Los privilegios de ser aforados

FUENTE

Más de 10.000 cargos públicos se benefician en España de esta prerrogativa frente a ninguna en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.

El artículo 14 de nuestra Constitución, reza de éste modo: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Sin embargo, en la realidad de todos los días, este principio coexiste con el reconocimiento de fueros o privilegios para un conjunto de ciudadanos que en caso de tener que rendir cuentas ante la Justicia sus procesos no tendrán el mismo recorrido que los de un españolito de a pie. Son los llamados aforados, los sometidos a una jurisdicción particular.

España es sin duda el país del mundo con más población aforada. Solamente los cargos de origen político con este tipo de facultad pueden sobrepasar los 10.000, y dejando al margen a miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, que tienen su propio aforamiento, y que de tenerlos en cuenta su número se dispararía hasta los 200.000, según consta en el “Tratamiento Jurisprudencial de Aforamientos Procesales” (Agapea).

Muchas de las prerrogativas y regalías que disfruta nuestra casta política son injustas e improcedentes: beneficios materiales, económicos, políticos, fiscales, representativos… Una de esas ventajas es, además, impropia de un sistema político como el español, pues no existe en la mayoría de los Estados con los que nuestros políticos gustan compararse. Nos referimos pues al aforamiento que divide a los españoles en dos clases. La sobresaliente y privilegiada, constituida como se ha dicho anteriormente, por más de 10.000 individuos que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Congreso de los Diputados o de la correspondiente cámara autonómica, pues caso de otorgarse la señalada autorización, la competencia para su enjuiciamiento corresponde al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. El otro segundo grupo lo forman los modestos españoles del común.

En la mayoría de las causas el aforamiento suele justificarse con la necesidad de proteger la función pública ejercida por los aforados, de injustas influencias tendentes a alterar la composición de las cámaras y, con ello, la voluntad popular.

Mas si la mera existencia de prerrogativa suscita y crea desigualdad entre españoles, semejante justificación parece un verdadero despropósito en un Estado integrado en la Unión Europea, ya que, entre otras, Italia, Bélgica, Portugal y Francia lo adoptan exclusivamente para un reducido número de altos cargos.

Durante los últimos tiempos han estallado diversidad de casos de corrupción en los que podrían estar implicados responsables políticos aforados: el “caso Palau”, que implica a CIU; los ERE de los socialistas andaluces; el Galicia la “Pokémon”, y hasta el “caso Bárcenas”, que a saber cómo va a terminar. Por no hablar del “caso Campeón” que, aunque el ex ministro José Blanco haya salido indemne, el tráfico de influencias usado en su día a favor de un amigo parece decir que es harto difícil de ser probado (?). Sin olvidarnos, por supuesto, del “caso Palma Arena”, de Jaume Matas, ex ministro con Aznar y ex presidente de la comunidad de Baleares, al que después de varios años se le ha reducido la condena de prisión de 6 años a nueve meses, en este primer juicio aunque le faltan otros diecinueve. Pero con tanto retraso en las vistas…

Por ello, ¿por qué se consiente y se dan tantas largas para decretar justicia? ¿Qué opinión se tiene de la independencia, objetividad y profesionalidad del sistema judicial?

Sirvan de conclusión unas declaraciones del magistrado José Luis González Armengol, que manifestaba: “El aforamiento y algunas prerrogativas son una quiebra al principio de igualdad ante la ley. La tendencia en el derecho español, es reducir al máximo todo el ámbito de privilegio procesal, porque bajo mi punto de vista los privilegios de los políticos no tienen ninguna justificación”.

Bueno, pues eso: fuera fuero

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