Una perspectiva general del fraude fiscal en España

TODOS CONTRIBUIRÁN AL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLICOS DE ACUERDO CON SU CAPACIDAD ECONOMICA MEDIANTE UN SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y PROGRESIVIDAD QUE EN NINGÚN CASO TENDRÁ ALCANCE CONFISCATORIO”.

(Artículo 31 de la Constitución España)

1. “Sociología del fraude fiscal”:

 

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El fraude fiscal constituye actualmente un serio problema para muchos países. Incluso se ha llegado a afirmar que “la evasión es un fenómeno universal, allí donde existe un régimen de libertades y la oportunidad de evadir”.

Las estimaciones internacionales de que se dispone no solo indican que el fenómeno está difundido en casi todas las democracias contemporáneas sino que, a nivel europeo, en los países mediterráneos esta tendencia es más aguda. En el caso de España, la estimación del fraude se sitúa en torno al 23% del PIB (Ministerio de  Hacienda, 2010), cantidad que se ha calculado de forma aproximada debido a la dificultad de cuantificar la magnitud del fenómeno, pero que supera con creces la media de los países comunitarios (alrededor del 15%). Los propios españoles opinan que el fraude fiscal es una conducta que se encuentra altamente difundida .

El fenómeno de la evasión fiscal ha sido investigado, en la mayoría de los casos, a través de una visión del contribuyente como actor racional y consciente que intenta maximizar su utilidad y considerándolo, a menudo, de forma aislada con respecto al contexto social del que forma parte, siguiendo los principios clásicos de la teoría de la utilidad. A la hora de estudiar las causas del fraude fiscal, las investigaciones suelen concentrarse principalmente en tres dimensiones: los tipos impositivos, las sanciones esperadas y las percepciones de los contribuyentes al respecto.

Los resultados, a veces incoherentes, que han logrado estos análisis sugieren la posibilidad de integrar la visión del ciudadano-contribuyente, considerándolo en su dimensión sociológica. Se ha destacado, por ejemplo, que existe un desajuste entre los niveles de evasión previstos por la teoría económica y los niveles estimados empíricamente, es decir, que los individuos cumplen más de lo previsto por los cálculos deductivos. Esto significaría que hay algo que empuja a los actores sociales a pagar sus impuestos, incluso cuando estos tendrían buenas probabilidades de evitarlo sin que les perjudicara.

La existencia de conductas cooperativas, sentimientos morales de reciprocidad y normas sociales llevan a considerar al contribuyente dentro de un marco sociológico que tiene en consideración tanto la cultura fiscal en que el actor está involucrado, como el tipo de relaciones sociales concretas que él establece en su vida social. Un punto de partida muy útil es la consideración de los impuestos como dimensión fundamental de la ciudadanía política. A partir de este enfoque, el fraude fiscal puede ser visto como una desviación de las normas que fundamentan la ciudadanía, y no simplemente como una conducta utilitarista.

 

2. La situación actual:

 

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El ministerio de Hacienda se afana de un tiempo a esta parte en luchar y perseguir el fraude fiscal en España. Las reformas que han puesto en marcha a través de la nueva Ley Antifraude van destinadas a perseguir a los evasores de impuestos para que no queden exentos de pagar los consiguientes gravámenes que eluden. Muchos de estos casos se ejemplifican en grandes figuras mediáticas de nuestro país.

Nombres de famosos representantes de los medios han sido nombrados por diversos medios como presuntos evasores perseguidos por el fisco español. Pero no sólo se haya este tipo de actividad en el mundo mediático: el mundo del fútbol o del arte son ámbitos en los que también podría darse la creación de empresas ‘fantasmas’.

Si una persona sola presta su imagen a través de una sociedad, Hacienda considera que eso se hace para pagar menos impuestos. Esto viene dado por la creación de sociedades por parte de personas físicas a través de las cuales se canalizan los ingresos que éstas reciben a cambio de sus rendimientos laborales, que en España cotizan a través del Impuestos sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) y que está establecido de forma general en el 44%, aunque en algunas Comunidades Autónomas como Cataluña puede llegar al 52%.

El concepto de creación de empresas ‘fantasmas’ consiste en que la sociedad se crea pero no tiene actividad mercantil, sino financiera.  Hacienda mira si la sociedad está formada por un socio,  debido a que normalmente este tipo de empresas apenas tiene uno o dos trabajadores dados de alta. El trabajo de Hacienda consiste en percatarse de que la empresa “tiene cierta infraestructura” y que realmente se dedica al negocio para el que fue creada.

A través de este entramado mercantil se evita pagar el tanto por ciento establecido por el IRPF y tributarán al 25% o 30%  haciéndolo en concepto de sociedad en lugar de hacerlo como persona física.

 

3. ¿Para qué irnos fuera? Un paraíso fiscal legal dentro de España: las SICAV;

 

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Los ricos han visto aumentar sus fortunas como prueban las SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable), que en algunos casos suman un 50% más que en anteriores liquidaciones de beneficios. Para no pagar por su dinero nada más que el 1% sólo tienen que invertirlo en una SICAV siglas que ocultan un auténtico paraíso fiscal legal en España, que no puede ser controlado por la Agencia Tributaria, y para su constitución únicamente se necesita un capital mínimo de 2.404.048 euros y 100 “partícipes”. Con este mecanismo legal, las grandes fortunas españolas, la élite financiera, no necesita llevarse su dinero al extranjero, ni evadirlo, porque aquí en España puede tenerlo cómodamente, y retirarlo y usarlo cuando quieran, como si de un banco se tratase, y sin que su actividad pueda ser fiscalizada por el Ministerio de Hacienda

Las SICAV son un paraíso fiscal dentro de España. Y legalizado. Comparte elementos con Gibraltar en el hecho de que la persona que tiene dinero ahí metido no paga impuestos y con la diferencia de que, en España, las han dejado para legalizar los patrimonios de los grandes capitalistas que abarcan toda la élite del sistema, no sólo políticos, sino que se ha hablado que están alrededor de la Casa Real e incluyen deportistas de alto nivel, actores y directores como Pedro Almodóvar y comunicadores como Ana Rosa Quintana. Una SICAV es una sociedad anónima que sólo tributa el 1% del beneficio. Las grandes fortunas se han creado en torno a las SICAV porque, como no pagan impuestos, se capitalizan exponencialmente y así les va de bien, mientras que el resto de los españoles no nos podemos capitalizar, cortándonos la posibilidad de prosperar socialmente.

Las SICAV fueron creadas por el gobierno socialista de Felipe González aupado por diez millones de votos de obreros, pero todos los partidos están en la pomada y el PP las ha mantenido, CiU las ha defendido, el PNV e incluso IU nunca ha hecho una denuncia efectiva. Y son un auténtico fraude de ley: tienen que tener un mínimo de cien accionistas porque se buscan que sean una sociedad de inversión colectiva, pero en realidad hay un accionista con 99,9% de las acciones y luego tiene accionistas de paja, llamados también mariachis o testaferros. Son sociedades instrumentales que han servido a los grandes capitalistas para seguir enriqueciéndose. La CNMV las ha protegido respecto al resto de los españole

Una vez más Europa está detrás del telón, pues la SICAV se rigen por una directiva europea. Pero es interesante que, en Francia, la legislación les obliga a invertir en la industria nacional y en deuda pública francesa. Son sociedades que han sido “nacionalizadas”. Eso explica que Francia tenga una industria automovilística tan potente. En España, el legislador no obliga a invertir en deuda pública e industria nacional no hay. ¿En qué invierten mayoritariamente las SICAV españolas?: En economías extranjeras.

El legislador francés ha sido más diligente. En España, como estamos viendo en estos días, sólo han pensado en su propio medro personal y no han tenido esa inteligencia legislativa. Francia sabía que los capitales no tienen patria y huyen y ha conseguido arraigarlos a su territorio nacional, que es lo que España nunca ha sabido hacer. Volviendo a Depardieu, lo que no puede ser es que se obligue a una persona a pagar el 75% de su renta, eso es una confiscación. Tampoco se puede permitir que pague solo el 1%. Hay un término medio, un principio de solidaridad con respecto al conjunto de tu sociedad.

Pero claro, recientemente nos enteramos de que gran parte del “dinero amnistiado” por Montoro ha ido a parar a SICAV. ¿No es para indignarse? 

4. China como caso extremo e imaginativo:

 

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Parece que el fraude fiscal es uno de los males endémicos en China. Uno de los problemas es la economía sumergida que se estima representa  cerca de 1/6 del PIB Chino y es especialmente pronunciada en el sector servicios donde se estima que alcanza cerca del 30% de esta actividad, en un país acostumbrado además a pagar en metálico el 95% de sus compras.

Para intentar arreglar el problema, hace ya un tiempo, que el gobierno hizo obligatorio que toda tienda tuviera unas máquinas registradoras que no podían ser manipuladas con el objetivo de poder registrar todas la actividad de la tienda y los inspectores del gobierno pudieran tener la certeza del nivel de ingresos de cada tienda. La idea era buena, pero para los amantes de la economía sumergida la solución también era sencilla. Pongo la maquina registradora en mi tienda, pero sencillamente no la uso o la uso sólo parcialmente, es decir realizo un porcentaje de las ventas en A usando la maquina mientras que el resto de las ventas las sigo haciendo en B sin utilizar la maquina.

Sin embargo a grandes males grandes soluciones. La única forma realmente eficaz que tienes de evitar las ventas en B es que sea el cliente el que te pida el recibo expedido por la máquina registradora. Obviamente para conseguir eso tienes que crear un incentivo para que los clientes pidan el recibo y aquí es donde entra en juego la original idea del gobierno Chino. Tan simple y tan sencillo como convertir cada recibo expedido por una máquina registradora en un billete de lotería, que mediante sorteo puede hacer que los afortunados poseedores del recibo ganen hasta 5.000 yuanes.

Es decir, se pasa de una política de recaudación fiscal basada en el castigo a una política recaudadora que tiene en el incentivo su principal arma para combatir la economía sumergida. El sistema tiene sus ventajas. Incentivando al consumidor, este sin ningún coste para el Gobierno (salvo el de los pequeños sorteos) captura para el gobierno los datos necesarios que le permiten tener la información fiscal necesaria.

De momento el programa sólo se está aplicando de forma experimental en algunas áreas del país, pero parece que los primeros test son bastante satisfactorios, ya que a cambio de un coste de 30 millones de yuanes en premios de lotería el Gobierno ha incrementado su recaudación en cerca de 900 millones de yuanes.

Obviamente, el incentivo del Gobierno puede ser combatido si los comercios, cómo así está sucediendo, incentivan a los clientes a no pedir recibos, ofreciéndoles a cambio descuentos o algún producto de poco valor de forma gratuita, pero el sistema de loterias parece una solución para luchar contra la economía sumergida que apunta en la buena dirección.

En algunos países del Sur de Europa, cómo España, Italia o Grecia, donde se estima que la economía sumergida puede alcanzar entre el 20% y el 30% del PIB, evidentemente no estamos hablando de adoptar este tipo de soluciones imaginativas, pero sí sería interesante en empezar a pensar en que busquen más el incentivo que el castigo, al ver que éste por si mismo no consigue cortar el problema de raíz (lo cual, además, se agrava ante la falta de medios que destina el Gobierno).

 

5. ¿Y la Unión Europea? ¡Otro problema!

 

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La política fiscal configurada desde el “Pacto del Euro” de lamentable recuerdo, que se impuso hace poco más de dos años (sobre este tema ya nos expresamos en este documento desde Democracia real YA) considera los recortes del gasto público, de las prestaciones sociales y la liquidación de los activos públicos como las únicas acciones posibles para la reducción del déficit y sentar las bases para la recuperación del crecimiento. La omisión de iniciativas orientadas a recuperar los 80.000 millones de euros defraudados anualmente al Erario Público, 20.000 millones de ellos utilizando cuentas bancarias ocultas en el extranjero, resta credibilidad a esa política.

La ausencia de propuestas para que el principio de capacidad económica sea el factor determinante de lo que cada uno ha de aportar al sostenimiento de los gastos públicos, tal como exige el artículo 31 de la Constitución, desvela, igualmente, el carácter profundamente injusto de la política fiscal dibujada por el pacto del Euro.

Una política justa y equilibrada contra la crisis requiere acciones urgentes para recuperar los ingresos públicos que los sectores que tienen posibilidad de defraudar a la Hacienda Pública han dejado de aportar al sostenimiento de los gastos públicos. Los sectores inmobiliario y financiero, máximos responsables de la crisis económica, resultan además protagonistas destacados de la insolidaridad fiscal.

El primero por la intensa utilización de billetes de 500 euros, síntoma revelador de patologías gravísimas de ocultación fiscal. El segundo por sus conexiones con los paraísos fiscales y las cuentas secretas.

La omisión de iniciativas orientadas a recuperar los 80.000 millones de euros defraudados anualmente al Erario Público, 20.000 millones de ellos utilizando cuentas bancarias ocultas en el extranjero, resta credibilidad a esa política. De igual forma, resultan indispensables iniciativas legislativas y administrativas para que los principios constitucionales de capacidad económica, de igualdad y progresividad, como manifestaciones del de justicia tributaria, sean de aplicación efectiva.

De acuerdo con estas consideraciones es hora de plantearse una serie de medidas que impulsen y favorezcan la más decidida y eficaz acción de los poderes públicos contra el fraude fiscal y contribuyan a la toma de conciencia y movilización de la ciudadanía para la erradicación de esta  lacra social.

 

6. A modo de conclusión:

 

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Podemos afirmar que de nuevo estamos ante un claro ejemplo de la falta de horizonte y capacidad de nuestro legislador para frenar el fraude fiscal, que se empeña en matar moscas a cañonazos, sin apreciar los riesgos inherentes a las actualizaciones legales que está realizando. Falta horizonte cuando se legisla una materia tan sensible con vistas al corto plazo, y falta capacidad cuando el legislador, el Gobierno, omnipotente, no tiene mejor ocurrencia para reducir su inoperancia que acudir al sistema de denuncia ciudadana.

No es ni mucho menos el único ejemplo: la normativa sobre Blanqueo de Capitales y las obligaciones formales y de información ante la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en siglas, SEPBLAC) que por Ley se han impuesto a múltiples empresarios y profesionales, incluyen no sólo vulnerar la confidencialidad, sino incluso como sostienen algunas voces triturar el secreto profesional entre abogados y clientes. Otra historia, que también merece ser contada y que cae en el mundo de las chapuzas y leyes contradictorias que sólo saben usarse a modo de parche

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