Los 12 sabios que calculan las pensiones

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El grupo lo componen académicos de distinta procedencia: desde sindicalistas a asesores de seguros

Negocios Madrid 8 JUN 2013 – 00:01 CET

De izquierda a derecha, Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, José María Marín Vigeras, Miguel Ángel García, Ignacio Conde-Ruiz, Francisco Castellano, José Enrique Devesa, la ministra Fátima Báñez, Mercedes Ayuso, Víctor Pérez Díaz, Manuel Lagares, Miguel Ángel Vázquez y Rafael Doménech. Faltan Santos Ruesga y José Luis Tortuero. / ULY MARTIN (EL PAÍS)

El Gobierno designó el pasado 10 de abril un grupo de sabios para que definieran cuál era el mejor modelo para aplicar el llamado factor de sostenibilidad, la fórmula con la que se calcularán las pensiones futuras. El grupo de expertos está integrado por reconocidos académicos y expertos en el ámbito de la Seguridad Social y la Economía. Entre ellos hay afines a la patronal del seguro, Unespa, liberales, miembros de think thanks conservadores, el jefe del gabinete económico de CCOO y otros dos elegidos a propuesta de los socialistas, entre ellos un colaborador habitual de UGT.

• Victor Pérez Díaz. Es el presidente del comité de expertos. Este doctor por la Universidad de Harvard de 74 años es catedrático de Sociología en la Complutense. Pérez-Díaz ha sido señalado por formar parte del grupo de colaboradores habituales de Unespa, la patronal del seguro privado, un sector con grandes intereses en las pensiones. En uno de sus últimos artículos, patrocinado por esta organización, aboga por cambio drástico en el sistema de pensiones para considerar la esperanza de vida. Es presidente de Analistas Socio-Políticos, un instituto de investigación sobre ciencias sociales, fundada por él en 1993. Ha escrito para FAES, la fábrica de ideas del PP.
• Rafael Doménech. Formado en la Universidad de Valencia, de la que es catedrático, y en la London School of Economics, Rafael Doménech fue el encargado de explicar el doble factor de sostenibilidad y también llevó la voz cantante en las respuestas. No es de extrañar: el ahora número dos del servicio de estudios del BBVA lleva años estudiando los problemas que puede acarrear al sistema público de pensiones el aumento de la esperanza de vida y la falta de cotizantes tras el escalón demográfico del baby boom. Eso también le ha llevado a colaborar con Unespa y Aviva. Doménech fue subdirector de la Oficina Económica del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el bienio 2007-2008, cuando se pasó de la bonanza a la crisis.
• Mercedes Ayuso. Catedrática de Estadística Actuarial de la Universidad de Barcelona, ha participado en varias investigaciones sobre el impacto económico del aumento de la esperanza de vida en los sistemas de pensiones o de seguros. Tiene 42 años y es integrante del grupo de investigación de riesgo en finanzas y seguros del Instituto de Investigación en Economía Aplicada de la universidad catalana.
• Manuel Lagares. Este catedrático de Hacienda Pública e inspector de Hacienda de 72 años formó parte del gabinete de Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía con Adolfo Suárez a finales de los setenta. Ha sido en varias ocasiones nombrado por Gobiernos pasados del PP miembro de comités asesores sobre impuestos. Ha sido consejero de Mapfre.
• Ignacio Conde-Ruiz. Este profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, de 43 años, sucedió a Rafael Doménech en la Oficina Económica del Gobierno de Zapatero entre 2008 y 2010. Ya en La Moncloa, realizó estudios sobre el sistema de pensiones y propuestas que no vieron la luz. Ha pasado a ser subdirector de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía, patrocinada por las grandes empresas, y forma parte de un grupo de asesores de Aviva. Ha analizado la reforma de 2011, en cuyas publicaciones preliminares —la definitiva verá la luz dentro de muy poco— y concluye que solo resuelve un tercio del problema futuro del sistema de pensiones.
• Miguel Ángel Vázquez. El jefe del servicio de estudios de Unespa, patronal de las aseguradoras, formó ya parte del grupo —junto con Víctor Pérez Díaz y Rafael Doménech— que elaboró para esta organización un informe en el que se proponía un cambio a un sistema basado en las aportaciones individuales. Es miembro del foro de expertos de la aseguradora Aviva.
• Miguel Ángel García. El director del gabinete económico de CC OO y profesor colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos concitó este viernes (a su pesar) parte de la atención en el comité de sabios por su voto favorable al informe definitivo, que contrastó con el único voto en contra de uno de los expertos elegidos por el PSOE, Santos Ruesga, colaborador habitual de UGT. García defendió que estaba en el comité por su condición de estudioso del tema, lo que ya le hizo participar, en 1996, como negociador en representación de CC OO, en el desarrollo del Pacto de Toledo. Aquella negociación acabó en un acuerdo con la patronal y el Gobierno en 1997, del que se desvinculó UGT, representado entonces también por Santos Ruesga. En su voto particular, García apuesta por retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2019, mientras CC OO insistía poco después en no a hacerlo hasta 2027. En su blog Pensar sobre economía, que se publica en la versión digital de EL PAÍS, ya anticipaba la dificultad de “pagar en 2050 cualquier cantidad de pensión a casi el doble de personas, debido a la evolución de la demografía y gracias a la mejora en la esperanza de vida”.
• Santos Ruesga. Este catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid propuesto por el PSOE es un colaborador habitual de UGT, quien le designó como integrante del Consejo de Radiotelevisión Española entre 2007 y 2012. Tiene 60 años. Su postura durante casi todo el tiempo que han durado los trabajos de la comisión fue de un rechazo frontal. Considera que es precipitada y que deberían evaluarse antes los efectos de la reforma de 2011, que retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Su postura se quedó aislada el pasado viernes, cuando se quedó solo en la negativa.
• José Luis Tortuero. Este catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense acumula numerosas publicaciones relacionadas con la Seguridad Social. De hecho, es director académico del curso de experto en Seguridad Social. Incluido en el grupo de sabios a propuesta del PSOE, publicó por encargo del anterior ejecutivo socialista un voluminoso informe titulado La reforma de la jubilación: políticas de pensiones y políticas de empleo.
• José María Marín Vigueras. Es el experto con un perfil más financiero. Catedrático de Economía Financiera por la Universidad Carlos III y doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania. Es experto en valoración de activos financieros y gestión de carteras y riesgos. Ha sido presidente de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN), director del centro de investigación en Economía Financiera (CREF). Es también miembro del Grupo de Asesores Económicos (GEA) y de la Autoridad Europea de los Mercados de Valores (ESMA).
• José Enrique Devesa Carpio. Integra uno de los grupos de investigación más activos sobre pensiones y protección social, que forman profesores de las universidades de Valencia y Extremadura. Devesa, de 53 años, publicó en otoño de 2012 un completo informe sobre cómo se había abordado la sostenibilidad del sistema de pensiones en otros países europeos. En 2011 fue la fundación Edad y Vida, que incluye a varias aseguradoras, la que galardonó otro trabajo en el que se concluía que tras la reforma de las pensiones de ese año, “los futuros jubilados sí necesitan complementar sus pensiones” con productos de ahorro privado.
• Francisco Castellano Real. Catedrático de Hacienda Pública por la UNED y jefe de asesoría fiscal de la CECA. Actualmente es secretario Colegio de Economistas de Madrid y asesor fiscal. Es autor de varios manuales sobre el sistema tributario español

¿Qué fue Bretton Woods?

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Muchas personalidades han comparado la reunión del G-20 en Washington con los acuerdos que, en plena Guerra Mundal, refundaron el capitalismo, pero ¿qué se decidió hace 64 años en un tranquilo hotel de New Hampshire?

JOSÉ LUIS ARANDA Madrid 15 NOV 2008 – 14:26 CET

Hasta el 1 de julio de 1944, la localidad de Bretton Woods, parecía ajena a lo que estaba pasando en un mundo asolado por la Segunda Guerra Mundial. Pero aquel mes, este pequeño enclave turístico, a los pies de la cordillera cuyos picos recuerdan los nombres de más de diez presidentes estadounidenses -entre los que destaca el imponente Monte Washington- acogió una reunión que uniría su nombre a la historia del capitalismo.

A Bretton Woods no fueron sólo los países capitalistas, pero la supremacía de EE UU quedaría patente de principio a fin. Desde la elección de sede (relativamente lógica si se tiene en cuenta que la guerra todavía estaba lejos de acabarse en Europa) hasta los acuerdos de la conferencia. El resto lo haría la Guerra Fría, que fue apartando paulatinamente de los acuerdos, entendidos como un sistema internacional de regulación del capitalismo, a los países donde se practicaba el socialismo real

Desde el punto de vista de los acuerdos alcanzados entre los 44 países participantes -una cantidad nada despreciable si se tiene en cuenta que la mayor parte de Asia y África eran colonias europeas y que Europa se encontraba partida- la conferencia fue un éxito de EE UU. Este país consiguió imponer su propuesta, formulada por el economista Harry Dexter White, ante la iniciativa británica, cuya paternidad correspondía al prestigioso John Maynard Keynes.

Dos nuevas instituciones

Una de las ideas que White consiguió plasmar fue la creación del Fondo Monetario Internacional. De Bretton Woods también surgió el Banco Mundial, que, en un contexto de gran preocupación ante los destrozos de la guerra, se llamó en un primer momento Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo.

Otra consecuencia fue la sustitución del patrón-oro por un patrón-dólar. Hasta entonces los países respaldaban las diferentes monedas nacionales con sus reservas de oro que, con el enorme gasto bélico, habían caído en picado en la mayoría de países. La conferencia de Bretton Woods estableció una equivalencia fija entre dólares y oro (una onza de este metal valdría siempre 35 dólares) con lo que la moneda estadounidense se convirtió en la divisa de referencia. Años después esta medida quedó anulada de facto puesto que EE UU, cuyo gasto era creciente a consecuencia de la Guerra Fría, no podía mantener la equivalencia.

Por último, Bretton Woods aportó el acuerdo General de Aranceles y Comercio (conocido como GATT, por sus siglas en inglés). Esta medida supuso un revés para quienes aspiraban a conseguir un organismo mucho más poderoso que regulase el comercio internacional. En 1995, el proceso culminaría con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Fue un epílogo de la reunión que, 51 años antes, había reunido a más de 700 reresentantes de la mayoría de los estados de la Tierra en un tranquilo hotel de las montañas de New Hampshire.

Sarkozy propone refundar sobre bases éticas el capitalismo

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Crisis financiera mundial

El presidente de Francia convoca para diciembre una gran cumbre económica

José María Marti Font París 26 SEP 2008

Nicolas Sarkozy quiere “refundar el capitalismo” para lo que convocará a “los principales líderes mundiales” antes de fin de año para reconstruir, “partiendo de cero“, el sistema financiero internacional, tal y como se hizo en la conferencia de Bretton Woods tras la II Guerra Mundial (en la que se adoptó el dólar como moneda internacional). De vuelta de Nueva York, el presidente francés pronunció ayer en Toulon, arropado por los miembros del Gobierno y por los diputados de la mayoría en el poder, su esperado discurso sobre la situación económica y aseguró que la crisis no ha terminado. “Sus consecuencias serán duraderas, afectará al crecimiento, al empleo y al poder adquisitivo”, dijo.

Pero la culpa no es del capitalismo. Porque para Sarkozy hay un buen capitalismo y un mal capitalismo. “La crisis financiera por la que pasamos no es la crisis del capitalismo, es la crisis de un sistema que se ha alejado de los valores del capitalismo, que en cierto modo los ha traicionado”. Y marca “el fin de un mundo que se construyó sobre la caída del muro de Berlín, cuando una generación creyó que la democracia y el mercado arreglarían por sí solos todos los problemas”. Un sueño que, según el líder francés, se ha roto bajo el peso de las plagas de este siglo: el terrorismo, las derivas identitarias, el riesgo ecológico o el dumping, entre otras.

“La autorregulación para resolver todos los problemas, se acabó; le laissez faire, c’est fini”, proclamó. “Hay que refundar el capitalismo sobre bases éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad, porque hemos pasado a dos dedos de la catástrofe“, advirtió. Repitió sus diatribas contra los sueldos y los beneficios de los ejecutivos financieros y amenazó con una ley para regular sus prebendas. Recogió retazos de sus viejos discursos y disparó contra sus demonios familiares. El “desorden de las monedas está en el corazón de la crisis”, dijo, y apuntó al dólar y el yuan chino como culpables de que las industrias europeas no sean competitivas.

Para configurar un capitalismo y un sistema financiero con bases sanas, Sarkozy pretende reunir antes de fin de año a “los líderes mundiales” -no especificó cuales- en una conferencia remedo de Bretton Woods, para lo cual, aseguró, ya cuenta con el apoyo de la canciller alemana, Angela Merkel. “No podemos gestionar la economía del siglo XXI con los instrumentos del siglo XX”, dijo. Reivindicó la “legitimidad” de los poderes públicos para intervenir en la regulación del sistema financiero, hizo un “llamamiento a Europa a reflexionar sobre lo que está sucediendo” y echó un cabo al tradicional proteccionismo galo: “La competencia es un medio, no un fin”.

Al capitalismo financiero, Sarkozy contrapone el capitalismo industrial, que propugna el crecimiento a largo plazo, no la especulación, y para el que ahora se abren grandes oportunidades, especialmente en el campo del reto ecológico y energético.

Ya en clave doméstica, garantizó a los franceses que sus ahorros y sus planes de pensiones no corren ningún peligro porque el Estado, si es necesario, cubrirá cualquier quiebra. “La crisis nos lleva a acelerar las reformas”, señaló.

Refundar el capitalismo, aquella broma macabra

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JOSÉ LUIS DE ZÁRRAGA Sociólogo 23/01/2011 08:50 Actualizado: 23/01/2011 09:56

Cuando estalló la actual crisis económica y se hicieron evidentes sus causas y la rapacidad de quienes se habían beneficiado de ella, cualquier analista con dos dedos de frente, incluso los que habían participado en la orgía especulativa en la que se gestó, comprendió que no era en los errores o los delitos de agentes económicos donde radicaba la responsabilidad principal sobre lo que estaba pasando, sino en el propio sistema.

La mayoría de los dirigentes políticos aunque no todos tenían esos dos dedos de frente, y lo comprendieron también. Los menos atrevidos lo dijeron en voz baja; pero algunos de los más poderosos como Obama y Sarkozy no tuvieron inconveniente en decirlo en voz alta, y al calor de la indignación que les producía el espectáculo se olvidaron de reprimir la lengua. “Hay que refundar el sistema“, fue la consigna que transmitieron. Eso quería decir y lo dijeron también: hay que terminar con la desregulación de los mercados; hay que controlar la proliferación de un capitalismo financiero basado en la especulación con activos ficticios que multiplican exponencialmente la economía real, se adueñan de ella, la pervierten y la arruinan; hay que imponer tasas a las transacciones financieras y a los beneficios especulativos; hay que acabar con los paraísos fiscales; hay que poner coto a la codicia de los administradores y evitar que persigan su propio beneficio como único criterio de gestión; hay que recuperar la intervención pública en la economía, tanto para los estados como para los organismos internacionales; hay que imponer códigos de conducta ética a los agentes económicos Etcétera, etcétera.

Los límites del sistema

Lo que ha pasado luego parece la clase práctica de un curso básico de marxismo. La clase en la que se aprende, con ejemplos prácticos, cuáles son los límites del sistema y quién manda realmente aquí.

¿Eran cínicos Obama y Sarkozy cuando proclamaron su convicción en que había que refundar el sistema y su decisión de hacerlo? No creo. Como Zapatero y otros políticos europeos que creyeron que esa refundación era posible y se sumaron a ello, todos ignoraron, por un momento, los límites del sistema y la correlación de fuerzas que determina quién manda realmente en él.

Aparentemente son las multinacionales quienes protagonizan el capitalismo moderno. Según un documento reciente de la OMC, las 500 mayores controlan más del 70% del comercio mundial. Pero quien manda en ellas, en la mayoría de los casos, son los capitales financieros: hedge funds, sociedades de capital riesgo, fondos de pensiones, fondos soberanos y otros capitales especulativos, muchos estrechamente vinculados a los bancos y a las grandes fortunas.

De las decisiones que tomen estos capitales dependen la estabilidad de las divisas, las deudas de los estados y las fluctuaciones de los precios internacionales de todos los productos estratégicos y de consumo básico. De esas decisiones depende que las divisas se deprecien o se aprecien con independencia de su economía real, que los estados quiebren o tengan que dejar de prestar servicios públicos y someter a su población a drásticos programas de austeridad, que se hunda el valor de las exportaciones de unos países o que se multiplique el precio de productos básicos de los que depende la alimentación de cientos de millones de personas. Son esos capitales quienes mandan. Las organizaciones económicas internacionales están a su servicio y marcan al mundo las políticas que a ellos convienen. Y los estados, dentro del sistema, no pueden nada frente a su poder: tanto a su poder económico, que podría hundir la economía de cualquier país, como a su capacidad para comprar voluntades políticas, medios de comunicación, instituciones y grupos de presión que manipulen según sus intereses a parlamentos y opiniones públicas. Esto, en cuanto a la correlación de fuerzas, es decir, a la cuestión de quién manda aquí.

La búsqueda del beneficio

Pero si ponemos entre paréntesis ese aspecto decisivo, y nos preguntamos si sería posible refundar el sistema de modo que se evitasen las crisis y se moralizase la economía, nos topamos enseguida con límites infranqueables, porque son los límites del propio sistema. Como saben hasta los niños, la clave del sistema capitalista es el beneficio privado; todo el sistema se asienta en la valorización de los capitales. Cada uno tratará de obtener de la aplicación de su capital el máximo beneficio posible e irá a buscar ese beneficio allá donde se pueda encontrar, con independencia de las consecuencias sociales que de ello deriven. No puede actuar de otra manera, porque compite con los demás capitales que actúan con el mismo criterio, y sus accionistas le reclamarán que los beneficios estén a la altura de los que consiguen los demás.

Hace ya mucho tiempo que el capital financiero dejó de ser un mecanismo auxiliar en la arquitectura del sistema capitalista, necesario para facilitar la circulación y la asignación de los capitales en la producción de bienes y servicios. Desde hace más de un siglo es la pieza clave del sistema. Desde los años noventa, en EEUU, los beneficios del sector financiero superan a los de toda la industria. Desde hace décadas las finanzas son el principal protagonista, el que ha configurado todo el sistema según su conveniencia y el que domina por completo el conjunto. Hoy el sistema capitalista es el sistema de las finanzas internacionales y sus estructuras lo vertebran. No hay más sistema capitalista que este.

Volvamos a Obama y Sarkozy. Lo que pasó después es bien conocido, aunque quizás no haya sido bien expresado. Los mercados se impusieron a los gobiernos, se dice. Pero los mercados es un eufemismo tras el que se amparan aunque no se oculten las finanzas internacionales. No son los mercados básicos de cualquier economía mercantil, en los que concurre la oferta y la demanda de bienes y servicios, ni siquiera el mercado de capitales que asiste a la economía real en su funcionamiento. Son exclusivamente los mercados financieros en los que se trafica con divisas, con deuda pública y, sobre todo, con derivados que multiplican ad infinitum obligaciones y beneficios futuros convertidos en títulos que se crean exclusivamente para especular con ellos.

Los grandes capitales que operan en estos mercados no compran ni venden activos reales, sino la oportunidad de beneficios que se lograrán manipulando su oferta o su demanda, mediante operaciones que subirán o bajarán artificialmente el precio según convenga. Cómo se hace esto no es tema para este artículo. La cuestión es que se hace. Y vaya si se hace. El año pasado las transacciones financieras fuera de los mercados (OTC) se elevaron a 615 billones de dólares, más del triple de la riqueza del mundo entero y unas diez veces el PIB mundial. Y los activos de las 50 mayores corporaciones financieras transnacionales sumaban 54 billones de dólares, triplicando el PIB de toda la UE.

Fin de fiesta

Fueron los grandes capitales financieros internacionales directamente o a través de organismos que representan sus intereses y aplican sus criterios, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Europeo los que recordaron a los gobernantes los límites de su poder.

En el segundo trimestre del año pasado intervinieron en la verbena de los políticos y se acabó la fiesta. Primero habían forzado a los gobiernos a gastar sin tasa nuestro dinero en su beneficio, porque no podíamos permitir la quiebra del sistema financiero a la que ellos nos habían conducido, permitiéndoles a la vez largar todo lo que quisieran sobre lo que harían después. Y luego, cuando se recuperaron los grandes beneficios y el negocio as usual, mandaron callar y ordenaron a los gobiernos que pusieran a la población firmes, le vaciaran sus bolsillos y le ajustaran el cinturón. Siempre, claro está, a través de la voz ventrílocua de los mercados.

Cómo va a quedar esto, lo veremos. Probablemente, con retoques cosméticos o sin ellos, entraremos en una nueva fase, sin nada que se parezca a una refundación del sistema o a una moralización de la economía. El sistema no se puede moralizar ni refundar; o se cambia o se sufre.

Los lobbies financieros, tentáculos del poder

Los lobbies financieros, tentáculos del poder de Juan Hernández Vigueras

Rebelión

Por primera vez un libro radiografía las entrañas de los grupos de presión financiera que influyen en las decisiones políticas de los gobiernos de todo el mundo y condicionan la salida de la crisis y la vida de millones de personas.

Han pasado cuatro años desde que Sarkozy prometiera la refundación del capitalismo y no parece que los gobiernos se hayan puesto a la tarea con demasiado ímpetu. ¿Quién se esconde detrás de este retraso?En Los lobbies financieros, los tentáculos del poder, el experto en finanzas internacionales Juan Hernández Vigueras denuncia la falta de transparencia de los poderes ejecutivo y legislativo en la toma de decisiones políticas y la influencia que los lobbies bancarios ejercen sobre los gobiernos y los gobernantes para que los intereses del sistema financiero sigan intactos .

En este libro el autor hace un recorrido por los centros de poder financiero y delata a las distintas organizaciones que influyen en Wall Street, Washington, Bruselas, Londres y también Madrid. Por primera vez, un libro pone nombres y apellidos a quienes se benefician de la influencia que ejercen los lobbies bancarios sobre los gobernantes. Ese lobbismo financiero global que conforman entidades bancarias de todo el planeta como el Grupo Santander, BBVA, BNP, Credit Suisse, Goldman Sachs, Nomura, HSBC, Deutsche Bank, Barclays Capital y las grandes auditoras de talla mundial como Ernst &Young, KPMG, Deloitte& Touche o Pricewaterhouse.

En España y tras el rescate público al sistema financiero, los lobbies han logrado la bancarización de las Cajas de Ahorro y el bloqueo de las soluciones a las ejecuciones hipotecarias y desahucios. Mientras miles de ciudadanos sufren en sus carnes la dureza de la crisis y los recortes, los grupos de presión conformados por los principales bancos del país presionan de manera decisiva en la vida política hasta lograr sus objetivos económicos.

Hernández Vigueras indaga en el cuarto oscuro donde se toman las decisiones que disponen la vida de millones de ciudadanos y arroja luz sobre la hermética relación entre la política y el mundo financiero que lleva peleando desde el principio de la crisis para, como decía Lampedusa en El Gatopardo, cambiar todo para que nada cambie.

Juan Hernández Vigueras es considerado uno de los expertos más importantes en finanzas internacionales y paraísos fiscales. Doctor en Derecho con sólida experiencia profesional como directivo de grandes empresas y profesor universitario de postgrado, c omo escritor se ha especializado en la crítica política de la desregulación de los mercados financieros globalizados.

Es autor, entre otros libros, de Los paraísos fiscales. Cómo los centros offshore socavan las democracias (2005); El trasfondo de los paraísos fiscales (2006); La Europa opaca de las finanzas. Y sus paraísos fiscales offshore (2008), Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20 (2009) y El casino que nos gobierna. Trampas y juegos financieros a lo claro (2012).

Como analista de asuntos político-financieros, colaboró durante años en las revistas Cambio 16 y Cuadernos para el Diálogo, en el diario Público, la revista mensual Temas para el debate y en diversas revistas digitales. Ha participado activamente en el desarrollo del movimiento internacional Attac y actualmente es miembro del Consejo científico de Attac-España y de la red mundial de ONGs, asociaciones y expertos Tax Justice Network, en cuya creación participó como miembro del steering committee, primero, y posteriormente del comité europeo. Mantiene dos blogs dedicados al análisis crítico de la actualidad europea y del G-20.

Para el gran capital es un negocio invertir en pensiones o sanidad

Entrevista a Juan Hernández Vigueras, miembro del consejo científico de Attac

“Para el gran capital es un negocio invertir en pensiones o sanidad“

Alberto Pradilla

Gara

Después de trabajar como ejecutivo en una gran firma y dedicarse a la docencia universitaria, Juan Hernández Vigueras, miembro del consejo científico de Attac, se ha centrado en el estudio de los mecanismos del sistema financiero. Su última obra aborda el papel de los lobbis.

Al menos ocho de los doce expertos convocados por el Gobierno español para analizar la reforma de las pensiones estuvieron en algún momento a sueldo de la banca o las aseguradoras. Sin embargo, serán los encargados de elaborar un informe que, previsiblemente, impondrá el aumento en la edad de jubilación o un descenso en la cuantía que percibirán los pensionistas. «Defienden los intereses del sector para el que trabajan, no el general», denuncia Juan Hernández Vigueras, doctor en Derecho, activista de Attac y autor del libro «Los lobbis financieros, los tentáculos del poder» (Clave Intelectual, 2013). En su opinión, el debate abierto sobre las jubilaciones sirve también para explicar cómo las agencias que representan los intereses de las grandes firmas financieras son capaces de influir en ámbitos de decisión aparentemente alejados de sus centros de poder.

¿Son los lobbis financieros los responsables últimos de la grave situación económica que afronta el sur de Europa?

Tienen gran parte de la responsabilidad, aunque no toda, porque las políticas de los gobiernos han contribuido. Pero existen unas líneas de fondo que siguen los objetivos compartidos por las agencias de lobby que representan los intereses de la banca y del mundo financiero en general. Como ejemplo, está el tema que se debate estos últimos días sobre el informe de expertos a los que el Ejecutivo les ha encargado evaluar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Su primera conclusión ya la sabemos: los recortes. Aquí hay una política de Gobierno pero, en el fondo, existen unos intereses financieros clarísimos.

Se ha publicado que muchos de los expertos tienen vinculación directa con grupos de presión como la banca o aseguradoras.

Entre otras, están representadas la asociación de aseguradoras españolas (Unespa), otra aseguradora, que se llama Aviva, también el BBVA. No podemos olvidar que piensan en los intereses del sector al que representan. ¿Por qué se les llama a ellos y no a otros más neutrales? ¿Cuál es el interés básico de los grandes bancos o de grandes firmas financieras como fondos de pensiones o grandes aseguradoras? Uno de los objetivos de los grandes lobbis es ampliar los mercados financieros. Hoy en día, para el gran capital no es negocio invertir en astilleros, ni en una siderurgia, ni en el desarrollo industrial de otros tiempos. Sin embargo, es un gran negocio invertir en sectores que resultan más rentables y seguros en épocas de incertidumbre, como son la educación, la sanidad, las pensiones o la seguridad social. Este es otro campo para abrir líneas de negocio seguras. Si el estudio de la sostenibilidad de las pensiones en el Estado español se hace con gente que procede del mundo financiero, explícita o implícitamente se está pensando en los negocios que se le abren. Si no es mañana, será dentro de cinco, diez años o cuando sea. Este es uno de los objetivos que tienen los lobbis financieros. Aunque probablemente las decisiones estén tomadas y esto sea una pantalla para dar un carácter técnico a una decisión política. Pero para eso han llamado a gente que tiene intereses muy particulares, superiores al interés público.

Los poderes financieros explotaron los beneficios de la burbuja inmobiliaria y ahora han sido rescatados. ¿Cree que su próximo objetivo está en la privatización de derechos como la sanidad o las pensiones?

Si miramos con cierta perspectiva, no son objetivos inmediatos. La realidad es que existe una abundancia de liquidez en el mundo. No se puede olvidar que la banca y las firmas financieras salieron reforzadas de la crisis financiera iniciada en Wall Street en 2007. Evidentemente, gracias al dinero de los contribuyentes. Ahora están en posición de influir en las políticas de todos los gobiernos. Y al tratar de influir, lo hacen para abrir campos de acción de nuevos negocios.

En realidad, buena parte de las grandes decisiones económicas no se toman en Madrid, sino que llegan impuestas desde Bruselas.

Hablo del Estado español pero donde realmente actúan los lobbis es a nivel europeo y a nivel global, porque no hay que olvidar que una de las grandes mutaciones de estos tiempos está en la propia banca. El lenguaje sigue siendo el tradicional de préstamos, etc. Pero el negocio no es conseguir dinero para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas. El gran negocio está en utilizar esa liquidez para negocios financieros en cualquier parte del mundo. Uno de los más claros es la especulación con la deuda pública en la Europa del euro. Como hay mucho dinero, esa banca no busca el negocio tradicional. No se puede perder la perspectiva de que el capital se puede desplazar por cualquier parte del mundo sin restricciones, que estamos en la globalización de los mercados financieros y que la actuación de la banca para defender sus intereses está coordinada de forma global. Del mismo modo hay una regulación doctrinal. Por ejemplo, la defensa a ultranza de los grandes bancos, de esos que son demasiado grandes para dejarlos quebrar. Porque ya han comprobado que cuanto más grande más repercute en todo el sistema y más garantía tienen de que el dinero de los contribuyentes les salve. Ese es un objetivo básico de estos lobbis. El otro, una defensa de los derivados. No es un valor bursátil, sino el contrato de una apuesta convertida en activo financiero que se compra y que se vende. Es un gran negocio. Una actividad, digamos, entre comillas, económica, pero sin incidencia sobre la economía real salvo cuando falla.

El hecho de que estos sectores actúen de forma opaca e impongan su visión sin haber sido elegidos, ¿no supone un asalto al modelo democrático?

Dentro cada sociedad democrática hay grupos con intereses muy particulares. El problema es cuando esos grupos intentan defender sus intereses, no en periodo electorales sino en los intervalos. La teoría democrática pura diría que esos lobbis se neutralizarán entre sí. Pero, en la práctica, hay grupos que alcanzan un nivel de influencia muy superior porque tienen más recursos. Incluso también hay grupos de presión que tienen gran capacidad de movilización. Si todo eso lo aplicamos a la defensa de los intereses bancarios, nos encontramos con que su influencia es muy superior al resto. No es que haya un asalto a la democracia, es que existen unas fuerzas que influyen porque han alcanzado un nivel de poder que ha aumentado desde el inicio de la crisis financiera.

En Europa, los intereses de la banca alemana se ha impuesto incluso a los estados.

Hablamos mucho de Angela Merkel. Pero el Deustche Bank se gastó una millonada en influir en la ley que proponía Obama, porque tiene intereses en EEUU. También en el Estado español. Sus activos financieros equivalen al 85% del PIB alemán. Eso ya representa un poder. Si añades que el 40% de esos activos proceden de los mercados de derivados, se explica el interés por mantenerlo. Otro dato: los activos de los 15 principales bancos europeos suponen en torno al 150% del PIB de la Unión Europea. Esto revela su enorme importancia. Si le añades este dato al déficit institucional de la UE, la tecnocracia que no rinde cuentas a ningún parlamento, los periodos dilatadísimos para tomar decisiones… La comisión nombra expertos, pero estos suelen ser de la propia banca, cooperadores necesarios. Luego, por si falla, tienen sus propios lobbis en el Parlamento europeo. Así que esas directivas salen con muy poco o sin ningún contenido serio. Luego en los parlamentos son vaciados antes de su publicación en el BOE. No hay margen para el debate.

La denominada «puerta giratoria», el paso de la política a los consejos de administración, tiene también una enorme importancia.

Es un punto de apoyo de los lobbis financieros. El problema es, por ejemplo, el caso de Mario Draghi, que se pasó por el banco italiano, luego por Goldman Sachs en Londres y, finalmente, recaló en el Banco Central Europeo (BCE). Mientras tanto conserva su vinculación con el llamado «Grupo de los 30», que une a banqueros privados y públicos. También hay comisarios europeos que durante su ejercicio conocen el funcionamiento, aprenden y aprovechan para montar luego su agencia de lobby o trabajar en un banco. A parte de ese poder en términos generales, están las relaciones entre política y finanzas. En Estados Unidos está claro que las campañas son financiadas por los sectores privados. Y existe una legislación que obliga a publicar cuánto se ha invertido. Podría considerarse que hay cierto equilibrio, aunque sea discutible. Pero cuando en el Estado español se produce la condonación de las deudas de los partidos, nunca se sabe porqué ni para qué. Tampoco conocemos investigaciones serias sobre las cuantías. En el Parlamento europeo, como queda más lejos, las conexiones van por la vía de los expertos y de la puerta giratoria. Todo esto son las bases sobre las que actúan los lobbis.

Fuente: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130604/406300/es/Para-gran-capital-es-negocio-invertir-pensiones-o-sanidad

Directiva Bolkestein: situación actual

Asalto neoliberal

por Raoul-Marc Jennar

Regresa la directiva Bolkenstein, símbolo de la apertura del espacio europeo a los cataclismos de la globalización. Esta disposición, cuyo abandono habían prometido los partidarios del Tratado Constitucional Europeo para tranquilizar a la opinión pública, fue en definitiva modificada y aprobada. Los diputados europeos se declararon masivamente satisfechos con el nuevo texto, presentado como un compromiso equilibrado. Raoul-Marc Jennar, reconocido experto en derecho europeo, analiza en estas páginas la nueva directiva Bolkestein. Para él, la lógica del texto no ha sido modificada y las enmiendas no hicieron más que agregar una falta de garantías jurídicas a la falta de garantías sociales.

Red Voltaire | París (Francia) | 14 de marzo de 2006

Militantes contra políticas neoliberales salvajes con una bandera de los EEUU que curiosamente se le ha añadido la bandera europea de las estrellas, para denunciar el pacto que existe, tanto de las élites europeas y estadounidenses para concretizar la directiva Bolkestein.

La proposición de la directiva europea sobre los servicios busca instaurar la «libertad de establecimiento y de circulación de los servicios», de forma tal que crea en el sector de los servicios un mercado único previsto desde el Tratado de Roma (1957) pero nunca establecido verdaderamente hasta este momento.

Dos vías son posibles para lograrlo: armonizar las legislaciones del sector de los servicios que funcionan según las leyes de la competencia (lo cual implica que es necesario identificar los sectores que no se encuentren en esa categoría) o eliminar las regulaciones existentes e instaurar el principio del país de origen (PPO), concepto ideado por Jacques Delors (Livre Blanc, 1985) pero que contradice el artículo 50 del Tratado Coordinado. El PPO se trasladó al derecho comunitario luego de una interpretación del Acta Única Europea (1986) consolidada en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas. Fue esta última vía la que escogió la Comisión Europea luego de recibir el visto bueno por parte de los gobiernos de los países miembros.

La proposición elaborada bajo la dirección de Bolkestein, aprobada por la Comisión Europea de forma unánime, y apoyada, durante la primavera de 2003, por todos los jefes de Estado y de gobierno que pedían incluso que esta fuese examinada «con carácter urgente», acaba de vencer una etapa del largo trayecto legislativo en el marco de un procedimiento llamado de codecisión en el que intervienen dos legisladores: el Consejo de Ministros y el Parlamento. Este último acaba de terminar su «primera lectura» del texto.

Lo que cambia y lo que permanece

Las enmiendas más significativas tienen que ver con el campo de aplicación de la directiva. El Parlamento agregó algunos sectores a los ya excluidos del proyecto inicial por encontrarse dentro del campo de acción de otras directivas [servicios financieros, servicios postales, comunicaciones electrónicas, transportes (menos los transportes esenciales y las pompas fúnebres), servicios jurídicos], los servicios públicos del sector de la salud, la atención médica y el reembolso de la misma, los servicios audiovisuales, los juegos de dinero, las profesiones vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, los servicios sociales, los alojamientos sociales y los servicios de seguridad.

Se agrega que la directiva tiene que respetar el derecho internacional privado, cosa que no sucedía con el texto de la Comisión Europea, la cual estaba consciente de que ciertas disposiciones del derecho internacional privado, contenidas en las convenciones de Roma I y II, están en contradicción con el principio del país de origen.

El derecho laboral (que incluye el derecho a negociar acuerdos colectivos, la libertad sindical y el derecho de huelga) también escapa a la directiva, la cual deja así de estar en contradicción con las convenciones básicas de la OIT. Pero la satisfacción que ello podría ocasionar encuentra su límite a la vez en la definición del proveedor de un servicio (este puede ser una persona física, o sea un trabajador independiente – art. 4) y en la prohibición de restringir las prestaciones a título independiente (art. 16, 3, f). Se mantuvo abierta la posibilidad de generalizar una práctica ya en pleno crecimiento, o sea la de las empresas que tratan a los trabajadores como independientes, lo cual exime al empleador del pago de obligaciones y le otorga total libertad en cuanto al establecimiento de tarifas al servicio prestado. Se trata de un modus operandi cada vez más frecuente por parte de los liberales de derecha y de izquierda: decir que determinado derecho será mantenido mientras que se introducen disposiciones que permiten burlarlo.

Hay que destacar, entre los cambios positivos, la supresión total o parcial de cuatro artículos: el párrafo 6 del artículo 15, que subordinaba las legislaciones nacionales al acuerdo previo de la Comisión Europea; el artículo 23, mediante el cual la Comisión Europea se atribuía ilegalmente toda una serie de atribuciones en lo tocante a la atención médica; el artículo 24, que neutralizaba la directiva sobre la utilización de trabajadores fuera de la empresa, y el artículo 25, que impedía todo control sobre los llamados “negreros”.

Una modificación que debe ser examinada con prudencia tiene que ver con la salida de los servicios de interés económico general (SIEG) y de los servicios de interés general (SIG) del campo de aplicación de la directiva (art. 1). Los SIEG agrupan los servicios del sector mercantil que de todas formas están sometidos, por definición europea (tratado de Maastricht), a las reglas de la competencia. En cuanto a los SIG, estos no existen en el derecho europeo. Y la Comision Europea no conoce otra definición de los servicios que la que ofrece la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas según la cual una actividad de servicio es una «actividad que se ofrece a cambio de una contrapartida económica». Esta gran victoria que la socialdemocracia anunció con bombo y platillo sólo es, en realidad, otro engaño.

Lo que no cambia es la larga lista de prohibiciones (artículos 14, 16,3 y 20) que mutilan las posibilidades de maniobra de los poderes públicos. Casi todas se mantienen: no será ya posible exigir que un proveedor de servicios tenga la nacionalidad del país en el que ejerce su actividad, que resida en ese país, que tenga un establecimiento en el territorio de ese país, que se someta a un examen que pruebe que su actividad corresponde a una necesidad económica, que ofrezca una garantía financiera o esté asegurado, que se inscriba en una organización profesional, que disponga de una infraestructura, que se constituya bajo determinada forma jurídica, que tenga un documento de identidad específico para el ejercicio de su actividad ni que utilice determinado equipo o material.

También se mantiene (art. 15) la obligación que se impone a cada Estado de compatibilizar ciertas exigencias con el triple criterio de no discriminación, de necesidad y de proporcionalidad, como: los límites cuantitativos o territoriales, sobre todo en forma de límites establecidos en función del nivel poblacional o de una distancia geográfica mínima entre proveedores de servicios; las exigencias que imponen que el proveedor de servicio se constituya bajo determinada forma jurídica; las exigencias ligadas al capital que posee una sociedad; las exigencias (a parte de las relativas a la calificación profesional) que limitan el acceso a la actividad de servicio en cuestión a proveedores particulares de servicios debido a la naturaleza específica de la actividad; la prohibición de disponer de varios establecimientos dentro de un mismo país; las exigencias que imponen una cantidad mínima de empleados; las tarifas obligatorias mínimas y/o máximas que el proveedor de servicios está obligado a respetar; la obligación del proveedor de prestar, conjuntamente con su servicio, otros servicios específicos.

De esa manera, ya desprovistos de numerosos medios de acción y de control, los poderes públicos se verán entregados a la permisividad más total. Y las sutilezas introducidas mediante los numerosos considerando no son para nada una fuente de tranquilidad ya que los considerando no tienen ninguna fuerza jurídica.

¿Qué queda del PPO?

La base misma del principio del país de origen (PPO) contiene un elemento esencial: establece la diferencia entre la sede del establecimiento (lo que a menudo llamamos la sede social) de un proveedor de servicios y la sede de su actividad. Sobre esa base, el artículo 16 de la proposición de la Comisión Europea reconoce la diferencia entre el Estado donde está establecida la sede social y el Estado donde el proveedor presta un servicio. Y el texto estipula que el proveedor de servicio debe someterse únicamente a las leyes del país donde tiene su sede social, sea cual sea el país donde desarrolla sus actividades. Es el Estado donde se encuentra la sede social el que controla el respeto de su propia legislación en el país donde se ejerce la actividad.

O sea, después de determinar cuál es el país menos exigente en materia fiscal, social y en cuanto a la protección del medio ambiente, no hay más que instalar allí la sede social para que sea la legislación de ese país la que se aplique al personal del lugar en que se ejerce la actividad. No solamente se impone así la competencia entre trabajadores sometidos a regímenes diferentes sino que se incita además a la fuga de las sedes sociales.

Esto explica la cólera de todos aquellos que desean preservar más de cien años de conquistas sociales así burladas por una Unión Europea que ya no armoniza, que incita a la competencia entre europeos y que favorece las desigualdades.

Durante una primera fase –durante la cual, según el presidente de la República Francesa, el primer ministro y la dirección del Partido Socialista, el texto había ido a parar «al basurero de la Historia» (Strauss-Kahn) –, la comisión correspondiente del Parlamento Europeo, luego de largos meses de debate, cambió, el 23 de noviembre de 2005, el título del artículo 16 «principio del país de origen» por «cláusula del mercado interno» y puso en manos del Estado que acoge la empresa la verificación del respeto, en su territorio, de las leyes del país de donde proviene dicha empresa. Aunque se mantenía la lógica del país de origen, el nuevo artículo exigía de los inspectores laborales de cada país que dominen los 20 idiomas oficiales de la Unión Europea y la legislación laboral de los 25 Estados miembros (27 dentro de poco), lo cual equivale a hacer imposible toda forma de control.

¡Fue sin embargo a partir de ese momento que se vio a cierto número de políticos y de periodistas a sueldo de los mismos intereses afirmar que el principio del país de origen había desaparecido!

El 16 de febrero, durante una sesión plenaria y en apoyo a un compromiso negociado entre el PPE (entre cuyas filas se cuentan los eurodiputados del UMP) y el PSE (los socialistas), una mayoría de eurodiputados hizo algo mejor aún: después de cambiarle de nuevo el nombre al artículo 16, que se titula desde entonces «libertad de prestación de servicios», simplemente eliminaron toda referencia al derecho aplicable y al Estado encargado de controlar que sea respetado. Ello permite proclamar la desaparición del principio del país de origen, lo cual es cierto en el plano formal pero jurídicamente falso:

a) los Estados miembros de la Unión Europea ya no tendrán derecho a imponer cierto número de reglas. Son las llamadas «exigencias prohibidas»: el texto aprobado en Estrasburgo prohíbe a los Estados someter el acceso a una actividad de servicio a una exigencia ligada a la nacionalidad. Las restricciones no pueden basarse en razones de orden público, de seguridad pública, de protección de la salud o del medio ambiente (los socialistas que negociaron este compromiso con los conservadores aceptaron la no inclusión de la política social y de la protección al consumidor entre las razones que justificarían algún tipo de restricción…). Un Estado ya no puede exigir que el proveedor de servicios tenga un establecimiento en su territorio, que esté inscrito en una organización profesional, que disponga de una infraestructura (una oficina o una consultoría), que aplique un régimen contractual en el marco de sus relaciones con el destinatario del servicio, que tenga algún documento de identidad específico, ni que utilice determinado equipamiento (a no ser que se trate de un problema ligado a la salud o la seguridad laboral). Los Estados podrán imponer su reglamentación en cuanto a las condiciones de empleo, incluyendo las que se establecen en los acuerdos colectivos.

b) se movió el párrafo 2 del artículo 16, tal y como quedó luego de ser modificado el 23 de noviembre de 2005, para el artículo 35 en el cual se indica que el Estado de destino es el encargado de controlar que el proveedor de servicios respete «su ley nacional».

c) el enunciado del principio desapareció del texto, pero no se introdujo en el texto nada que indicase que se aplique lo contrario del PPO, o sea el principio del país de destino (la aplicación de la ley del país que acoge al proveedor de servicios de otro Estado de la Unión Europea). Todo lo contrario, una enmienda que introducía ese principio, presentada por la Izquierda Unitaria Europea, fue rechazada. Se trata de una decisión capital ya que el rechazo del principio del país de destino constituye la demostración irrefutable de la verdadera intención del legislador mayoritario. Este quiso que prevaleciera la aplicación de la ley del país de origen.

Intención por demás confirmada mediante una enmienda incluida en la definición del proveedor de servicios (art 4, 2): «toda persona física ciudadana de un Estado miembro o persona moral, establecida de conformidad con la legislación de dicho Estado miembro, que ofrece o presta un servicio.» Aquí se precisa claramente que el proveedor de servicios se define mediante la legislación del país de origen. El hecho de precisar que el Estado donde se presta el servicio mantiene su derecho a imponer sus propias reglas en materia de derecho laboral, de salud, de seguridad, de medio ambiente y de protección al consumidor es también una manera de indicar que pierde ese derecho en los demás aspectos.

De todas maneras, no se contradice en lo más mínimo el objetivo de la Comisión Europea: esta quería inscribir en el derecho comunitario un principio del país de origen consagrado de antemano por la jurisprudencia de la Corte de Justicia. Pero también se las puede arreglar muy bien sin la inclusión de ese texto en la directiva sobre los servicios. No por casualidad el gabinete del comisario McCreevy, el sucesor de Bolkestein, tranquilizaba e invitaba a votar este inofensivo compromiso a los parlamentarios ultraliberales reacios al compromiso PPE-PSE que temían que las concesiones a los socialistas que se hicieron en la modificación del artículo sobre el PPO fuesen demasiado numerosas.

Esto da la medida de lo que valen las declaraciones anunciando la supresión del principio del país de origen y de la credibilidad de los actores políticos y mediáticos que propagan tales informaciones.

¿Quién votó qué?

a) Primero se votó sobre una proposición de rechazo. Sólo 153 diputados votaron a favor de esta y 486 votaron en contra. Los votos de los representantes franceses (de los partidos democráticos) se repartieron de la manera siguiente:
Por el rechazo: todos los representantes GUE-PCF, PSE-PS, Verdes (incluyendo a Cohn-Bendit) franceses;
Contra el rechazo: todos los representantes PPE-UM (exceptuando a Fontaine y Vlasto, ambos ausentes), y todos los representantes ADLE-UDF (liberales).

b) La enmienda presentada por el GUE que introducía el respeto del principio del país de destino fue rechazada con 527 en contra, 105 a favor y 4 abstenciones. Los franceses votaron como sigue:
A favor de la introducción de la referencia a la ley del país de destino: Henin, Verges, Wurtz (GUE-PCF); Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Cottigny, Desir, Douay, Ferreira, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Laignel, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber (PSE-PS), Bennahmias (Verdes);
En contra: todos los representantes PPE-UMP (con excepción de Fontaine y Vlasto, ambos ausentes), y Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Morillon (ADLE-UDF); Aubert, Cohn-Bendit, Flautre, Isler-Beguin, Lipietz, Onesta (Verdes) ;
Abstenciones: Castex (PSE-PS).

c) En cuanto al voto final sobre el texto modificado, después de la adopción de las enmiendas negociadas entre el PPE y el PSE, este arrojó 394 votos a favor, 215 en contra y 33 abstenciones. Los franceses votaron como sigue:
A favor del proyecto modificado: todos los representantes PPE-UMP (exceptuando a Fontaine y Vlasto, ambos ausentes) más todos los representantes ADLE-UDF y Rocard (PSE-PS)
En contra: todos los representantes GUE-PCF; todos los PSE-PS, menos Rocard; todos los Verdes, incluyendo a Cohn-Bendit.

El comportamiento de las votaciones está disponible en el siguiente sitio (el internauta debe disponer del sistema de lectura Acrobat Reader que puede bajar gratuitamente):

 AN.20060216.pdf

¿Y ahora?

Una realidad se impone: el hecho de enmendar un texto que no podía ser enmendado da lugar a la aparición de numerosas contradicciones (solamente citaremos las contradicciones provenientes de las disposiciones relativas al establecimiento en los artículos 15, 16 y 32). La inseguridad jurídica que tanto temían varios expertos que comparecieron el 11 de noviembre de 2004 se agrava aún más debido al texto que adoptó el Parlamento Europeo. Este confiere entonces un poder considerable a quien está llamado, por necesidad, a interpretarlo, o sea a la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas cuya dependencia de la Comisión Europea y propensión a legislar en el sentido más liberal y en lugar del legislador es ya notoria. Esta solución no es aceptable.

El texto de la proposición de directiva, ya modificado por el Parlamento Europeo, no es menos peligroso que su versión inicial. Es incluso más peligroso aún ya que sus intenciones, idénticas a sus objetivos originales, tienen ahora un carácter más implícito que explícito; están más escondidas.

Y la máquina mediática que busca desmovilizar a la opinión, ya muy activa durante el debate parlamentario, no va a detenerse ahora que cuenta con el refuerzo que representa el discurso de los partidos y sindicatos que esperaban solamente ciertas modificaciones cosméticas para unirse al texto. Al apoyar las enmiendas de compromiso entre los conservadores (PPE) y la socialdemocracia (PSE), la Confederación Europea de Sindicatos demostró una vez más cuáles son los intereses a los que verdaderamente sirve. Lo mismo sucede con la CFDT. Nos encontramos por lo tanto ante un desafío aún mayor que el que representa el texto redactado bajo la responsabilidad de Fritz Bolkestein.

La próxima parte del procedimiento de codecisión es compleja. Primera etapa, la Comisión Europea presentará una «proposición revisada». ¿En qué sentido? Lo único que se sabe es que la Comisión raramente se echa atrás. También se sabe que el comisario McCreevy fue claro al dirigirse al Parlamento Europeo, el 14 de febrero: las modificaciones que mantienen obstáculos a la libre circulación no son aceptables. Y citó los artículos 24 y 25 eliminados durante el voto que tuvo lugar en el seno de la comisión sobre mercado interno del Parlamento Europeo, eliminación confirmada más tarde durante la reunión del plenario. McCreavy anunció que la Comisión compensará la eliminación de esos artículos mediante disposiciones (utilizó en inglés el término «guidance») basadas en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas. McCreavy se refirió varias veces a la jurisprudencia de la Corte. Pero el gobierno de los jueces no constituye la regla europea. El legislador no es el magistrado sino el diputado electo por el pueblo.

Segunda etapa, el Consejo de Ministros examinará las diferentes partes del expediente. Este órgano puede aceptar el texto del Parlamento, que se convertiría entonces en ley europea. También puede rechazarlo y aceptar entonces la proposición revisada de la Comisión Europea o presentar su propio texto. En los últimos casos, el texto del Consejo de Ministros tendría que volver entonces al Parlamento. Como puede verse, el proceso no ha concluido aún.

Se nota que, a la defensiva desde hace cerca de dos años, los partidarios del neoliberalismo más salvaje no han tenido más remedio que negociar. La tremenda resistencia que se puso de manifiesto, específicamente durante varias manifestaciones en Bruselas, Berlín, Roma y Estrasburgo, puso a la defensiva a los partidarios de la directiva sobre los servicios. Al ser interpelados, los diputados sintieron la presión de la ciudadanía. Pero se necesita más. El Parlamento Europeo acaba de demostrar que no es posible enmendar ese proyecto. La lucha por el rechazo se mantiene.

Trabajadores de usar y tirar

FUENTE

El drama del desempleo esconde la realidad silenciada de la explotación laboral y el abuso, fenómenos que se recrudecen en tiempos de crisis

• Base de datos de empleo de EL PAÍS

Joseba Elola 13 ENE 2013 – 00:00 CET

Hay un drama silencioso y silenciado que convive con el drama del desempleo. Se llama explotación laboral. En muchos centros de trabajo, la gente se ha acostumbrado a tenerlo sentado a su lado. La crisis hace que prolifere una casta de empleadores sin escrúpulos que aprovechan la coyuntura para exprimir y explotar a las personas a su cargo. De cada 100 inspecciones llevadas a cabo por Trabajo a lo largo de 2012 (datos a 30 de noviembre), en un 23,9% de los casos se detectaron irregularidades (las situaciones de explotación laboral son simplemente una parte del largo catálogo de irregularidades). En el sector de la hostelería, el registro se acerca al 30%.

“En España hay un serio problema de concienciación social”, dice en su despacho del Ministerio de Empleo Juan José Camino Frías, subdirector general para la Inspección en materia de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración. “Hay una excesiva tolerancia que es de extrema gravedad”, dice en referencia a las múltiples irregularidades que se producen. Se queja tanto por el atentado que suponen contra los derechos de los trabajadores, como por la cantidad de cotizaciones sociales que no son abonadas y que servirían, entre otras cosas, para poder hacer frente a los crecientes pagos en materia de prestaciones de desempleo.

La crisis alumbra una era de trabajadores cada vez más indefensos, utilizados como kleenex de usar y tirar. El drama de la explotación laboral sucede en silencio. Los trabajadores no quieren denunciar por miedo a perder esa preciada conquista, cada día más valiosa: el empleo. Casi todos los empleados entrevistados para este reportaje (menos dos) declinaron aparecer en fotografías y pidieron figurar con las iniciales. No quieren presentarse como díscolos. Por miedo a perder su trabajo. Por miedo a que en el futuro no les quieran emplear. Por miedo a estos tiempos de empleadores con la sartén por el mango.

 

» Niñera en La Moraleja por 400 euros

J. es dominicana y lleva 24 años en España. Vive en una casa sin luz ni gas por falta de pago. Gracias al apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, consiguió paralizar su desahucio el pasado mes de octubre. Poco antes de navidades, un día, al salir de la iglesia, una mujer le dijo que sabía de una oferta de trabajo y le facilitó un número de teléfono. La empleadora era una habitante de la exclusiva urbanización de La Moraleja, a las afueras de Madrid.

J. llamó. La oferta consistía en cuidar a un niño de siete años, desde las 15.00 a las 00.30 (el último autobús de La Moraleja al centro de Madrid, cuenta J., sale a las 23.30), seis días a la semana. La empleadora le ofrecía librar un día por semana; pero aleatoriamente; no un día fijo, cada semana, uno distinto. La retribución: 400 euros al mes. “Esa mujer se estaba aprovechando de la situación de desesperación en que nos encontramos muchas personas extranjeras sin papeles”, cuenta J. bajo la carpa instalada frente a las oficinas centrales de Bankia en Madrid. “Si vive en La Moraleja, es porque gana bien”.

Tal es la necesidad de ingresos de J. que, a pesar de aceptar que el trabajo le suponía no poder cuidar por las tardes a su hija de 13 años, le dijo que le parecía muy poco dinero y que debería pagarle al menos 500 euros. “La mujer, enfadada, me colgó”.

 

» Las 14 horas del cocinero

Jesús Portillo lleva 30 años trabajando en la hostelería, desde los 16. Le han hecho perrerías de todos los colores. De entre las recientes, la más sangrante que recuerda fue la oferta que le hicieron en la franquicia de una conocida cadena de bares de tapas. El dueño estaba a punto de abrir un nuevo establecimiento de esta franquicia y necesitaba cocinero. Portillo, extremeño afincado en Barcelona de 46 años, se presentó a la entrevista de trabajo. Le ofrecían 600 euros al mes por una jornada de entre 12 y 14 horas. Le harían un contrato de media jornada, cuatro horas al día. Más adelante, si la cosa iba bien, renegociarían condiciones, le dijeron.

Para incorporarse a la cadena tenía que seguir un cursillo en uno de los establecimientos de la cadena sito en Cornellà de Llobregat. Allí vivió uno de los procesos de selección más abusivos que recuerda.

“El curso era, básicamente, trabajar gratis tres días en el establecimiento”, recuerda. Quince personas se presentaron al presunto curso de formación. La jefa no paraba de chillar a los candidatos que empezaban a empanar y freír tapas. Cinco candidatos se fueron a la media hora, hartos de recibir gritos. A la hora empezaron a llegar clientes. “Más deprisa, más deprisa”, apremiaba la capataz. Tres chicas con poca experiencia abandonaron, hartas de recibir insultos. Para cuando el bar estaba lleno, de los 15 ya solo quedaban cuatro. De ellos, tres, entre los que se encontraba Jesús Portillo, abandonaron antes de acabar el día. “Pero esta vez fuimos nosotros los que insultamos a la dueña”.

Al día siguiente, el propietario de la nueva franquicia se disculpó ante Portillo y le dijo que las cosas no funcionarían así en su local. El primer día trabajó 14 horas. Al final de la jornada, el propietario le pagó 20 euros, la parte proporcional correspondiente a su contrato de 600 euros: 20 euros por 14 horas de trabajo.

Por jornadas como las que le proponían, dice, se deberían pagar entre 1.200 y 1.300 euros; no 600. “Eso no es explotación, eso se llama esclavismo”, manifiesta, indignado, por teléfono.

Jesús Portillo lleva siete meses sin cobrar un euro y dos años en paro. Su mujer, que trabajaba en un ambulatorio, también está desempleada. La semana pasada le ofrecieron un trabajo en el que le pagaban 1.300 euros al mes, sí; pero por 18 horas de trabajo; de siete de la mañana a una de la madrugada; seis días a la semana, de lunes a sábado. Conoce a un chico ecuatoriano de su barrio, Nou Barris (Barcelona), que acepta cobrar 300 euros al mes por trabajar como camarero la jornada laboral entera. “Esta es la realidad laboral que vivimos: explotación, humillación, mafia, extorsión”.

 

» El guardia de seguridad que no ha cobrado en seis meses

Manuel Chicharro tiene 50 años y ya no aguanta más. Es guarda de seguridad desde 1988 y ha visto de todo: compañeros en empresas de seguridad que recibían cuatro euros por hora; gente trabajando sin contrato… En el puesto que ocupó hace unos años en un conocido museo de Madrid, recuerda, se tenía que llevar a su hijo durante su turno porque no le permitían librar el fin de semana (algo a lo que tenía derecho por ley; está separado). Pero nada comparado con quedarse sin cobrar durante seis meses consecutivos.

Manuel está hundido. Va camino de siete meses sin ingresar un euro, sin poder pasar la pensión de 400 euros a su exmujer, siete meses viviendo de lo que ingresa su compañera. “El drama es que no hay cobertura para el obrero”, dice cerca de una oficina del INEM en Alcorcón, a las afueras de Madrid. “Y las instituciones colaboran en este proceso que no hace otra cosa que hundir a las personas”. Su caso es extremo, refleja la indefensión de un trabajador cuando su empresa quiebra. Refleja esa era del trabajador de usar y tirar.

Manuel Chicharro trabajaba como guarda en el Centro de Formación Primero de Mayo de Leganés. El 1 de enero de 2012, hace ahora algo más de un año, la empresa para la que llevaba trabajando 12 años (Ariete) le subrogó (como ocurre muy a menudo en el sector de seguridad, explica). Pasó a estar en nómina de otra empresa, ESABE, cuya cúpula directiva fue detenida el pasado 20 de diciembre, acusada, entre otros delitos, de un fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social.

Numerosos empleados de ESABE vivieron una auténtica pesadilla los últimos seis meses de 2012: “Imagina lo que es no cobrar, mes a mes, durante cinco meses, pero tener que ir a trabajar cada día porque si no te despiden”. Manuel aguantaba, esperando a ser nuevamente subrogado a otra empresa.

Pero no fue así, a diferencia de lo que ocurrió con el resto de sus compañeros, que fueron integrados en Prosegur. A pesar de tener 12 años de antigüedad en la anterior empresa, necesitaba haber trabajado siete meses en ESABE para poder ser subrogado de nuevo, explica. Le faltaban 25 días para llegar a esos siete meses. Ahora, ni cobra lo que le deben ni trabaja, ni tiene opción. Por ahora, a cobrar el paro.

“Las Administraciones públicas recurren a empresas que les salen baratas, pero lo barato sale caro”, dice, indignado. Cita su caso, y el de Madrid Arena. “Ya no se contrata a profesionales de la seguridad, se va a lo barato y luego pasa lo que pasa”. Dice que en las Administraciones públicas contratan a empresas de seguridad para que hagan el trabajo que los policías municipales o los fijos de plantilla no quieren hacer: “Nos tienen de porteros, de conserjes, y todo para que la gente, que muchas veces nos pide que fichemos por ellos, pueda escaquearse de sus puestos”.

 

» Pagar por un proceso de selección

El caso de R., mujer de 34 años, no es de explotación laboral. Más bien, ilustra de lo que son capaces algunos a la hora de aprovecharse de la necesidad de tener un trabajo.

El año pasado, en mayo, vio una oferta en la página de la web Infojobs. Se inscribió. La empresa pedía que entregara el currículo en mano en unas oficinas. Para allá que se fue.

Al llegar a las dependencias de la empresa, situadas en un polígono entre Aldaia y Torrent (Valencia), vio que a la entrada no había ningún cartel. “Me pareció raro”. Entró en la nave y vio a seis chicas esperando. De un pequeño despacho salió una mujer que le entregó un formulario. En él se señalaba la fecha de inicio del proceso de selección: el 25 de junio. Para poder participar había que abonar 50 euros. “¡Pagar por un proceso de selección! Salí muy enfadada, era una tomadura de pelo

Como R. no es de quedarse de brazos cruzados, habló con la policía, con organizaciones de consumidores, con la Consejería de Empleo de la Generalitat valenciana, y con Infojobs, que no tardó en retirar el anuncio. “No hubo proceso de selección el 25 de junio”, concluye.

En julio recibió una carta de la empresa: le comunicaban que había sido descartada en el proceso de selección.

 

» Repartiendo pizzas a la hora que toque

L. no se queja. En realidad, lo de cobrar 210 euros al mes repartiendo pizzas no le parece tan mal. Le incomoda no saber a qué hora le tocará repartir al día siguiente, puede ser en cualquier momento, pero se adapta. Él solo sabe que trabajará dos horas cada día repartiendo pizzas; su empresa sabe que tiene un ejército de trabajadores volantes a los que usar a su antojo en el momento que quiera.

Para conseguir que le den más horas de trabajo, tiene que subir la media de repartos del día. En las oficinas hay una lista con el ranking de repartidores. “Hay competencia entre nosotros. Si yo gano horas, se las quito a algún compañero”, dice este dominicano de 25 años en una cafetería del centro de Madrid.

Prefiere esto a aquella empresa de perritos calientes a domicilio en la que trabajó y en la que le pagaban según el dinero que iba entrando en caja. Con jornadas de 13 horas. “Cogía el pedido por teléfono, lo cocinaba y lo llevaba a domicilio”. Un día le pagaban 100 euros; tres días más tarde, 150. Así hasta completar los 800 euros que representaba su paga. La mitad, en negro.

 

» El eterno becario

J. le echa la culpa a las Universidades. Dice que son cómplices de la situación de toda una generación. “Tenemos que pagar para poder ser becarios y cobrar 200 euros”, se lamenta este licenciado en Periodismo de 23 años. Y explica cómo muchos medios de comunicación hacen entender a los estudiantes recién salidos del horno que es bueno que mantengan alguna relación con la Universidad para poder acceder a unas prácticas. “Hay alumnos que se dejan una asignatura pendiente a propósito para poder así optar a prácticas”, explica en una cafetería de Leganés. “Luego trabajas como uno más en la redacción y te das cuenta de que, en realidad, estás ahí sustituyendo a alguien. Produces como uno más, pero sin remuneración, sin derechos. Te regalan los oídos, técnicamente te pueden conceder dos becas, y cuando vuelves a la calle, te das cuenta de que no tienes un solo día cotizado en la Seguridad Social”.

Las empresas (y no solo las periodísticas, pues, según él, ocurre con compañeros suyos que son físicos o químicos) ya no buscan licenciados, buscan estudiantes. “La Universidad es el principal motor de todo esto. Las empresas se aprovechan, pero es la Universidad la que debería salir en defensa de sus alumnos”.

 

» El inmigrante que mira a Ecuador

R. es un ecuatoriano de 42 años que lleva 14 en España. Está pensando en hacer las maletas y regresar a su país. Lo cuenta bajo una lluvia fina a la salida de la oficina de empleo del INEM del paseo de la Esperanza, Madrid.

Trabajó durante nueve años en una empresa de la construcción. Al principio todo iba bien. Hace dos años, le redujeron el sueldo de 1.300 a 1.100 euros. Después le dijeron que siguiera trabajando, pero que le despedían para que pudiera cobrar el paro y se lo complementaban con 600 euros al mes en negro. El año pasado le recontrataron: aunque trabajaba a jornada completa, le hicieron contrato de media jornada. “Me he sentido explotado. Pero si no aceptaba el trabajo, alguna otra persona lo iba a aceptar. Con tal de no estar en casa, uno acepta lo que sea: algo es mejor que nada”

Ofertas sorprendentes

Las páginas de ofertas de empleo son todo un mundo. En ellas se puede encontrar todo tipo de propuestas, algunas en el límite de lo legal o, directamente, que plantean condiciones abusivas.

Marina Calvo, responsable de la sección de desempleados de la Federación Regional de Servicios de UGT de Madrid, recibe muchas todos los días. “En algunas, te preguntas cómo no se les cae la cara de vergüenza”, dice.

Eduardo González, de la organización Juventud sin Futuro, también ve ofertas constantemente. Hace un año, esta organización puso en marcha la Oficina Precaria, donde la gente puede denunciar abusos, buscar asesoría legal y colgar los anuncios abusivos que encuentren en la red. “Día sí, día también, vemos ofertas que vulneran derechos de los trabajadores”, declara González.

De vez en cuando aparecen algunas que, directamente, proponen empleo sin salario.

La página Infojobs publicaba hace tres meses una oferta que hizo un ruido considerable en las redes sociales. Decía así:

 

» Voluntario director de Comunicación. Descripción. Fundación Alia2 tiene como misión proteger al menor en Internet. Este puesto es para un voluntario en el departamento de Prensa para cubrir el puesto de director de Comunicación. Este puesto no tiene retribución. Una fundación en constante crecimiento requiere de un gran capital humano para su correcto funcionamiento, por ello estamos en constante búsqueda de personal (…).

Funciones. Newsletter quincenal (de acuerdo con un timing de tareas. Newsletter patronos (de acuerdo con un timing de tareas). Mantenimiento de la red de contactos (agenda de medios abierta). Analizar la actualidad y llamar a todos los periodistas que escriban sobre temas Alia2 (utilizar alertas de Google). Preparar las intervenciones del director de la fundación (…) Elaboración de notas de prensa. Seguimiento de noticias: Clipping (…) Ruedas de prensa (de acuerdo con timing de tareas). Estará al tanto de las noticias que salgan relacionadas con el tema en que se basa nuestra fundación.

Se precisa. Persona con disponibilidad inmediata. Horario a definir en la entrevista. Se valorará positivamente que posea conocimientos de las nuevas tecnologías relacionado con el funcionamiento de las redes sociales (…).

Estudios. Licenciado.

Experiencia. Al menos dos años. Licenciatura o grado de periodismo. Creatividad y dinamismo. Gran capacidad escrita y oral. Alto nivel de inglés escrito (…). Ganas.

En conversación telefónica, el director de la fundación que puso el anuncio, Miguel Comín, dice que sabe que la oferta no cayó bien, que fue muy protestada, pero recuerda que se trata de algo legal, un trabajo de voluntario para una fundación.

La Federación de Servicios madrileña del sindicato UGT cuenta con una web para desempleados a la que determinadas empresas remiten ofertas. Hace unos meses, llegó una que decía:

 

» Necesito, en principio, 2 personas que conozcan/hayan trabajado en el sector de seguros para trabajar como agente exclusivo en una compañía de seguros.

Es un contrato mercantil, sin salario y a comisión.

Preferentemente que su localidad sea Alcobendas o San Sebastián de los Reyes.

Marina Calvo, que supervisa esa web y está atenta a las ofertas que salen, cuenta que prolifera, sobre todo en el sector de los comerciales, la oferta de contratos mercantiles a comisión en los que, si no se consiguen los objetivos marcados por la empresa, el trabajador no cobra nada. No solo eso: además, se gasta dinero en transporte, en visitas. Es decir, paga por trabaja

Telares en las mazmorras

EL PAÍS accede al primer eslabón de la industria textil de Bangladesh, lúgubres fábricas de telas con terribles condiciones laborales

 Zigor Aldama Dacca 5 MAY 2013 – 00:00 CET

Es imposible competir con la fealdad de Dacca. La capital de Bangladesh es el caos hecho ciudad, un amasijo de edificios inacabados, amontonados sin plan urbanístico alguno, que tratan de cobijar a unos 14 millones de habitantes. Solo la mitad son residentes oficiales. El resto ha llegado, procedente de los cuatro puntos cardinales de uno de los países más pobres del planeta, con la esperanza de darle un mordisco al 6% de crecimiento económico, un porcentaje que llena de orgullo al Gobierno y que convierte a la antigua Pakistán Oriental en uno de los ejemplos más exitosos del milagro económico del subcontinente indio.

Pero a los emigrantes rurales no se les encuentra en los relucientes centros comerciales que sirven de oasis de tranquilidad a la emergente clase media. No, hay que bregar con un tráfico imposible durante al menos una hora para dar con ellos en el cinturón industrial de Ashulia. Allí, cientos de miles de personas cuecen ladrillos con técnicas propias de la Edad Media, dan forma a pucheros, pegan suelas de zapato y, los más afortunados, tejen prendas de vestir en alguna de las innumerables fábricas que componen la Zona de Procesamiento de Exportaciones (EPZ, en sus siglas en inglés), escenario de las mayores tragedias de la industria textil del país.

Por 54 horas de trabajo a la semana, y siempre bajo la amenaza de derrumbes como el del Rana Plaza —más de 430 muertos— o incendios como el de Tazreen Fashions, con 110 fallecidos, la mayoría de los trabajadores cobra el salario mínimo más bajo del planeta: 3.000 takas (algo menos de 30 euros) al mes. No obstante, como apunta Jesmin, una joven que ha estado empleada tanto dentro como fuera de la EPZ, “aunque no existen medidas de seguridad adecuadas y muchas veces no se abonan las horas extra ni se conceden bajas por maternidad, todo el mundo quiere trabajar allí porque las condiciones laborales son mucho mejores”.

No en vano, de las EPZ —creadas en los ochenta para impulsar las exportaciones, disparar el crecimiento económico y crear empleo en barrios deprimidos— sale gran parte de la producción textil del país, ya la segunda en el mundo. El sector aporta en torno al 80% de los productos que Bangladesh exporta —casi 20.000 millones de euros—, y emplea a tres millones de personas en unas 4.500 fábricas.

“El empresario los fija en base a piezas por hora. Saben que ningún humano podría cumplirlos, pero da igual. Para llegar al cupo tenemos que trabajar dos o tres horas extra al día sin cobrar”, asegura Moni, empleada en Inmaculate. “Cada vez hay más presión de los clientes extranjeros para cumplir códigos de conducta que reducen los márgenes de beneficio”, reconoce Hashi, que cobra 3.500 takas (33 euros) en vez de los 4.200 takas que le corresponden por el nuevo baremo, y que ha llegado a trabajar tres meses sin un día de descanso y 15 noches seguidas en temporada alta. “Por eso, el peor trabajo se subcontrata a talleres a los que jamás ha ido un inspector”.

Lo sabe bien Ahmed R., un adolescente de 13 años que opera un vetusto telar en un cobertizo de uralita. Hay que alejarse varios kilómetros más del centro para dar con estos talleres, que nunca aparecen en los medios de comunicación y que, sin embargo, sufren condiciones laborales mucho peores. “Aquí producimos telas que, muchas veces, acaban en la EPZ y llegan a Europa y América ya confeccionadas”, reconoce el propietario, quien teme represalias, bajo condición de anonimato. “Muchos empresarios bangladesíes mienten sobre el origen del material”.

Ahmed y sus compañeros de trabajo, algunos niños de 12 años, son los subcontratados de los subcontratados, el último eslabón de una cadena que acaba en los escaparates de todo el mundo. La mayoría no ha oído hablar jamás de la responsabilidad corporativa de las grandes multinacionales que, de forma indirecta, acaban utilizando sus productos. “Muy pocas empresas controlan toda la cadena de producción”, reconoce Nazma Akter, presidenta de la Federación Textil Sommilito. “La presión ha conseguido que se realicen auditorías en las fábricas de las que sale el producto final para evitar la pésima publicidad de tragedias como la de Spectrum [que producía para Inditex y cuyo edificio se desmoronó provocando 64 muertos], pero pocos van más allá”.

La propia Inditex, que respondió a EL PAÍS a través de una dirección genérica de correo electrónico, reconoce que no era consciente de que allí se fabricara material para el principal grupo textil español. “Había recibido de un proveedor del grupo —sin nuestro conocimiento y, por tanto, sin nuestra autorización— una única orden de trabajo de 2.000 unidades”.

Otras marcas internacionales han tenido problemas similares, muchas veces por culpa de la opacidad de sus socios locales. “Las compañías extranjeras tienen gran responsabilidad, pero muchas veces los empresarios bangladesíes faltan a sus promesas y subcontratan sin dar cuenta a nadie”, apunta Amirul Haque Amin, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Textil de Bangladesh.

Poco importan esos tejemanejes en la fábrica en la que trabaja Ahmed. En el interior, el tremendo golpeteo de las máquinas impide oír siquiera los propios pensamientos, y el adolescente ríe con ganas cuando se le pregunta si tiene protección para sus tímpanos. Apunta con su dedo índice a los pies descalzos, y asegura que lo que le preocupan son las agujas que se caen. Trabaja una media de 11 horas al día, y tiene suerte si le pagan a tiempo los 75 takas (unos 70 céntimos de euro) que gana por jornada. “No es mucho, pero ayudo a mantener a la familia”, asegura con orgullo indisimulado mientras posa en jarras frente a la máquina que opera.

La uralita del techo y las planchas de metal de las paredes convierten el lugar en un horno insufrible, pero el centenar de hombres que maneja la maquinaria parece no acusar el calor. La única corriente de aire que circula, y que levanta una fina capa de polvo que provoca estornudos constantes, es la que se cuela por las rendijas que ha dejado una construcción chapucera. “Y la puerta, que tenemos abierta para no asfixiarnos. Lo peor es en la temporada de lluvias, cuando no hay forma de impedir que entre agua”, comenta uno de los trabajadores, que, sin embargo, relativiza su trabajo. “Peor están los que fabrican ladrillos o trabajan el campo”.

El capataz de la fábrica reconoce que la situación no es ideal. “No nado en la abundancia, como los empresarios de la EPZ. Tengo problemas para pagar a los empleados porque mis clientes me abonan los pedidos tarde y mal. Al final, lo único que importa son el precio, la calidad y las fechas de entrega. No cómo se produzca”.

Primark compensará a las víctimas del derrumbe de Bangladesh

FUENTE

Incluirá la provisión de una contribución a largo plazo para los niños que han perdido a sus padres, ayuda financiera para los heridos y pagos a las familias de los fallecidos

EUROPA PRESS Dublín 29/04/2013 20:32 Actualizado: 29/04/2013 20:49

La compañía irlandesa de moda Primark, perteneciente al grupo Associated British Foods (ABF), ha anunciado su intención de compensar a las víctimas y los familiares de los fallecidos por el derrumbe de un edificio de fábricas textiles en Bangladesh el pasado jueves, y que la ha costado la vida a casi 400 personas.

“Primark compensará a las víctimas del desastre que trabajaban para su proveedor. Esto incluirá la provisión de ayuda a largo plazo para los niños que han perdido a sus padres, ayuda financiera para los heridos y pagos a las familias de los fallecidos”, informa en un comunicado recogido por los medios británicos.

Asimismo, señala que se ha asociado con una ONG local para hacer frente a las “necesidades inmediatas” de las víctimas, incluido la provisión de ayuda alimentaria de emergencia a las familias. “Esta iniciativa comenzó en Bangladesh en cuanto se hizo evidente la magnitud del desastre”, explica.

Por otro lado, también subraya que su proveedor, situado en la segunda planta, compartía el edificio con otros minoristas, por lo que instó a estos a “presentarse y ofrecer asistencia”. “Nosotros somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad”, afirma.

El hundimiento la pasada semana del edificio Rana Plaza de Dacca en Bangladesh, donde se ubicaban varias fábricas textiles, ha provocado hasta el momento la muerte de un total de 382 personas, aunque aún sigue habiendo cientos de desaparecidos.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Textil de Bangladesh, Amirul Haque Amin, ha iniciado una petición online en Change.org para reclamar a marcas como Mango y Primark “que garanticen la seguridad de los trabajadores y compensen a las víctimas en Bangladesh”. La petición ya ha recibido más de 50.000 firmas de apoyo.

Por su parte, Mango ha publicado una nota en su página de Facebook en la que puntualiza que la empresa Phantom, una de las propietarias de las fábricas textiles ubicadas en el edificio Rana Plaza de Dacca, no es proveedora de Mango, y apunta que tenía previsto realizar unas muestras para diferentes líneas de la compañía, que todavía no se habían iniciado