CASTOR ATOMICO

FUENTE

El Ministerio de Industria se ha negado a entregar al diputado de CiU Jordi Jané el informe geotécnico sobre el terreno de Villar de Cañas donde se construirá el almacén nuclear. El diputado lo reclamó en abril, pero el Gobierno alegó que no podía aportar “informes definitivos”. Ese estudio, que está finalizado desde el 14 de febrero y al que ha tenido acceso este diario, concluye que en la zona hay “dolinas de subsidencia, generadas por la disolución de algunos estratos yesíferos” y que podría haber cavidades en el subsuelo. Por ello, avanza que en algunas zonas harán falta “cimentaciones especiales”. Esto, según los expertos consultados, implicará sobrecostes millonarios. Los estudios en profundidad del terreno se han realizado una vez comprada la parcela, seleccionada en una decisión política entre cuatro pueblos candidatos. Industria no ha querido comentar la noticia.

En diciembre de 2011, en su segundo Consejo de Ministros, el Gobierno de Mariano Rajoy eligió Villar de Cañas (Cuenca) como sede del almacén nuclear (ATC). En una lista elaborada por el Gobierno anterior, del PSOE, Villar de Cañas era el cuarto candidato en puntuación, por detrás de Zarra (Valencia), Ascó (Tarragona) y Yebra (Guadalajara). La decisión fue política, ya que Cospedal aceptaba el almacén en Cuenca —no así en Guadalajara—.

La elección contó con un comité asesor de expertos que no colaboró en la puntuación final. Visitaron los terrenos y del de Villar de Cañas señalaron que “los riesgos geomorfológicos potenciales en el entorno del emplazamiento se reducen a los relacionados con las formas kársticas (pequeñas dolinas) desarrolladas en yesos”.

El comité asesor, que no realizó catas del terreno, admitió que “la información geológico-geotécnica disponible del emplazamiento es de tipo general y basada en la bibliografía”, por lo que añadió una salvedad: “Si, en base a investigaciones futuras del propio emplazamiento, se confirmara que en cualquiera de las zonas propuestas el riesgo a medio plazo de potenciales disoluciones en el subsuelo no es despreciable, sería mejor centrarse en los emplazamientos presentados carentes de este tipo de procesos”.

EL PAÍS

En 2012, con el terreno elegido y comprado, comenzaron los estudios en serio. Enresa adjudicó el 13 de febrero de 2012 el estudio geotécnico por 144.500 euros a la unión de empresas Golder Associates y ATSG. Uno de los primeros en visitar la zona para Enresa fue Francisco Gutiérrez Santaolalla, del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza y experto en riesgo por dolinas y deslizamientos. Comparando con fotografías aéreas de 1956, Gutiérrez Santaolalla detectó “una banda afectada por los fenómenos de subsidencia por disolución que coincide en buena medida con el sector de Las Balanzas”, el elegido para el almacén.

El informe de Golder y ATSG, entregado el 14 de febrero pasado, incide en la “existencia de dolinas de subsidencia, generadas por la disolución local de algunos estratos yesíferos del subsuelo”. En zonas con yeso, el agua disuelve sales y aparece un fenómeno de karstificación, en el que se generan grietas, cuevas y dolinas. Pueden producirse colapsos súbitos.

El informe añade que “las dolinas han sido activas recientemente; e incluso es posible que algunas sean actualmente funcionales. […] En el emplazamiento concurren todos los requisitos necesarios para la existencia de un karst en yesos activo”. Por todo ello lo califica como “una condición geotécnica desfavorable”. Además, “en una parte bastante grande del emplazamiento hay niveles de agua someros, en general a menos de tres metros”.

El informe concluye que en una parte será posible la cimentación directa, pero añade: “Consideramos probable que, al menos en algunas de las ubicaciones de las futuras estructuras proyectadas, en su momento haya que diseñar medidas de mejora del subsuelo, como inyecciones sistemáticas bajo las cimentaciones y soleras, y cimentaciones especiales conservadoras, como losas estructurales de gran canto”.

Jané, vicepresidente cuarto del Congreso, pidió ese informe cuando los ecologistas y la oposición ya habían alertado de que el terreno no era el ideal. Lo hizo citando el título exacto y dos meses después de que Enresa hubiera recibido el informe geotécnico.

El 26 de junio, el Ejecutivo le remitió una respuesta en forma de larga cambiada. Industria señala que “en la actualidad no se pueden aportar informes definitivos […] ya que se están llevando a cabo los estudios preliminares, cuyos resultados se incorporarán a la documentación de Enresa”. Señala que los debe validar Enresa, la empresa pública que construirá el ATC, y remite a Jané al informe bibliográfico de la pasada legislatura, que está en la web del ministerio. Sobre los estudios preliminares, señala que “han permitido ubicar ya la instalación del ATC en la parte noroeste de la parcela Balanzas-Boleos, indicando los resultados preliminares de los parámetros geológicos, geotécnicos hidráulicos y hidrológicos la viabilidad constructiva de la instalación, siguiendo las tecnologías convencionales al uso”.

No dice que el informe no exista pero no se lo entrega pese a que Jané presentó una “solicitud de datos, informes o documentos”, no una respuesta escrita. Jané admite que le sorprendió: “Me extrañó que no me dieran el informe sino algo vago. Estudiaré si pido amparo”.

El vicepresidente del Colegio de Geólogos, José Luis Barrera, señala que construir sobre yesos y zonas con procesos kársticos es posible, pero más caro que hacerlo en otro terreno. “Suelos con yesos o arcillas pueden ser materiales peligrosos para la edificación. Cuando aparecen yesos se busca una cimentación especial, que siempre es más cara. Puede que haya que pilotar a 15 o 20 metros de profundidad en vez de cinco”.

Barrera resopla cuando se le pregunta si ese es el terreno ideal para un almacén nuclear, que debe albergar durante décadas residuos radiactivos miles de años: “Nunca sabemos por qué se elige un sitio. El conocimiento geológico en este país es nulo”. Los geólogos han alertado de que la falta de estudios previos ha llevado a fiascos como el del túnel del AVE de Pajares, en el que ya se llevan invertidos 3.000 millones y siguen sin fecha de apertura, entre otras cosas porque ha perforado 20 acuíferos imprevistos.

En abril, Enresa respondió con una nota de prensa a las dudas que comenzaban a surgir sobre el subsuelo de la parcela elegida. Según ese comunicado, los 34 sondeos realizados “confirman la ausencia de riesgos por formaciones kársticas en los terrenos elegidos”. “Los resultados obtenidos en esta primera fase confirman y avalan que no existen riesgos de formaciones kársticas en el terreno donde se va a ubicar el ATC”, añade. El almacén nuclear acogerá 6.730 toneladas de residuos de alta actividad, los producidos por los 10 reactores españoles. Tiene un coste estimado de 700 millones, pero faltan años de trámites y proyectos antes de que las máquinas comiencen. El jueves pasado, en la zona solo seguía un sondeo. Algunos agricultores quemaban rastrojos. En el pueblo, de 500 habitantes, comienzan a ser evidentes los signos de actividad, como los carteles de tres ingenierías que se han instalado desde que se anunció, la sucursal de Banesto está abierta después de 15 años cerrada y se anuncia una promoción de viviendas.

Pero el informe interno de Enresa no es el único que arroja sombras sobre el lugar elegido. El Tribunal Supremo dirime el recurso de Ascó y Yebra contra la decisión del Gobierno de elegir Villar de Cañas. En enero, y a petición de los municipios perdedores, el Tribunal reclamó un perito al Colegio de Arquitectos para que valorara la elección.

El informe pericial entregado en julio de 2013 y realizado por una arquitecta elegida por sorteo entre los calificados como peritos en el Colegio, avala que Ascó y Yebra deben tener mejor puntuación técnica que Villar de Cañas. También incide en el tipo de terreno. “Aunque en construcción todo es posible, el factor económico por la cuantificación de medidas correctoras hace más desfavorable el caso del emplazamiento de Villar de Cañas, siendo el comportamiento del terreno a largo plazo un factor de considerable peso en la seguridad de la instalación prevista”.

El dictamen discrepa del informe realizado por Industria que otorgó igual puntuación en el aspecto geotécnico a Yebra, Ascó y Villar de Cañas. Sobre este último apunta que “no se puede despreciar el coste económico del mantenimiento de medidas correctoras (si bien es cierto que un terreno es susceptible de recibir inyecciones para mejorar sus características de estabilidad, también es cierto que esas inyecciones deberían ser periódicamente renovadas), lo que entrañaría un sobrecoste”.

El peritaje no resta importancia a un posible problema en el subsuelo: “No se puede obviar el potencial peligro que supondría el desarrollo de un proceso kárstico, ya que procesos de karstificación profundos, aunque sean de reducida superficie, podrían causar graves problemas estructurales por asientos diferenciales e incluso por colapso del terreno. En consecuencia, hay un riesgo alto que pasaría a ser muy alto en caso de no ser suficientemente fiable el estudio geotécnico”.

Según este informe pericial, de 70 páginas, no están justificadas muchas de las puntuaciones que otorgó la comisión interministerial —los puntos que nunca conocieron los asesores—. Así, señala que en sismicidad, Villar de Cañas y Yebra debieron salir con mejor puntuación al estar más lejos de zona con probabilidad de terremotos, pero el Gobierno los calificó igual.

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