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El eventual  riesgo de temblores producidos por las inyecciones de gas en las rocas del almacén subterráneo Castor, en aguas del delta del Ebro, ni siquiera aparece reflejado entre los posibles impactos del proyecto, pese a que los microseísmos son  habituales como consecuencia de este tipo de actividades.

El propio presidente de la empresa gestora Escal UGS, controlada por ACS, ha reconocido que en estas operaciones son “normales” pequeños seísmos de magnitud 1 o 2. “Los temblores actuales son mayores de lo esperado”, ha dicho esta mañana Recaredo del Potro en una entrevista en la cadena Ser. También la empresa Enagás, que gestiona otros tres almacenes en España, confirmó en conversación con Público que los movimientos de tierra son habituales.

Sin embargo, nada de esto fue tenido en cuenta en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa. Tampoco en la posterior declaración de impacto ambiental favorable emitida en 2009 por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino del Gobierno socialista, tal y como se refleja en su publicación en el BOE del 11 de noviembre.

Un estudio de impacto ambiental es la información que los promotores presentan ante la autoridad ambiental competente con los efectos y el deterioro que pueda sufrir el medio como consecuencia de su actividad. Tras ello, la administración lo estudia y emite una declaración de impacto favorable o desfavorable, según se considere.

En el caso del almacén subterráneo de gas natural de Escal UGS, el documento refleja que se estudiaron algunos impactos posibles como las emisiones de CO2, una fuga de gas, derrames de residuos, productos químicos o vertidos accidentales de combustible. También se tuvieron en cuenta otras consideraciones como los impactos sobre el paisaje, la vegetación, sobre especies protegidas como el dátil de mar, los impactos sobre el patrimonio cultural y en la fauna marina a causa del ruido y vibraciones de las operaciones de inyección de gas. Nada sobre los efectos sísmicos o el riesgo ante posibles terremotos.

No obstante, algunos de los organismos y particulares que presentaron alegaciones al proyecto sí alertaron de este riesgo, como refleja el documento del BOE. En el apartado de consultas previas se cita una consideración por parte del Observatorio del Ebro, que pedía “estudiar la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas”. También durante la fase de información pública y de consultas al estudio de impacto ambiental, varios particulares colindantes a la zona de actuación alegaron “inseguridad por peligro de explosión y terremotos”.

Aunque el Ministerio aseguró que el promotor respondió a todas estas alegaciones, no incluyó ninguna medida correctora o preventiva respecto a los posibles movimientos sísmicos en el cuadro final de impactos.

Tanto la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación como la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana no efectuaron “ninguna observación al proyecto” ni presentaron “discrepancias”, dice el texto.

Jonathan Gómez Calero, vocal del Colegio de Geógrafos de España y especialista en Riesgos Naturales, asegura que para este tipo de proyectos se hace necesario incluir “un estudio de riesgos de tipo geológico” y que sin embargo no se hizo.

Hoy, el conseller de Territorio de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, ha reprochado que el Gobierno catalán pidió que se hiciesen comprobaciones sobre la afectación sísmica y que nunca se tuvieron en cuenta. La Generalitat, aunque no tiene competencias porque la planta se ubica en territorio de Castellón, ya ha anunciado que estudia tomar medidas legales.

La organización Ecologistas en Acción, quien también presentó alegaciones, pidió hace años que se paralizara el proyecto por una serie de “irregularidades” en su tramitación y gestión, entre ellas “minimizar” los riesgos derivados de las inyecciones de gas.

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