Multas de hasta 600.000€ para silenciar los abusos policiales en las manifestaciones

El uso y la distribución de imágenes de policías supondrá una infracción “muy grave”, castigada con hasta 30.000€ de multa. Con ello el gobierno pretende evitar que los antidisturbios que cometen abusos y apalean ciudadanos en las calles, puedan ser denunciados públicamente. #Censuratotalitaria

Agencias/Kaosenlared

Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa “grave” sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

En el redactado también se contempla como infracción “muy grave”, sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.

Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales, denunciando así actuaciones como las del 25S, el 15M en Barcelona, las Jornadas de las JMJ, la Primavera Valenciana, las diferentes huelgas generales de los últimos tres años y tantos otros casos de abusos y violencia policial contra la ciudadanía, en muchas ocasiones por mero capricho sádico del policía en cuestión o actuando contra menores de edad sin el menor miramiento. Subir públicamente las imágenes de tales acciones podrá salir muy caro a partir de ahora.

El estado quiere así garantizar la impunidad de aquellos que estarán encargados de reprimir al pueblo y velar por los intereses de las clases dirigentes a cambio de unos pocos miles de euros al mes, asegurando que estos podrán actuar con total libertad y la ciudadanía no tendrá siquiera derecho a denunciarlo públicamente, a través de las redes sociales u otro tipo de medios del estilo por el cual son habituales estas imágenes de denuncia de los abusos represivos. Lo propio, por supuesto, de todo estado totalitario: primero reprime y después actúa contra quien se atreve a denunciar y hacer pública, con pruebas, tal represión.

Objetivo principal: silenciar las protestas sociales 

En total hay 21 infracciones consideradas “muy graves” y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.

La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará “muy grave“, así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear –objetivo muchas veces de movimientos ecologistas– o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas.

En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto, no obstante, según el Ministerio, no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios. Levantar barricadas también será considerada una infracción “grave“.

Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como ‘Ley Corcuera’ de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Aquella ley ya fue anulada parcialmente por el Constitucional al violar derechos fundamentales. Con la nueva ley, posiblemente acabe ocurriendo algo similar. Salvo que el propio constitucional acabe decidiendo que ya es hora de acabar con toda ilusión de falsa democracia en el estado, y haya llegado el momento de dejar a la vista de todo el mundo su carácter represor y totalitario al servicio de los privilegios de una élite dominante, sin ocultaciones ni medias tintas.

Veremos…

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“Tienen miedo de que estemos donde debemos estar”

Raúl Rejón 

Parece una ley con destinatarios concretos y conocidos. Lo que ha trascendido de la futura Ley de Seguridad Ciudadana incluye el castigo endurecido de nuevas y viejas formas de protesta multiplicadas por la facilidad de comunicación de la era digital. En la red social Twitter se ha ganado la etiqueta de #leyanti15m.

Porque hasta hace un año nadie sabía lo que era un escrache y ahora puede salir por 600.000 euros de multa. En la Plataforma Antidesahucios entienden que este movimiento del Gobierno por criminalizarlo “demuestra que tienen miedo de que estemos donde debemos estar“. Tras conocer los planes de endurecimiento del código, Andrea Quinatoa, miembro de la PAH desde 2008, asegura a eldiario.es que “la conciencia ciudadana no se va a parar por más leyes que nos pongan encima”. La PAH, dice, se siente “legitimada” aunque concluye que incluir los escraches dentro de la lista de actividades con fuerte represión legal no es más que un “reflejo del temor que el Estado está desarrollando contra la ciudadanía cuando ejerce su protesta“. Cuestionada por el futuro de sus reivindicaciones, asevera: “Si mañana hay que hacer un escrache, se hará. Estamos legitimados”.

El texto, que presumiblemente irá al Consejo de Ministros del viernes, apunta con precisión hacia dónde quiere golpear. Las famosas acciones de protesta ecologista verán recrudecido su castigo. La asociación Greenpeace se distingue por llamar la atención sobre la protección del medio ambiente: “Porque no se defiende sólo”, suelen argumentar. Sus escaladas de edificios, vuelos reivindicativos o travesías marítimas no gustan a los redactores de la ley. “Estamos espantados”, cuenta a este diario María José Caballero, jefa de campaña de Greenpeace. “Llevamos 40 años protestando y consiguiendo así victorias”, explica la activista, al tiempo que se lamenta: “Nos retrotrae a épocas oscuras, sin discrepancia”.

Este martes un grupo de miembros de la asociación se ha descolgado de la fachada del edificio de la petrolera Shell en Madrid para pedir la libertad de sus compañeros apresados en Rusia. “Ahora estamos preocupados porque no sabemos dentro de poco si en lugar de a San Petersburgo tendremos que ir a Soto del Real”, ironiza Caballero. “Nosotros estamos cada dos por tres frente a procesos judiciales. Unas veces ganamos, otras no, pero siempre aceptamos las sentencias y pagamos las multas que ya se nos están poniendo, que a veces son muy altas”. Con este panorama, si las cantidades se multiplican, analiza Caballero, “nos podrían incluso estrangular desde el punto de vista financiero”. A pesar del horizonte más oscuro, la Greenpeace clama: “Si hay que descolgarse, nos seguiremos descolgando”.

“Lo dañino no está en la calle”, responde Camila Monasterio, de la Plataforma No Somos Delito. Monasterio cree que esta norma “responde al espíritu de la reforma del código (penal) y va a criminalizar la protesta social”. Según su análisis, estas medidas se toman “porque se ha comprobado que (las protestas) funcionan. Porque se ha desarrollado un apoyo entre colectivos que lo ha vuelto más efectivo”. Y opina que la respuesta “es totalmente desproporcionada. El daño a la sociedad hay que buscarlo en otros sitios”.

Preguntada por un análisis técnico, la abogada Verónica del Carpio pone el acento en cómo ha surgido: “Con lo que sabemos, no se puede opinar. Es un globo sonda. No obstante, hay indicios de que se pretende poner trabas a la protesta social, sea 15M o no”. En este sentido, Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional España, asegura que, a pesar de haber solicitado formalmente el texto del anteproyecto no lo ha recibido. Con todo, Beltrán ha querido recordar que es importante el “derecho de manifestación espontánea para el que no sería obligatoria la autorización de una protesta pacífica”. En ese sentido se opone a la restricción de las concentraciones frente al Congreso: “Las únicas restricciones deben imponerse únicamente cuando exista un riesgo para la seguridad pública”.

Desde Jueces para la Democracia entienden que un movimiento así apunta a “disuadir, desde una perspectiva autoritaria, formas de protesta”. El derecho de manifestación existe en la Constitución sin requerimiento de autorización y, según estos jueces, “el código ya regula los desórdenes públicos” por lo que endurecer las limitaciones de este derecho -por ejemplo ante edificios públicos sin que se altere su funcionamiento- “puede ser de dudosa consitucionalidad”. Y añaden que tomar la vía administrativa, en la que el Ejecutivo es juez y parte al colocar las sanciones, elude “las garantías del proceso judicial” que no habían visto delitos en casos previos de concentraciones o escraches ya juzgados.

http://www.eldiario.es/sociedad/ley_seguridad_ciudadana-reacciones_0_198430382.html

El PP instaura con su ‘ley mordaza’ el “derecho administrativo del enemigo”

Juristas, policías y movimientos sociales se han posicionado contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ya denominada como “ley mordaza”

LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL

“Para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo”, afirma Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. Así lo ponía de manifiesto el propio Jefe Superior de la Policía valenciana, Antonio Moreno, cuando mandó cargar duramente contra “el enemigo”, que en ese momento para él eran los jóvenes que protestaban en defensa de la Educación Pública durante la llamada Primavera Valenciana. Según Bosch, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadanaque se anunció este lunes y que el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz llevará al Congreso, el ejecutivo está recurriendo al derecho penal del enemigo, aquél que en pos de la seguridad castiga al autor por el hecho de ser peligroso, es el enemigo, el que está fuera de la ciudadanía que sí se rige por las normas ordinarias. Pero la mayoría de personas que protestan no cometen delitos penales, por eso, para ellos, “se impone ahora el derecho administrativo del enemigo”.

Los temores de muchos se han cumplido. Según establece el anteproyecto, los escraches de la PAH frente a las viviendas de representantes políticas, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros. Ya empezado a denominarse como “ley mordaza“. O #LeyAnti15M, como ha sido bautizada en Twitter por miles de usuarios.

No ha tardado en despertar un aluvión de reacciones en contra. Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, entiende que esta ley queda dentro de la línea de “restricción de derechos” que lleva siguiendo el Gobierno conservador desde que ganó las elecciones hace dos años, éste sería “sólo un eslabón más”. De este modo, entiende que “hay que ponerla en el mismo rango del nuevo código penal, rezuma una gran demagogia populista”. Añade que lo que está intentando el PP es “poner el foco en ese tema y obviar otras cuestiones como los recortes en Educación y Sanidad”.

Margarita Robles (TS): “Esta ley rezuma una gran demagogia populista”Bosch es más rotundo: “Con el pretexto de la seguridad, y según una perspectiva autoritaria, el Gobierno criminaliza determinadas formas de protesta social que los ciudadanos usan para expresar su malestar con los recortes sociales”. El portavoz de Jueces para la Democracia explica, en declaraciones a Público, que el PP estaría intentando castigar a los ciudadanos que protestan fuera de las leyes penales, pues los tribunales no son tan contundentes como le gustaría, y utilizar para ello las faltas administrativas.

Un ejemplo serían los escraches, que el presidente del Tribunal Supremo llegó a describir como “un ejemplo de la libertad de manifestación“. Así, “el Gobierno saca de un espacio donde hay tribunales independientes la valoración de estas conductas y las lleva al ámbito administrativo. Además, cuando el ciudadano quiera defenderse ahí deberá pagar unas tasas desorbitadas“, que muchos no podrán pagar.

También entiende que en las medidas sancionadoras “hay claros elementos de desproporción”. Aunque valora que, efectivamente, hay una obvia situación de conflictividad social en el país en estos momentos, en su opinión un gobierno democrático debería convencer con argumentos en vez de castigar a quienes protestan. Y para él el argumento de la seguridad es sólo un pretexto “para restringir derechos”, pues “en nuestro país no hay ningún problema de seguridad. Las encuestas revelan que a la gente le preocupa la situación económica, el paro, la corrupción, pero no la seguridad ciudadana”.

De hecho, la criminalidad no ha parado de bajar durante los últimos años. Los delitos y faltas registrados en España en 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en nuestro país como uno de los más bajos de la Unión Europea, según cifras del propio Ministerio de Interior. En cuanto al aumento de la conflictividad social, sí ha habido un aumento cualitativo y cuantitativo de las protestas. Sin embargo, en otros países de Europa en situaciones similares a la nuestra, como Grecia o Italia, hay una mayor cultura de confrontación en las calles con las autoridades. Si de algo ha sido símbolo el 15-M en España ha sido precisamente de la protesta pacífica y la desobediencia civil.

Policías y activistas, también en contra

José María Benito, secretario de Comunicación del Sindicato Unficado de Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo, ha negado que esta legislación vaya a mejorar la protección a los policías, ya que las agresiones o amenazas a los agentes ya estaban penadas en el Código Penal y la Ley reguladora del derecho de reunión y manifestación, informa Europa Press. Así, ha recordado que el Código Penal contempla incluso penas de prisión para algunas de las conductas ahora incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana. A su juicio, “bajo la apariencia de proteger a los policías”, el Gobierno sólo quiere proteger a “la casta política” y evitar los escraches en sus domicilios o las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados.

José María Benito (SUP): “El Gobierno sólo quiere proteger a la casta política”Los diferentes colectivos y organizaciones de la órbita del movimiento 15-M consideran que con la nueva ley orgánica el Gobierno “criminalizar cualquier acto de protesta”. “Es una vuelta de tuerca. Intentan amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca”, ha asegurado en declaraciones a Europa Press el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa Mayoral. Según este letrado, se trata de “una ley escándalo para cualquier persona que se considere democrática”.

En este sentido, el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló ha denunciado que la norma “recuerda a las peores épocas de la represión franquista” así como que supone “un ataque directo” a los modus operandi y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso. “Se criminaliza no solo la protesta sino también la difusión. Podría atentar incluso contra el derecho de manifestación. Quieren cambiar las leyes para que cualquier cosas que no sea votar al PP sea radical y violento”, ha sentenciado Castelló.

En esta misma línea, la Comisión Legal de la Acampada Sol, cree que la futura ley es una “muestra evidente del aumento de las políticas represivas para la ciudadanía”, así como una norma “hecha a medida de las protestas que han surgido desde el 15-M”. Y añade: “Plantea todas las protestas como ilegítimas”.

También desde la arena política han llegado las críticas. En una referencia a la actual Ley de Seguridad, de 1992 y conocida como Ley CorcueraJoan Coscubiela y José Luis Centella, portavoces del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, han bautizado al anteproyecto de Fernández Díaz como “ley de la patada en la boca a la democracia”. Para ellos, ésta es una “evidencia que confirma que el PP está a punto de empezar una ofensiva brutal contra los derechos civiles”. Y, en nombre de los socialistas, Soraya Rodríguez la ha tildado de “un proyecto de represión ciudadana”.

Lo que dicen las leyes

Constitución Española

Artículo 21

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 104

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión

Preámbulo

La Constitución española de 1978 recoge, entre su diverso contenido, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, como uno de los pilares básicos, en el que se asienta el Estado social y democrático de Derecho.

El derecho de reunión, manifestación primordial de los derechos fundamentales, como derecho público subjetivo.

Artículo 1

2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.

Artículo 4

1. Las reuniones, sometidas a la presente Ley, sólo podrán ser promovidas y convocadas por personas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2. Del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas.

3. Los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un daño a terceros responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos.

Artículo 5

La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales.

b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.

c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

Artículo 10

Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

http://www.publico.es/483307/el-pp-instaura-con-su-ley-mordaza-el-derecho-administrativo-del-enemigo

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