El Observatorio pide al Congreso y al Defensor del Pueblo la retirada de las subvenciones públicas a Movimiento contra la Intolerancia y a SOS Racismo.

Madrid, 21 de marzo de 2008.

El Observatorio de la Delincuencia Inmigrante ha enviado un correo electrónico a los diputados y al Defensor del Pueblo invitándoles a reflexionar sobre la financiación pública que reciben los grupos de presión pro-inmigrancionistas Movimiento Contra la Intolerancia y SOS Racismo. En el texto se aboga por la retirada de toda subvención pública a estos grupúsculos y se citan numerosos casos de manipulación ejercida por estos lobbys, que constituyen además muestras de hipocresía a la hora de denunciar los mismos hechos, según quien los protagonice.

 

  Reproducimos a continuación el texto enviado a los diputados y al Defensor del Pueblo:

 

  Señoras y señores diputados,

 

  El Observatorio de la Delincuencia Inmigrante lleva tiempo centrando su atención en las actividades de las asociaciones Movimiento Contra la Intolerancia y SOS Racismo, que supuestamente deberían defender el respeto a valores universales como la tolerancia y la no discriminación.

 

  Estas organizaciones, a pesar de hacerse llamar “no gubernamentales”, se nutren en más del 50% de fondos públicos, y reciben subvenciones y premios de conveniencia de manera escandalosa. Su representatividad social es nula, puesto que ninguna de ellas cuenta con un número de asociados que sobrepase las pocas centenas. Y lo más grave de todo: son parciales, tendenciosas y partidistas a la hora de denunciar las violaciones a los derechos de los que pretenden erigirse en adalides.

 

  Como muestra de esta hipocresía, baste mencionar un caso concreto:

 

  El pasado 1 de marzo, el periódico El País publicó una noticia sobre una agresión sufrida por tres militares suramericanos en el cuartel barcelonés de El Bruc, a manos de compañeros suyos españoles (1). Movimiento Contra la Intolerancia se hizo eco en su página web de este hecho y lo denunció (2), y SOS Racismo incluso solicitó al Defensor del Pueblo la apertura de una investigación para aclarar lo sucedido en el cuartel de El Bruc (3). Sin embargo, pocas semanas antes, el 13 de febrero, el periódico ABC publicó una noticia similar a la referida, pero siendo los agredidos dos reclutas españoles en Zaragoza a manos de varios compañeros suyos suramericanos y pertenecientes al grupo criminal conocido como Latin Kings (4). En esa ocasión, el mismo hecho, la misma agresión, no recibió ni las denuncias, ni las críticas, ni el interés de Movimiento Contra la Intolerancia o de SOS Racismo, que se limitaron a ignorarlo como si no hubiese sucedido.

 

  Desgraciadamente, la actitud de estas asociaciones no es puntual ni se limita al caso referido más arriba, y se repite con demasiada frecuencia. Entendemos que quienes pretenden atribuirse la autoridad moral de condenar la discriminación están a su vez discriminando a las víctimas de los crímenes de odio según sea su origen. El racismo, la xenofobia, la intolerancia y otros contravalores que dicen combatir Movimiento Contra la Intolerancia y SOS Racismo no son patrimonio de ningún grupo racial, étnico, lingüístico o religioso; sin embargo, estas asociaciones sólo denuncian los casos en que ciudadanos españoles son los agresores y los extranjeros, agredidos. Nunca denuncian las situaciones contrarias, que se producen con tanta o más frecuencia que las primeras (5).

 

  La tendenciosidad e inmoralidad de estas asociaciones no sólo las perjudica a ellas mismas, sino que también desacredita a los organismos y administraciones públicas que las financian y que contribuyen, con dinero público, al mantenimiento de grupúsculos que desarrollan auténticas campañas de manipulación de la opinión pública seleccionando las injusticias, crímenes o delitos que denuncian, y los que no.

 

  Por todo ello, le solicitamos que haga cuanto esté a su alcance para promover una reflexión profunda sobre la esencia de estos grupos que pretenden erigirse en bastiones de valores que defienden parcialmente y que a nuestro entender, no merecen la exagerada financiación pública que están recibiendo. Como cualquier otra asociación, deberían financiarse principalmente por las cuotas de sus asociados, y no con fondos del erario público que cuestionan, además, su “no gubernamentabilidad”.

El equipo del Observatorio de la Delincuencia Inmigrante

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