Primera protesta contra la nueva ley de seguridad ciudadana ante la sede del PP

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La indignación ante el polémico anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que este viernes ha pasado ya su primer trámite en el Consejo de Ministros, ya ha llegado a las calles. Y lo ha hecho, claro están, en forma de protesta. Convocados por las redes sociales, alrededor de dos centenares de personas se reunieron en la tarde de este viernes en las inmediaciones de la sede nacional del PP, situada en la madrileña calle Génova. No obstante, un fuerte dispositivo policial evitó que los manifestantes se acercaran al cuartel general de los conservadores, que permaneció rodeado por más de una veintena de vehículos policiales.

A continuación comenzaron a marchar hacia los Juzgados de Plaza de Castilla, donde otro grupo de manifestantes se concentró para mostrar su apoyo a los 19 jóvenes detenidos en los últimos días acusados de haber participado en la protesta del 20-N en la Universidad Complutense. “¡Violencia es no llegar a fin de mes!”, “¡Que viva la lucha de la clase obrera!” o “¡La voz del pueblo no es ilegal!”, han sido algunos de los lemas más coreados. En la movilizaciónse se vieron pancartas en las que se leía “¿Multas por protestar, democracia dónde estás?” o “Las leyes represoras no nos callarán” y “Censura es tiranía”, entre otros.

El polémico anteproyecto prevé multas por paralizar un desahucio, hacer proclamas contra España o las comunidades autónomas o la destruir símbolos, entre otros asuntos.

Están intentado amedrentar a la población y esta ley significa la vuelta a tiempos bastante ominosos. Nos remite a países como Bielorrusia. Entre Lukashenko y el señor Rajoy, que aparentemente ni pincha ni corta, hay poca diferencia. La futura ley busca restringir las libertades porque ya no se puede tapar el escándalo que supone que la parte más poderosa de la sociedad arramble con los derechos, dineros y futuro de la gente más débil”, declaró a este periódico uno de los cientos de manifestantes, Pedro González.

La marcha desembocó en uno de los juzgados de la calle Bravo Murillo con la salida de los detenidos. “No es una ley de seguridad ciudadana, sino una ley para amordazar y que la gente no pueda ejercer su libertad de crítica y de manifestación.Ahora, además de esos recortes sociales y económicos, se hace un recorte tremendo en las libertades, que ya de por sí no eran amplias y sí precarias impropias de un sistema democrático”, aseguró Luis Ocampo, de la coordinadora 25-S.

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