Syngenta multada por experimentos con transgénicos

brasil-transgenicos 08-12-2007

Multinacional Syngenta multada por experimentos con transgénicos en Brasil

La multinacional suiza Syngenta deberá pagar una multa de 550.000 dólares por haber realizado experimentos con soja transgénica en el Parque Nacional de Iguazú, informó hoy la agencia de noticias Folha online.

La sentencia, según la fuente, fue dictada por el Tribunal Federal del Estado de Paraná y ratifica una decisión similar adoptada hace dos años por un juzgado regional.

Según la denuncia, formulada por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), Syngenta realizó experimentos con soja transgénica, que fue sembrada en una de las zonas protegidas del Parque Nacional de Iguazú, donde se encuentran las famosas cataratas del mismo nombre.

La zona en que la multinacional suiza hizo sus experimentos está ocupada desde marzo de 2006 por decenas de militantes del movimiento Vía Campesina, una organización de izquierdas opuesta a la siembra y consumo de productos transgénicos.

En octubre pasado, empleados de una firma de seguridad contratada por Syngenta intentaron desalojar a los miembros de Vía Campesina y la acción degeneró en violencia.

Valmir Mota de Oliveira, militante del movimiento campesino, resultó muerto, otros seis resultaron heridos de bala y los empleados de la empresa de seguridad fueron acusados de intento de homicidio.

Transgénicos sangrientos

Silvia Ribeiro*

A un mes del asesinato de Valmir Mota de Oliveira –Keno, de 34 años– del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil (MST), a manos de una milicia armada contratada por la trasnacional Syngenta, la investigación de la policía del estado de Paraná responsabilizó por el crimen a nueve guardias privados y al dueño de la empresa NF Seguranca, Nerci Freitas. Durante el ataque murió también el guardia Fábio Ferreira, de 25 años. La investigación policial liberó al MST de cualquier responsabilidad por las víctimas del ataque, que ha sido condenado ampliamente por La Vía Campesina y muchas otras organizaciones en todo el mundo.

El ataque armado, que dejó además a varios campesinos heridos, fue motivado por la ocupación que realizó el MST de un campo ilegal de experimentación de transgénicos de Syngenta cerca del Parque Nacional Iguazú. Este campo –ilegal al estar dentro del área de amortiguamiento de la reserva natural que alberga las famosas cataratas del mismo nombre– había sido ocupado por el MST en marzo de 2006 para denunciar la situación. En su lugar, el MST comenzó a desarrollar un centro experimental de semillas agroecológicas. Las familias ocupantes decidieron retirarse en julio de 2007, luego de recibir una orden judicial, a la espera de la sentencia sobre la demanda de ilegalidad contra Syngenta.

El 21 de octubre de 2007, a las 6 de la mañana, 150 integrantes del Movimiento Sin Tierra y Vía Campesina Brasil, volvieron a ocuparlo, para presionar por la resolución definitiva.

Ese mismo día, mientras algunos integrantes del movimiento se instalaron en la caseta de vigilancia que está en uno de los límites del terreno sobre la carretera, otras familias comenzaron a prepararse para retomar los cultivos. A las 13 horas del mismo día, llegó al lugar un ómnibus de transporte escolar cargado con un escuadrón de 40 guardias armados de la NF Seguranca. Se bajaron del vehículo y rápidamente comenzaron a abrir una nutrida lluvia de balas contra el portón del campo. Luego avanzaron mientras seguían disparando, al estilo de los asesinatos de la mafia, hasta ubicarse en línea frente a la caseta de vigilancia donde intensificaron el fuego.

Allí se encontraban alrededor de una decena de personas, incluyendo a tres compañeras que habían ido a llevar el almuerzo. Antes de que los guardias de la milicia derribaran la puerta a balazos, varios ocupantes lograron escapar por una ventana trasera, corriendo hacia el asentamiento vecino.

Los guardias dispararon sobre los que huían, entraron en la caseta y mataron a Keno de dos balazos en el pecho, mientras que a Isabel Nascimento de Souza la tomaron del cabello y confundiéndola con otra dirigente del MST que estaba marcada para ser asesinada, le gritaron: “ahora vas morir Célia” y le dispararon a la cabeza. La compañera cayó al suelo boca abajo, donde la dieron por muerta. Pero Olga no murió, sino que desde el suelo pudo ver cómo arrastraban al guardia Fábio Ferreira, herido pero posiblemente aún vivo, a quien le sacaron el uniforme de la empresa y lo dejaron a morir al borde la carretera.

Syngenta ha aceptado públicamente que contrató a la empresa NF Seguranca, pero alegan que no habían autorizado el uso de armas. O sea que, según Syngenta, la empresa de seguridad apareció a pleno día y se puso a balacear a los ocupantes por propia iniciativa, trayendo además la tarea específica de matar a tres personas del MST: Keno, Célia Aparecida Lourenço y Celso Barbosa, quienes ya antes habían recibido amenazas de los matones.

Syngenta, trasnacional de origen suizo, es la segunda empresa mundial de agrotóxicos y semillas transgénicas. En México es uno de los selectos miembros de Agrobio México, una supuesta “asociación civil” que trabaja en la promoción y el cabildeo a favor de los transgénicos. Agrobio es quien escribe, por ejemplo, los campos pagados en los medios y las cartas y declaraciones de las asociaciones de agricultores del norte del país, que piden la liberación del maíz transgénico en México. Ya vamos viendo los “beneficios” que prometen estas empresas.

Es trágico que junto a Syngenta, todas las trasnacionales de transgénicos (Monsanto, Dupont-Pioneer, Dow, Bayer, Basf) están entre los principales fabricantes mundiales de agrotóxicos, y todas tienen en su haber probados y monstruosos crímenes, por ejemplo, envenamiento de cientos de trabajadores y/o comunidades con sus tóxicos, muchas veces a sabiendas de los riesgos a los que los exponían. La acción de Syngenta en Paraná es un asesinato brutal, pero lamentablemente no es la única criminal. Todas muestran el mismo desprecio por la vida de la gente. Ahora, son las que nos aseguran que sus semillas transgénicas “no tienen ningún riesgo”.

La ocupación en Paraná continúa y ahora, más que antes, no se van a rendir: allí se regó la tierra con la sangre y vida de sus compañeros. Los crímenes de Syngenta en Brasil no son, de ninguna manera, un tema local. Como dijera Bertolt Brecht, nos atañe a todos. Por eso es importante seguir con la denuncia y la solidaridad, al tiempo que con la resistencia a los transgénicos y contra la impunidad de estos envenenadores con patente.

*Investigadora del Grupo ETC

Campaña anti-Trangénicos de Greenpeace

Trangénicos

Greenpeace trabaja por una agricultura beneficiosa para el Planeta y para las personas que lo habitan. Rechazamos la liberación de cultivos transgénicos (OMG, organismos modificados genéticamente). Los OMG  amenazan nuestra salud, deterioran el medio ambiente y destruyen la agricultura familiar o sostenible, agravando el hambre en el mundo. Es urgente aplicar el principio de precaución y parar el experimento genético que se está llevando a cabo a escala mundial.

Algunos datos importantes:

- Sólo diez multinacionales controlan casi el 70% del mercado mundial de semillas lo que significa que los y las agricultoras tienen poca capacidad de elección.
- Los cultivos transgénicos no alimentan al mundo. El 99,5% de agricultores y agricultoras no los cultivan.
- La agricultura industrial usa fertilizantes sintéticos y agroquímicos que contaminan nuestros suelos y aguas, recursos necesarios para producir alimentos sanos ahora y en el futuro.
- El excesivo uso de fertilizantes de síntesis en la agricultura industrial contribuye al agravamiento del cambio climático.
Greenpeace se opone a toda  liberación de OMG al medio ambiente (liberación de animales o plantas). Los ensayos en campo o cultivos experimentales, incluso a pequeña escala, presentan igualmente riesgos de contaminación genética, por lo que también deben prohibirse.

Greenpeace no se opone a la biotecnología siempre que se haga en ambientes confinados, controlados, sin interacción con el medio. A pesar del gran potencial que tiene la biología molecular para entender la naturaleza y desarrollar la investigación médica, esto no puede ser utilizado como justificación para convertir el medio ambiente en un gigantesco experimento con intereses comerciales.

¡Tenemos el derecho y la responsabilidad de conocer y decidir cómo y dónde se producen nuestros alimentos! Únete a Greenpeace en la defensa de una agricultura sana y sostenible. Firma la petición.

La Generalitat pone a la venta el aeropuerto de Castellón

El vicepresidente Císcar asegura que se valora la “privatización absoluta” del recinto

R. OLIVARES 26/05/2012

El Gobierno autonómico retoma la idea de vender el aeropuerto de Castellón a una empresa privada para que lo gestione íntegramente. El vicepresidente del Consell, José Císcar, aseguró ayer que el Ejecutivo valenciano está “dispuesto a cualquier tipo de gestión, sea pública, sea pública-privada o sea de privatización absoluta”, lo que equivale a una venta de la infraestructura.

Con ello lo que se busca es la fórmula que permita abrir cuanto antes el recinto aeroportuario –lastrado por las dificultades económicas de la Administración autonómica–, tal y como reclama el sector turístico provincial y publicó Mediterráneo, para que de esta manera pueda ayudar a la atracción de turistas.

“Lo que queremos es que ese aeropuerto funcione en las mejores condiciones de viabilidad económica para las arcas de la Generalitat y que, al mismo tiempo, preste servicio para el turismo de Castellón y de la Comunitat Valenciana para el que fue diseñado”, señaló ayer el también conseller de Presidencia. Además, en él se podría ofrecer “cualquier otro servicio que siendo un aeropuerto esté en condiciones de prestar”, resaltó Císcar.

De hecho, no es la primera vez que se habla del paso del recinto de Vilanova d’Alcolea, de iniciativa pública, a manos privadas. En enero, en el marco de la feria turística Fitur, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ya valoró esta posibilidad, que poco antes abrió el presidente de la promotora de la infraestructura (Aerocas), Carlos Fabra. Meses después, la consellera de Turismo, Lola Johnson, de quien depende Aerocas, afirmó que la venta era “una opción a contemplar”.

 

avances // Al día siguiente (26 de marzo), Carlos Fabra concretó que esta transacción se produciría en todo caso cuando el recinto estuviese operativo, de forma que se pudiese obtener un mejor precio al ofrecer “un aeropuerto operativo, no solo suelo”. También a inicios de este mes de mayo, Alberto Fabra reconoció en una entrevista que “si hubiera un inversor, estaríamos dispuestos a hablar con él”, algo que en los últimos meses se ha intensificado.

Es más, la venta es ahora mismo la posibilidad más fehaciente para que el recinto aeroportuario provincial pueda acoger los primeros vuelos, una vez obtenga los permisos necesarios por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y Aviación y navegación aérea (Aena), organismos dependientes del Ministerio de Fomento. Ahora mismo es Aerocas quien gestiona la instalación, después de que Concesiones Aeroportuarias se desvinculara. H

La construcción de Europa: Algunas lecciones para el futuro

El presente texto es el resultado de un encuentro que tuvo lugar el 5 de marzo de 1996 a la Fundación Charles Léopold Mayer para el Progreso del Hombre (FPH). Reunió a seis protagonistas principales de los principios de la construcción europea que no habían tenido desde hace cuarenta años la ocasión de revisarse para intercambiar tranquilamente sus recuerdos. Pedro Calame del FPH asistía al encuentro.

 

Si se desea una gestión democrática del mundo de mañana, la única solución parece ser la constitución de fuertes agrupaciones regionales, en número relativamente reducido (menos de una decena) capaces a la vez de administrar sus propios problemas y de dialogar con otro para la gestión de los asuntos comunes de la humanidad. Durante las últimas décadas, es la experiencia de la construcción europea que constituye el hecho político más singular y el más destacado.
La historia de Europa estos cincuenta últimos años pone de manifiesto que no es utópico intentar administrar interdependencias. Países, aún ayer enemigos, demostraron que podían sobrepasar las heridas de guerra y superar la desconfianza mutua. Europa supo asociar países a niveles de vida extremadamente diferentes sin que eso cree catástrofes. Se negó a confiarse en las solas normas del mercado, creó mecanismos de solidaridad finalmente aceptados incluso por los partidarios de un puro liberalismo. Puso de manifiesto que la solidaridad permitía salvaguardar y desarrollar una civilización que buscó un equilibrio entre la libertad de los individuos y el bien común. Y es este equilibrio que se busca también en otras regiones del mundo.
¿El proceso de la construcción europea es transportable tal cual a otras regiones del mundo? Sería ciertamente presuntuoso afirmarlo. Con todo, muchos aspectos de la construcción europea son ricos de lecciones para el propio futuro de Europa y para las otras regiones del mundo. Son estas algunas lecciones que pretende lograr el presente texto. Implica cuatro capítulos:
• las condiciones: cuáles eran los obstáculos y las ventajas al principio de la construcción de Europa, cómo los obstáculos se han encontrado momentaneamente debilitados y las ventajas momentaneamente exaltadas;
• el proceso: cómo se han construido progresivamente las instituciones europeas al cruce del idealismo y el pragmatismo;
• el arte de la aplicación: cómo, en torno a los personajes de Jean Monnet y de Robert Schuman, los primeros pasos han podido resumirse y cómo, el impulso inicial volviendo a caer, el proceso ha podido sin embargo continuarse;
• algunas enseñanzas para otras regiones del mundo.

Documento

De la revolución verde a la ecoagricultura

Un viraje urgente hacia la “ecoagricultura” es la única manera de poner fin al hambre y de enfrentar los desafios del cambio climático y la pobreza rural, dijo Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, tras la presentación de su informe anual, el martes, ante el Consejo de Derechos Humanos. “La agroecología imita a la naturaleza, no a los procesos industriales. Reemplaza los insumos externos, como fertilizantes, con el conocimiento de cómo una combinación de plantas, árboles y animales pueden potenciar la productividad de la tierra”, dijo De Schutter a IPS. “Los rendimientos aumentaron 214 por ciento en 44 proyectos en 20 países de África subsahariana usando técnicas de agricultura ecológica durante un periodo de tres a 10 años, mucho más que lo que jamás logró ningún (cultivo) genéticamente modificado”, agregó.

Otros estudios científicos han mostrado que pequeños agricultores en 57 países que usan técnicas agroecológicas obtuvieron aumentos promedio de 80 por ciento en sus rendimientos. El de los africanos fue de 116 por ciento. “La evidencia científica actual demuestra que el desempeño de los métodos agroecológicos supera al del uso de fertilizantes químicos en el estímulo a la producción alimentaria en regiones donde viven los hambrientos”, dijo De Schutter. La agroecología aplica la ciencia ecológica al diseño de sistemas agrícolas. Potencia la productividad del suelo y protege los cultivos contra las pestes dependiendo de elementos naturales.

La ecoagricultura no requiere costosos pesticidas y fertilizantes elaborados en base a combustibles fósiles, así como tampoco maquinaria cara o semillas híbridas. Es ideal para pequeños agricultores pobres y criadores de ganado, que constituyen la mayor parte de los 1.000 millones de hambrientos del mundo. Los esfuerzos de los gobiernos y los principales donantes, como la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA, por sus siglas en inglés), de 400 millones de dólares, por subsidiar fertilizantes y semillas híbridas, darán un rápido impulso a los rendimientos, pero no serán sustentables a largo plazo, dijo De Schutter.

La Fundación Gates y la Fundación Rockefeller, que aportan fondos, consideran que el caso de Malawi es exitoso entre los proyectos de AGRA. Sin embargo, el país no puede darse el lujo de continuar con los subsidios a los fertilizantes, y se está pasando a la agroecología. “El gobierno (de Malawi) ahora subsidia a los agricultores para que planten árboles que fijen el nitrógeno, a fin de garantizar un crecimiento sostenido en la producción de maíz”, dijo De Schutter.

Según él, es de esperar que los países se muestren escépticos hacia las soluciones agroecológicas “porque no van en línea con el paradigma dominante”. Ese modelo agrícola dominante es el enfoque industrial, que busca maximizar la eficiencia y los rendimientos. Sin embargo, ese sistema depende totalmente de combustibles fósiles baratos y nunca rinde cuentas por la degradación ambiental y otros impactos que pueda causar.

Uno de esos impactos es en el cambio climático. “Es justo decir que entre 45 y 50 por ciento de todas las emisiones de gases (de efecto invernadero) se generan en la actual forma de producción alimentaria”, dijo De Shutter.

Las emisiones perjudiciales para el clima originadas en la agricultura industrial son más que el dióxido de carbono que desprende la quema de combustibles fósiles. Incluyen enormes cantidades de gases invernadero, como el metano que emiten las heces de los animales y el óxido nitroso de los fertilizantes químicos.

Si se suma la deforestación, que se practica principalmente para aumentar las superficies destinadas a la agricultura, y las emisiones derivadas del procesamiento de alimentos y el transporte de larga distancia de los alimentos en todo el mundo, se llega a casi la mitad de todas las emisiones humanas.

La ecoagricultura puede producir más alimentos para los más pobres del mundo, al tiempo de emitir apenas una fracción de las emisiones, e incluso puede almacenar carbono en el suelo, señaló De Shutter.

El movimiento internacional La Vía Campesina intenta plantear esto desde por lo menos 2009. Sus miembros “pueden ayudar a enfriar el planeta”, dijo a IPS el agricultor haitiano Chavannes Jean-Baptiste.

“La evidencia es irrefutable. Si podemos cambiar la manera como cultivamos, producimos y distribuimos los alimentos, tendremos una solución poderosa para combatir la crisis climática”, señaló Henk Hobbelink, coordinador de Grain.

En 2009, esta organización no gubernamental internacional publicó un informe en el que mostró que la agricultura industrial era, por lejos, la mayor fuente de emisiones de gases invernadero.

“Para lograr estos resultados no hay obstáculos técnicos. Es solamente una cuestión de voluntad política”, dijo Hobbelink a IPS.

Los planes de pritatización del Gobierno

El Gobierno espera ingresar entre 20.000 y 30.000 millones de euros con un “ambicioso” plan de privatizaciones que aprobará antes del verano, según fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad.

El nuevo plan del Ejecutivo, que complementa a las reformas ya aprobadas y a otras en perspectiva (unidad de mercado, o ley de emprendedores, entre otras), afectará a todos los ministerios y permitirá la entrada de la iniciativa privada en numerosas sociedades y en la prestación de servicios públicos.

En concreto, el plan afectará a empresas como Renfe, Aena, Puertos del Estado, Paradores y Loterías y Apuestas del Estado (LAE), e incluirá privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas, como el Canal de Isabell II, de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, contempla diversas desinveriones en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods o Red Eléctrica de España (REE).

El anterior Gobierno quiso vender las participaciones de SEPI en estas sociedades (2,71% de IAG, 10% de REE y 10,2% de Ebro), pero canceló la operación cuando ya había recibido el visto bueno del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) al considerar que no se daban las condiciones de mercado oportunas.

El plan se aprobará antes de verano y permitirá al Gobierno de Mariano Rajoy ingresar hasta 30.000 millones que se destinarán a amortizar deuda y reducir las emisiones del Tesoro Público.

En estos momentos, el Gobierno está estudiando qué activos tienen un valor atractivo para los inversores para evitar ventas a precio de saldo y qué empresas tienen ingresos suficientes para aliviar la tensión de la deuda española.

Intento frustrado

El Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ya mostró su intención de privatizar parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) para reducir las emisiones hasta en 15.000 millones.

En el caso de Aena, el Gobierno aprobó un nuevo marco legal que le habilitaba a crear antes del 28 de febrero de 2012 una nueva sociedad mercantil en la que se diera entrada hasta un 49% al capital privado y quiso abrir la puerta a la gestión privada en régimen concesional de algunos aeropuertos, como el de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.

Sin embargo, en el mes de enero, fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que paralizó los concursos de licitación de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat ante las desfavorables condiciones de los mercados, que podrían deteriorar el valor de los activos del gestor aeroportuario.

El caso de Loterías fue distinto, ya que el Gobierno de Zapatero llegó a autorizar la salida a Bolsa del 30%, lo que habría convertido la operación, que contaba con la oposición frontal del PP, en la mayor privatización de la historia de España.

La salida estaba prevista para el 19 de octubre de 2011, pero antes de que acabara el mes de septiembre el Ejecutivo decidió paralizar la operación porque no se daban las condiciones adecuadas de mercado para garantizar unos ingresos que reflejaran su valor.

El PP se opuso a los planes de Salgado

Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido retomar estas dos operaciones, a pesar de que se opuso firmemente a la privatización del 30% de Loterías argumentando que suponía una malversación de fondos públicos porque provocaría que el Estado dejara de recaudar una cantidad anual fija a cambio de determinados ingresos.

También rechazó la privatización parcial de Aena, aunque avisó de que si ganaba las elecciones generales revisaría las operaciones planteadas por el PSOE para estudiarlas y cambiar parte de sus contenidos y condiciones.

Tu Salud es Su Negocio

Manifiesto de constitución de la RAAS, formada por: Plataforma Anti-Privatización de la Sanidad de Aragón (PAS), CAS Madrid, Plataforma Matusalén, CAS País Valenciá y grupos constituyentes de las Plataformas de Andalucía, Baleares, Castilla la Mancha y Galicia.

El actual sistema depredador, lejos de conformarse con la acumulación de riqueza en manos de una pequeña oligarquía generando precariedad en la mayoría, ha profundizado en el expolio, y ha puesto sus ojos en los servicios públicos como negocio. Si no lo impedimos, sanidad, educación y los demás servicios sociales se convertirán en una presa más de los “sacrosantos” mercados.

No cabe duda alguna de que todas las “reformas” que desde hace años han venido introduciéndose en la gestión y prestación de la sanidad pública, han ido dirigidas a la derivación de recursos a empresas privadas, buscando, de esa manera, aumentar su volumen de negocio.

De esa forma, gobiernos (tanto centrales como autonómicos) de distinto signo político, han ido desmantelando y deteriorando la sanidad pública: infra presupuestándola aun en tiempos de bonanza, introduciendo “nuevas formas de gestión” y aumentando hasta el dislate los conciertos privados externos. Todo ello, convenientemente aderezado con las necesarias modificaciones legislativas, tanto a nivel estatal como autonómico, que han venido otorgando al proceso el necesario marco legal.

La cuestión viene de lejos. En 1991, con mayoría absoluta del PSOE, el Congreso de los Diputados crea la Comisión Abril Martorell para la “reforma del sistema sanitario”. Sus “recomendaciones” sufren un fuerte rechazo popular y, en apariencia, son aparcadas. Sin embargo, en la práctica, han ido siendo aplicadas (en todos los territorios) tanto por el extinto INSALUD como por los Servicios de Salud autonómicos, introduciendo medidas presupuestarias y organizativas preparatorias de la privatización:

• Introducción de la contabilidad analítica, para situar en lugar preeminente el dispositivo económico que supone la evaluación de costes por proceso.
• Ralentización de la inversión en servicios sanitarios públicos al tiempo que se incrementaba a la práctica totalidad de la población el derecho a la asistencia sanitaria, con la correspondiente masificación y deterioro de la calidad.
• Progresiva y sistemática reducción de plantillas y camas públicas, al tiempo que se incrementaba año tras año la concertación de las intervenciones quirúrgicas y las pruebas diagnósticas con la sanidad privada.
• Privatización de los llamados servicios no sanitarios: limpieza, cocinas, mantenimiento, lavandería, seguridad, archivo de historias, …, y posteriormente de los sanitarios encargados de las pruebas diagnósticas: laboratorio, radiología, etc.
• Precarización de las condiciones laborales mediante la aprobación del Estatuto Marco y en constante aumento de la temporalidad en el sector.

En 1997 la mayoría del Congreso (con la excepción de IU y BNG) aprueba la que va a ser la “piedra angular de la privatización”, la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión,  norma que plasma una de las principales recomendaciones de la Comisión Abril Martorell (separar la financiación –pública- de la provisión de servicios -pública y privada- para mejorar la eficiencia. Esto permitiría introducir competencia entre los proveedores) estableciendo que todo hospital, centro socio-sanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en derecho; es decir, permite la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de servicios, financiados con dinero público, para explotarlos como un negocio más.

Más recientemente hemos asistido a pruebas irrefutables de la colaboración PP-PSOE en el proceso de privatización sanitario:

• En Madrid, Ayuntamientos gobernados por el PSOE han cedido gratuitamente terrenos al PP para la construcción de hospitales PFI (Parla, Aranjuez, Villalba).

·         En Catalunya el propio PSC-PSOE, gobernando con otros grupos de “izquierdas” ha utilizado el mismo modelo de hospital (Baix Llobregat) e incluso aprobó la Ley de Reforma del Institut Català de la Salut (ICS), que convirtió a este organismo (hasta ese momento entidad gestora de la Seguridad Social) en una empresa pública sujeta al derecho privado (con los votos de IU, CiU y ERC).

·         En Baleares también el PSOE, gobernando con IU y PSM, ha abierto hospitales del mismo modelo que se critica en Madrid, Valencia o Galicia (Son Espases, Can Misses).

• En julio de 2011, aprovechando la tramitación parlamentaria de la Ley de Reforma de la Seguridad Social, y a instancias de CIU, el PSOE aprueba una enmienda que permite el expolio del patrimonio inmobiliario (sanitario y socio-sanitario) de la Seguridad Social y la entrega de su propiedad a las CCAA, que podrán dedicarlo a fines no sanitarios, venderlo, realizar especulaciones inmobiliarias, …; es decir, se legaliza la privatización de las infraestructuras.

Por último, y de nuevo siguiendo una de las más claras recomendaciones de la Comisión Abril Martorell, distintas CCAA especulan con la introducción de copagos, tanto en su versión más tradicional (pago de una cantidad previamente a la obtención de un servicio), como en versiones que buscan el encubrimiento de tamaño desatino (tiques moderadores para evitar los abusos; tasas por cada receta dispensada, por la obtención o renovación de las tarjetas sanitarias; aumentar el porcentaje farmacéutico en función de la renta; cobro de los servicios hosteleros en los hospitales –comidas, aseo, sillón de acompañante, ..-).

Finalmente, como anunció hace unos días el nuevo presidente del gobierno,  “se elaborará una cartera básica de servicios para todos los ciudadanos a través de una Ley de Servicios Básicos. La ley exigirá que todas las Administraciones en sus presupuestos distingan los gastos correspondientes a servicios públicos básicos de aquellos que no lo son”. A la vista de lo cual no parece descabellado deducir que determinados servicios y prestaciones serán excluidos de la gratuidad del SNS, siendo necesaria una póliza complementaria de seguro para su cobertura.

Y todo ello, en palabras de Rajoy y como no podía ser de otra forma en nuestro “régimen democrático y participativo”: “Desde el ámbito estatal, y en el marco de nuestras competencias, plantearemos un Pacto por la Sanidad con todos los partidos políticos, Administraciones Públicas y profesionales implicados”.

Y sobre este Pacto, acerca del que inmediatamente se han pronunciado con cierto entusiasmo sindicatos y asociaciones subvencionados, es precisamente del que queremos hablar.

Pactar, hace mucho que se viene pactando (por acción u omisión), y las consecuencias a la vista están.

En septiembre de 2011 se hizo público un documento llamado “Hablando claro: quién es quién en el proceso de deterioro y privatización sanitarios” en el que se hacían públicas las posturas de distintas organizaciones y cuyo resumen es el siguiente:

-         PP, PSOE, CiU, CC, PNV: partidos que aprobaron con sus votos en el Parlamento Estatal, la Ley que permite privatizar la sanidad (15/97 o de “Nuevas Formas de Gestión en Sanidad”).

-         FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública): critica las privatizaciones en las Comunidades que gobierna el PP y no dice nada en las privatizaciones que ha realizado el PSOE en las Comunidades que ha gobernado y gobierna.

-         CCOO: su Federación de Sanidad valoró muy positivamente el consenso alcanzado en el Parlamento sobre las Nuevas Formas de Gestión.

-         UGT: no se le conoce una postura clara.

-         Sindicatos corporativos de medicina y enfermería: en todo el estado al lado de la Administración.

-         Colegios profesionales: no han dado señales de vida.

-         Sociedades científicas: subvencionadas por la industria farmacéutica y las administraciones, han guardado un escrupuloso silencio, permaneciendo ajenas al deterioro del sistema.

Viendo esto, pensamos que no podemos ser tan ingenuos como para caer de nuevo en la misma trampa.

Por ello, la Red Autogestionada Anti-Privatización de la Sanidad (RAAS), creada como un espacio de coordinación, entre los diferentes territorios, el día 25 de febrero de 2012 y constituida por organizaciones de distintas CCAA para unificar las luchas que, contra  la Privatización de la Sanidad Pública, el co-repago y los recortes, se vienen llevando a cabo en los diferentes territorios, alcanza un acuerdo de mínimos entre sus componentes. Nuestra propuesta, abierta a nuevas aportaciones, y por supuesto a nuevos miembros, es la siguiente:

-          Derogación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión.

-          Financiación suficiente y finalista.

-          No al copago (repago), ni a la implantación de tasas o tiques moderadores.

-          No a ninguna nueva Ley de Servicios Básicos que distinga entre prestaciones básicas (las que prestaría el SNS) y complementarias (que precisarían de una póliza privada de seguro).

-          No al expolio del Patrimonio de la Seguridad Social, cuyos únicos titulares son los trabajadores.

-          Rescate de los centros y servicios ya privatizados/externalizados (y de sus plantillas).

-          No a la desgravación fiscal de los seguros sanitarios privados.

-          Integración de todas las mutualidades de funcionarios en la sanidad pública (Muface, MUGEJU, ISFAS) y que las Administraciones Públicas tengan prohibido suscribir pólizas colectivas de seguros privados para sus trabajadores.

-          Que la información sanitaria sea pública y se democratice la toma de decisiones (participación real de usuarios y trabajadores en la gestión sanitaria).

-          Por un sistema de incompatibilidades en el Sistema Nacional de Salud.

-          Responsabilidades penales ante toda decisión privatizadora que suponga, por acción u omisión, el deterioro de la Sanidad Pública o que provoque el aumento de la morbilidad/mortalidad en la población.

-          Consideramos que las ingentes subvenciones con que las Administraciones Públicas y empresas privadas financian a partidos, sindicatos, asociaciones científicas y profesionales, etc., son el factor fundamental que explica el silencio y la parálisis que desde hace décadas mantienen todas estas organizaciones, ante los procesos de deterioro y privatización de la sanidad. En el caso de las Administraciones Públicas, dichas subvenciones se realizan a cargo del dinero de nuestros impuestos, por tanto, exigimos la anulación de éste tipo de subvenciones con el fin de preservar la independencia de las organizaciones frente al poder.

-          El dinero de estas subvenciones debe ser destinado a investigación,  promoción de la salud, prevención de la enfermedad y, atención primaria,  que deberían ser prioritarias para el Sistema Nacional de Salud.

 

Desde la RAAS hacemos un llamamiento a la movilización estatal que tendrá lugar el próximo 15 de abril, con el lema:  

“Todxs a la calle: TU salud es SU negocio”

800 cargos políticos imputados en caso de corrupción

Alrededor de 800 cargos públicos y políticos están imputados en casos de corrupción y, de ellos, unos 100 se presentaron en las listas en las últimas convocatorias electorales. María Ángeles López de Celis, exsecretaria de varios presidentes, denuncia cada uno de los casos en un libro.

María Ángeles López de Celis, autora de Los presidentes en zapatillas, ahora acaba de publicar su segundo libro bajo el título El síndrome de Alí Babá (De cómo corruptos y sinvergüenzas acaban yéndose de rositas).

Cuenta la que fuera secretaria de varios presidentes del Gobierno que, “irritada” porque en una situación de crisis seguía habiendo gente “metiendo mano en el cajón”, decidió como ciudadana de a pie recoger en un libro los casos de corrupción como denuncia de algo que ha recorrido todas las etapas de la democracia.

Para “desdramatizar” el asunto, ha decidido abordarlo con un toque de “humor” y quiere especialmente agradecer a los periodistas su trabajo porque, sin ellos, el libro no hubiera sido posible.

Millones de euros en corrupción

Más de 4.000 millones de euros “se han ahogado en la charca de la corrupción en menos de diez años”, según algunos cálculos manejados por la autora, quien repasa en su libro casos como el aceite de colza, la financiación ilegal de los partidos en los casos Filesa y Naseiro y los casos de Mariano Rubio, Juan Roldán y Juan Guerra.

No ha olvidado la máxima actualidad en la corrupción y también incluye el caso Gürtel, el de Palma Arena o los EREs de Andalucía.

Reconoce que las tentaciones, la avaricia y la codicia forman parte de naturaleza humana, pero “hay que controlarlo”, enfatiza la autora antes de afirmar que en España los corruptos “no pagan por sus desafueros”.

Ningún partido se salva

López de Celis no deja títere con cabeza y no salva a ningún partido de las garras de la corrupción, algo “nefasto” para una sociedad a la que “se le van por esa alcantarilla muchos recursos”.

Según ella, al PSOE se le castiga más cuando alguno de sus miembros se ve implicado en algún caso, ya que las personas que “enarbolan la bandera de la libertad y de la honestidad, no pueden admitir en sus filas a procesados”. En cambio, el sufragio del PP es más “disciplinado” y los simpatizantes y afiliados suelen responder a la llamada al voto de sus dirigentes, lo que no quiere decir que acepten la corrupción.

La autora cifra en 800 el número de cargos imputados, una cantidad que “no se tiene en pie”. “En un país donde estamos pasando estos momentos tan críticos, no es posible encima premiar a la gente que ha jurado por su conciencia y honor poner por encima los intereses de España”, apostilla.

Urdangarin se queda fuera

No ha tenido tiempo de incluir el caso Urdangarin en su libro, solo una breve cita, pero López de Celis cree que aunque el yerno del rey no sea condenado, “su honorabilidad ha quedado en entredicho”. “Ha hecho un daño irreparable a la Casa Real; es una persona que ya no cuenta con el respeto de los españoles”, subraya.

La autora propone también poner coto a situaciones como la financiación “turbia” de los partidos o el retraso del Tribunal de Cuentas en la fiscalización de las fuerzas políticas, pero sobre todo cree imprescindible la independencia “total y absoluta” del poder judicial para que estos casos no queden inmunes.

A los corruptos hay que “aislarlos y castigarlos”, concluye López de Celis no sin antes hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que no consientan esta lacra y salgan a la calle sin es necesario para intentar pararla. “Nosotros, los ciudadanos, también somos responsables”.

Los desalojos de manifestaciones mayormente son ilegales

Ayer por la noche hemos vuelto a ver el desalojo de una manifestación ciudadana en la Plaza Sol. Precisamente el movimiento 15M tuvo su bautizo en un desalojo semejante en 2011.

En realidad, era algo esperado. Manifestación multitudinaria, concentración más allá de la hora establecida con permisividad policial debido al número elevado de personas, aminoración gradual del número de personas, desalojo al descender de una cifra determinada.

El caso vuelve a suscitarme la idea de que debemos defender bien este derecho de reunión y manifestación, en un sistema en el que tantas cosas quedaron tan bien atadas en 1978.

Una manifestación no comunicada, indebidamente comunicada, prohibida o desarrollada fuera de lo comunicado no puede desalojarse. Para desalojar una manifestación tiene que aparecer alguna de las causa establecidas en las leyes. Las circunstancias establecidas por las leyes son las siguientes:

1. Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes Penales. El Código Penal dice en este sentido en su artículo 513 que serán punibles las manifestaciones que se celebren con el fin de cometer algún delito y aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso. Es una circunstancia imposible dentro del movimiento #15M.
2. Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes. El riesgo es mayor, pero es bastante improbable. Procuro ser muy prudente, pero en mi opinión el riesgo de alteración del orden público crece cuando las unidades de intervención policial hacen intimidación. Por eso, no dejo de pedir a la policía discreción en el desempeño de su función de seguridad ciudadana. Incluso algo tan extremo como cortar la circulación en el ordenamiento jurídico actual no es delito y causa de desalojo a no ser que se produzca de ”manera peligrosa para los que por ellas circulen”, según el artículo 557 del Código Penal.
3. Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes. Esta posibilidad es casi nula.

La sentencia del Tribunal Constitucional 66/1995 establece unos criterios para la prohibición de reuniones y manifestaciones que podrían extenderse al acto de suspensión o al de disolución.

a) Existencia de razones fundadas de alteración del orden público, sin que baste la mera sospecha; es decir, que quien adopte la decisión que limita o prohíbe el ejercicio del derecho de reunión en un supuesto concreto, debe poseer datos objetivos suficientes, derivados de las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso, a partir de los que cualquier persona normal pueda llegar racionalmente a la conclusión, a través de un proceso lógico basado en criterios de experiencia, que la manifestación o reunión producirá con toda certeza el referido desorden público, interpretado éste como peligro para personas y bienes, o, lo que es lo mismo, como el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afecten a la integridad física o moral de las personas o a la integridad de bienes públicos o privados. Debiendo al efecto recoger la correspondiente motivación la resolución prohibitiva.

b) Imposibilidad de la adopción de otras medidas, diferentes a la prohibición de la reunión, manifestación o concentración, que con carácter preventivo sirvan para conjugar esos peligros y permitir el ejercicio del derecho fundamental. Y por tanto, necesidad de la medida prohibitiva para salvaguardar el orden público sin peligro para personas y bienes.

c) Proporcionalidad entre la medida prohibitiva adoptada y el fin pretendido, el mantenimiento del orden y la seguridad pública en el sentido antes expresado, lo que presupone la ineficacia para lograr ese fin, del ejercicio de las facultades que reconoce a la autoridad gubernativa el art. 10 de la Ley Orgánica 9/1983, en orden a proponer las modificaciones de fecha, lugar o duración de la reunión prevista, siempre y cuando tales modificaciones no desvirtúen el objetivo perseguido por los manifestantes. En definitiva, la medida impeditiva del ejercicio del derecho de reunión superará el juicio de proporcionalidad exigible siempre y cuando tal medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto –la garantía del orden público sin peligro para personas y bienes–, sea necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia y, finalmente, sea ponderada y equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.

Además de la valoración material de la causa y el criterio de proporcionalidad, el artículo 5 de la  Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión exige el anuncio a la manifestación prohibida, suspendida y a disolver.

La consecuencia jurídica de una manifestación ordinaria o urgente no comunicada, indebidamente comunicada, prohibida o desarrollada fuera de lo comunicado es la multa (de 300 á 30.000 euros) a los organizadores, según la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; no es el desalojo, como está socialmente asumido. Los manifestantes debemos tener esto claro y manifestarlo junto a la finalidad de la manifestación para contribuir a que desaparezca  la opinión de que se puede desalojar sólamente por no comunicar o prolongar fuera del horario comunicado, por ejemplo.

A quienes vienen a explicarnos que la manifestación no ha sido comunicada convenientemente y a avisarnos de desalojo habría que encomendarles la lectura del artículo 540 del Código Penal:

La autoridad o funcionario público que prohiba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes [explicados más arriba], será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve meses.

En mi opinión estas normas se pueden mejorar para profundizar en democracia, por ejemplo admitiendo la posibilidad de regularización de manifestaciones no comunicadas y en marcha, con comunicación telemática a la delegación de gobierno, para erradicar la etiqueta de manifestación prohibida a muchas manifestaciones pacíficas y respetuosas con el orden público, que  sólo fallan en la carencia burocrática de comunicación. Como hay reuniones o manifestaciones que se alargan en el tiempo, también se podría establecer por ley que el tiempo puede ser ilimitado mientras no concurra una razón para la disolución.

Cuando ocurre lo de Madrid, pienso que habría que denunciar/querellar a quien haga esas disoluciones, para limitar comportamiento abusivos de las autoridades del Ministerio de Interior. También me parece que habría que llevar a la más alta instancia judicial este derecho para fijar con más garantías su contorno y erradicar la interpretación social restrictiva que se hace de él. Por ejemplo, habría que someter al juicio del Tribunal Constitucional si la autoridad gubernativa puede limitar los horarios de una concentración y si las concentraciones pueden ser de tiempo ilimitado, siempre que cumplan con la regulación del derecho.