Las “Sicav”: paraíso fiscal para los ricos españoles
Fue Miguel Boyer, ministro de Hacienda en el primer gobierno socialista de Felipe González, el padre del invento a mediados de los años ochenta. Entonces las grandes fortunas, los ricos de toda la vida, y algunos famosos que fueron tildados de insolidarios, los más sonados Montserrat Caballé y la familia Sánchez Vicario, fijaban su residencia en paraísos fiscales como el principado de Mónaco, donde pagaban menos impuestos. Era una forma de “evadir” legalmente.
Y entonces llegó Boyer. El “superministro socialista” ideó las Sicav, Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, feudo donde los ricos pudieran disfrutar de su riqueza sin huir a otros lares y se quedaran en casita aportando una exigua cantidad al Estado, un módico 1% de los beneficios obtenidos con dichas compañías de inversión.
En 2004 la Agemcia Tributaria incluyó estas sociedades en el plan contra el fraude. La inspección destapó un suculento pastel. Pero un acuerdo PP, PSOE y CiU quitó las competencias a Hacienda para que no metieran las narices en las cuentas de los hiperricos, y se las dieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Hay 3.347 sociedades que pertenecen a ese elitista club que sólo tributa el 1% de sus beneficios. En los últimos cinco años las Sicav ganaron 8.068 millones de euros y por ellos pagaron al fisco ¡56,6 millones! En 2008, en plena crisis, obtuvieron beneficios de 190 millones euros en el primer semestre, por los que tributaron 1,7 millones.
“Hemos sabido decir que no a los poderosos y sabremos decir sí cada vez que haya un problema social”, anunciaba Zapatero a bombo y platillo en el último Comité Federal del PSOE.
Ahora tiene una oportunidad de oro el presidente del Gobierno para decir NO a los poderosos, a los ricos de verdad. Pero no se atreve. Tienen Sicav, entre otros:
Esther Koplowitz
Amancio Ortega
Emilio Botín
La Conferencia Episcopal
Fernando Morientes
Pedro Almodóvar
Iván de la Peña
Ricardo Bofill
Fernando Hierro
La familia Lladró
Y muchos consejeros de las principales empresas del país y deportistas de primera línea.
De vergüenza. Tanta “lucha” para evitar el fraude fiscal y mientras tanto se discrima a los españoles por su capacidad patrimonial: para el Estado español es más “valioso” y, por lo tanto, se le dispensa un trato más favorable a un ciudadano rico que a uno pobre. Adónde se esfumó la ética política.