El incómodo amigo del rey

ESCÁNDALO/LAS AMISTADES PELIGROSAS

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El en otro tiempo administrador privado de don Juan Carlos tiene una cita con la cárcel. Si Manuel Prado no paga los millones que defraudó a kio, se encontrará con otros dos presos que frecuentaron Zarzuela, como escribe el autor de «La soledad del rey»

JOSÉ GARCIA ABAD

	EL EMISARIO. Amigo del Monarca desde hace más de 30 años, ha sido su emisario en temas de Estado delicados y ahora un quebradero de cabeza. En esta foto histórica, la celebración de un cumpleaños.EUROPA PRESS

Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador privado del Rey durante dos décadas y su mejor amigo durante los tres últimos decenios, alguien «de la familia» como han resaltado tanto Don Juan Carlos como Doña Sofía, está citado mañana lunes, a las 10 en punto de la mañana, en la Audiencia Nacional para ingresar sin más dilación en la cárcel.

Los otros dos condenados por la primera sentencia firme del macroproceso KIO, el llamado caso Wardbase, Javier de la Rosa y Jorge Núñez, ya entraron en prisión. Manuel Prado se resiste sirviéndose de todo tipo de argucias legales.

El caso es que el administrador del Rey podría evitar la prisión muy fácilmente: simplemente devolviendo el dinero que cobró impropiamente de KIO, el complejo inversor del gobierno kuwaití. En efecto, Prado tiene a su favor tres hechos importantes: 1º) Que la sentencia es relativamente leve: dos años de prisión. 2º) Su provecta edad, 73 años, y delicada salud y 3º) Que no tiene antecedentes penales.Pero para la Sala Primera de lo Penal que preside Siro García y para la jurisprudencia y la ejemplaridad social hay un imperativo insalvable: la devolución del dinero defraudado.

Prado parece dispuesto a todo antes de soltar los cerca de 5.000 millones de pesetas -unos 30 millones de euros- que debe pagar en esta primera pieza del macroproceso de KIO: 2.000 millones (unos 12 millones de euros) más los intereses que corren desde 1992. Su última argucia ha sido la de decirle al tribunal: cóbrenselo de los bienes que me han embargado que, según ustedes, son de mi propiedad.

La oferta tiene truco y la sala de la Audiencia Nacional que tuvo que decidir sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, que está harta de tanta trapacería, no ha mordido el anzuelo; todos los bienes de Prado están encubiertos por una tela espesa, prácticamente impenetrable de sociedades interpuestas; tales sociedades están sometidas a un embargo precautorio en pieza aparte de responsabilidad civil cuya documentación abarca 15 tomos repletos y densos. Para hacerse con el patrimonio de Prado habría que desembarcar en cada una de las sociedades y proceder a una investigación minuciosa en un procedimiento largo y complicado a lo largo de muchos años, quizá más de los que alcanza la esperanza de vida de Prado. Los agentes judiciales se toparían con sociedades fantasma que intermedian a otras sociedades vaporosas cuyo origen se pierde en paraísos fiscales; chocarían con astutos administradores que no son empresarios sino avezados juristas aplicados a trabar la investigación.

Agotados todos sus cartuchos judiciales, Prado se ha valido del que le quedaba en la recámara: presentar un recurso de súplica.Pero la sala, harta de tan torticero proceder, ha citado al personaje aun antes de contestar a esta última petición suplicatoria que no impide el cumplimiento de la sentencia. Mañana, 26 de abril, Manuel Prado y Colón de Carvajal deberá presentarse en la Audiencia Nacional con 30 millones de euros, una pequeña parte de su inmensa fortuna, o con una cantidad importante -pongamos la mitad-, pero con garantías de pagar el resto para poder disfrutar de la alegría de vivir en libertad. Con el dinero o con el equipaje necesario para su nueva residencia.

Mañana veremos si Prado está dispuesto a dar con los huesos en la cárcel con tal de no devolver el dinero del que se apropió indebidamente. Mañana comprobaremos si la avaricia triunfa sobre la libertad. Ya no caben más triquiñuelas salvo la huida, que aproveche su condición de residente en Suiza para burlar a la Justicia y a las víctimas de su desaprensivo proceder.

Culminado el caso Wardbase, sigue avanzando, sin prisa pero sin pausa, el caso Pincinco también inserto en el proceso KIO, pero que tiene mayor entidad, pues reclaman al administrador del Rey los 8.000 millones de pesetas defraudadas más otros 5.000 millones en concepto de intereses. La suma de ambos casos, Pincinco y Wardbase, cifra el dinero obtenido ilegalmente por Prado de la agencia kuwaití: 18.000 millones de pesetas -unos 108 millones de euros-.

Todo este asunto resulta muy enojoso para el Rey Juan Carlos, que ha mantenido con su administrador una estrecha amistad desde 1974. «Un amigo muy íntimo [...], el único en que podía depositar mi confianza» cuenta el Monarca a José Luis de Vilallonga al referirse a la misión que le confió para enviar un mensaje tranquilizador a Santiago Carrillo en vida o moribundia de Franco. Y la Reina le incluye entre las personas de la casa, con minúscula, según relata Doña Sofía a Pilar Urbano comentando los sucesos del 23-F: «Nos juntamos la familia, las personas de la casa, Mondéjar, Valenzuela, Sabino, Manolo Prado y algún otro amigo de mi marido».

Manuel Prado compartirá cárcel con otros dos amigos del Monarca que también se ocuparon de los intereses de éste: Mario Conde y Javier de la Rosa. La nómina de perseguidos por la Justicia incluye también a un personaje tan huidizo como Prado: el supuesto príncipe Tchokotoua. El Monarca, que dispone de tan privilegiada nariz, no parece aplicarla a la selección de sus amigos.

EL OTRO JEFE DE LA CASA

Pero el caso Prado es mucho más embarazoso para el Monarca por su dilatada relación mercantil como administrador privado y socio en diversas iniciativas económicas, porque prácticamente vivía en palacio, donde zascandileaba como Pedro por su casa hasta el punto de que los funcionarios se referían a él como «el jefe de la Casa Bis». Prado sin embargo se califica a sí mismo como «el perro del Rey».

Estas circunstancias de amistad, entrega y sumisión total ante el Rey hacen muy turbadora la acusación de Javier de la Rosa, el hombre de KIO en España, de que los cien millones de dólares entregados al administrador privado del Rey estaban destinados al administrado para generar un buen ambiente para los intereses de la familia real kuwaití. ¿Utilizó Prado, su cercanía al Rey para embolsarse el dinero? Sea cuál fuera la respuesta correcta, lo cierto es que se ha generado una apariencia sumamente molesta para el Jefe del Estado.

Prado fue eliminado, por consideración del emir kuwaití hacia el Rey de España, de la lista de los que persigue la Corte Comercial de Londres en busca del dinero desaparecido, pero no ha podido evitar que Javier de la Rosa se defendiera de la acusación formulada por la agencia gubernamental del emirato de haberse apropiado de 100.000 millones de pesetas y de acumular unas pérdidas de 500.000 millones acusando al Monarca. JR asegura que parte de ese dinero fue utilizado para pagar servicios políticos a favor de la causa kuwaití. Argumenta Prado que los cien millones de dólares los cobró en concepto de asesoramiento, dictámenes, protocolos, gastos de comunicación etcétera, una justificación que recuerda las cuentas del Gran Capitán, cuando fue requerido a explicar sus gastos en la campaña de Flandes.

Prado se salvó de la Corte Comercial londinense a costa de implicar involuntaria pero imprudentemente a Juan Carlos I de España.No es que acusara al Monarca -en eso Prado es una tumba- sino que el Rey aparece en sus conversaciones telefónicas con importantes personalidades del emirato. Casualmente tales cintas aparecieron en el despacho de Javier de la Rosa, quien las utilizó para justificar la evaporación del dinero kuwaití.

GENEROSO JR.

El 18 de diciembre de 2002 la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional notificó la condena de cinco años y medio de prisión para Javier de la Rosa y dos años de cárcel para Manuel Prado y Colón de Carvajal por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental por el abono a Wardbase, empresa fantasma de Prado, de cerca de 2.000 millones de pesetas procedentes de KIO, que posteriormente fueron a parar a una cuenta suiza del embajador. Se condenaba al sevillano de Quito a devolver dicha cantidad -12 millones de euros- al Grupo Torras, cabeza de KIO en España. Casi la totalidad de ese dinero, 1.900 millones de pesetas, tuvo como destino, según se prueba en la sentencia, una cuenta de Manuel Prado en Suiza. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero.

Todo empezó cuando Prado convence en 1987 al Monarca para que le releve de una misión comprometida: viajar a Kuwait para convencer al emir de que Javier de la Rosa no era la persona adecuada para representar a KIO en España, tal como Felipe González le había pedido al Rey. Semejante negativa, inédita en un personaje que nunca discutía los encargos de Don Juan Carlos, le reporta al sevillano de adopción el más profundo agradecimiento por parte del catalán, que le da participación en casi todos los negocios que emprende.

En octubre de 1990, cuando Kuwait es ocupado por Sadam Husein, Javier de la Rosa remite a Prado 80 millones de dólares a su cuenta en la Societé Generale de Banque (Sonegal) en Ginebra.Posteriormente De la Rosa le enviará 20 millones de dólares que completarían los 100 millones en cuestión.

El administrador del Rey se ve obligado a cumplir con la generosidad del catalán, que no sólo le ha asociado en sus pelotazos sino que se había tomado las mayores molestias para intimar con el san Pedro de la Zarzuela, el amo de todas las llaves de palacio: intentó hacerse con una finca en Huelva lindante con la suya y compró una caseta en la Feria de Sevilla para alternar con el jefe de la Casa bis de Su Majestad.

Cuando en 1991, tras la Guerra del Golfo se desencadena el escándalo, JR trata de cobrarse los servicios que asegura haber hecho al Rey. El intrépido catalán necesita más que nunca la respetabilidad que irradia el Monarca.

En junio de 1992, Manuel Prado le organiza un pequeño refrigerio con la Familia Real al completo. JR saca pecho. Quiere demostrar que está bien protegido. De vuelta a Barcelona se encuentra en el aeropuerto con Miguel Roca, a quien invita a hacer el viaje en su avión privado. Tenía prisa en que se supiera en la Ciudad Condal y en el mundo entero con quién había comido y lo cordialmente que habían conversado.

Cuando, a finales de 1993, Prado intenta desmarcarse saliendo de las empresas en las que estaba asociado con el catalán, ya es demasiado tarde. De la Rosa, que intenta retenerle sin éxito, le arrastra en la caída. Ya sólo se verán para enfrentarse en el banquillo de los acusados.

Si la prensa, sumamente protectora con Don Juan Carlos, no investigó a fondo las acusaciones vertidas contra él, muchas de ellas meras calumnias, como diez años antes había ocurrido con las de Ruiz Mateos, la Justicia hizo lo mismo.

Las denuncias de Javier de la Rosa exigían que el poder judicial excitara el celo de la Justicia contra quien podía estar calumniando al Jefe del Estado: aseguró que disponía de cartas con membrete de la Casa Real; que guardaba grabaciones en el hotel Claridge de Londres en las que Don Juan Carlos agradecía las aportaciones hechas a Prado; que podía presentar cartas de éste, quien en nombre del Rey agradecía el envío de 429 millones de dólares.

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, trató de abortar un escándalo en ciernes asegurando que el Rey era «totalmente ajeno» a los negocios entre De la Rosa y Prado, pero no estimó conveniente instar el procesamiento del supuesto calumniador.Una faena para el Monarca, pues un juicio por calumnias podría haberle dejado libre de polvo y paja para hoy y para la Historia.

Como en otros episodios relacionados con el Monarca se optó por movilizar al CESID, nuestro servicio de espionaje, que había realizado grabaciones al Rey y a su entorno pícaro y que presionó para que Manuel Prado huyera de España. Como también hicieron el jefe de la Casa del Rey, Fernando Almansa, y el periodista Luis María Anson, que temían el efecto que tales hechos podrían tener sobre la institución. No hay jefe de Estado europeo que hubiera salido indemne de tamañas apariencias comprometedoras, pero el Rey disfruta de la sobreprotección de la prensa, del agradecimiento general por los servicios prestados al país en la tripulación del proceso democrático y de la simpatía general.

Prado es el secretario de todos los secretos del Rey. Ha sido durante muchos años su «embajador permanente», el socio, el administrador y el amigo del alma. Es un personaje que combina características de pícaro y de héroe. Ha hecho fortuna a la sombra del Monarca, pero también éste se ha beneficiado de sus buenos oficios. Manolo, como le llaman los reyes, un buscavidas de resonante apellido a quien se le supone descendiente de Cristóbal Colón por parte de madre, nació en Quito en 1931 –tiene ahora 73 años- hijo de un diplomático chileno que luchó como voluntario franquista en la Guerra Civil. Conoció a Don Juan Carlos cuando éste era príncipe en una cena organizada por su primo el infante don Carlos de Borbón Dos Sicilias, duque de Calabria. Y congeniaron a primera vista, «una relación intensa en la frecuencia y honda en la afectividad», según lo ha expresado Prado.

Pronto vio la oportunidad de enriquecerse cultivando a determinados aventureros, como el supuesto príncipe georgiano Zourab Tchokotoua, de confusa andadura, casado con Marieta de Salas, una de las amigas de la Reina, con la que ésta solía salir de compras, también amigo de JR, quien le señaló en su declaración judicial como mediador de un dinero supuestamente entregado al Rey, y juzgado por una estafa inmobiliaria en Palma de Mallorca.

MISION SECRETA

Manolo, que inició su aventura empresarial con Simeón de Bulgaria, intermediaba todo lo intermediable y lo no intermediable, como el buen nombre de Su Majestad. Empezó a ser requerido en los 70 por distintas multinacionales como la Ford o la General Electric por su cercanía al Monarca. Tuvo su momento épico cuando, en 1975, unos meses antes de la muerte de Franco, Don Juan Carlos le envió a una misión secreta a Rumanía para entregar un mensaje a Carrillo por medio de Ceaucescu, y dos días después de la muerte del caudillo le encarga una misión en Washington: explicar sus intenciones democráticas.

El Rey premió los servicios de su hombre de confianza: la presidencia de Iberia en septiembre de 1976 y la del Centro Iberoamericano de Cooperación. A Manolo no se la ha regateado ningún honor, como el de ser designado senador real en junio de 1977 y presidente de la Comisión del V Centenario en 1981. Es miembro fundador de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que preside la Reina, ha sido presidente de Adena, es caballero de la Orden Militar de Santiago, caballero de Honor y Devoción de la Soberana Orden Militar de Malta, caballero del Real Cuerpo colegiado de Hijosdalgos de la Nobleza de Madrid, Gran Cruz al Mérito Aeronáutico, Gran Cruz al Mérito Naval, Comendador de la Legión de Honor de Francia, Real Orden de Abdul Asís de Arabia Saudí, etcétera.

Sus negocios han sido variopintos, casi siempre en el terreno de la intermediación: desde gestiones para exportar barcos hasta la actividad inmobiliaria. Los Prado, Manuel y Diego, fueron los promotores del Banco de Descuento, que presidía este último cuando, con un agujero de 20.000 millones de pesetas, fue intervenido por el Banco de España en 1981.

El administrador privado del Rey se ha metido en muchos charcos.Su declinar comienza con la caída de su socio De la Rosa y el ascenso en palacio de Mario Conde, una operación que culmina en enero de 1993 cuando el banquero coloca de jefe de la Casa de Su Majestad a Fernando Almansa en sustitución de Sabino Fernández Campo. Caído Conde, el sevillano de Quito vuelve a tener una posición fuerte cerca del Monarca, con quien mantiene una amistad a toda prueba.

Este hombre singular, un seductor de los más altos personajes, tiene una cita mañana a las 10 de la mañana. Si no se presenta con 30 millones de euros, ingresará en la cárcel. La sala, harta de tantas estratagemas ha decidido que ya está bien de argucias dilatorias.

José García Abad, director de El Siglo, autor de La soledad del Rey (Ed. La Esfera de los Libros)

Escraches: la democracia que nos han robado

Los derechos siempre se ganan o se pierden en el pulso político. Y una forma clara de ese pulso, hoy, son los escraches

 “Si un perro flauta me acosa por la calle, le arranco la cabeza”, dice un diputado del PP. Si por molestarte en la calle mereces ver tu cabeza arrancada del tronco, ¿cuál es la pena proporcional por dejarte sin trabajo? ¿Y por no poder pagar el colegio de tus hijos? ¿Y por perder la casa en la que has metido todos tus ahorros durante los últimos diez años?¿Y por endeudarte de por vida aunque además hayas perdido la casa? ¿Y por perder el acceso a la sanidad, a la universidad, a una pensión, al seguro de desempleo?

Los que dieron el golpe de Estado en 1936 dijeron que los movió el amor a España. Pero de España, como dijo Franco, les sobraba la mitad de los ciudadanos. Que eran españoles. Que están todavía enterrados en zanjas y cunetas. Desde la patronal nos dijeron que nos fuéramos a trabajar a Laponia. Una parte importante de los jóvenes le ha tenido que hacer caso. Los de siempre. Nunca han existido dos Españas. Eso siempre ha sido una mentira. Hay una España mayoritaria y una minoritaria con mucho poder, capaz de acercar a su bando a una parte de la mayoría. El miedo hace el resto. En la España de ellos siempre están los mismos. Desde los Reyes Católicos y su Inquisición. Por eso, el PP no necesita arrancarle la cabeza a los últimos que pusieron el miedo en su bando. Están ahí, hechas tierra y vergüenza para nuestra democracia.

El poder, sobre todo, posee eficaces herramientas para amedrentar a una parte importante de la ciudadanía. Medios de comunicación, iglesias, puestos de trabajo, presencia social, ritos, cultura y el Hola. Un diputado dice que no le tiembla la mano para volver a ejecutar disidentes. Antes eran rojos. Ahora, como ya no hay Unión Soviética, son perros flauta. El miedo, y los nombres, siempre los han administrado ellos. Y exhumar asesinados, expropiar unos carritos de la compra, decirles en el portal de su casa que nos están arruinando la vida y la del futuro, cuestionar la monarquía o recordarles que están robándose el país que dicen que aman, les hace caer en una angustia existencial, propia de quien nunca ha tenido la sensación de sobrar en ningún lado.

¿No cabría situar en la inconstitucionalidad a dos partidos, PSOE y PP, que han dinamitado el carácter social de nuestro país recogido en el artículo 1 de la Constitución? 

La dureza de la respuesta del PP a los escraches es muy lógica. La derecha entiende siempre muy rápido las cosas del poder. La legitimidad del sistema político español está en cuestión. Cuando los esclavos dejan de interiorizar su condición, el amo ya no puede dormir tranquilo. El PP lo sabe: lo que ayer era permitido, ahora no lo es. Aunque lo sigan diciendo las leyes. Habían puesto al mismo nivel cosas que no se pertenecen. La Constitución, las leyes, los jueces, los policías y el portero de su casa les saludaban como personas importantes. Pero han surgido nuevas preguntas. ¿Por qué no permitimos un diputado que defienda la pederastia o la ejecución de las minorías o la lapidación de las herejes o adúlteras —lo perseguiríamos hasta debajo de las piedras, porque la democracia tiene derecho a defenderse—, pero permitimos un diputado que esté a favor de los desahucios? Ese es el cambio. Y es lo que les pone de los nervios. Es una lucha política. Si podemos perseguir a los que roban nuestra tranquilidad, están en peligro. Estamos escribiendo nuevas reglas del juego. Y los que siempre han sido dueños del tablero se asustan.

Los escraches son reformismo. Pero hasta el reformismo asusta. De ahí la ridiculez de comparar escraches y terrorismo. Recuerdan Pisarello y Asens que “los escraches son una acción informativa, que se ha de hacer “de manera totalmente pacífica” y sin “importunar a los vecinos”. También se estipula que deben realizarse en días laborables y en horario escolar, de modo que los niños nunca sean interpelados. Los casos personales se intentarán explicar sin insultos ni amenazas. Se evitarán ruidos o molestias innecesarios y se procurará ser amables con quienes trabajan en comercios y con los transeúntes. No todas las antiguas reglas han perdido su sentido. Sólo aquellas que únicamente sirven a unas minorías privilegiadas. Pero la situación política está tan podrida que hasta las reglas mínimas de la democracia les están sobrando.

El escrache es una forma de desobediencia civil. Cumple las tres reglas que marcó Habermas para que sea tal y no caiga en otras formas de desobediencia que carecen de legitimidad: son pacíficas, lo que se reclama tiene carácter universal —no se reclama en exclusiva para uno mismo, sino para todos— y se está dispuesto a asumir las consecuencias de los propios actos. La desobediencia civil es una válvula de seguridad democrática. Surge cuando las demandas sociales van por delante de las leyes y del comportamiento político institucional. Las leyes que ayer nacieron para defender a los políticos del acoso de los monarcas absolutos -inviolabilidad, inmunidad, fueros especiales- se han convertido hoy en formas de privilegio. Si en España tuviéramos una Constitución como la alemana, hace tiempo que el Tribunal Constitucional tendría que haber llamado al derecho de resistencia o habría declarado fuera de la Constitución a, cuando menos, los dos últimos gobiernos del Reino de España. ¿Por qué los jueces son tan solícitos para algunas cuestiones y, en cambio, han tolerado la ruina del país consumada por Zapatero y Rajoy? ¿No cabría situar en la inconstitucionalidad a dos partidos, PSOE y PP, que han dinamitado el carácter social de nuestro país recogido en el artículo 1 de la Constitución?

Escribía en otro lugar que vemos con pasmo que lo que estaba prohibido, ahora está permitido —sueldos desorbitados, sacar dinero del país, vaciar instituciones, usar información privilegiada—, y que lo que estaba permitido —derecho a manifestación, libertad de expresión, derecho de reunión— están, de facto, prohibidos. Vemos que desaparecen las garantías de reparto de la riqueza social y aumentan las desigualdades; que los políticos que gestionan la transferencia de renta desde las clases medias y bajas a los ricos tienen la llave de la puerta giratoria que les permite un futuro cómodo en las grandes empresas; que cualquier tipo de protesta pasa a ser criminalizada por esos políticos que están gestionando ese robo de los de abajo hacia los de arriba (llevando a suelo patrio lo que antes se hacía entre continentes). “Por la mitad de lo que estos están haciendo yo me he pasado diez años en la cárcel”, dice el bróker de Wall Street, la película de Oliver Stone, viendo a nuestros actuales dirigentes. Y eso que no sabía ni lo de la Infanta, ni lo del coche en el garaje de Ana Mato, ni lo de la escritora fantasma de Mulas, ni lo de los sobres del PP. Cuando lo ilegítimo se convierte en legal, nace el momento de la desobediencia. En América Latina se preguntan a qué está esperando Europa.

Los escraches son nuevas reglas del juego para una nueva partida democrática. Y tienen la misma oposición que en su día tuvo el sufragio universal, el derecho a huelga o a manifestación. El escrache es un diálogo directo con los “mandatarios” que se convierten otra vez, gracias a ese acto de diálogo forzado, en “mandatados”. Que es lo que siempre han sido, aunque el abandono de la conciencia democrática le dio la vuelta a los papeles. Los escraches tenemos que entenderlos como la actualización en el siglo XXI de la rendición de cuentas democrática, de la exigencia del cumplimiento cabal de los programas electorales (o la convocatoria de nuevos comicios), de la reclamación de comportamientos acordes con la soberanía popular, de la renovación de la construcción de la voluntad popular más allá de la distancia que marcan los partidos, de la reivindicación de la honestidad en el ejercicio de los cargos públicos.

Los escraches son el penúltimo intento amable de un pueblo que quiere hacerse escuchar 

Déjenme repetirlo: los escraches son el penúltimo intento amable de un pueblo que quiere hacerse escuchar. Con los escraches, el escenario, en cualquier caso, se clarifica: los diputados que no soporten la cercanía de los electores, que se marchen. En democracia, es el pueblo el que manda. Aunque expresarnos así parece devolvernos a un lenguaje que se hablaba en tiempos arcaicos. ¿Quieren seguir manteniendo los políticos la impunidad? ¿Quieren trabajar para otro señor que no es el pueblo y que nadie les demande por su traición? ¿Va a convertirse la política en un negocio paralelo al desmantelamiento de los sistemas de previsión social?

La salida fácil es decir que los escraches son una forma de amedrantamiento que pertenece a los regímenes fascistas. Se equivocan. Las tensiones entre sectores sociales pertenecen a todos los regímenes que mantienen desigualdades. ¿Quién sin que se le caiga la cara de vergüenza va a defender que un escrache es más violento que un desahucio, que un despido, que un corralito, que el cierre de la universidad y las urgencias, que una mentira electoral, que las machadas de los antidisturbios, que las multas por ejercer la democracia?

Los que están en contra de los escraches son los que están a favor de otras formas de protesta que ya no cambian nada. El mismo diputado del PP que vota en contra de la ILP, es decir, el mismo diputado que construye “fascismo social” expulsando de la ciudadanía a una parte importante de los españoles y españolas, dice que los escraches se emparentan con las señales pintadas por los nazis en las tiendas de los judíos. Es al revés: son ellos los que nos cuelgan la estrella en el pecho negándonos el sustento, la vivienda, la salud. Esa democracia que defienden sólo existe en sus discursos. Hace tiempo que se ha ido.

Igual que Israel se comporta con los palestinos con maneras de nazis, el neoliberalismo está haciendo de nuestros países un enorme campo de concentración enmascarado en formas democráticas. Una queja que no es oída no tiene efectos democráticos. Por eso los escraches están devolviendo la democracia perdida o quizá, incluso, están permitiendo el advenimiento de la democracia que nunca hemos tenido. La democracia se gana siempre en la confrontación. Por eso dijo Fraga que la calle era suya. Los derechos siempre se ganan o se pierden en el pulso político. Y una forma clara de ese pulso, hoy, son los escraches. Es normal que el PSOE, el PP, UPYD, CIU o el PNV estén en contra. Tan evidente como que hay que regresar a los lugares donde nacieron los partidos. A la calle. Los escraches ya han empezado a marcar el camino.

Juan Carlos Monedero es  profesor de ciencia política en la Universidad Complutense

Público.es

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La amnistia fiscal permitio el blanqueo del dinero de la corrupción en España

Ya es un auténtico clamor entre los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados: el Gobierno debe publicar la lista completa de los que se acogieron a la amnistía fiscal puesta en marcha por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Ya se sabe que Bárcenas y otros implicados en el ‘caso Gürtel’ -supuesta financiación irregular en el PP- se acogieron a esa amnistía, pero ¿se acogió también el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, y la mujer de éste, la Infanta Cristina? ¿Cuáles son los otros nombres, supuestos defraudadores, que se acogieron a esa amnistía?

El último en sumarse a este clamor ha sido el PNV, cuyo portavoz en materia de Hacienda y Administraciones Públicas, Pedro Azpiazu, ha dicho este miércoles que es de “justicia social” que se publiquen los datos relevantes sobre aquellos que se hayan acogido a la amnistía fiscal, y ha asegurado que el Grupo Vasco apoyará “los cambios legislativos necesarios” para que los ciudadanos “sepamos a quiénes se ha beneficiado con la medida”.

El PNV va más lejos, y apuesta porque los inspectores de Hacienda tengan “todas las facilidades e instrumentos” para investigar y evitar que los delincuentes puedan beneficiarse de la amnistía fiscal. No obstante, los nacionalistas vascos no apoyan la “estrategia política” del PSOE de reprobar al ministro Montoro.

L’amant del rei Corinna, va voler col·locar Urdangarin en la Fundació Laureus

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L’amant del rei va voler col·locar Urdangarin en una fundació

Així es desprèn dels correus que l’ex-soci del gendre del rei ha presentat avui al jutjat de Palma

L’ex-soci d’Iñaki Urdangarin a l’Institut Nóos, Diego Torres, ha exhibit avui al jutjat de Palma cinc nous correus electrònics que fan referència a Corinna Sayn-Wittgenstein, l’amant de Juan Carlos de Borbó. En aquests correus Urdangarin va demanar a Corinna, per recomanació del rei d’Espanya mateix, d’incorporar-se en alguna de les fundacions en què la noble alemanya estava vinculada. Concretament, segons la documentació presentada per Torres al jutge, Corinna va fer gestions per mirar de col·locar Urdangarin a la Fundació Laureus ‘amb un bon sou’.

Aquesta fundació és una entitat sense ànim de lucre que impulsa projectes vinculats amb l’esport. I organitza també cada any els premis Laureus de l’esport, que pretenen ser una mena d’Oscar de l’esport.

El mes de gener, Torres ja va lliurar al jutge instructor del cas Nóos uns quants correus electrònics en què consta el nom de Corinna. En aquests missatges, la Fundació Nóos agraïa a la noble alemanya la participació en la primera edició el 2004 del València Summit, un dels actes investigats pel jutge per un suposat desviament de fons públic. Un dels correus és escrit per un treballador de Nóos, Francisco Larrey, al testaferro d’Urdangarin, Mario Sorribas. Li diu, en to jocós: ‘Mario, et sembla que em podria casar amb la senyoreta Corinna?’

En un altre, Sorribas agraeix a Larrey la participació de Corinna, i ella mateixa dóna les gràcies a Larrey en un altre correu electrònic, en què li agraeix ‘la fantàstica organització a València’ i ‘tota la vostra assistència amb els nostres viatges. Hem passat uns dies meravellosos. Amb els millors records, Corinna.’

Al descubierto la relación de Urdangarin con el ‘Ayre’ de Pedro Perelló

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18/04/2012_ePN

El Instituto Nóos, la entidad investigada por presunta corrupción que presidió Iñaki Urdangarin, se ha cobrado una nueva ‘víctima’ en el mundo de la vela. Y es que tras la implicación del que fuera director general de Deportes de Baleares y exregatista que logró la medalla de oro en la clase Tornado de vela en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, José Luis “Pepote” Ballester, nuevas pruebas aportadas por la defensa de Diego Torres, exsocio de Urdangarín, han desvelado las estrechas relaciones del yerno del Rey con el regatista Pedro Perelló para la creación del proyecto ‘Ayre Challenge’, un nuevo equipo de vela que participaría en la 33 edición de la America’s Cup.

 

Así lo asegura la defensa de Diego Torres a través de un escrito entregado al juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro, al que ha adjuntado tres correos electrónicos que demostrarían, según su defensa, que el Rey y la Infanta Cristina mediaron a favor del proyecto frustrado que impulsaba Perelló, apadrinado por Iñaki Urdangarin y que aspiraba a obtener 15 millones de euros de instituciones públicas, principalmente en la Comunidad balear primero y en la valenciana después.

 

Se trataba del proyecto ‘Ayre’, un plan presupuestado en 100 millones de euros, impulsado por un empresario del sector náutico llamado Pedro Perelló y que proclamaba como objetivo desarrollar lo que se conoce como un Desafío en la competición de vela más prestigiosa del mundo, la America’s Cup.

 

El escrito reproduce un correo electrónico de 2007, publicado este martes por ‘El País’, ‘El Periódico’ y ‘El Mundo’, en el que Urdangarín decía a Torres: “Tengo un mensaje de parte del Rey y es que le ha comentado a Cristina, para que me lo diga, que le llamará Camps a Pedro para comentarle el tema de la base del ‘Prada’ y que en principio no habrá problema y que nos ayudarán a tenerla”.

 

Urdangarin sitúa la intervención del Monarca precisamente en el apoyo para que saliera adelante el barco ‘Ayre Challenge’: “Hemos conseguido que el Rey se viera con Pedro para presentarle el proyecto. La reunión fue muy bien y aparte de parecerle bien armado ha ofrecido toda su ayuda para encontrar ayuda financiera”, destaca ‘El País’ de uno de los correos electrónicos aportados por la defensa de Torres.

 

“Lo conozco de hace muchos años del mundo de la vela, que es un sector pequeño -ha indicado-. Hablé con él porque me parecía poco prudente empezar el proyecto así sin decírselo al Rey. Quería saber qué opinaba. Me preocupaba que pensase que el nuevo equipo competiría contra el equipo ‘Desafío Español’. El Rey me dijo que le parecía muy interesante para España y que si podía, nos ayudaría”.

 

La nueva documentación también relaciona a la Infanta Cristina con otro equipo de vela, el ‘Desafío Español’, cuyo director dice -según uno de los e-mails- que se siente “más tranquilo” tras hablar con ella, ya que se había creado tensión por las actuaciones efectuadas por Perelló, informan los mismos medios.

 

Pese a que en uno de los correos electrónicos aportados al juez Urdangarín informa a Torres de que “alguna cosita para la fundación puede haber”, Perelló asegura que el yerno del Rey y su socio sólo se iban a ocupar de la parte social del proyecto, a través de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, para “dotar a la idea de una buena imagen”.

 

“No había dinero de por medio, era una cuestión de imagen”, ha asegurado antes de añadir que Urdangarín y Torres podrían haber conseguido dinero del proyecto en el caso de que hubieran aportado patrocinadores, pero ese era un cometido que únicamente le correspondían a él y a Forteza.

 

Perelló, que impulsó lo que se denominó el proyecto ‘Ayre Challenge’ junto al también regatista Jorge Forteza, ha reconocido que habló con el Rey pero dice que su relación con el monarca es “directa” y no necesitaba de la “intermediación de nadie”, en referencia a Urdangarín, para concertar una cita” con él.

 

UN VÍDEO QUE CONTRADICE A PERELLÓ

Sin embargo, este periódico ha localizado un vídeo inédito que demostraría, en contradicción con lo que afirma Perelló, las estrechas relaciones que mantenía con el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. Tanto, que las conversaciones ya habían dado sus frutos y estaba próximo el anuncio de su presentación oficial como el “nuevo Desafío español”, tal y como se anuncia en el vídeo que mostramos en exclusiva.

 

Las imágenes grabadas por la productora Panorama y a las que ha tenido acceso este periódico, se remontan al año 2007, antes del comienzo de la 33 edición de la America’s Cup, y en ellas se puede observar la reunión que mantuvieron el regatista Pedro Perelló e Iñaki Urdangarín junto a otros miembros del proyecto como el periodista Jaume Soler, encargado entonces del gabinete de prensa o Jaume Carbonell, en representación del Real Club Náutico de Palma, bajo cuya grímpola navegaría el ‘Ayre’. Sorprende también la presencia en dicha reunión de Camilo Cela, hijo del escritor Camilo José Cela, con quien perelló mantiene una estrecha relación y que tomó parte activa en la búsqueda de apoyos del proyecto de Copa América de Perelló.

 

Según ha podido saber ePN, dicha reunión tuvo lugar en el IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), un edificio cultural propiedad de la Generalitat Valenciana y que demostraría que esta institución estaba al tanto de unas negociaciones cuyos protagonistas dieron cerradas.

 

El propio Perelló lo reconoce en una entrevista a ‘Vanity Fair’ y recogida por Europa Press, donde afirma que fue a ver al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps para pedirle su colaboración, asegurando que lo hizo “no por intermediación de Cristina ni su Majestad, sino a través de una tercera persona” cuya identidad no revela.

 

Según su versión, cuando le comentó a Camps el proyecto, éste lo consideró “muy interesante”. Para ello, querían utilizar la base que el equipo ‘Prada’ dejaba libre en el puerto de Valencia e incluso valoraron la posibilidad de “comprar toda su logística”.

 

Lo decía en alusión a ocupar la base del Club Náutico de Valencia que dejaba libre el ‘Prada’, un barco que había participado en la competición, según ‘El Mundo’. Los citados diarios coinciden en que cuando el Duque habla de ‘Camps’ se refiere al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, mientras que cuando habla de ‘Pedro’ alude al regatista Pedro Perelló, que quería crear un nuevo equipo a través de ‘Ayre Challenge’ para participar en la Copa del América de vela celebrada en Valencia, pese a que finalmente no contó con la colaboración de los responsables de Nóos.

El rey Juan Carlos podría haber colaborado en la estafa del Instituto Noos

FUENTE

La corrupción también está empezando a salpicar a Juan Carlos de Borbón. La edicion de este martes 17 de abril de El Mundo informa que el ex-socio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Noós, Diego Torres, implica al rey español y la infanta Cristina directamente en este caso. Según este diario, unos correos electrónicos de Urdangarín a Torres evidencian que Juan Carlos intercedió con el ex-presidente Francisco Camps para que favoreciera a su yerno.
Torres remitió ayer al juez que investiga las actividades del Instituto Nóos la documentación: tres correos electrónicos enviados el 2007 en los que Urdangarín afirma que el rey hizo de mediador para que a su yerno le adjudicaran un nuevo equipo de vela en la Copa América.

El País recoge uno de estos correos, que hace referencia a las gestiones del rey sobre el llamado proyecto Ayre, que no acabó prosperando. Urdangarín dice a Torres por correo: “Tengo un mensaje de parte del rey y es que le ha comentado a Cristina, porque me lo diga, que llamará a Camps y a Pedro para comentarle el tema de la base del ‘Prada’. Y que en principio no habrá ningún problema y que nos ayudará a tenerla”, dice en relación con las instalaciones al puerto de Valencia para tener el futuro barco del proyecto Ayre.

En los otros correos, Urdangarín también hace referencia a otras gestiones para favorecer el proyecto.

El Instituto Nóos es investigado por el robo y despilfarro de dinero público del gobierno balear y de la Generalitat Valenciana en la organización de acontecimientos deportivos. En el caso de Valencia, se organizaron los llamados Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006 por unos 3,5 millones, unos congresos dedicados también al ámbito empresarial, turístico y deportivo. Dentro de este presupuesto, se incluyeron casi 20.000 euros en flores y 368.000 euros en viajes. Entre los billetes de avión y tren pagados, se incluyen los viajes de Urdangarín, Torres y gran parte de los trabajadores del Instituto Nóos. También se dedicaron más de 140.000 euros a cátering y casi 190.000 a alojamiento.

Bienvenidos a Estafistán, el país de los sinvergüenzas.

Estafistán

23:01

Dani Ruiz

En las últimas semanas España ha vuelto a ser noticia por la corrupción extrapolada a lo político. Alcaldes, fundaciones, consejeros y ahora tesoreros de partidos (Bárcenas) han sido imputados, condenados y/o señalados como culpables o presuntos culpables de importantes tramas de especulación y malversación de fondos. El caso Bárcenas ha sido la gota que colmó el vaso. El que fuese protegido de Fraga y Aznar era vinculado a ciertas cuentas bancarias que poseían un montante total de 22 millones de euros, los cuales permanecían escondidos bajo el nido suizo. Con el trascurso de los días se daban a conocer nuevos datos y privilegios del ex-tesorero popular a los que había que sumar el desvelamiento de la entrega de sobres de 5.000, 10.000 y 15.000€ que el Partido Popular ha entregado durante años en concepto de prima a cientos de sus miembros.

Tras conocerse lo que puede ser el principio del mayor caso de financiación ilegal de la historia de la política española, el PP es defendido con cortes cospedalianos y escasas apariciones marianas donde las preguntas brillan por la ausencia de respuesta -no concibiendo la mentira como respuesta-.

Bienvenidos a Estafistán (España), el país de la corruptela política y las oportunidades capitalistas: ¿Tienes una empresa de aerolíneas y quieres un aeropuerto? ¡Este es tu país! ¡Subida de impuestos y aquí tienes tu aeropuerto! Pero, ¿y los fondos públicos?¡Al bolsillo! -En clave irónica-

Parece una broma, ¿verdad? Pues esta es la realidad, esta es la estafa que estamos pagando millones de españoles a costa de sacrificios.

“La corrupción raras veces comienza por el pueblo”.

Hace unos meses, el Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido daba a conocer que en Estafistán existían 730 asuntos abiertos relacionados con la corrupción política siendo 464 sólo de PP y PSOE:

• Partido Socialista Obrero Español: 264.
• Partido Popular: 200
• Coalición Canaria: 43
• Convergencia i Unió: 30
• Partido Andalucista: 24
• Izquierda Unida: 20
• Grupo Independiente Liberal : 17
• Unión Mallorquina: 7
• Esquerra Republicana per Catalunya: 5
• Bloque Nacionalista Galego: 3
• Partido Nacionalista Vasco: 3
• Además de 67 investigaciones sobre partidos locales. [Fuente]

 

¿Cómo podemos traducir esto en personas? Un total de más de 800 cargos públicos y políticos de los que al menos 100 fueron en listas electorales.

Esta vergonzosa realidad no es más que el producto de la pasividad de la sociedad ante los actos ilícitos de los políticos. A muchos nos dolerán los oídos de escuchar: “Para que robe uno de fuera, que robe uno de aquí“. ¿Esto es acaso una justificación bien fundamentada? Yo lo calificaría más bien de insulto a la inteligencia.

No obstante, el problema que atraviesa España con la corrupción y que enfada hasta límites insospechados a cierto sector de la ciudadanía, se ve agravado cuando le unimos la politización de la justicia. En cierta ocasión escuché que cuando en un país se ponen los Magistrados a dedo atendiendo a los colores de su cartera, la justicia no existe. ¿Cabría ser esta la situación de la justicia española? Por supuesto que sí. La independencia de los jueces no es tan limpia como el precepto constitucional lo enmarca. Los jueces al fin y al cabo son personas, y como tales poseen sus propios valores y convicciones, siendo ardua tarea dejarlos a un lado y actuar imparcialmente; pero cuando los casos tratados por estos son meramente políticos, la neutralidad del juez pasa a un segundo plano. Ejemplos: Inhabilitación del juez Garzón, no culpabilidad de Camps, concesión del tercer grado a Carromero, … Las justicia politizada y des-profesionalizada es el complemento perfecto para que la bola de la corrupción crezca sin medida y se vea obstaculizada la verdadera acción de impartir justicia.

Tan inexplicable como la corrupción política y la politización de la justicia son las declaraciones que los partidos políticos hacen cual kamikaze se tratara. Sin ir más lejos, el periódico El Mundo publicaba un artículo en el que haciendo caso omiso al contenido - por su carácter conservador-pepero - podíamos ver las últimas declaraciones de la señora Soraya Rodriguez -PSOE- en las que justificaba como legales y morales los contratos a gente afín (amigos, familiares, conocidos, etc). Mientras el PSOE despotrica contra el PP y sus malos hábitos, estos actúan de igual modo que las gaviotas, justificando los contratos por interés. Es obvio que dentro de un partido se contrate a quien comparta sus ideas pero, ¿deben elegir entre los realmente preparados, o entre los amigos y familiares que militan en el mismo?

En definitiva, esto es lo que han conseguido crear nuestros políticos corruptos y sin escrúpulos: hacerse con el poder jurídico-político-económico para así convertir nuestro país y nuestras instituciones en chiringuitos de playa y agencias de viajes y lucro, para aquellos cargos políticos que anteponen el lucro propio al bienestar social a golpe de talonario público.

Bienvenidos a Estafistán, el país de los sinvergüenzas.

Dani Ruiz

Miércoles 23 de Enero de 2013

La infanta implicada en el “caso Nóos”

FUENTE

El ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, imputado en el ‘caso Nóos’ por los mismos delitos que el duque, ha declarado ante el juez José Castro que en el Instituto “tomaban las decisiones los cinco miembros de la Junta Directiva, incluida la Infanta Cristina”.

Durante su declaración, Torres ha confirmado la información adelantada por ELMUNDO.es sobre la reunión mantenida en la Zarzuela entre Urdangarin, Camps y Barberá para decidir los contratos de los eventos en Valencia. Castro le ha preguntado a este respecto si en esa reunión estaba presente el Rey, a lo que Torres ha contestado que no.

Según ha contado Torres, Urdangarin “manejaba una lista de las empresas que le podían ayudar para el Valencia Summit”.

Durante su comparecencia, el ex socio de Urdangarin ha señalado que las órdenes de Zarzuela era “cubrir las apariencias”, según consta en uno de los correos electrónicos que Torres ha aportado hoy a Castro. Se trata de un mail enviado a Urdangarin a través de un contacto de la Casa Real.

Torres y su mujer, Ana Mª Tejeiro, han llegado esta mañana sobre las 8.55 horas al juzgado de Instrucción número 3 de Palma junto a su abogado para comparecer ante el juez que intruye el caso Nóos, José Castro.

La previsión era que Tejeiro declarara en primer lugar, pero a petición del abogado defensor Castro ha cambiado el orden de las comparecencias y ha empezado por el interrogatorio a Torres. Al poco de empezar su interrogatorio, el ex socio del yerno del Rey a entregado al magistrado un sobre con documentación.

Ni Torres ni su mujer han querido hacer declaraciones a la prensa congregada en la entrada de los juzgados. La única que ha tenido unas palabras para los periodistas ha sido la abodaga de la acusación particular de Manos Limpias, que ha asegurado que podrían “pedir la imputación de la Infanta si aparecen nuevas pruebas. No sólo por lo que declare Torres”.

Si en contra de lo que hizo hace un año Torres se decide a declarar, el ex socio de Urdangarin será interpelado por el juez, que ha llegado a los juzgados a las siete de la mañana, y el fiscal no sólo por los últimos avances del caso Nóos, como son la ocultación de dinero a Hacienda, las salidas de dinero a paraísos fiscales y los pagos a la Fundación Madrid 2016, sino por todo el caso que suma ya más miles de folios.

A pesar de lo ingente de la investigación, las declaraciones en cualquier caso se esperan más dinámicas que las del año pasado por una sencilla razón. En febrero de 2012, el Juzgado de Instrucción 3, que dirige el caso, transcribía al momento los interrogatorios con los consiguientes parones y correcciones.

La declaración de Torres, más rápida

Tras la declaración de Urdangarin, en febrero, que duró dos días enteros, en las que se hicieron varios turnos de transcriptores y de la que salieron poco más de 24 folios, el juez decretó que los interrogatorios serían grabados y sólo se daría a las partes una transcripción de las cintas. Las grabaciones originales, decretó, se quedarían dentro del Juzgado y sólo las partes personadas en la causa tienen derecho a escuchar las cintas si así lo solicitan al Juzgado.

Diego Torres llegó al Juzgado de Palma en 2011 y en cuanto le preguntaron por el Instituto Nóos dio el nombre de Iñaki Urdangarin, su presidente. Pero cuando la investigación avanzó y el juez le volvió a citar de nuevo a él, -también en febrero, también una semana antes de Urdangarin-, prefirió guardar silencio y esperar a ver qué decía su exsocio. Éste dijo al juez y el fiscal que creía que Torres le engañaba, habló de supuestas firmas falsificadas, exculpó a la Infanta y colocó a Torres como el gran hacedor de Nóos. El duque (consorte) de Palma se desvinculaba así de la gestión del Instituto que le ha llevado a los tribunales.

Pero si el juez no le creyó -como indicaría en sus autos posteriores- su ex socio volvió a guardar silencio… durante poco más de un mes. El 17 de abril Diego Torres comenzó a abrir su caja de Pandora. E-mails guardados celosamente por Torres en los que Urdangarin hablaba sobre sus actividades y mencionaba a la Infanta Cristina y al Rey llegaron al Juzgado de José Castro.

“Tengo un mensaje de parte del Rey, y es que le ha comentado a Cristina para que me lo diga, que le llamará Camps a Pedro para comentarle el tema de la base del Prada y que en principio no habrá problema y que nos ayudarán a tenerla”, apuntaba un e-mail de 2007 de Urdangarin a Torres. En principio el duque ya debería estar desvinculado de Nóos, pero no lo estaba, tal y como eso sí había reconocido en el Juzgado.

Menos de un mes después, en mayo de 2012, la defensa de Torres avisó de que había más. Hasta 200.

Y nada más arrancar 2013, nueva entrega. En ese caso, el abogado de Torres, Manuel González Peeters, envió al Juzgado el 11 de enero una nueva serie de e-mails que implican a la amiga del Rey, Corinna Sayn-Wittgenstein en los foros organizados por el Instituto Nóos. Según estos correos electrónicos, Corinna asistió como invitada a un foro en Valencia. Era el 11 de enero y acaba de conocerse que Torres y Urdangarin también serían imputados por al menos tres delitos fiscales por defraudar a Hacienda cerca de medio millón de euros en dos años.

Dos semanas después, los e-mails de Torres volvían a la carga. De hecho, esta tanda tuvo consecuencias judiciales directas: la imputación del secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, en el caso Nóos. También otras de corte más social: Palma ha descolgado de una de sus principales vías el nombre de los duques de Palma. La primera consecuencia llegó después de que los e-mails revelaran que Urdangarin daba una serie de instrucciones económicas a García Revenga. La segunda, porque el duque finalizó una misiva digital con una firma que no ha gustado nada en Palma: “el duque Em…Palma…do”, dejó por escrito. El Ayuntamiento de la ciudad puso manos a la obra y descolgó el cártel de su Rambla que pasó de ser la Rambla de los duques de Palma.

Corrupción ¡Esto es un saqueo!

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LUNES, 11 DE FEBRERO DE 2013 VÍCTOR ARROGANTE

A estas alturas que voy a decir yo que no hayan pensado ustedes. Tan solo un apunte. No parece que la corrupción vaya a desaparecer, porque los que tienen el poder para evitarlo no quieren.

Los instrumentos para luchar contra la corrupción existen, pero no se utilizan. La corrupción no va a desaparecer, mientras no exista voluntad política decidida que la evite. Hay que castigar con más dureza al político corrupto que engaña y roba las arcas públicas, perjudicando al conjunto de la sociedad.

Es corrupción el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y el pago de comisiones ilegales, para conseguir negocios y beneficios, que sin el delito, no hubieran podido alcanzarse. Otras prácticas corruptas son el soborno, la extorsión, el fraude, la malversación, la prevaricación, el cohecho, el contrabando, el blanqueo y la evasión de capitales o el delito fiscal (2.887 delitos ha denunciado Hacienda el año pasado, por contrabando y blanqueo de capitales). Se han acumulado grandes fortunas con el negocio inmobiliario y sus prácticas corruptas asimiladas. La financiación ilegal de los partidos políticos es otro delito y el caso Bárcenas su último ejemplo.

En la historia de España, la realeza también se ha visto implicada en casos de corrupción para su enriquecimiento personal. Fue célebre la reina regente María Cristina de Borbón (la que “me quiere gobernar”) y sus negocios especulativos con sal, ferrocarriles y trata de esclavos, llegando a amasar una gran fortuna por procedimientos poco claros. No había industria en España, en la que no llegó la mano real. Hoy, el caso Urdangarín, yerno del rey, vuelve a tocar a la realeza en su propia casa.

Hubo un tiempo que en España, a la corrupción se la llamó “estraperlo“. Durante la República, una denuncia de M. Daniel Strauss ante el presidente Alcalá Zamora, exigía una “indemnización”, por los gastos que le había ocasionado la instalación de juegos en determinados casinos. El caso fue conocido popularmente como “straperlo” (por el nombre de sus promotores Strauss, Perle y Lowmann). Los gastos no eran sino sobornos (hoy diríamos comisiones ilegales), pagados a políticos, amigos y familiares del Partido Republicano Radical y de su líder Lerroux. Desde entonces, en España, el “estraperlo” figuró, como una de las más extendidas y lucrativas actividades económicas ilegales.

Allá por los años 60, Adolfo Marsillach, compuso una telecomedia, cuyo argumento reflexionaba sobre la censura, a la que no le valía, por insuficiente, el título de la obra “La honradez”. En España la honradez tenia que ser recompensada, decían, pero no de forma puntual, sino siempre. De ahí que la obra pasó a titularse la “Honradez recompensada siempre en España”. En la realidad del momento, no solo no se recompensaba la honradez, sino que se premiaba lo contrario. La corrupción campaba a sus anchas desde los propios despachos ministeriales. Se compraban y vendían licencias de importación y exportación, para beneficio de jerarcas y allegados del régimen.

Según datos de la organización Transparencia Internacional, Italia es el cuarto país más corrupto de la Unión Europea, por detrás de Bulgaria, Grecia y Rumania. España ocupa el puesto 30 en el ranking sobre percepción de corrupción. Empresarios, alcaldes, concejales, presidentes y consejeros de CCAA, ministros y ministras aparecen implicados en casos como: Bankia, Brugal, Campeón, Camps, ERE, Fabra, Ferrán, Filesa, Guerra, Gürtel, Hornaechea, ITV, Kio, Liceo, Lino, Malaya, Matas, Mercasevilla, Naseiro, Palau, Pallerols, Pretoria, Pujol, Roldán, Urdangarín, infinidad de tramas urbanísticas, y acciones preferentes,…; y ahora el caso Bárcenas.

En relación con este último caso, vinculado, la Comisión de la UE, en un informe interno (información de Claudi Pérez para El País) dice: “Ese es solo el último de una serie de casos de corrupción de perfil alto, incluyendo uno contra el yerno del rey Juan Carlos. Como consecuencia, los españoles han perdido la confianza en su clase política”, y subraya “la creciente frustración podría llevar a muchos españoles a una completa desconexión de la política”. Europa nos conoce, porque no es oro todo lo que reluce.

El caso Gürtel, o Bárcenas, o financiación ilegal del PP es muy grave. Está implicado el nombre del presidente del gobierno como beneficiario de la trama. Rajoy dice que todo es falso “salvo alguna cosa”; veremos que cositas sones. El escándalo continúa: de momento, en los datos fiscales presentados, los ingresos no coinciden con los declarados en el Congreso; y en 2008, el sueldo bruto de Rajoy creció en 28.076 euros, una cifra similar a la cantidad que supuestamente le entregó Bárcenas en años anteriores. El caso Bárcenas se está convirtiendo, según aparecen nuevos datos, en el caso Rajoy.

Para los españoles, la corrupción es el cuarto problema que tiene España, pero no se puede generalizar; la mayoría de los políticos son gente honrada. El error de los dirigentes de los partidos, ha sido permitir, que militantes destacados se enriquecieran para si, y en ocasiones para el propio partido. ¿Sería menos escandaloso si cambiaran la ley de financiación de partidos? Para empezar se tienen que terminar las donaciones de empresas a los partidos.

Mientras unos se lucran a nuestra costa, otros pagamos en su beneficio. Los corruptos abanderan las políticas de austeridad, desmantelamiento de los servicios públicos y las privatizaciones; son quienes propugnan que el Estado no preste servicios asistenciales, ni pague pensiones, ni subsidios, mientras que ellos llenan sus arcas de una forma ilegal y sin mayor castigo. La corrupción ha quebrado el funcionamiento de las instituciones, y ha conseguido alejar a la ciudadanía de la cosa pública. ¿Cómo va a haber dinero, si se lo están llevando a manos llenas? Y en nuestra cara.

Tan corrupto es el que utiliza los bienes públicos en su propio beneficio, como quien no lo impide pudiendo. Es necesaria una reforma del Código Penal, que penalice con más dureza las prácticas corruptas. Las leyes han castigado siempre más el robo de una gallina para comer, que los fraudes y desfalcos de los poderosos. Los partidos políticos tienen que eliminar de su cultura la financiación ilegal y expulsar a los indeseables de sus filas; ponerlos a disposición de la justicia y ésta actuar con contundencia. Estamos asqueados de tanta basura y por ahora, todo parece perdido.

El portavoz de Jueces para la Democracia considera, que al Gobierno le interesa que la justicia, no tenga medios suficientes para luchar contra la corrupción, y considera que “no es admisible que un inmigrante, que coloca el “top manta” para poder sobrevivir, tenga previstas posibles penas de prisión y el político corrupto que engaña, sustrae, perjudica al conjunto de la sociedad, en ocasiones, solo tenga pena de multa”. Como siempre ha ocurrido, se “criminaliza la pobreza”, pero no los delitos cometidos por quienes tienen el poder. Se tiene que dar la vuelta a la tortilla.

El poder corrompe; sobre todo, si los que asumen el poder, lo quieren para poder corromper. Entre unos y otros, por acción u omisión, han corrompido la democracia y permitido que la corrupción y el nepotismo se istalen en el Sistema. ¡Esto es un saqueo!. Algunos pretenden desvirtuar la democracia, presentando la corrupción en la política, como algo consustancial; pero no es así. Contra corrupción, más democracia, más participación y transparencia. Es necesario un cambio político e institucional, que permita combatir la corrupción y depurar responsabilidades políticas y penales.

Ante tanta podredumbre y calamidad, Los Recortaos, chirigota gaditana dice: “¡Cómo está la cosa!, ¡Cómo está la cosa!; ¡La cosa va a explotar!” Y explotará.

¿Somos una sociedad democrática avanzada?

¿Podemos pedir a las Cortes y al Gobierno que realicen las reformas constitucionales para que se supriman los límites que impiden la iniciativa legislativa popular en las materias social y políticamente más importantes? Sí, podemos y debemos

20.07.11 – 02:14 -

MIGUEL ÁNGEL PRESNO LINERA | PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Entre las demandas surgidas de las asambleas del 15M hay algunas tan obvias como la de conseguir que España sea una sociedad democrática avanzada, objetivo ya proclamado en el Preámbulo de nuestra Constitución y que se reitera, por mencionar dos ejemplos, en los artículos 9.2 ( ‘Corresponde a los poderes públicos. facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social) y 23.1 (‘Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,.’).

Puede parecer que tan obvia como la exigencia es la constatación de que España ya es una sociedad democrática avanzada: llevamos 34 años celebrando elecciones periódicas, libres y por sufragio universal en las diferentes esferas de poder político territorial; ha habido distintas formaciones políticas que se han venido alternando en el gobierno local, autonómico y estatal; partidos políticos y candidaturas independentistas y/o republicanas pueden intervenir en el proceso político si lo hacen por medios pacíficos. La cuestión es si eso es la «sociedad democrática avanzada» que se deseaba en 1978 y la respuesta que nos da el propio texto constitucional es negativa. Por supuesto que lo alcanzado es necesario pero no es ni mucho menos lo avanzado que debiera.

En el propio proceso constituyente se concibió la democracia como un sistema en el que para que el pueblo gobernado sea pueblo gobernante debe combinar los instrumentos de toma de decisiones a través de representantes con la adopción directa de esas decisiones por parte de los ciudadanos. Por ese motivo, en el Anteproyecto de Constitución se incluyó, inspirándose en la Constitución italiana vigente, un referéndum que permitía someter a consulta popular la aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, y la derogación de leyes en vigor. Sin embargo, esta figura desapareció en la versión definitiva con el pretexto de que «puede implicar la manipulación de la pregunta que se hace al pueblo y puede constituir, como en Italia, un practica antidemocrática». Ya en ese momento se podía constatar lo falaz de ese argumento, que no fue más que la pantalla con la que nuestros constituyentes ocultaron el temor que les produjo el referéndum italiano de 11 de junio de 1978 sobre la ley de financiación de los partidos políticos, a favor de cuya derogación se pronunció el 43% de los votantes. Lo que algunos consideraron un peligro de manipulación «del pueblo» y una potencial «práctica antidemocrática» sirvió para que los días 12 y 13 de junio de 2011 el 95% de los votantes rechazara, con efecto derogatorio, la ley con la que Berlusconi pretendía eximirse de comparecer en los juicios abiertos en su contra y que nada tenían que ver con el ejercicio de sus funciones gubernamentales. Esta batalla por el respeto al Estado de derecho y de rechazo a las inmunidades del poder había sido perdida en sede parlamentaria como consecuencia de la mayoría que apoya al primer ministro, pero fue luego ganada merced a la implicación directa de los ciudadanos.

De lo que se trata, y a pesar de la revolución que han supuesto las tecnologías de la comunicación, no es de sustituir el monopolío del gobierno parlamentario por el de la decisión popular inmediata de todos los asuntos, algo que, además de su díficil ejercicio en sociedades complejas y dinámicas, excluiría de la toma de decisiones a la amplia mayoría de personas que no disponen ni de tiempo ni de información ni de medios técnicos para ello. Pero sí se trata de que los ciudadanos no queden excluidos de la posibilidad de debatir y decidir lo que son cuestiones de especial relevancia en una sociedad democrática avanzada.

Y para ello es necesario, además de modificar la Constitución para recuperar el referéndum previsto en el Anteproyecto, remover los obstáculos que han convertido a la iniciativa legislativa popular en una caricatura al prohibirla en materias propias de Ley Orgánica (desde el derecho a la vida o la libertad ideológica al derecho de petición, pasando por los derechos asociación, reunión, educación, huelga.), Estatutos de Autonomía y régimen electoral general.

¿O es que asumimos que una persona española debe ser menos ciudadana que una italiana, suiza, norteamericana o uruguaya, que tienen instrumentos de participación directa que se nos niegan a nosotros?

¿Podemos pedir a las Cortes y al Gobierno que realicen las reformas constitucionales para: a) que se supriman los límites que impiden la iniciativa legislativa popular en las materias social y políticamente más importantes; b) que el referéndum pueda versar sobre las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, y la derogación de leyes en vigor, que podamos promoverlo los ciudadanos y que sea vinculante si ha participado la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y si se aprueba por mayoría de los votos válidamente emitidos; c) que los ciudadanos podamos promover la reforma de la Constitución?

Sí, podemos y, en opinión de quien firma estas líneas, debemos hacerlo si lo que queremos en alcanzar esa sociedad democrática avanzada a la que aspiramos al menos desde 1978.