El ‘agujero’ del Castor pone en guardia al sector del gas por temor a una reforma feroz Leer más: El ‘agujero’ del Castor pone en guardia al sector del gas por temor a una reforma feroz

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La reforma del gas afronta un escollo fenomenal, que determinará la dureza del ajuste que prepara el tándem Soria-Nadal. Y es que los más de 200 millones de retribución anual comprometida con el almacén Castor condicionan decisivamente los números que se hacen en el Ministerio de Industria, si es que finalmente tienen que abonarse. Las diferentes empresas afectadas no dudan en deslizar sotto voce su inquietud, en parte por la falta de feed-back del Gobierno respecto al futuro del depósito, paralizado por haber provocado más de 500 terremotos en el norte de Castellón y el sur de Cataluña a la vuelta del pasado verano.

Los números cantan. El ministro sitúa el saldo negativo del gas en torno a los 400 millones de euros al cierre de 2013, si bien fuentes empresariales lo acercan más a los 300. Los últimos datos oficiales publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifraban el desajuste en 638 millones a mes de diciembre, si bien restan dos liquidaciones para dar por cerrado el ejercicio y, según explican fuentes del sector, lo normal es que el montante se reduzca hasta el entorno que plantean Soria y las compañías. Aunque el agujero está muy alejado del generado por un déficit eléctrico descontrolado, Industria quiere atajarlo ya para evitar males mayores, sobre todo a la vista del problema estructural que se otea.

Y con esa premisa, ¿qué partidas se pueden contener? Los costes regulados se concentran en dos rúbricas. En primer lugar, en los costes de infraestructura básica. Según las prospecciones que maneja el sector, estos gastos alcanzaron el año pasado los 1.438 millones de euros -488 en abonar la regasificación; 47 en sufragar el almacenamiento, y 903 en pagar el transporte-. La otra gran partida es la distribución, que se habría llevado 1.467 millones. Aunque la recuperación económica y el aumento de la demanda debería ayudar a los ingresos, el ajuste sólo puede hacerse mediante un recorte de la retribución de las actividades reguladas y/o un incremento de los peajes, lo que tarde o temprano repercutirá en una subida de la tarifa para hogares y clientes empresariales. En esa ecuacion se mueve el Ministerio.

“Las empresas están dispuestas a asumirlo, siempre y cuando la rebaja no sea tan brutal que les estrangule y no les permita crecer”, exponen fuentes próximas a las conversaciones. Y ahí es donde entra el Castor, instalación propiedad de Escal UGS, firma controlada por ACS. De hecho, sólo ese proyecto se lleva en compensaciones la mitad del déficit acumulado. Las recibirá por diferentes vías, de acuerdo con los cálculos que ha hecho el sector. En primer lugar, como retribución financiera y por amortización de la inversión, debería embolsarse en torno a 180 millones al año. Además, para pagar la operación/explotación del almacenamiento y sufragar el denominado gas colchón, se apuntaría otros 70 millones.

No a la vía judicial

En total, fondos cercanos a los 250 millones anuales, que deberían compensarse vía ingresos o con otros ajustes. Pese a sus esfuerzos iniciales por buscar negligencias en el almacén y no pagar a ACS, el Ministerio preferiría no judicializar más el conflicto. Todo después de que el Tribunal Supremo rechazara en octubre pasado la demanda del Estado para eliminar una cláusula del contrato entre las partes según la cual los propietarios del Castor tendrían derecho a una compensación por reversión del proyecto. Inicialmente, Soria no cerró puerta alguna, agarrándose a que el fallo sí deja claro que no cabría indemnización si se hubiera producido conductas dolosas o culposas que lleven al cierre del depósito. Algo no fácil de probar.

Como telón de fondo, la pésima planificación energética firmada por los ejecutivos socialista y popular. No en vano y según la patronal Sedigas, las inversiones en infraestructuras del sistema gasista español no han disminuido un ápice durante la crisis, pese a que no eran en absoluto necesarias en pleno desplome de la demanda por la recesión económica. Es más, se han incrementado en un 6%. En este sentido y entre los años 2006 y 2008, las inversiones alcanzaron una media de 1.245 millones de euros. En el periodo 2009-2012, años que invitaban a las restricciones, se situaron en un promedio de 1.325 millones, llegando a los 1.616 millones en 2011. Instalaciones en muchos casos innecesarias para la operación actual, pero que deben retribuirse. Un disparate.

Sin contar el descontrol en el coste de los proyectos, vía ‘modificados’. El Castor, cuyo presupuesto se situaba inicialmente en 700 millones, alcanzó una inversión de 1.700. Como publicó El Confidencial, el secretario de Estado, Alberto Nadal, ha llamado a consultas a las cinco grandes empresas del sector para aquilatar la reforma. Los Enagás, Gas Natural Fenosa, Naturgas, Madrileña de Gas y Redexis ya han desfilado por el Ministerio con el objetivo de cerrar un acuerdo antes del verano. Las empresas tienen miedo y no lo ven claro, pero quieren verlo. E Industria quiere evitar más problemas tras el drama vivido en el sector eléctrico. Un escenario inmejorable para la entente. Si los números cuadran…

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