La factura del despilfarro: Valencia dilapidó 12.500 millones de euros en grandes fastos

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José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que destapó el caso Gürtel con sus conversaciones grabadas a escondidas a Francisco Correa y sus secuaces, encendió por última vez su casete el 12 de diciembre de 2007. Fue en un salón del hotel madrileño Gran Meliá Fénix, donde el cabecilla de la trama tenía alquiladas dos suites. Ese día, recuerda ahora Peñas, “recogí la frase en la que decía que había llevado mil ‘kilos’ a Bárcenas de comisiones en el Ministerio de Fomento y sus alardeos por el negocio que iba a hacer con Paco Camps con motivo de la Fórmula 1 en Valencia”.

El exconcejal ha escrito el prólogo de Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que el periodista Sergi Castillo destripa los casos de corrupción que salpican a todas las instituciones de la Comunidad Valenciana controladas por el PP, y en los que ya hay más de un centenar de imputados y condenados, desde expresidentes y exvicepresidentes de la Generalitat a alcaldes y concejales, pasando por parlamentarios autonómicos, diputados provinciales, altos cargos y funcionarios.

El Gran Premio de Fórmula 1 de la Comunidad Valenciana del que alardeaba Correa fue sólo uno más en la larga lista de grandes eventos que Eduardo Zaplana, primero, y sobre todo Camps, promovieron como tributo a su desmedido ego. “Jugaron con el dinero de todos a ser los faraones de los nuevos tiempos”, afirma Castillo, que añade: “Al deseo de perpetuarse y ser recordados se suma el de ser admirados y reconocidos. El discurso es digno de psicoanálisis, pero lo esencial era tener el edificio, el acontecimiento o el acto más grande. Sin más. El tamaño no es que fuera lo más importante; era lo único importante”.

Estética y hedonismo

El catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón José Antonio Piqueras bucea incluso en las raíces antropológicas de la megalomanía de los gobernantes valencianos, al frente de una sociedad que goza con las fallas, la pólvora, la música… “Aquí ha habido una predisposición a la estética y el hedonismo efímeros. Tenemos monumentos que arden, cabalgatas que se consumen y gaiatas que son para el desfile. En el mismo acto que se realizan se consume la alegría y ya está”. Y, como recuerda, Castillo, “las hemerotecas están llenas de frases de Camps asociando un supuesto liderazgo de la Comunidad Valenciana a su política de grandes eventos”.

El autor de Tierra de saqueo sostiene que “la suma del negocio generado con dinero público por los grandes casos de corrupción y los grandes eventos de la Comunidad Valenciana asciende a 12.500 millones de euros”. Y advierte que “la magnitud de esta cifra es mayor si se compara, por ejemplo, con todo el presupuesto de la Generalitat para 2013“, que asciende a 13.940 millones de euros.

Castillo, no obstante, reconoce que “obtener un dato fehaciente sobre la factura de la corrupción es una tarea prácticamente imposible por estar en marcha en los juzgados la mayoría de las investigaciones, algunas bajo secreto de sumario, y variar constantemente las cifras y su alcance en función de las fuentes. Lo mismo ocurre con los proyectos y eventos, rodeados de secreto y confidencialidad, de los que no existen apenas estudios fiables sobre su rentabilidad”.

El coste de la corrupción

El único trabajo científico sobre el impacto económico de la corrupción en la Comunidad Valenciana lo ha elaborado Julián López Milla, profesor titular en el Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante hasta que en 2011 fue elegido parlamentario autonómico por el PSOE. Su informe cifra en 1.184 millones de euros, sólo en los tres últimos años, el “coste de imagen que supone la corrupción” en la región. Para llegar a esa conclusión, López ha aplicado la metodología usada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el cálculo de la huella de la corrupción en el crecimiento económico de los países, además de los indicadores de Transparencia Internacional sobre comunidades autónomas.

Juzgado del Caso Gürtel (EFE)Juzgado del Caso Gürtel (EFE)Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el coste de los grandes eventos y proyectos en la comunidad durante los mandatos de Zaplana y Camps se eleva a 5.225 millones de euros. Con ese dinero se han financiado la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Ciudad de la Luz de Alicante, la Copa del América, el Gran Premio de Fórmula 1, Terra Mítica, en Benidorm, o el aeropuerto ‘fantasma’ de Castellón, entre otros muchos. Y a esa lista hay que añadir los sobrecostes generados por los casos de corrupción más sonados del último lustro. Castillo los despieza en su libro:

Caso Gürtel. Las 14 empresas investigadas por la supuesta financiación del PP valenciano y las compañías que figuran en los papeles de Bárcenas recibieron 4.894 millones de euros en adjudicaciones públicas de la Generalitat. Siete empresas están siendo investigadas actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad y ocho en la Audiencia Nacional. Las empresas de la trama Gúrtel gestionaron 120 millones de euros en toda España.

Radio Televisión Valenciana (RTVV). La deuda acumulada por el ente público asciende a 1.309 millones de euros. Tras esa cifra se esconden numerosas irregularidades y casos de corrupción, como la visita del Papa Juan Pablo II, una pieza separada del caso Gürtel.

Caso Brugal. Las cinco piezas principales del caso suponen un negocio de 813,3 millones de euros. De ellos, 250 millones corresponden al Plan Zonal de Residuos, 190 al contrato de recogida de basuras de Orihuela (Alicante), 250 al llamado ‘plan Rabassa’ -un proyecto urbanístico en la capital alicantina-, 120 millones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la misma ciudad y 3,3 millones al conocido como caso Aguas de Calpe.

Caso Emarsa. Según el juez, el saqueo de Emarsa, una empresa pública creada por el Ayuntamiento de Valencia, asciende a 25 millones de euros, aunque el PSOE valenciano eleva la cifra a 40 millones. En total, la Generalitat aportó 100 millones a la depuradora de Pinedo (Valencia). A esta cantidad hay que sumar otros 100 millones de euros de las obras adjudicadas a dedo por la entidad de saneamiento. En total, 200 millones.

Caso Cooperación. Las adjudicaciones realizadas a empresas vinculadas al empresario Augusto César Tauroni, ahora en prisión, desde la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía que encabezaba el exdiputado del PP Rafael Blasco, ya imputado, ascienden a 40 millones de euros. Los jueces investigan el supuesto desvío de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat destinaba a ayudas a países del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino.

Caso Taroncher. Las adjudicaciones sospechosas a la empresa Construcciones Taroncher, propiedad de un íntimo amigo del conseller de Gobernación y Justicia de la Generalitat, Serafín Castellano, ascienden a siete millones de euros.

Caso Nóos. Los contratos del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para organizar las tres ediciones del Valencia Summit, un foro sobre turismo y deporte, y desarrollar el proyecto de los I Juegos Europeos, nunca celebrados, se dispararon hasta los 4,5 millones de euros.

Caso Fabra. Según la Agencia Tributaria, 4,7 millones de euros es la cantidad de origen desconocido en las cuentas bancarias de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y principal impulsor del aeropuerto sin aviones de la provincia.

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