Nadie quiere investigar el ‘caso Interligare’: la juez se inhibe tras ocho meses de secreto sumarial

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Ocho meses de pesquisas judiciales y pocos progresos. La investigación del ‘caso Interligare’, sobre la supuesta existencia de un red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor, Antonio Camacho, avanza a cámara lenta entre prórrogas del secreto de sumario e intentos de la juez encargada de su instrucción de pasar la ‘patata caliente’ a otro magistrado. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Aranjuez, Cristina García Gutiérrez, ha dictado un auto en el que anuncia su intención de inhibirse de nuevo en un juzgado de Madrid. Para ello, y después de que el pasado mes de septiembre la Audiencia Provincial de Madrid rechazase su primer intento en este sentido, la magistrada concluye en su escrito que parte de los delitos que se investigan, en concreto los cometidos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, el de falsedad documental y el de estafa, no se cometieron, y que los que todavía se están analizando, cohecho y tráfico de influencias, son competencia de los juzgados de Madrid. Paralelamente a ello, la jueza anuncia que mantiene el secreto de sumario…. y ya van nueve meses con esta medida extraordinaria

El caso, sin embargo, es mucho más antiguo. Se inició en noviembre de 2011, hace 19 meses, después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía presentaran un informe en los juzgados de Aranjuez, localidad del Sur de Madrid donde tiene su sede la consultora Inteligencia y Seguridad-Interligare, en el que acusaba a Gabriel Fuentes, excomisario general de Información; Miguel Ángel Fernández Rancaño, exjefe superior de Policía de Madrid, y Luis Luengo, exdirector de Infraestructuras de Interior, de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y la Seguridad Social para ocultar las deudas que la compañía tenía con ambos organismos y así poder contratar con la Administración y, más en concreto, con Interior, al que llegaron a facturar 2,4 millones de euros. Fuentes y Rancaño trabajaban en la citada compañía, y Luengo tenía dos hijos en la empresa, además de ser el encargado de firmar las concesiones en el Ministerio. Con aquel informe, los agentes de la UDEF solicitaron también a la magistrada que dictase una orden de detención contra los tres acusados.

Sin embargo, la jueza hizo oídos sordos a la petición e, incluso, quiso apartarse del caso. Así, el 17 de noviembre de 2011, dos semanas después de recibir la denuncia, se inhibió a favor de los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla. Éstos le devolvieron la causa el 2 de diciembre y la magistrada recurrió la decisión de sus compañeros de la capital a la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado septiembre falló que era la titular del juzgado de Aranjuez quien debía hacerse cargo de la investigación ya que la empresa sospechosa tenía su sede en la localidad donde ella está destinada. Tan pronto como la denuncia volvió a su juzgado, la juez García González decretó el secreto de sumario. Una medida que ha mantenido hasta ahora con una sucesión de prórrogas de la medida. En su último auto, de fecha 9 de abril y al que ha tenido acceso este diario, la magistrada anuncia que mantiene el secreto de sumario para la parte de la investigación que considera aún activa, es decir, aquella que debe investigar si hubo cohecho y tráfico de influencias en la relación de la empresa y el equipo de Interior en la época de Rubalcaba. En este sentido, el escrito recalca que será el compañero de los juzgados de Plaza de Castilla en el que recaiga el caso si finalmente se acepta su inhibición quien deba decidir si se alza el mismo o se alarga.

Segundo intento de inhibirse

El principal argumento de la jueza para intentar ‘deshacerse’ de nuevo del caso es precisamente la parte del sumario sobre el que ha decretado ya el “sobresimiento provisional”, es decir, el fin de las gestiones al considerar que no se cometieron los delitos que en él se investigaban. Según el documento judicial de tres folios, único sobre el que ha levantado el secreto de sumario, la magistrada asegura que ha “comprobado que no existen tales [delitos]”, en referencia a la presunta comisión de los infracciones contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, falsedad documental y estafa. Para ello, destaca que los informes que en su día solicitó a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, los organismos suspuestamente afectados por la actuación presuntamente irregular de la empresa, concluyen que Interligare no “tergiversó” las declaraciones presentadas para ocultar sus deudas y así contratar con la Administración. También considera que los indicios en este sentido “que habían apuntado los testigos, antiguos empleados” de la compañía, tampoco se han visto ratificados en estos últimos ocho meses de investigaciones bajo secreto.

En su postura, según recoge el documento, la jueza cuenta ahora con el respaldo del fiscal del caso, quien recientemente se ha pronunciado en un escrito a favor de la inhibición al considerar también que los delitos que justifican la instrucción del caso por parte de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Aranjuez “no existen” y que, por tando, “procede la inhibición a los Juzgados de Madrid capital para continuar la instrucción de los restantes delitos investigados”. No es de la misma opinión la acusación popular, representada por el sindicato Manos Limpias, que en su escrito de personación ya pidió la imputación de 24 personas, entre ellas los exministros Rubalcaba y Camacho, el exjuez Baltasar Garzón, así como todas aquellas personas que ocuparon algún cargo directivo de la empresa. Su petición no prosperó.

Patata caliente también para el PP

Aunque los supuestos delitos investigados se cometieron cuando estaba el PSOE en el Gobierno, el ‘caso Interligare‘ se ha convertido en una ‘patata caliente‘ también para el actual ejecutivo del PP. De hecho, ya ha costado el puesto a varios mandos policiales del equipo de Jorge Fernández Díaz. Primero, frustró el nombramiento de uno de los acusados, Gabriel Fuentes, como asesor del que fuera hasta el pasado mes de enero secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. Además, desde la Dirección General de la Policía, que siempre ha asegurado que el caso se limita a una pelea entre clanes policiales y que el informe que permitió abrir la causa se hizo al margen de la cadena de mando, ordenó a la Unidad de Asuntos Internos, que investiga la corrupción dentro de la institución, iniciar pesquisas sobre los tres agentes que firmaban el polémico documento policial.

Finalmente, este grupo denunció al inspector jefe Jaime Barrado, principal responsable del informe, por amenazas y coacciónes ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid. Acusaciones a las que sumó posteriormente la de revelación de secretos oficiales al considerar que había sido él quien presuntamente había filtrado el documento policial al diario El Mundo, que fue el medio de comunicación que destapó la investigación el pasado verano. Este lunes, este mismo periódico informaba que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que habían recurrido Barrado y sus dos subordinados afectados por la medida disciplinaria, ordenaba a la Dirección General de la Policía que repusiera a los agentes al frente de las pesquisas, ya que nada justificaba que se les retirase del caso y porque desde que fueron apartados “no se ha producido ningún avance en la investigación”.

El caso también salpicó al entorno más cercano al actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Su jefe de gabinete, el inspector Pedro Agudo, a quien supuestamente se dirigió el inspector jefe Barrado al poco de llegar el PP al poder para exigir ser respuesto en su destino, dimitió de su cargo y fue destinado a un puesto en el extranjero. El propio Cosidó, que siempre ha mantenido el más absoluto silencio sobre el asunto, se vio salpicado después de que Vozpópuli revelase que cuando aún era diputado de la oposición hizo en el Congreso una pregunta por escrito y dos solicitudes de informe al entonces Gobierno socialista para conocer la relación de la Administración con la empresa Interligare.

 

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