La deuda de la empresa Ciegsa crece un 1.327% en la ‘era Camps’

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La deuda de la empresa pública encargada de construir colegios continúa desbocada. Los datos del último informe de la Sindicatura de Comptes señalan que el endeudamiento de Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana Sociedad Anónima, cuyo único accionista es la Administración autonómica) ha crecido un 1.327% desde 2003, año en el que el presidente Francisco Camps accedió al cargo, pasando de 45 millones de euros a más de 643. Los gastos financieros, los intereses que la Generalitat paga cada año, se han incrementando paralelamente un 1.285%, elevándose desde los 817.099 euros hasta los 11,3 millones, según explicó ayer la portavoz de Educación socialista en las Cortes, Ana Noguera, sobre la base del informe de la Sindicatura.

Parte de ese agujero puede explicarse por los sobrecostes detectados en la construcción de los 19 centros educativos analizados por el Síndic. Noguera destacó tres: El colegio público San Antón, en Pinoso (Les Valls del Vinalopó), se licitó por 2,4 millones y acabó costando 4,5, lo que representa un incremento del 85%; el colegio público Azorín, en Catral (El Baix Segura), cuyo sobrecoste alcanzó un 69%, y el del Lluís Vives de Xilxes (La Plana Baixa), un 64%. La media de los sobrecostes ronda el 30% y alcanza un total de 27,3 millones de euros.

Con ese dinero, indicó la diputada socialista, podrían haberse construido cinco nuevos centros educativos, si se toman como referencia los precios de licitación.

La deuda de 643 millones de euros detectada por el Síndic se refiere sólo al endeudamiento a largo plazo (cuyo último vencimiento tendrá lugar en el año 2030). Sumándole las deudas a corto plazo, con acreedores y proveedores, se alcanza una cifra total de 1.049 millones, que al acabar 2007 seguirá aumentando hasta los 1.800 millones, según las previsiones de la Consejería de Economía.

Barracones más caros

Todo ese endeudamiento, sin embargo, no ha servido para acabar con los barracones, uno de los grandes lastres del sistema educativo valenciano. El coste de alquiler de esos “módulos prefabricados” también se ha incrementado un 15% respecto al 2004. La Generalitat paga por usarlos 19,5 millones de euros al año.

El Síndic indica en su informe lo “muy laborioso” que le ha resultado analizar los números de Ciegsa debido a “la implantación del sistema informático, a errores contables, a las numerosas cuentas para un mismo adjudicatario” y “a la complejidad establecida” por la empresa. Se censuran también las fórmulas de contratación empleadas y la ampliación de los alquileres de los barracones sin que medien resoluciones de los órganos de contratación que sustenten jurídicamente esas prórrogas.

Noguera concluyó que la gestión de Ciegsa por parte de Camps “suple con creces el mal hacer” de su antecesor Eduardo Zaplana.

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