Empresas que pagaron a la trama Gürtel sortearon prohibiciones para conseguir contratos públicos.
EL JUEZ MADRILEÑO Antonio Pedreira está a punto de levantar el secreto del grueso del sumario del caso Gürtel y, mientras, ha decidido mantener en sus manos y no enviar aún a Valencia el informe policial en el que se da cuenta de pagos de empresas que se hicieron cargo de gastos del Partido Popular.
Se trata de un informe desechado en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que estudió los regalos de los trajes al presidente de esta comunidad Francisco Camps y el secretario general del PP valenciano Ricardo Costa pero que ahora se reclama por una querella presentada por los socialistas valencianos por financiación ilegal del PP.
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Entre las empresas que citaba este informe se encuentra Lubasa, una constructora de Castellón fundada por Luis Batalla, uno de los señores del ladrillo de la zona. Lubasa vivió recientemente un extraño episodio en la concesión de uno de los hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid, donde también gobierna el PP. Se da la circunstancia de que casi todas las empresas que, según el sumario, pagaron a la trama Gürtel, fueron concesionarias de los concursos de los hospitales madrileños. Lubasa, de hecho, se presentó al concurso del hospital de Torrejón junto con las empresas Asisa y Ribera Salud. Sin embargo, en el último momento, se retiró. Además, de manera poco habitual, el resultado de la adjudicación tardó varios meses en ser publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La diputada regional socialista Livia Castillo sigue de cerca el caso y cree que detrás de este incidente se encuentra la sanción que pesa sobre Lubasa desde 2007. Luis Batalla S.A. tiene prohibido contratar con las administraciones públicas por una condena por fraude del IVA. La sanción, por tres años, alcanza hasta el próximo mes de octubre y afectó también a su fundador, Luis Batalla Romero.
Expediente de la UE
La ley de contratos de las administraciones públicas amplía la prohibición de contratar a otras empresas de los sancionados. El grupo Lubasa acometió una reestructuración jurídica del mismo y afrontó la sucesion de Luis Batalla para solventar el problema y optar a contratos públicos. De hecho, a través de una filial participó en un la empresa mixta público-privada Cabanyal 2010 en Valencia, de actualidad ahora debido a un enfrentamiento entre el Gobierno central y el valenciano al respecto. Lubasa participaba a través de otra sociedad de la que era dueña, Calviga. Los vecinos que se oponen a este plan denunciaron las ventajosas condiciones de las constructoras que tenían garantizada una alta rentabilidad sin riesgo. Finalmente, la UE abrió un expediente en el que estudió si estas ventajas iban contra las normas de libre competencia. Constructora Hispánica, igualmente salpicada por el caso Gürtel, también obtuvo contratos mientras mantenía deudas con la Seguridad Social.
