el déficit. “Son las comercializadoras las que deberán decidir si trasladan o no el coste a sus clientes”, señalan en el Ministerio. Sin embargo, todo apunta a que el déficit se salvará elevando los peajes.

Los expertos del IESE señalan en un informe sobre el impacto del sector del gas en la economía que, “en el campo regulatorio, no está claro si el actual déficit coyuntural del sector se va a convertir en estructural y, en este caso, qué dimensión va a alcanzar”. Por eso, añaden, “es necesario encontrar los mecanismos para evitarlo”, porque, de lo contrario, “se creará a largo plazo un problema similar al del sector eléctrico”. La Comisión Nacional de la Energía ya advirtió a finales de 2012 que el déficit de tarifa en el sector del gas se ha ido consolidando y se podría “calificar de estructural”. El organismo consideraba hace un año que era “necesario revisar los ingresos y costes y establecer los ajustes necesarios en los peajes”.

El desfase se amplía

Fuentes del sector aseguran que no será así: “No se va a llegar a la situación en la que nos encontramos con la luz”. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) anunció a comienzos de este año que el déficit de tarifa del gas natural para 2014 alcanzaría los 813 millones (acumulado), frente a los aproximadamente 300 millones de déficit de hace dos años. Un desfase que asumen las compañías a la espera de que llegue la anunciada reforma, que tiene, entre sus objetivos principales evitar que el agujero entre ingresos y costes continúe agrandándose. La CNMC es partidaria de subir los peajes y reclamó el mes pasado al Gobierno que adopte medidas en este sentido.

El cálculo de la CNMC se hizo antes de que el Gobierno subiera los peajes un 2,3%, por lo que, “al aumentarse los ingresos se reducirá el déficit, que se situará en torno a los 750 millones”, explican estas fuentes, que prefieren hablar de “desajuste” y aseguran que es algo estructural y que “se solucionará con la orden de los peajes”. Estos peajes cubren el coste de la distribución, transporte y operadores, reguladores y gestores del sistema y suponen, aproximadamente, el 50% de la factura. Alrededor del 20% corresponde a impuestos y del 30%, al precio del gas.

Según anunció el regulador, 2013 se cerró con un déficit de 638 millones, lo que supone un incremento anual del 6,7%. Los ingresos netos obtenidos por el sector fueron de 2.566 millones euros a falta de dos liquidaciones, lo que representa un descenso del 4,5% interanual. Los costes totales reconocidos se elevaron a 3.205 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,5% interanual.

La bombona de butano, también deficitaria

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) alerta de que el déficit que tienen las operadoras que suministran la bombona de butano puede acabar, también, repercutiendo a los consumidores de forma similar al del sector eléctrico. Actualmente, su coste está establecido en 17,50 euros cada bombona, el tope legal para todo 2014. El sector dice, sin embargo, que está perdiendo unos dos euros por unidad y que, en realidad, debería tener un coste de  20 euros. Según José Luis Blanco, director general de la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP), el déficit acumulado desde 2013 asciende ya a 65 millones de euros.

La normativa que tiene el Ejecutivo para este sector establece que el precio de la bombona de butano nunca puede registrar oscilaciones al alza o a la baja superiores al 5%, independientemente de las fluctuaciones del mercado Este mecanismo prevé que las cantidades que no se cubran vía ingresos generan un déficit de tarifa que el sector podrá recuperar posteriormente.

La idea del departamento de José Manuel Soria es que ese déficit vaya desapareciendo cuando haya bajadas de precios en los meses posteriores y el precio quede establecido por encima del mercado. Sin embargo, desde AOGLP critican este sistema. “El problema es que cuando baja el precio de las materias primas, también baja el consumo y no podemos compensar las pérdidas”, explica Blanco.

Para el sector, la solución pasaría por liberalizar el mercado y establecer una bombona social para los sectores más desfavorecidos. Desde Adicae piden también una respuesta de Soria pero, lejos de apostar por una subida de precio, recuerdan que la bombona de butano ya cuesta un 63% más que en 2009.

“Llega un momento en que este problema va a tener que pagarlo el Gobierno o los consumidores, asumiendo  el coste de la bombona y el déficit del sector”, apunta Fernando Hererro, director de Comunicación de Adicae. “Establecer un precio máximo es una patada hacia delante. Debe abordarse un problema que afecta a ocho millones de usuarios”, apuntan desde Adicae. La asociación recuerda que el problema del déficit se está agravando en los últimos años por la caída de consumo de la bombona: ha descendido un 13% desde 2010.

Soria crea la ‘ronda del gas’ para evitar otra ‘reforma a cuchillo’ en el sector energético

 

 

 

El ministro de Industria, José Manuel Soria, está dispuesto a recuperar su liderazgo político en el mercado energético aprovechando la inminente reforma gasista. El objetivo es llegar a un pacto urgente con las compañías distribuidoras de gas que haga olvidar los sinsabores provocados por la reforma eléctrica entre las grandes empresas generadoras de energía eléctrica. La llamada ‘ronda del gas’ ha sido constituida por el secretario de Estado, Alberto Nadal, quien ya se ha reunido con las cinco grandes empresas del sector.

La reforma gasista afecta principalmente a Enagás como operador del sistema y a las cuatro distribuidoras que cubren el territorio nacional, repartido entre Gas Natural Fenosa, Naturgas, Madrileña de Gas y Redexis. Los primeros ejecutivos de estas cinco entidades, Antonio Llardén, Rafael Villaseca, Manuel Menéndez, Pedro Mielgo y Fernando Bergasa, han desfilado por el Ministerio de Industria en las últimas semanas con el fin de perfilar un marco de negociaciones que permita sellar un acuerdo antes del próximo verano.

El principal cometido de la reforma se resume en la eliminación de la deuda tarifaria que también se empieza a acumular peligrosamente en el mercado del gas. Aunque las comparaciones con el sector eléctrico son especialmente odiosas porque las magnitudes no se parecen ni de lejos, lo cierto es que el Gobierno empieza a temer que la fisura del sector gasista abra otro boquete en la política energética llevada a cabo en España.

El ministro sitúa el saldo del agujero actual en torno a los 400 millones de euros pero la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha encendido las alarmas apuntando la necesidad de abordar medidas urgentes para que esta cifra no se dispare de forma desproporcionada a lo largo de los próximos meses. Según el organismo regulador, la relación entre los ingresos y los costes determina un desequilibrio estructural en el sector, que en 2014 superará los 800 millones de euros.

Con estas premisas la CNMC no ve otra solución que el incremento de los peajes, correspondiente a la parte regulada del sistema, lo que repercutirá tarde o temprano en una subida de la factura para los clientes empresariales y los hogares. El problema que se plantea es de la misma naturaleza que el padecido en el sector eléctrico donde el derroche de infraestructuras durante la pasada era de la abundancia se traslada ahora sobre las espaldas del sufrido consumidor. Todo ello a expensas de que la cotización de la materia prima no suba en los mercados internacionales disparando aún más el recibo final a pagar.

Plan de ajustes a seis años

La única forma de evitar la que se avecina pasa por un acuerdo sectorial en el que las empresas gasistas acepten un recorte de los ingresos por peajes en un horizonte a medio plazo. El Gobierno propone un plan a seis años, hasta 2020, para reducir los costes del sistema de manera estructural con la garantía de enjugar la deuda de tarifa acumulada sin incurrir en nuevos déficits futuros. La cuadratura del círculo dependerá de la capacidad de los operadores para aquilatar sus cuentas de resultados de manera voluntaria antes de que el Ministerio de Industria decida afilar el alfanje con todas las consecuencias.

Las tensiones vividas con el sector eléctrico, que han terminado por socavar las relaciones de confianza entre el regulador y las empresas reguladas, acechan como un fantasma en este epílogo de reformas energéticas. No hay que olvidar que uno de los principales afectados es también ahora Gas Natural, que ya ha recibido lo suyo por su paternidad en la antigua Unión FenosaEl papel de Enagás como transportista del sistema, participado por la SEPI, puede ser decisivo esta vez para apaciguar los ánimos y restaurar las relaciones con el equipo técnico de Alberto Nadal.

El secretario de Estado ha dado muestras sobradas de no casarse con nadie cuando los intereses son encontrados y las opciones más bien escasas. Tras el desgaste sufrido con los ‘reyes del kilovatio’ los responsables energéticos han perdido el temor a los oligopolios. No parece que los menos beligerantes ‘príncipes de la termia’ se encuentren en disposición de echar otro pulso a unos gobernantes curtidos en batallas mucho más sangrantes
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El ‘agujero’ del Castor pone en guardia al sector del gas por temor a una reforma feroz Leer más: El ‘agujero’ del Castor pone en guardia al sector del gas por temor a una reforma feroz

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La reforma del gas afronta un escollo fenomenal, que determinará la dureza del ajuste que prepara el tándem Soria-Nadal. Y es que los más de 200 millones de retribución anual comprometida con el almacén Castor condicionan decisivamente los números que se hacen en el Ministerio de Industria, si es que finalmente tienen que abonarse. Las diferentes empresas afectadas no dudan en deslizar sotto voce su inquietud, en parte por la falta de feed-back del Gobierno respecto al futuro del depósito, paralizado por haber provocado más de 500 terremotos en el norte de Castellón y el sur de Cataluña a la vuelta del pasado verano.

Los números cantan. El ministro sitúa el saldo negativo del gas en torno a los 400 millones de euros al cierre de 2013, si bien fuentes empresariales lo acercan más a los 300. Los últimos datos oficiales publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifraban el desajuste en 638 millones a mes de diciembre, si bien restan dos liquidaciones para dar por cerrado el ejercicio y, según explican fuentes del sector, lo normal es que el montante se reduzca hasta el entorno que plantean Soria y las compañías. Aunque el agujero está muy alejado del generado por un déficit eléctrico descontrolado, Industria quiere atajarlo ya para evitar males mayores, sobre todo a la vista del problema estructural que se otea.

Y con esa premisa, ¿qué partidas se pueden contener? Los costes regulados se concentran en dos rúbricas. En primer lugar, en los costes de infraestructura básica. Según las prospecciones que maneja el sector, estos gastos alcanzaron el año pasado los 1.438 millones de euros -488 en abonar la regasificación; 47 en sufragar el almacenamiento, y 903 en pagar el transporte-. La otra gran partida es la distribución, que se habría llevado 1.467 millones. Aunque la recuperación económica y el aumento de la demanda debería ayudar a los ingresos, el ajuste sólo puede hacerse mediante un recorte de la retribución de las actividades reguladas y/o un incremento de los peajes, lo que tarde o temprano repercutirá en una subida de la tarifa para hogares y clientes empresariales. En esa ecuacion se mueve el Ministerio.

“Las empresas están dispuestas a asumirlo, siempre y cuando la rebaja no sea tan brutal que les estrangule y no les permita crecer”, exponen fuentes próximas a las conversaciones. Y ahí es donde entra el Castor, instalación propiedad de Escal UGS, firma controlada por ACS. De hecho, sólo ese proyecto se lleva en compensaciones la mitad del déficit acumulado. Las recibirá por diferentes vías, de acuerdo con los cálculos que ha hecho el sector. En primer lugar, como retribución financiera y por amortización de la inversión, debería embolsarse en torno a 180 millones al año. Además, para pagar la operación/explotación del almacenamiento y sufragar el denominado gas colchón, se apuntaría otros 70 millones.

No a la vía judicial

En total, fondos cercanos a los 250 millones anuales, que deberían compensarse vía ingresos o con otros ajustes. Pese a sus esfuerzos iniciales por buscar negligencias en el almacén y no pagar a ACS, el Ministerio preferiría no judicializar más el conflicto. Todo después de que el Tribunal Supremo rechazara en octubre pasado la demanda del Estado para eliminar una cláusula del contrato entre las partes según la cual los propietarios del Castor tendrían derecho a una compensación por reversión del proyecto. Inicialmente, Soria no cerró puerta alguna, agarrándose a que el fallo sí deja claro que no cabría indemnización si se hubiera producido conductas dolosas o culposas que lleven al cierre del depósito. Algo no fácil de probar.

Como telón de fondo, la pésima planificación energética firmada por los ejecutivos socialista y popular. No en vano y según la patronal Sedigas, las inversiones en infraestructuras del sistema gasista español no han disminuido un ápice durante la crisis, pese a que no eran en absoluto necesarias en pleno desplome de la demanda por la recesión económica. Es más, se han incrementado en un 6%. En este sentido y entre los años 2006 y 2008, las inversiones alcanzaron una media de 1.245 millones de euros. En el periodo 2009-2012, años que invitaban a las restricciones, se situaron en un promedio de 1.325 millones, llegando a los 1.616 millones en 2011. Instalaciones en muchos casos innecesarias para la operación actual, pero que deben retribuirse. Un disparate.

Sin contar el descontrol en el coste de los proyectos, vía ‘modificados’. El Castor, cuyo presupuesto se situaba inicialmente en 700 millones, alcanzó una inversión de 1.700. Como publicó El Confidencial, el secretario de Estado, Alberto Nadal, ha llamado a consultas a las cinco grandes empresas del sector para aquilatar la reforma. Los Enagás, Gas Natural Fenosa, Naturgas, Madrileña de Gas y Redexis ya han desfilado por el Ministerio con el objetivo de cerrar un acuerdo antes del verano. Las empresas tienen miedo y no lo ven claro, pero quieren verlo. E Industria quiere evitar más problemas tras el drama vivido en el sector eléctrico. Un escenario inmejorable para la entente. Si los números cuadran…

Nuevo terremoto de 2,1 grados en las inmediaciones del almacén Castor

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Alcanar. (Tarragona). (EFE).- Los sismógrafos han detectado un nuevo terremoto de 2,1 grados en la escala de Richter en las proximidades del almacén submarino de gas natural Castor, situado frente a las costas del Delta del Ebro y de la localidad castellonense de Vinaroz.

El seísmo se produjo a las 20.43 horas de ayer(14/04/2014) y se registró a una profundidad de unos 9 kilómetros, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar.

Los expertos consideran que la inyección de gas puede haber provocado la oleada de seísmos (más de 300) que se han producido en la zona desde comienzos del pasado mes de septiembre, la mayoría de baja intensidad.

El Ministerio de Industria ordenó el pasado 26 de septiembre(2013) el cese temporal de la actividad de extracción de gas en la planta para investigar las causas del aumento de la actividad sísmica en la zona.

Registrado un nuevo terremoto en las inmediaciones del almacén de gas Castor

Tuvo lugar el lunes con una intensidad de 2,1 en la escala de Richter

Desde el pasado mes de septiembre se han registrado más de 300

EFE – ALCANAR (TARRAGONA) 15.04.2014

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Un nuevo terremoto de 2,1 en la escala de Richter se ha registrado este lunes en las proximidades del almacén submarino de gas natural Castor, situado frente a las costas del Delta del Ebro y de la localidad castellonense de Vinaroz, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento.

El seísmo se produjo a las 20.43 horas del lunes y se registró a una profundidad de unos 9 kilómetros, según los datos recogidos por la agencia Efe.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar.

Los expertos consideran que la inyección de gas puede haber provocado la oleada de seísmos (más de 300) que se han producido en la zona desde comienzos del pasado mes de septiembre, la mayoría de baja intensidad.

El Ministerio de Industria ordenó el pasado 26 de septiembre el cese temporal de la actividad de extracción de gas en la planta para investigar las causas del aumento de la actividad sísmica en la zona.

La crisis ucrania multiplica el valor estratégico de Castor

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Europa quiere conectarse al gas de Argelia que circula por el gasoducto que atraviesa de sur a norte la Comunidad Valenciana – La carga de trabajo de la regasificadora de Sagunt aumentaría

17.04.2014 | 19:37

j. sierra valencia La crisis energética provocada por el conflicto de Ucrania y la posibilidad de que Rusia corte o reduzca el flujo de gas natural hacia Europa multiplica el valor estratégico del deposito subterráneo «Castor» y condiciona, junto a las indemnizaciones millonarias a las que tendría que hacer frente el Gobierno, el hipotético cierre del almacén debido a su papel en el incremento anormal de sismicidad en la zona.

España, que venía reclamando como «urgente» la conexión gasista con Francia y a través del país vecino con las redes europeas, ha encontrado ahora un aliado en la dependencia alrededor del 30% del gas consumido que sufren los países centroeuropeos y especialmente Alemania del gas ruso.
Esta misma semana, el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, aseguraba que España debería aprovechar la oportunidad de convertirse en «la puerta del gas para Europa». Y lo argumentaba en la existencia de gasoductos y plantas de regasificación «que no funcionan todavía a plena capacidad».

Enganchados a Europa
Conectado a este gasoducto, que arranca en Almería y acaba a unos 100 kilómetros de la frontera francesa, se encuentra el almacén submarino de «Castor», destinado a regular el suministro casando la oferta gasista con la demanda. En este contexto, la Comunidad Valenciana adquiere un papel estratégico esencial. Por su territorio pasa uno de los principales gasoductos del país, que une Almería puerta de entrada del gasoducto submarino que trae el gas argelino, llamado a sustituir al de origen ruso y alberga en Sagunt una de las regasificadoras, de Unión Fenosa, de mayor capacidad en España, y operando muy por debajo de su potencial de transformación (un millón de metros cúbicos a la hora).

La regasificadora de Sagunt podría, además de inyectar gas directamente al gasoducto, actuar como una especie de «gasolinera europea». Como es conocido, el gas circula comprimido en el interior de los gasoductos, que conectan al consumidor final con los pozos argelinos, o bien es transportado hasta España en grandes buques metaneros donde el gas viaja en estado líquido. Una vez en instalaciones como la de Sagunto y su puerto asociado, el metano líquido vuelve a convertirse en gas o puede ser almacenado y reexpedido hacia otros centros de transformación en Europa.

En el nuevo escenario que se adivina Europa ya ha tomado una decisión al margen de la evolución de la situación en Ucrania, la existencia de Castor sería indispensable con todas las infraestructuras gasoductos y regasificadorastrabajando a pleno rendimiento y en el límite de su capacidad para atender la demanda europea.

Las eléctricas se han embolsado 21.600 millones por las subidas de la luz durante la crisis

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Las sucesivas subidas de la luz registradas en España han permitido ingresar 21.600 millones adicionales a las compañías eléctricas desde que se inició la crisis económica. El encarecimiento del recibo entre 2008 y 2013 ha sido superior al 60%, al pasar de 50,20 euros a 80,47 de media mensual, según datos proporcionados por la organización estatal de consumidores Facua.

El precio de la electricidad está siendo objeto de una fuerte controversia en nuestro país tras el resultado de la subasta celebrada la semana pasada. El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha decidido invalidarla, alegando una supuesta manipulación, para evitar que los usuarios tuviesen que pagar un 11% más desde enero. Esa decisión ha dado pie a un duro pronunciamiento de las grandes comercializadoras (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico) contra el ministro de Industria. La patronal que las agrupa, Unesa, ha negado la existencia de irregularidades en la subasta y ha acusado a José Manuel Soria de endosarle las consecuencias de sus errores regulatorios.

El trasfondo de este enfrentamiento es la incapacidad del Gobierno para encontrar una solución al llamado déficit de tarifa, que resulta de la diferencia entre lo que se ingresa por el recibo de la luz y los costes reconocidos del sistema. Puesto en marcha cuando Rodrigo Rato era vicepresidente económico para facilitar la lucha contra la inflación, ese mecanimo ha generado ya una deuda de 26.000 millones de euros. Para 2013, el déficit de tarifa se estima en 3.600 millones, que Soria se comprometió a enjugar con cargo a los Presupuesto Generales del Estado en su recientemente aprobada ley de Sector Eléctrico. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sin embargo, se negó en el último momento por temor a que complicara el objetivo de reducir el déficit público al 6,5% impuesto por Bruselas.

La reacción del mercado a este incumplimiento tuvo lugar en la subasta trimestral de la semana pasada, que se saldó con una subida inusual, vetada de inmediato por Gobierno. Ahora, Industria está buscando contrarreloj una fórmula distinta de fijación de los precios de la electricidad, con el consiguiente enfado de las empresas, que no están de a acuerdo con esta injerencia del Gobierno. De todas formas, la subasta trimestral sólo afecta al 45% de lo que paga finalmente el consumidor en su recibo. El 55% restante son costes regulados, conocidos también como “peajes” (transporte, distribución, primas a las renovables, servicio extrapeninsular, devolución del déficit tarifario), y los determina el Gobierno.

Pues bien, la conjunción de ambos elementos ha llevado a que el precio de la electricidad sea actualmente en España el tercero más alto de la Unión Europea, sólo superado por Chipre e Irlanda. Su espectacular subida en los últimos seis años tiene, además, el agravante de haber coincidido con una brutal caída de la renta de las familias, ocasionada por el crecimiento del paro y el retroceso de los salarios.

Para las eléctricas, en cambio, el encarecimiento del recibo de la luz ha supuesto una importante fuente de ingresos, que les ha servido para compensar en parte el descenso de la facturación en el mercado libre. Un mercado donde se han dejado sentir con fuerza los efectos de la mayor competencia entre ellas y el descenso de la actividad económica en las grandes empresas.

Veinte millones de clientes

Los clientes normales, los veinte millones entre hogares(la mayoría) y pymes incluidos en la Tarifa de Último Recurso (TUR), que no admite negociación con los suministradores, han pagado este año, por término medio, 360 euros más que antes de la crisis. Lo que se traduce en una facturación adicional superior a los 7.000 millones de euros para las eléctricas, comparada con lo que ingresaron en 2007 por el mismo concepto. Teniendo en cuenta que en los seis años transcurridos desde entonces el precio se ha encarecido una media de 180 euros anuales, las empresa suministradoras se han embolsado 21.600 millones más en el conjunto del periodo.

Eso ha contribuido a que las eléctricas españolas se mantenga, pese a las gravísimas circunstancias económicas que atraviesa el país, entre las más poderosas de Europa. Por volumen de negocio, Iberdrola es la quinta del ránking de la zona, con 34.200 millones de euros en 2012; Endesa, la sexta, y Gas Natural Fenosa, la décima.

Pero más significativa es su posición por resultados: Iberdrola, que obtuvo 3.557 millones de beneficios el año pasado, ocupa la segunda posición en Europa y Endesa (2.771 millones), la tercera