La Audiencia “no excluye” en Naranjax delitos contra la salud

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón considera que en la investigación de los cuños falsos del caso Naranjax, además de la supuesta falsificación documental, “no se excluye” que se haya cometido otro presunto delito contra la salud pública. En dicha causa están imputados el presidente de la Diputación, Carlos Fabra; su esposa, María Amparo Fernández; el empresario Vicente Vilar; y su exmujer, Montserrat Vives.

Así lo indica la Sala, en un auto hecho público ayer, en el que se rechaza que la Unión de Consumidores (UCE) actúe en la causa como acusación particular y reitera que su personación continúe como acusación colectiva.

 

ADMISIÓN DE LAS CAUSAS En dicho escrito, sin embargo, la Audiencia Provincial de Castellón determina que “tener por personada a la querellante —a la UCE– conlleva implícitamente la admisión de su querella”.

De esta manera, la Audiencia Provincial admite la denuncia presentada por la UCE el 9 de noviembre del 2005 contra Vilar, su exesposa, Fabra y su mujer, por los supuestos delitos “contra la Administración Pública, de falsedad en documento oficial y contra la salud pública”.

Los dos primeros posibles actos delictivos ya se venían investigando en los juzgados de Instrucción 1 y 2 de Nules, respectivamente. Con esta resolución, la Sección Segunda abre la posiblidad a que se investiguen, además, delitos contra la salud, si bien, matiza que concretar dicha imputación “puede resultar innecesaria” y “prematura”.

Hay que recordar que en el caso Naranjax ya se archivó la investigación de un posible delito contra la salud que denunciaba Vilar en una de sus querellas. Por ello, fuentes jurídicas de la Unión de Consumidores consideran como una “reapertura” de dicha deriva del caso la decisión de la Audiencia Provincial.

Respecto a las diligencias de investigación solicitada por la UCE, la juez instructora y la fiscalía Anticorrupcción consideran que “ya se encuentran acordadas y practicadas”, por lo que la Audiencia de Castellón no cree “pertinente” acordar nuevas actuaciones al respecto.

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