Algo huele a podrido en la Agencia Tributaria

FUENTE

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Pérez Galdós en su novela “Miau” describe y dramatiza una de las lacras de la sociedad española del siglo XIX, la politización de la Administración pública, con las cesantías ligadas al turno de partidos y al favoritismo. El protagonista de la obra es Ramón Villaamil, un competente ex empleado del Ministerio de Hacienda, que se encuentra cesante por no haberse arrimado a las influencias adecuadas. Tras una vida destinada al empleo público, llegando incluso a servir en Filipinas -y a pesar de sus propuestas novedosas como la de establecer un impuesto progresivo sobre la renta, que son burlonamente desechadas- no logra conseguir un empleo para cubrir al menos los dos meses que le quedan para el retiro. Su yerno, Víctor Cadalso, es la antítesis de Ramón, ya que, no obstante su incompetencia, tiene atractivo físico y dotes de orador, y gracias a que ha sabido conquistar a importantes damas va ascendiendo en los diversos cargos públicos. La novela termina trágicamente, Vilaamil, desengañado y harto de todo, termina suicidándose.

La Administración de la Restauración, encadenada a la alternancia en el poder de dos partidos políticos, en la que cada gobierno introducía a nuevos empleados dejando cesantes a los anteriores, al igual que otros muchos vicios de aquella España, se fue superando con el tiempo. El establecimiento de los cuerpos de funcionarios y las oposiciones fueron configurando una Administración profesional, al margen de los avatares políticos y que, aun con sus defectos, poco se parecía a la que Galdós y otros escritores de aquella época describen. Incluso durante la dictadura, la función pública fue una de las instituciones que menos se contaminó de los pecados del régimen. No en vano algún administrativista ha sostenido, y creo que con razón, que la institución de las oposiciones fue uno de los pocos elementos democráticos del franquismo. Únicamente desde los altos cuerpos del Estado había un margen de libertad, aunque fuese mínimo, para que surgiesen algunas voces críticas.

En la Transición, el hecho de que España contase con una Administración medianamente profesionalizada fue sin duda un factor muy positivo a la hora de poder afrontar las modificaciones que el sector público necesitaba. Aquellos primeros gobiernos de UCD encontraron en los funcionarios valiosos aliados y de la Administración surgieron la mayoría de los cargos públicos que el nuevo poder necesitaba. Tan fue así que la amenaza que en aquellos momentos se vislumbraba era la patrimonialización de la función pública por los altos cuerpos funcionariales, que la podían ejercer en detrimento de su finalidad social y de la democracia.

Con la perspectiva que ofrecen los muchos años transcurridos hoy se percibe que el peligro radica precisamente en lo contrario, en la vuelta a la discrecionalidad y al turnismo. La creación de las Administraciones autonómicas, la abolición de los cuerpos nacionales en los Ayuntamientos y la instalación del bipartidismo en la Administración central han propiciado la reaparición del fantasma de una función pública politizada y desprofesionalizada. Progresivamente se incrementan los llamados cargos de confianza, personal no funcionario que, sin mérito alguno como no sea el del servilismo y el de la adhesión incondicional al jefe y al partido, ocupa puestos significativos y mejor retribuidos que el de muchos empleados públicos con mayor preparación y experiencia. Cada vez son más los puestos de libre designación y por lo tanto de libre remoción en la función pública, y si hoy no se puede hablar de cesantías en el sentido estricto (todo se andará), sí de que en muchos puestos públicos de carácter estrictamente técnico el nombramiento y el cese están sometidos a la más absoluta arbitrariedad y favoritismo.

El bipartidismo está consolidando también la alternancia en la Administración. El mérito y la capacidad son sustituidos por la afinidad ideológica o el amiguismo, de manera que lo que el responsable político busca en los nombramientos es la fidelidad personal, cuando no la forma de retribuir con cargos públicos los servicios prestados al partido o al propio político en el pasado.

En determinados cuerpos -el de inspectores fiscales parece ser un paradigma- se han llegado a crear dos grupúsculos ligados a cada uno los dos partidos mayoritarios que esperan la llegada de los suyos para copar de nuevo la cúspide administrativa, al margen de cualquier criterio de mérito y capacidad. El sectarismo y el ajuste de cuentas suelen estar bastante presentes en sus decisiones, y se crea una bola de nieve que de alternancia en alternancia va agrandándose. Aunque todo esto viene de antiguo y era bastante conocido, la novedad de lo que estos días está pasando en la Agencia Tributaria radica en el descaro y en la desvergüenza con las que se confiesan estas prácticas antidemocráticas. Hasta ahora se hacían pero, al menos, por un pudor elemental se pretendía encubrirlas o disfrazarlas de necesidades del servicio.

El director de la Agencia, aseverando públicamente y sin ningún recato que pensaba cesar a un funcionario porque en la anterior etapa no le concedió un teléfono o a otro porque no le reservó un asiento en una determinada celebración, es un espectáculo insólito y chusco, pero también de extrema gravedad porque anticipaba lo que había de venir después: una caza de brujas que pretende convertir la Agencia en un instrumento partidista. La desfachatez con la que el señor Menéndez (creo que en la Agencia desde hace tiempo, incluso desde antes de su nombramiento, le llaman Treméndez) manifiesta que tiene derecho a cesar y a nombrar a su voluntad, y la simpleza con la que Montoro pretende justificar la postura de su subordinado argumentando que determinada unidad estaba llena de socialistas pronostican lo peor para el sistema democrático.

La democracia es algo más que elegir entre dos formaciones políticas cada cuatro años. La norma y los procedimientos constituyen elementos sustanciales del Estado de derecho, aun en su versión más liberal. Quizá lo que de forma más radical diferencia a este de la autocracia y del despotismo sea que los gobiernos dictan las leyes, pero se encuentran sometidos a ellas al igual que cualquier otro ciudadano. Los políticos pueden cambiar el ordenamiento jurídico pero no pueden utilizarlo arbitrariamente y, en tanto que subsista la norma, esta debe aplicarse de forma objetiva e imparcial.

En el Estado de derecho, la Administración asume un papel trascendental, es la garante de que las normas se aplican objetivamente sin veleidades partidistas y de que los procedimientos se cumplen sin arbitrariedades ni favoritismos. La inamovilidad y estabilidad en los puestos de la Administración no constituye un privilegio de los empleados públicos, sino una garantía para el administrado de que los funcionarios no van a ser presionados por sus respectivos jefes para que se inclinen a favorecer determinados intereses.

Da pavor, solo de pensarlo, que la Agencia Tributaria se pudiera utilizar de forma sectaria para inspeccionar a unos y exonerar a otros en función de las afinidades ideológicas o políticas. El actual ministro de Hacienda es muy poco respetuoso cuando, frente a la crítica de determinadas organizaciones e instituciones, blande como amenaza a la Agencia Tributaria o emplea la información privilegiada que posee en materia fiscal para intimidar al contrincante político. Tras los últimos acontecimientos no pueden por menos que dispararse todas las alarmas y extenderse la sospecha de que se pretende emplear la Administración tributaria de manera torticera, lejos de la ecuanimidad e imparcialidad que una institución como esta precisa.

Artículo publicado en República.com

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