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Bankia reclama a la Generalitat por vía judicial los 4,2 millones impagados por la Fundació VCF

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levante-emv | valencia Bankia reclamó a la Generalitat Valenciana el pasado martes, por la vía ejecutiva, los 4,2 millones que le adeuda la Fundació VCF desde el mes de agosto, cuando solo pudo pagar 1,5 millones. La demanda, presentada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de lo Civil de Valencia, iba dirigida a la Generalitat Valenciana, en su condición de avalista del préstamo firmado en su día por el Instituto Valenciano de Finanzas. Tres días después, la jueza Laura Alabau suspendía el aval de forma cautelar, liberando al Consell de esa responsabilidad. Fuentes de la entidad bancaria confirmaban ayer que cumplido el plazo de mora de 90 días desde el impago del primer vencimiento, no han hecho más que seguir el procedimiento habitual en estos casos. Agotada la vía ordinaria, en la que por burofax se pidió al IVF y a la Fundación el pago de los intereses, se optó después por el camino judicial.

Bankia podría haber reclamado la totalidad del crédito, pero siguió el mismo patrón que en febrero de este mismo año, cuando obligó al Ejecutivo valenciano a liquidar los 4,8 millones impagados por el patronato. En aquella ocasión el procedimiento fue distinto, pues no se recurrió a los tribunales y los responsables del gobierno autonómico, avalistas, acabaron pagando. Desde la entidad financiera se insistía ayer que la relación con la Generalitat es fluida y están al corriente de cada paso que está siguiendo el proceso. Una vez desvelada la intención de Bankia de buscar un inversor solvente que resuelva los problemas económicos del Valencia CF, este tipo de actuaciones adquieren una importancia relativa, especialmente cuando el aval está suspendido de forma cautelar desde el pasado viernes. La magistrada que lo anuló en marzo volvió a pronunciarse al respecto y en la misma línea.

Con la venta planeando sobre la Sociedad Anónima Deportiva desde que el pasado día 10 de diciembre Bankia hiciese oficial lo que Levante-EMV ya había adelantado en octubre, los movimientos en los Juzgados se antojan de un calado menor.

Batalla en los tribunales
Con Bankia ya personada en la causa del aval, la entidad bancaria seguirá defendiendo la legalidad del mismo, pero a nadie se le escapa que el principal objetivo ahora es alcanzar un acuerdo con algún fondo de inversión que garantice a Bankia el pago tanto de la deuda de la Fundación (81 millones a pagar al 50% en 2014 y 2015 más los intereses), así como hacerse cargo del préstamo del Valencia (225 millones). La cuestión de si se le puede reclamar a la Generalitat Valenciana ese pago cuando ya no es garante público al menos de forma provisional mientras la jueza no emita otra sentencia, pierde relevancia en estos momentos, aunque a nadie se le escapa que desde el Consell se batallara para no tener que hacer frente a esa nueva suma de dinero. La consultora KPMG anda inmersa ya junto con Bankia en el proceso de selección del nuevo propietario del Valencia CF. Una operación que para algunos anda muy avanzada y que para otros, sin embargo, no ha hecho más que empezar a rodar. El 31 de diciembre Bankia ha de presentar sus cuentas al Banco de España y muchos han fijado su atención en esa fecha.

Recarte se interesó en Caja Madrid por una operación denegada a unos socios suyos de Libertad Digital

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“Alberto Recarte ha venido a verme porque ‘he’ denegado dos promociones a Polaris World a 22 km de la playa [en Murcia] con el suelo financiado por la CAM [Caja de Ahorros del Mediterráneo] y con 50% comercializado pero ventas estancadas… Son socios suyos en Libertad Digital”. Así relataba la conversación con el entonces consejero de Caja Madrid el exdirector financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, a Miguel Blesa, en un correo electrónico del 9 de enero de 2008 al que ha tenido acceso eldiario.es. “Predicar y dar trigo”, respondió Blesa a Sánchez Barcoj.

¿Por qué respondió Blesa “predicar y dar trigo” después de saber que Recarte se había interesado por la financiación de una operación inmobiliaria? Porque los mensajes que se intercambió con Barcoj fueron a continuación de uno que había mandado Recarte en el que incluía su último artículo publicado en Libertad Digital, Hacia la recesión.

Correo de Sánchez Barcoj a Blesa. Asunto: RE: Artículo

Correo de Sánchez Barcoj a Blesa en el que habla de Alberto Recarte.

Blesa a Sánchez Barcoj: "Predicar y dar trigo"

En él, Recarte analizaba la economía española: “Las perspectivas, ahora confirmadas, apuntan a peor: Ajuste brusco. Caída de la actividad estrepitosa. Problemas en el sector promotor, generalizados a partir del segundo semestre de 2008, y afectación, también posterior, de los ingresos y beneficios de constructoras, e industrias auxiliares. Y bancos y cajas afectados en sus resultados en la última parte del año. Y menor crecimiento del crédito. Y crédito más caro”.

Alberto Recarte, abogado y economista, consejero delegado de Centunion (empresa dedicada al diseño y construcción de plantas industriales), fue consejero de Fenosa, Endesa y Caja Madrid a propuesta del PP desde 2003. En aquella época, era presidente de Libertad Digital –desde este verano no es consejero del medio, ahora presidido por Federico Jiménez Losantos– y patrono de FAES, de donde salió a finales de 2010. Por deseo de Blesa, llegó a ser consejero de Iberia en 2007, empresa participada por Caja Madrid, cargo del que dimitió una vez que cesó en la caja de ahorros en 2009.

“Recuerdo que hice una gestión que me pidió Pedro García Meroño [accionista principal de Polaris y consejero de Libertad Digital]”, explica Recarte en una conversación con eldiario.es. “Quise aclarar mi relación con Meroño para evitar malentendidos y que nadie pudiera pensar que podía tener o no intereses. Los servicios de Caja Madrid debieron de llegar a la conclusión de que la operación no era interesante y no se aprobó”.

Casi seis años después de que Caja Madrid rechazara la operación de Polaris World, El Confidencial ha publicado que el grupo inmobiliario ha tenido que cerrar su joya de la corona, el hotel Intercontinental del Mar Menor en el que tocó Woody Allen en la Nochevieja de 2008. Polaris evitó en 2010 el concurso de acreedores tras pagar con activos inmobiliarios sus deudas con Bancaja, CAM, Popular y Caja Murcia.

Según explica El Confidencial, “la operación costó a Bancaja, CAM y Popular, principales acreedores, un total de unos 1.170 millones de euros en activos que tuvieron que asumir por impago de créditos del grupo Polaris, según un informe del Banco de España de febrero de 2012”.

Buena sintonía

Lo que evidencian los correos electrónicos es que la sintonía entre Blesa y Recarte era buena. Por ejemplo, el hecho de ser íntimo suyo era una referencia importante a la hora de acceder a un cargo, como ocurrió en mayo de 2004 con la presidencia del Parque Warner de Madrid.

“Jesús Sainz está muy ligado a Manuel Prado y Colón de Carvajal [administrador privado del rey durante 20 años, fallecido en 2009] y a Livinio Stuyck (y es íntimo amigo de A. Recarte)”. En efecto, Sainz acabó presidiendo PTM (Parque Temático Madrid), la sociedad del Parque Warner, en la que estaba Caja Madrid. “Lo conozco de hace más de 30 años”, relata Recarte, quien también apoyó la compra del City National Bank of Florida (CNBF), por la que el juez Elpidio Silva envió a la cárcel a Miguel Blesa.

Recarte fue nombrado consejero de Iberia en 2007. Incluso recibió la propuesta de la presidencia de la compañía aérea, que finalmente recayó en Antonio Vázquez. Fue en junio de 2009, año y medio después del episodio de Polaris World: “Alberto dijo”, explica en un correo electrónico a Blesa Rafael Sánchez-Lozano, entonces consejero de Iberia –llegó a consejero delegado de la aerolínea– y directivo de Cibeles, “que [José Manuel Fernández] Norniella [consejero de Caja Madrid e Iberia] le había preguntado si quería ser presidente [de Iberia], lo que contestó negativamente”.

¿Por qué? “Porque no sentía que tuviera apoyos suficientes”, argumenta Recarte.

En junio de 2009, Caja Madrid era un verdadero campo de batalla político: Blesa intentaba mantenerse en el cargo, pese a que había cumplido su mandato, el Gobierno regional de Esperanza Aguirre quería colocar de presidente a una persona afín –pactó con PSM e IU en la Asamblea que fuera Ignacio González– y el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón se oponía a la solución Aguirre, en lo que encontraba la complicidad de Ferraz (y del consejero socialista Antonio Romero).

Conclusión: el PP estaba dividido, y el PSOE y CCOO también –CCOO Madrid, opuesto a Blesa; Comfia CCOO, más afín–, mientras el representante de IU, José Antonio Moral Santín, fue basculando y pasó de “aliado” de Blesa a terminar despegado de él y continuar en la entidad, ya convertida en Bankia, hasta 2012.

Y, entre tanto, ¿compró Caja Madrid acciones de Libertad Digital? Esto preguntó el fiscal a Blesa durante el juicio contra el juez Silva por prevaricación en relación con el auto de prisión de Blesa, según informa este lunes El País: “¿Adquirió Caja Madrid acciones de medios de comunicación como Libertad Digital u otros con el fin de poder realizar una campaña encaminada a transmitir una visión irreal de la situación de la caja?’. ‘Señoría, solicitamos el amparo del tribunal ante los gestos que está realizando el representante del ministerio fiscal, que a este letrado le ha hecho gestos como si estuviera loco’, replicó el abogado”.

Los lazos entre Libertad Digital y el PP y sus aledaños no acaban aquí. Según recoge la contabilidad manuscrita de Luis Bárcenas de 2004, el PP inyectó a Libertad Digital más de 400.000 euros procedentes de su contabilidad en B. La propia esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, participó en la operación de compra de acciones con los fondos del partid

El crédito a las familias sufre una caída récord en octubre pese al rescate

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El crédito en España sigue dando muestras de debilidad y, año y medio después de pedir el rescate financiero, el desplome no toca suelo. Es más, según los últimos datos del Banco de España, el recorte en la financiación se aceleró en los últimos meses hasta sufrir en octubre una caída de récord para las familias. Con ello, la supuesta mejora que tanto el Gobierno como el propio supervisor habían anunciado para el último trimestre todavía no se deja notar en las cifras oficiales.

La estadística que actualizó este lunes el Banco de España revela que el crédito a los hogares cayó un 5,2% en aquel mes, hasta los 793.940 millones de euros. Si se atiende a la evolución del flujo efectivo del dinero prestado, que compara los niveles del crédito en función de la variación neta de los activos y que es la que utiliza el Banco de España, el descenso tampoco tiene parangón en la estadística con un 4,7%.

El crédito a las familias y empresas

El tijeretazo en la financiación a las familias, que arrastra tasas negativas desde mediados de 2010, se explica por la restricción que ha sufrido la concesión de hipotecas. El auge imparable de la morosidad, que está en niveles desconocidos hasta la fecha con un 12,6%, y el aumento de los requisitos de capital, está disuadiendo a las entidades para reabrir el grifo tras la euforia del boom inmobiliario.

En octubre, el crédito prestado para comprar vivienda cayó un 4,7%, con lo que mantiene su ritmo de desplome, hasta los 614.860 millones de euros. En cuanto al resto de las vías de financiación, solo mejora la que viene del exterior, con un 7,3%. No obstante, con apenas 30.560 millones, representa una parte muy pequeña frente al total.

Por su parte, el préstamo a las empresas cayó un 10% en octubre, hasta los 1,081 billones de euros. Tanto en este caso como en el crédito a las familias, el volumen de dinero prestado está en su nivel más bajo desde 2007. Esto es, de antes del estallido de los problemas en el sector financiero. No obstante, la caída es aún más acusada si el análisis se restringe a las entidades españolas, que con 667.360 millones concedidos han vuelvo a las cotas que tenían a mediados de 2006.

El recorte en la financiación a las sociedades no financieras obedece principalmente a la caída de los préstamos titulizados y fuera de balance, que representan el 61% del total y que se redujeron un 15% frente al año anterior.

El Gobierno destina otros 41.000 millones de dinero público para ayudar a la banca

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Con la que está cayendo, el Gobierno ha elevado en más de 40.000 millones el dinero disponible para avales del Estado en 2012, que se utilizan mayoritariamente para garantizar las emisiones de las entidades financieras y del FROB (Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria). De esta forma, el total de avales estatales para este año puede alcanzar 258.278 millones, frente a los 217.043 que recogía la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Así se recoge en el borrador de Real Decreto de reforma financiera que el Gobierno aprobará el próximo viernes (y que puede cambiar hasta entonces). En una disposición final, modifica la Ley de Presupuestos para elevar el tope de avales que puede conceder el Estado. Éstos no computan como déficit público salvo que sean ejecutados -esto es, que se produzca un impago de la deuda por parte del emisor-, en cuyo caso sí se consideran un gasto del Estado.
Dentro de esta cantidad se incluyen las garantías a favor de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), es decir, las aportaciones de España al fondo de rescate europeo, que ascienden a 92.500 millones. En segundo lugar, aparecen los avales para la banca, que inicialmente eran 55.000 millones. El citado borrador establece que este importe “se reserva para los avales que se otorguen a partir de la entrada en vigor de esta ley”.
Las garantías para la banca se han disparado ante las necesidades de liquidez de la banca y el cierre de los mercados, a pesar de la apelación masiva de nuestras entidades a la ventanilla del BCE. Así, en marzo alcanzaron un máximo histórico de 133.000 millones, con un incremento del 35% respecto a diciembre. En teoría, se trataba de facilitar el acceso a la liquidez ante el cierre puntual de los mercados, pero la prolongación de esta situación durante años ha convertido los avales en una fórmula habitual.
Igualmente, inicialmente se contemplaban como una ayuda puntual a un sistema financiero sólido, con lo que no había dudas sobre su devolución. Ahora, después de la intervención o nacionalización de ocho entidades y las fuertes debilidades de otras muchas, el fantasma de la ejecución del aval es algo real. Ahora bien, se supone que el dinero del rescate europeo de hasta 100.000 millones solucionará también este problema y servirá para devolver esta deuda avalada a sus compradores.
Avales para que el FROB rescate más entidades
Esta cantidad también incluye 66.000 millones -que pueden elevarse ahora- destinados al FROB, para que el fondo de rescate bancario pueda salir a los mercados a financiarse con la garantía del Estado. De esta forma, podrá captar más dinero para inyectarlo a las entidades en apuros como ha hecho hasta ahora. Algo que puede elevar los recursos propios actuales del FROB, ya que el apalancamiento del mismo no puede superar en más de seis veces sus fondos propios. Estos en la actualidad alcanzan los 9.000 millones, aunque tiene otros 6.750 dispuestos en los Presupuestos del Estado.
No obstante, con el rescate europeo de hasta 100.000 millones se reduce la necesidad de utilizar estos avales, puesto que el FROB dispondrá de estos recursos del FEEF para inyectarlos en las entidades en apuros. En teoría, el tipo de interés del rescate será muy inferior al que pueda obtener el FROB financiándose en el mercado aunque sea con la garantía del Estado.
Como es sabido, Oliver Wyman determinará en septiembre la cantidad exacta de capital que precisa cada entidad para hacer frente a sus pérdidas en un escenario adverso, con lo que se estimará el importe definitivo total que recibirá el FROB de la facilidad europea. El primer análisis global realizado por esta consultora y por Roland Berger arrojó unas necesidades globales de entre 51.000 y 62.000 millones. El Gobierno espera que la cifra final sea inferior a esta última, si bien tendrá que incluir adicionalmente las pérdidas en participadas y deuda pública, no estimadas en la evaluación de las consultoras.

Un desahucio cada 15 minutos

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El fin de la burbuja inmobiliaria provocó, solo durante el año 2012, que la banca se quedara con 30.034 primeras viviendas por impago de los créditos, una media de 115 desahucios por día hábil o, lo que es lo mismo, uno cada 15 minutos, según un estudio del Colegio de Registradores de España dado a conocer ayer. El número de viviendas, de primera y segunda residencia, que se quedaron los bancos el año pasado, asciende a 38.778, según el mismo informe. Otro dato que muestra la crudeza de la situación es que la banca admitió 11.441 daciones en pago en primera vivienda ante la insolvencia de sus clientes. Y, por último, el informe afirma que en 2012 se iniciaron 65.778 procesos de ejecución hipotecaria.

Los expertos valoran el informe argumentando que “la fuente de los registradores es la más fiable” y comentan que los datos son más abultados de los que se presumían. “El estudio revela la enorme gravedad del problema social que existe”, apunta Julio Rodríguez, experto del sector y miembro del colectivo Economistas frente a la crisis.

El informe llega después de muchos intentos fallidos del Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y la banca para obtener los datos concretos de uno de los mayores dramas de la democracia: las familias desahuciadas. Hasta ahora, conocer la situación real del problema había resultado una misión casi imposible.

Esta bomba social ha caído, sobre todo, en Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía, que suman el 65% de los procedimientos de ejecución hipotecaria. El estudio no revela los nombres de las entidades bancarias que han realizado los desahucios pero, casualidad o no, de las cuatro comunidades afectadas, en tres de ellas estaban radicadas las cajas nacionalizadas: Caja Madrid, Bancaja y Catalunya Caixa. Estas comunidades autónomas son las que vivieron mayor auge económico con la burbuja inmobiliaria. Ahora sufren la otra cara de la moneda.

Fuente: Registradores de España. / EL PAÍS

Respecto a las nacionalidades, los españoles están a la cabeza con el 75% de los casos iniciados o el 63% de los desahucios. Entre los extranjeros se repite la lista, por este orden: ecuatorianos, marroquíes, británicos, rumanos y colombianos

El Colegio de Registradores, que inició la encuesta a propuesta de la Vocalía de Relaciones Institucionales en febrero pasado, afirma que “el objetivo del estudio es aportar información objetiva, en números, que contribuya y dé solidez al debate social planteado en estos momentos en nuestro país sobre los lanzamientos de viviendas como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias y su repercusión social”.

El Colegio de Registradores consultó a todas sus oficinas, obteniendo respuesta de 934, lo que representa el 85% del total. Dado que no todas las oficinas respondieron al cuestionario, es de suponer que la cifra definitiva de los desahucios será ligeramente mayor. No obstante, es posible que en parte de los 30.044 desahucios realizados, la familia afectada haya continuado en su domicilio pero con un alquiler social. Es una fórmula que utilizan los bancos para obtener algunos ingresos y evitar poner a la venta pisos cuyo precio ha caído en picado

Uno de los mayores valores que tiene el estudio del Colegio de Registradores es que ha excluido los garajes, trasteros, oficinas, naves y locales comerciales. También ha dejado fuera todos los casos en los que el titular de la finca es una persona jurídica, es decir, una empresa. Este dato es muy importante porque los bancos han utilizado en muchas ocasiones la dación en pago para las promotoras inmobiliarias, por lo que el dato podía haber resultado adulterado.

El 77% de media de los casos afectó a primera vivienda. “Se trata de un dato sin duda significativo debido a que la pérdida de la primera vivienda tiene un impacto social muy superior a la segunda residencia u otro tipo de fincas”, dice la nota de los registradores.

Estas cifras contrastan con las del Consejo General del Poder Judicial que, sin desglosar las, publicó que en 2012 se habían realizado 91.622 ejecuciones hipotecarias, que son las tramitadas por los juzgados de primera instancia en las que se ha exigido en pago de deudas garantizadas por propiedades hipotecarias. De todas ellas, 70.257 acabaron en los juzgados como lanzamientos, que son los cambios en la propiedad de un inmueble, ya sea rústico o urbano, de empresas o de particulares. No obstante, los menos precisos fueron los bancos, cuyas patronales dijeron al Gobierno que el número de desalojos de primera vivienda oscilaba entre 4.000 y 15.000 en los últimos cuatro años.

El capítulo de las daciones es revelador. Tanto Julio Rodríguez como Fernando Encinar, director del servicio de estudios de El Idealista, coinciden en que es una cifra muy elevada y se lo explican por el interés de las entidades por retener el piso como único valor ante la desesperada situación del cliente.

Fuentes del mercado explican que, en ocasiones, alguna de las antiguas cajas más grandes, ahora nacionalizadas, financiaban el viaje en avión a ecuatorianos que se habían marchado de España para que así firmaran la dación en pago y regresaban horas después. De esta forma, se ahorraban los casi dos años de proceso judicial.

A las entidades financieras no les gusta admitir que utilizan la dación en pago porque creen que eso incentiva la cultura del impago. Los bancos siempre recuerdan que “el problema de los desahucios es grave, pero la morosidad solo afecta al 4% de los créditos. El 96% restante paga puntualmente”.

En la tramitación de la reforma de la ley hipotecaria, el sector financiero se ha opuesto radicalmente a que se establezca la dación en pago como medio para saldar la deuda por creer que “pondría en peligro los miles de millones emitidos en cédulas hipotecarias, ya que perderían la principal garantía de esos activos”.

Sin embargo, la dación en pago esta es la principal reivindicación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que presentó un millón y medio de firmas para cambiar la legislación. En las daciones, los extranjeros suponen el mayor porcentaje, el 38,75% sobre el total.

Fernando Encinar señala que esta situación refleja “que los bancos no hicieron bien su trabajo al medir el riesgo. Utilizaron las hipotecas como un producto financiero más, igual que las acciones, pero se puede perder la inversión en Bolsa y no pasa nada, pero si se pierde la vivienda, la situación es un drama”.

Mikel Echavarren, consejero delegado de Irea, firma especializada en servicios de asesoramiento inmobiliario, augura que durante los próximos años “la situación será peor porque estos datos reflejan lo ocurrido en 2010, pero desde entonces, el paro no ha hecho más que subir. Si se hiciera una relación entre la curva de paro y la de desahucios, se vería el paralelismo. Este estudio refleja los que tiraron la toalla hace dos años”.

Julio Rodríguez también espera un empeoramiento de la situación. “En el mejor caso, el año 2013 será similar. El único efecto que se puede ver es si los bancos redujeron los desahucios para evitar el problema social que suponía. De todas formas, el informe es un reflejo del grave problema que se vive en España y que ya ha llegado a la clase media porque el paro también le está afectando”.

Por el contrario, Encinar destaca que, sin restar dramatismo, “no se debe caer en la alarma general. La mayoría de las familias de este país no van a perder su vivienda. De las 800.000 hipotecas que se concedían en los años de la burbuja inmobiliaria, están teniendo problemas unos 65.778, el 8%”, concluye. Los expertos también recalcan que la situación es un reto para el Gobierno, que ahora está legislando sobre este asunto, con gran oposición social

El fondo de rescate reconoce que se han perdido 8.000 millones en Novagalicia

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“Satisfechos de la subasta no podemos estar cuando se inyecta en una entidad 9.000 millones de euros y recuperamos 1.000 millones”, han apuntado este jueves fuentes del FROB tras ser preguntados por la venta de Novagalicia al grupo venezolano Banesco. El fondo de rescate español confía en que al menos la operación tenga un impacto “no significativo” en el déficit público. Algunas fuentes cifran esa cantidad en 400 millones de euros, pero el FROB no lo ha detallado.

En un encuentro con la prensa, fuentes del FROB han insistido en que la oferta del grupo venezolano, que ofreció 1.003 millones por la entidad gallega, fue la mejor, y ha echado en cara que la banca española que no haya sido más generosa con sus ofertas. Preguntado por si creía que eran justas las quejas de algunas entidades por el hecho de que se haya quedado Novagalicia una entidad extranjera después de que ellas han pagado la reestructuración del sistema financiero con el banco malo y el Fondo de Garantía, el FROB responde que “podían haber pagado más. Hemos hecho lo mejor para el contribuyente que, por desgracia, es el que está pagando la mayor parte de la crisis financiera. Es una pena que solo se puedan recuperar 1.000 millones, aunque teniendo en cuenta las circunstancias de la entidad, la operación no ha salido mal”.

Según el FROB, era “absolutamente imposible” recuperar los 9.000 millones inyectados en la entidad, que son el resultado de “decisiones de inversión incorrectas tomadas por sus anteriores gestores desde 2003”.

En cuanto a la posibilidad de haber sacado a subasta Novagalicia en un futuro, el FROB ha defendido que haciéndolo ahora se han obtenido 1.000 millones y más adelante es una incertidumbre qué se conseguiría. Así, por ejemplo, si se hubiera optado por subastarla en tres años, fuentes del FROB creen que la única alternativa a la venta sería la liquidación. Además, recordaron que tener entidades sin un futuro claro también supone una rémora para la sociedad porque son bancos que no ofrecen créditos.

La banca española gana un 98% más hasta septiembre: 6.702 millones

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Reciben dinero barato del BCE y especulan comprando deuda pública española. El Gobierno sanea sus activos tóxicos creando el llamado ‘banco malo’, y ahora, en medio de una escandalosa crisis social, aparecen los supuestos beneficios de los bancos, los que ellos dicen que tienen.

Los grupos bancarios españoles han obtenido un beneficio atribuido de 6.702 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 98,3% respecto al mismo periodo de 2012.

Este aumento de los beneficios se explica por los significativos saneamientos extraordinarios realizados el pasado ejercicio, según datos presentados por la Asociación Española de la Banca (AEB).

Los decretos aprobados por el Gobierno el pasado ejercicio para sanear los balances de activos inmobiliarios distorsionan la comparación interanual. De enero a septiembre de este año, las provisiones ascendieron a 17.976 millones de euros, un 29,8% inferiores a las registradas en los nueve primeros meses de 2012.

El secretario general de la patronal de la banca, Pedro Pablo Villasante, ha puesto en valor que la cifra de provisiones aún está por encima de las media de los últimos años.

En una presentación titulada ‘Avanzando en un año puente hacia la recuperación’, Villasante ha concretado que el margen bruto consolidado de la banca española alcanzó los 55.622 millones

fuente consultada: europapress

Bankia cede la gestión de su negocio inmobiliario al fondo buitre del hijo de Aznar

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Bankia ha cedido por un precio de entre 40 y 90 millones la gestión de su negocio inmobiliario a una empresa del grupo Cerberus Capital Management, una operación por la que la entidad externalizará 457 empleos, según ha informado la entidad nacionalizada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

José María Aznar Botella, primer hijo del expresidente del Gobierno José María Aznar y de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, trabaja como socio para sus operaciones de Cerberus, uno de los fondos buitre más grandes del mercado. Cerberus busca hacerse en nuestro país con activos a bajo precio, con especial interés en los del banco malo.

La cifra que Cerberus pagará por la cesión de este negocio dependerá del grado de cumplimiento del plan de negocios de la actividad traspasada y se estima que podría oscilar entre los 40 y los 90 millones. En concreto, el precio se desglosa en un pago que se abonará post ejecución del acuerdo, más otras partidas que se abonarán en determinados plazos.

La operación supone la cesión de la gestión en exclusiva de los activos inmobiliarios y los préstamos promotor de BFA-Bankia para los próximos 10 años a la empresa Promontoria Plataforma. También se encomienda a esta empresa del grupo Cerberus la gestión de los activos que el grupo liderado por José Ignacio Goirigolzarri comercializa para terceros por el tiempo que estén vigentes los contratos de gestión y administración existentes.

Los contratos firmados contemplan la cesión de la gestión de un volumen superior a los 12.200 millones de euros brutos de activos inmobiliarios y de parte de la deuda derivada de préstamos a promotores que figuran en el balance del grupo BFA-Bankia.

Además, dicha empresa del grupo Cerberus asumirá la gestión de los activos transferidos a terceros, tanto inmuebles como préstamos promotor, que actualmente gestiona Bankia y que suponen más de 36.600 millones de euros brutos.

En virtud del acuerdo, Bankia se compromete a que su red de sucursales preste apoyo en la comercialización de los activos cuya gestión se cede. Bankia ha aclarado que la transacción sólo supone la cesión de la plataforma de gestión y no generará en favor del nuevo gestor derecho alguno de titularidad o propiedad sobre los activos gestionados, que corresponderá en todo caso a BFA-Bankia y continuarán en el balance de la entidad financiera, o de terceros, en su caso.

En esta operación se incluye la venta de la participación en las sociedades complementarias Gesnova (50%), dedicada a la gestión de alquileres, y Reser (55%), especializada en subastas ‘online’. De hecho, se ceden 425 empleados de Bankia y de Bankia Habitat y 32 trabajadores de Gesnova y Reser.

La transacción se ha realizado a través de un proceso competitivo en el que han participado las principales instituciones especializadas en este tipo de negocios.

En este proceso Bankia ha contado con KPMG como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor legal. Por su parte, Cerberus ha contado con PwC y Goldman Sachs como asesores financieros y ha recibido asesoramiento legal para la operación de Ashurst LLP y Schulte Roth & Zabel LLP. Oliver Wyman también asesoró a Cerberus en la transacción.

¡Asilo para Snowden!

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He profesado siempre una profunda admiración a George Orwell. Mi lectura de Homenaje a Cataluña en los años sesenta del siglo que dejamos atrás me descubrió a un autor cuyo firme compromiso con la justa causa republicana durante nuestra Guerra Civil no excluía el estricto respeto a la verdad: la denuncia del acoso y eliminación del POUM por los estalinistas y de la anarquía reinante en el campo de los defensores de la legalidad. Años después cayó en mis manos 1984 con su visión premonitoria del Gran Hermano. En nombre de una programada felicidad futura, el Poder se arrogaba el control absoluto de la vida de los ciudadanos mediante la sujeción de la sociedad entera a un programa global de espionaje: una quimera ideológica que el desarrollo ilimitado de las nuevas tecnologías ha convertido en una silenciosa e inadvertida realidad.

Si evoco aquí la siniestra utopía orwelliana lo hago a propósito del escándalo a escala mundial provocado por las revelaciones del exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense Edward Snowden desde su huida el pasado mes de mayo con lo que fue calificado por entonces por algunos como “botín de guerra”. El epíteto de traidor del que fue objeto podía tener algún fundamento en la medida en que dicho “botín” era susceptible de ser entregado a los enemigos estratégicos de su país aun prescindiendo del hecho que su refugio moscovita era producto de las circunstancias y no de una elección personal. Según informes filtrados a la prensa, el objetivo del exanalista era acogerse al asilo de algún país de Hispanoamérica a falta de una opción europea mejor y el episodio rocambolesco del avión en el que viajaba el presidente boliviano Evo Morales obligado a aterrizar en Viena por el cierre del espacio aéreo de la Unión Europea por presiones norteamericanas (lance muy poco glorioso para los países que se prestaron a ello, incluida la Marca España) sustenta la verdad de dicha información.

Las revelaciones a cuentagotas de las últimas semanas indican con todo que los datos interceptados por las redes mundiales de fibra óptica sacados a la luz por Snowden no concernían tan solo a los enemigos estratégicos de Washington como Rusia, China o Irán (lo cual era perfectamente previsible y entra en el orden normal de las cosas puesto que lo recíproco también existe y los ataques informáticos sufridos por Estados Unidos dan buena cuenta de ello), sino también a países amigos (Brasil, México) e incluso fieles aliados en el nuevo orden mundial configurado por el derrumbe de la Unión Soviética y la guerra asimétrica contra el terror tras el monstruoso atentado a las Torres Gemelas. Si el intercambio de informaciones entre los diversos servicios e inteligencia occidentales sobre la amenaza que representa la nebulosa de Al Qaeda responde a un desafío de índole existencial, ¿cómo justificar el rastreo de centenares de millones de comunicaciones telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos de Alemania, Francia y España y el pinchazo al móvil de Angela Merkel?

Las explicaciones confusas de la Administración de Obama no escapan al dilema entre lo malo y lo peor. Si el presidente estaba al corriente de ello resulta cuando menos chocante; si no lo estaba, la gravedad de la falta de control de la NSA pone en evidencia que esta se sitúa por encima de todos los poderes y vulnera los principios fundamentales de su Constitución.

Las manifestaciones de enojo y agravio de los líderes europeos (tajantes en el caso de la espiada canciller y más bien para la galería en el de François Hollande y Rajoy), así como la indignación de la Eurocámara (que llegó a proponer la suspensión del intercambio de datos bancarios con EE UU) muestran que el mensaje, esto es la violación masiva de los derechos individuales en los países concernidos por el espionaje, llegó a sus destinatarios, pero ni Gobiernos parlamentarios ni políticos europeos han expresado la condigna gratitud al mensajero. Denunciar los abusos de la NSA, y nos hallamos ante un caso flagrante de ello, no constituye ningún delito desde un punto de vista ético y Snowden no es un delincuente por mucho que Berlín, París, Madrid y Bruselas miren a otro lado y se desentiendan de su suerte. El amor a la verdad debe prevalecer sobre los sentimientos y deberes patrióticos. En términos morales la actuación del exanalista me parece irreprochable y aun admirable dado el carácter quijotesco de su empresa.

Resulta en verdad bochornoso que quien ha dado la voz de alarma ante un atropello de tales dimensiones en el seno de unas sociedades que se precian de ser democráticas, se vea forzado a acogerse al asilo de un régimen autoritario como el de Putin (el sangriento represor de la rebeldía chechena y encubridor de su virrey Ramzan Kadírov tras el asesinato de la periodista Anna Politkóvskaya), dándole así la oportunidad de presentarse como el paladín de los derechos y las libertades.

¿Qué dicen los defensores de las causas justas ante semejante despropósito? Si exceptuamos el diputado alemán de Los Verdes que se entrevistó con Snowden en Moscú e hizo pública su solicitud de testimoniar ante el Parlamento germano y de acogerse al derecho de asilo de su país, ni parlamentarios ni políticos europeos han elevado la voz. Ello no puede sorprendernos de la parte del partido de Rajoy, pero ¿qué opinan Izquierda Unida y el principal grupo de oposición, un PSOE que tiene mucho de español, pero muy poco de socialista y menos aún de obrero? Su discreción en el tema confirma su creciente distanciamiento de una sociedad duramente golpeada por la crisis y, lo que es peor, de los principios en los que inicialmente se basaba y eran su razón de ser.

El titular de Der Spiegel: “¡Asilo para Snowden!”, indica por fortuna el creciente apoyo de la opinión pública a una exigencia tan justa. Quienes contemplan las cosas sin prejuicios y se sublevan contra el espionaje del Gran Hermano previsto por Orwell tanto en el caso de las dictaduras y regímenes autoritarios como en el de las tecnocracias de Occidente, deben hacerse oír y hacer suya la consigna del semanario alemán.

Juan Goytisolo es escritor.

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FUENTE

Todo empezó en junio de 2011, con las plazas aún calientes tras las acampadas del 15M. Durante esos días, el abogado Juan Moreno Yagüe (@hackbogado) andaba revolucionado por un caso en el que tenía que defender a un peluquero sevillano en una demanda en la que Cajasol le exigía unos intereses disparatados por una pequeña deuda contraída por despiste. La gran sorpresa, me contaba entonces @hackbogado, había sido examinar las tablas que publicaba el Banco de España sobre el índice interbancario español (míbor), que se utilizaba como referencia para préstamos antes de la entrada en vigor del euríbor.

En sus pesquisas, Juan descubrió que desde el inicio de la crisis de las hipotecas subprime había muchos días en los que el míbor quedaba “en blanco”, lo que, según nos explicó el Banco de España, se debía a la ausencia de préstamos entre las entidades bancarias que lo conformaban. La pregunta consiguiente era, lógicamente, si los bancos europeos también habían dejado de prestarse dinero entre ellos, estando los tipos de interés del Banco Central Europeo por los suelos.

¿Por qué son importantes esas operaciones entre bancos? Porque la legislación española, materializada en circulares del Banco de España, definía el cálculo de los tipos de interés variable como la media de los intereses a los que una serie de bancos (primero los españoles, luego los miembros de la Federación Bancaria Europea) se hacen depósitos de un año entre sí (circular 5/1994 del 22 de julio, BOE 3 de agosto de 1994 del Banco de España, modificada por la 7/1999). Se utiliza el mercado interbancario con los siguientes objetivos:

a) Que no dependa exclusivamente de la propia entidad de crédito que redacta el contrato, ni sea susceptible de influencia por ella, en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades.

b) Que los datos que sirvan de base al índice sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo.

Para la objetividad del dato y la conformación neutral de la referencia, la norma exige, además, que sean al menos 12 las entidades que realicen operaciones y comuniquen los datos, y que estas pertenezcan, como mínimo, a tres países diferentes.

Luego, si no hubiese operaciones entre los bancos, ¿cómo estarían calculando el dato? ¿Con base en estimaciones de oferta? ¿El euríbor es simplemente una encuesta? Y si es así, ¿en qué se basa la Comisión para determinar la manipulación?

Para resolver estas incógnitas iniciamos una ronda de preguntas sobre las dichosas operaciones, empezando por la entidad comercial, Cajasol, que nos remitió al Banco de España, que nos dirigió a la Federación Bancaria Europea, que nos mandó a Thomson Reuters (corporación que publica a diario el euríbor) que, en última instancia, nos requirió una orden judicial para poder liberar esa información. Cuando haciendo preguntas alguien te pide una orden judicial para contestar, es que algo esconde. Volvimos a hacer la ronda de preguntas, pero esta vez por escrito, para que quedase constancia de que allí nadie sabía o quería contestar a nada, ni los bancos, ni los reguladores, ni la Comisión Europea, a la que dirigimos numerosos escritos alertándola de lo que ocurría.

Toda la documentación derivada de la investigación, junto con modelos descargables para que cada persona pudiese hacer lo propio en su banco, la subimos a una web y lanzamos públicamente nuestra campaña #OpEuribor, de la que se hicieron eco varios medios de comunicación.

Quizás por las dimensiones de la potencial estafa o por la naturalidad con la que recibimos noticias sobre las prácticas de dudosa moral de los bancos, percibimos bastante escepticismo, sobre todo en expertos bancarios y economistas, confiados ellos en los mecanismos de autorregulación, en los supervisores o en el mercado. Pero las dudas se transformaron en certeza al destaparse que “el primo anglosajón” del euríbor, el líbor, también había sido objeto de falsedad y manipulación.

Con estos mimbres, el equipo de #OpEuribor preparó el siguiente asalto: la vía judicial. Y en atención a la urgencia que merecen los desahucios en nuestro país, decidimos empezar por poner al servicio de potenciales desahuciados un modelo de oposición a la ejecución hipotecaria en lo que llamamos la #OpOposición. Poco después, ampliamos las posibilidades incluyendo un nuevo modelo, esta vez para demandar directamente la nulidad del tipo de interés referenciado al euríbor por no cumplirse los requisitos legales para su cálculo y publicación.

Al mismo tiempo que lanzábamos campañas y modelos, manteníamos la correspondencia con varios organismos e instituciones. Thomson Reuters nos aseguró que en mayo de 2012 nos remitiría las operaciones demandadas, pero no lo hizo. La Comisión de Competencia, dirigida por Joaquín Almunia, parecía más preocupada por comprender lo que requeríamos que en proporcionarnos información o en actuar. Por último, pedimos al Banco de España el expediente previo a la elaboración de las circulares antes citadas, expediente que un funcionario estaba dispuesto a trasladarnos hasta que, en palabras textuales suyas, “se le frenó desde arriba”.

Hoy, tras más de dos años de investigación y 20 meses desde que la hicimos pública, las multas anunciadas por Bruselas nos vienen a confirmar todo lo recorrido. Suponen el primer amago de reacción de las autoridades comunitarias ante lo que puede ser la estafa financiera más importante de la historia europea (tan sólo en España afectaría a 18 millones de contratos). Pero nos tememos que, como están haciendo sus homólogas anglosajonas, pretendan sólo quedarse ahí. Es por ello que seguiremos proporcionando herramientas jurídicas a todas las personas que decidan hacer frente a sus bancos, ya que el tipo de interés es el elemento esencial de los contratos de préstamos y, como tal, supondría causa de nulidad el hecho de estar falseado, de quedar sometido a la voluntad de uno solo de los contratantes.

Esta vía de demanda judicial ya nos ha dado algunas alegrías y también está empezando a usarse en el caso del líbor, pero no por personas afectadas –que suponemos no tendrán la capacidad ni la asistencia que en España ofrecen grupos como la PAH y #OpEuribor–, sino por grandes corporaciones que se han visto también estafadas por los bancos.

Nuestra tesis es simple y va más allá de lo que, por el momento, alcanza a plantear la UE. No es que el euríbor haya sido manipulado, es que, según los requisitos de nuestra legislación, directamente no ha existido